Raul Fernando Garcia Tamayo

Expediente 2104/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2104/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Raul Fernando Garcia Tamayo
  • Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les comunicó la citada resolución a las autoridades que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el trece de diciembre de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional, pero se dejaron sin efectos las medidas suspensionales decretadas en los referidos cuadernos incidentales, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, por medio del cual informa lo conducente a los actos que ha llevado a cabo con el fin de cumplimentar la suspensión provisional y definitiva concedida en autos; sin hacer mayor pronunciamiento respecto de su contenido, en virtud que por auto de trece de diciembre del año en curso, emitido en el expediente principal del que derivan los presentes autos incidentales se sobreseyó fuera de audiencia el aludido juicio, por lo que se dejaron sin efectos las medidas suspensionales decretadas en estos cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional considera importante traer a colación que el acto que la parte impetrante reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que la menor quejosa A.C.G.C, fuera inoculada con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa se duele, en esencia, de la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que la menor quejosa A.C.G.C, sea inoculada con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Debiéndose precisar que la menor quejosa A.C.G.C. cuenta con la edad de dieciséis años, de conformidad con el acta de nacimiento cuyo original fue adjuntado a la demanda de amparo que nos atañe. Ahora bien, en ese sentido, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora Federal, que el diecinueve de noviembre anterior, se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para los adolescentes de quince a diecisiete años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo adolescente, así como seleccionar la entidad y municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre quince a diecisiete años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del siete de diciembre del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a jóvenes de quince a diecisiete años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciséis horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno del Estado. Ello, como es dable advertir del link https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/5536, el cual deriva de la página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual aparece el comunicado de prensa de la Secretaría de Salud de Yucatán, mismo en el que se señala que, como se asentó supralíneas, a partir del siete de diciembre pasado, inició en el Estado de Yucatán la vacunación de adolescentes de entre quince y diecisiete años de edad. E incluso, en el link https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/5529, se advierte que la Secretaría de Salud de Yucatán informa el calendario en que los citados adolescentes habrían de ser vacunados en la entidad, iniciando el siete de diciembre de dos mil veintiuno en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en lo que respecta a los nacidos en los meses de enero y febrero, el ocho correspondía a los nacidos en los meses de marzo y abril, y así sucesivamente; mientras que en los restantes municipios, también inició la vacunación el siete de diciembre de dos mil veintiuno, conforme al calendario específico para dichas localidades. Asimismo, se calendarizó la vacunación para ese rango etario, en los municipios de Mérida, Ticul, Motul, Hunucmá, Kanasín, Valladolid, Tizimín, Umán, Progreso, Chemax y Tekax, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en tanto que el ocho siguiente, correspondería a los municipios de Espita, Halachó, Yaxcabá, Temozón, Tecoh, Tzucacab, Oxkutzcab, Peto, Izamal y Maxcanú. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso a estudio, han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, cuenta habida que, como quedó evidenciado, las autoridades federales en materia de salud han autorizado la vacunación de los menores de edad de entre quince a diecisiete años (rango de edad en el que se encuentra la menor quejosa), con la vacuna Pfizer/BioNTech, e incluso, en el Estado de Yucatán, la ejecución de dicha autorización a través de la aplicación física de la primera dosis de la vacuna, inició el siete de diciembre pasado. De lo que se sigue que la omisión de las responsables de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que la citada menor quejosa, fuera inoculada con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, ha cesado, precisamente porque se ha autorizado la inoculación de los menores en cuyo rango de edad se encuentra la directa impetrante, aunado a que la ejecución de dicha autorización ya ha tenido verificativo, en su primera dosis, cuenta habida que en esta entidad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y que es donde radica la menor quejosa, inició el siete de diciembre pasado. Por lo tanto, se reitera, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haber sido autorizada a novel federal la vacunación de los menores de entre quince a diecisiete años (rango de edad en que se ubica la menor quejosa), y estarse materializando ya la aplicación de la vacuna en el Estado de Yucatán a partir del siete de diciembre pasado, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Asimismo, déjense sin efecto las medidas suspensionales decretadas en los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, así como la celebración de la audiencia incidental respectiva, la cual está señalada para llevarse a cabo a las VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS. Por tanto, obténgase copia certificada del presente proveído y agréguese a los autos incidentales derivados de este juicio, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrar la correspondiente audiencia incidental, sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. En este acto, la Secretaria hace constar que el Capitán de Corbeta, Coordinador Estatal del Operativo Corre Camino de Vacunación COVID19, y el Jefe del Departamento de Promoción a la Salud de los Servicios de Salud, no rindieron su informe previo, a pesar de encontrarse debidamente notificados para tal efecto. Ahora bien, la Secretaria da cuenta con los informes previos rendidos por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud Yucatán, en representación del Secretario de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud Yucatán, así como de las autoridades responsables dependientes de dicha Secretaría de Salud, y el Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 140 de la Ley de amparo, agréguense los informes de mérito, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, téngase por presuntivamente cierto el acto reclamado a las responsables omisas residentes en Yucatán. De igual forma, se advierte que no obran los informes previos requeridos a las autoridades foráneas que tienen su sede en la Ciudad de México. A lo que la Jueza acuerda: Celébrese la presente audiencia, únicamente en relación a las autoridades que han rendido sus informes previos y por cuanto a las omisas residentes en esta ciudad; en tanto que, respecto de las indicadas autoridades foráneas, se reserva la misma, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, el VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS. Por tanto, una vez abierto el período de pruebas y alegatos, se da cuenta con la documental y la de presunciones legales y humanas, ofertadas por la parte quejosa; en mérito de lo cual, la Jueza acuerda: téngase por ofrecidas las referidas probanzas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; no habiendo otra prueba pendiente por desahogar, se cierran dichas etapas. Asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no interviene ni formula pedimento, por lo que la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver en definitiva el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2104/2021-lII, promovido por RAÚL FERNANDO GARCÍA TAMAYO y EVELYN GUADALUPE CETINA VALENCIA, en representación de su hija menor de edad de iniciales A.C.G.C., contra los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y de otras autoridades, por violación a los artículos 1, 4 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre los cuales se encuentran los informes previos de las autoridades responsables, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que la parte quejosa reclama: 1. La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales, a partir del treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México y dejar de ordenar que respecto a los niños de doce a dieciocho años, se aplique la vacuna "Pfizer-BioNTech" a los menores quejosos, con sus dos dosis, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inicia el treinta de agosto de dos mil veintiuno y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, vida, educación, prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tengan complicaciones graves que mermen su salud, incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquier otra, que como derechos humanos reconocidos nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. 2. La omisión de llamar, informar y/o notificar a los menores, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de vacuna autorizadas, antes del inicio de clases presenciales, treinta de agosto de este año en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 3. La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. 4. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que los quejosos no hayan recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminentemente su salud y su vida; pues cada días es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, por duplicado; se pidió a las responsables su informe previo; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo este día, previo diferimiento, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 130 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En el presente asunto, tal como se hizo constar en la audiencia incidental que antecede, únicamente la parte quejosa ofertó diversas pruebas y alegatos; por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva atento a lo expresado por las autoridades en sus informes previos y valorando las probanzas ofertadas por las partes. TERCERO. OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Ahora bien, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto a los actos reclamados consistentes en: 1. La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales, a partir del treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México y dejar de ordenar que respecto a los niños de doce a dieciocho años, se aplique la vacuna "Pfizer-BioNTech" a los menores quejosos, con sus dos dosis, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inicia el treinta de agosto de dos mil veintiuno y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, vida, educación, prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tengan complicaciones graves que mermen su salud, incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquier otra, que como derechos humanos reconocidos nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. 2. La omisión de llamar, informar y/o notificar a los menores, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de vacuna autorizadas, antes del inicio de clases presenciales, treinta de agosto de este año en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 3. La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. 4. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que los quejosos no hayan recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminentemente su salud y su vida; pues cada días es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. Si bien, las autoridades responsables Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud Yucatán, en representación del Secretario de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud Yucatán, así como de las autoridades responsables dependientes de dicha Secretaría de Salud, y el Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes negaron la existencia del acto que se les atribuyó a cada una de ellas, bajo el argumento de que la estrategia de vacunación está a cargo del Gobierno Federal. Sin embargo, debe estimarse desvirtuada dicha negativa, toda vez que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones legales deben participar en la ejecución de dicho programa de vacunación aun cuando no esté a su cargo su elaboración. Lo anterior pues es un hecho notorio para la suscrita que la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19, en México" es elaborada por el Ejecutivo Federal, sin embargo, ello no implica la ausencia de participación de las autoridades locales en la ejecución de la estrategia de vacunación. En ese sentido, deben tenerse como ciertos los actos atribuidos a las citadas autoridades responsables. Por lo que ve a Capitán de Corbeta, Coordinador Estatal del Operativo Corre Camino de Vacunación COVID19, y el Jefe del Departamento de Promoción a la Salud de los Servicios de Salud, éstas no rindieron sus informes previos, no obstante estar debidamente notificados del oficio con el cual se les solicitó; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Amparo, lo procedente es presumir la certeza del acto reclamado por cuando a dichas autoridades. Ahora bien, respecto a la suspensión definitiva, es menester indicar, primeramente, que los quejosos señalan que la medida cautelar de cita debe decretarse para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, incorporen al plan nacional de vacunación y por ende, apliquen la vacuna "Pfizer-BioNTech" a la menor A.C.G.C., al ser la única autorizada para ser inoculada a adolescentes, por la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Como punto de partida se tiene que la suspensión en el juicio de amparo es, de ordinario, una medida cautelar de naturaleza provisional, que tiende a preservar la materia del juicio de amparo. Ahora bien, la omisión de las autoridades responsables de incorporar a la quejosa al plan nacional de vacunación y proporcionar la vacuna contra el virus SARS-CoV2, puede generar la probabilidad de que se le coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causar los efectos dañinos que provoca en la salud, cuya consumación haría imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho que reclama, esto es, el derecho de preservar su salud. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, del que derivó la tesis la. LXV/2008, consideró que el derecho a la salud debe entenderse como el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de bienestar. Misma tesis que es consultable en la página 457, tomo XXVIII. Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." Dentro de ese derecho se encuentra la vacunación, porque conforme a los artículos 24, fracción I, 27, fracciones II y III, 32, párrafo primero, 33 de la Ley General de Salud, dicho derecho tiene como finalidad el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, los cuales dentro de su clasificación contemplan a la atención médica, que comprende actividades: a) preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica, como la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria; b) curativas; c) de rehabilitación, d) paliativas, que engloban el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. De acuerdo con los numerales 134, fracciones II y XIV, de la legislación en consulta, las enfermedades transmisibles, respecto de las cuales la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control se encuentran la influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos, así como las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La vacunación en contra de alguna de esas enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria (arábigo 144 del ordenamiento citado). El derecho de recibir -de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud- las vacunas lo tiene toda persona residente en el territorio nacional, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca (en términos del numeral 157 BIS 1 de la ley en mención). Conforme a los preceptos 157 Bis 3 y 157 Bis 10 de la legislación en cita, los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha inmunización, así como informar sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona, como para la comunidad la falta de inmunización oportuna. De acuerdo con los preceptos 157 Bis 12 y 157 Bis 13 de la Ley General de Salud, el Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación, para ello la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal, los recursos presupuestarios suficientes para ese fin. Entre las enfermedades transmisibles aludidas se encuentra la del Covid, ya que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, según se aprecia en el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-00V2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo posterior. Bajo ese contexto, conviene precisar que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud, contenido en el numeral 4o Constitucional, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin. Premisa aquella que debe interpretarse al tenor del bloque de constitucional, considerando la normativa nacional e internacional, así como sus criterios jurisprudenciales en materia de aquel derecho humano. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que a aquí importa, establece: "Artículo 4o. ...Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." De lo transcrito se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, el precepto constitucional en comento, reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Al respecto, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Así, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone lo siguiente: "Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." Igualmente, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece: "Artículo 10 Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Instrumentos internacionales, que al igual que nuestra Norma Suprema, reconocen el derecho que tiene toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como la obligación del Estado en establecer las medidas necesarias para lograrlo. Lo anterior, ha sido además recogido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. LXVIII/2009, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 6, y P. XVI/2011, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 29, que dicen: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica." "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." Expuestas las pautas que deben regir la garantía del derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS- CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En ese sentido, el documento Rector de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19, en México" (https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/05/11May2021_PNVx_COVID.pdf), señala: "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR. Tomando en cuenta las recomendaciones del GTAV, otras recomendaciones internacionales, así como diversos criterios éticos y socioculturales, el Gobierno de México ha definido cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades;3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia. Como lo recomienda el GTAV, la edad es el primer eje de priorización, ya que la edad es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país. Posteriormente se considera la presencia de comorbilidades, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, inmunológicas e infecciones crónicas, entre otras, que han demostrado incrementar el riesgo de hospitalización y muerte ante la infección por COVID-19. Sin embargo, dado que la presencia de las comorbilidades antes mencionadas se asocia fuertemente a la edad, el GTAV ha recomendado vacunar a las personas por grupo de edad de 50 años y más, independientemente las comorbilidades. De acuerdo con las estimaciones del GTAV, un primer objetivo de la Estrategia de Vacunación debe ser proteger a las personas más susceptibles; vacunando al 20% más susceptible se puede lograr una reducción de aproximadamente 80% en la mortalidad y una disminución muy considerable de las hospitalizaciones, lo que permitiría la reapertura de las actividades socioeconómicas con un menor riesgo para las personas. Los grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes, personas de 60 años o más, mujeres, personas con discapacidad, víctimas, personas jóvenes, personas de la comunidad LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, personas en situación de calle, personas privadas de la libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y las de identidad indígena son contemplados como el tercer eje de priorización de la vacunación. Esto significa que, como eje de priorización, se cuidará de manera especial que su acceso esté garantizado en el momento en que, por edad, condición de vida o comorbilidad deban vacunarse." De lo anterior, se conoce que la estrategia establecida por el Gobierno Federal, para combatir el virus SARS-Cov2, tiene por objeto vacunar a la población mediante reglas de priorización. En esas consideraciones, como lo manifiestan los promoventes en la demanda de amparo, mediante comunicado a la población 23/2021 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna "Pfizer-BioNTech", ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. En ese sentido, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para que las autoridades responsables, consideren la incorporación al programa nacional de vacunación y por ende, bajo su más estricta responsabilidad, previa valoración que efectúen a la menor A.C.G.C., determinen si físicamente de acuerdo a su estado de salud, así como a sus circunstancias particulares, de ser el caso, indiquen, si es candidata a la aplicación del biológico y por ende, señalen la hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, al ser la única autorizada para ser inoculada a adolescentes, por la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, conforme a lo contemplado en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la enfermedad por Covid-19 en México. En la inteligencia de que las autoridades responsables con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, deberán informar, el cumplimiento a esta determinación, una vez que se haya programado la aplicación de la vacuna a la menor quejosa, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho; apercibidas que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, podrían incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. Lo anterior, cuenta habida que dichas autoridades, como responsables en materia de salud de la entidad, se encuentran obligadas a acatar, dentro del plazo legal antes aludido, la presente medida suspensional, precisamente porque la menor quejosa tiene su domicilio en esta ciudad capital, tal y como lo indicaron sus progenitores, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda; por tanto, al ser en esta ciudad donde deberá vacunar a la menor quejosa, es evidente que son las autoridades en materia de salud señaladas como responsables, con sede en esta propia ciudad, quienes están obligadas a dar cumplimiento a la suspensión definitiva aquí otorgada. En ese sentido, es un hecho notorio que las autoridades federales y estatales actúan en conjunto con la finalidad de inocular a la población del país, por lo que, en esa medida, dichas responsables locales se encuentran compelidas a realizar todas y cada de las gestiones pertinentes ante las autoridades federales, a efecto de lograr que la menor quejosa sea vacunada, debiendo evidenciar y sustentar la realización de las actuaciones necesarias para tal fin. Por tanto, es evidente que, a efecto de cumplir con la medida suspensional que en este acto se decreta, las citadas responsables deben coordinarse con las autoridades federales respectivas y evidenciar la realización de las acciones pertinentes, a efecto de que la menor quejosa sea inoculada con la vacuna antes referida. No se desatiende que se reclaman actos omisivos, pero ello no impide la procedencia de la medida cautelar decretada, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página. 286, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Por lo expuesto y considerado, se establece el siguiente punto resolutivo y esta Jueza, R E S U E L V E PRIMERO. Se concede a RAÚL FERNANDO GARCÍA TAMAYO y EVELYN GUADALUPE CETINA VALENCIA, en representación de su hija menor de edad de iniciales A.C.G.C., la suspensión definitiva que solicitó contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y de otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se reserva la celebración de la audiencia incidental relativa a las autoridades foráneas que no han rendido su correspondiente informe previo, señalándose como fecha y hora para su celebración, el VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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