Raúl Ernesto Salcedo Rosales
Expediente 572/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raúl Ernesto Salcedo Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional, que se negó y concedió la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional, se negó y concedió la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto ***, promovido por ***, por propio derecho, en contra de actos de los Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y otras autoridades. ANTECEDENTES De las constancias que obran en el sumario, se tiene acreditado ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, se encuentra radicado el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano ***, promovido por ***, quien se ostentó como Regidor de Salud del Municipio de Magdalena Tequistlán, Oaxaca, en contra del Presidente Municipal de Tequistlán, Oaxaca. Seguida la secuela procesal del juicio el once de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva. El trece de julio de dos mil diecinueve, se dictó resolución en el incidente de ejecución de sentencias, en el cual en uno de los puntos resolutivos, se ordenó el arresto por doce horas a ***, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Magdalena Tequistlán, Oaxaca, al no cumplir con la sentencia definitiva; por ende, se ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para cumplir con la medida de apremio. Dicha determinación se notificó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio ***, el cual se recibió el nueve de julio de dos mil diecinueve, según se aprecia del sello de recepción de la secretaría a su cargo. En proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se impuso un arresto por veinticuatro horas a ***, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Magdalena Tequistlán, Oaxaca, al no cumplir con la sentencia definitiva; por ende, se ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado (aquí quejoso), para cumplir con la medida de apremio, con el apercibimiento que de no cumplir y acreditarlo con documento idóneo, sería acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización. Dicha determinación se notificó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, mediante oficio TEEO/SG/A/6366/2019, el cual se recibió el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, según se aprecia del sello de recepción de la secretaría a su cargo. En proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, al no informar el cumplimiento a la orden de arresto citada, se hizo afectivo la medida de apremio con la que se le conminó y se impuso al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, una multa de cien unidades de Medidas y Actualización vigente al año dos mil diecinueve, consistente en $****. Esa determinación se notificó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, mediante oficio ***, el cual se recibió el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, según se aprecia del sello de recepción de la secretaría a su cargo. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, se inició el mandamiento de ejecución ***. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, por propio derecho, presentó un escrito el dos de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado de Distrito, el que mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte se admitió a trámite y se registró bajo el número ***; se solicitó a las autoridades su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: Del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. El proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano ***, en el cual se le impuso a ***, quien funge como Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, una multa de cien unidades de Medidas y Actualización vigente al año dos mil diecinueve, consistente en $***** y sus consecuencias jurídicas que se traducen en el mandamiento de ejecución respectivo. Del Secretario de Finanzas del Estado y de la Coordinadora de Cobro Coactivo, dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca. Las consecuencias jurídicas de la determinación emitida por el tribunal electoral, que se traduce en el mandamiento de ejecución ***, para hacer efectiva la multa impuesta. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Secretario General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado, por lo que respecta únicamente a sus atribuciones. De ahí que se tiene por probado plenamente el acto atribuido a dichas autoridades. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La anterior circunstancia, se corrobora con copia certificada de a) expediente administrativo *** del índice de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca; y, b) juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano *** del índice del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso, de oficio, se advierte que contra los actos reclamados que controvierte el quejoso ***, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Ahora bien, la causa de improcedencia anunciada, reside en el hecho de que el gobernado, a través de su silencio, consiente el acto de autoridad; es decir, cuando no promueve oportunamente su acción de amparo respecto del acto de autoridad que refiere violatorio de sus derechos fundamentales, de donde se sigue que precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo, pues en tal supuesto opera una presunción legal en su contra, ya que ante su conducta omisiva, el legislador estima que pese al daño que ese acto le pudiera generar, lo aceptó y consintió. Cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo para ejercitar la acción respectiva, previsto en la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Sin embargo, resulta necesario, para entender la forma en que habrán de computarse los plazos a que se refiere la causal antes invocada, acudir a los diversos numerales 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." (Énfasis añadido). Así, la fracción XIV del arábigo 61 de la invocada ley, como se ha visto, se complementa con lo señalado en las disposiciones que se acaban de reproducir. De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de los siguientes momentos, a saber: Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor del acto o de su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, que aducen que el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional (fracción I); mientras que en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años (fracción III). En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años (fracción II); y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo (fracción IV). En ese contexto, si las oportunidades legales para la promoción del juicio de amparo, son las establecidas de manera específica por el legislador federal, en atención al principio de exclusión, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran las excepciones contempladas por el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. En el caso, del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano de origen, se advierte que el acto reclamado toral se notificó al promovente del amparo el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Se afirma lo anterior, ya que existe el oficio TEEO/SG/A/7361/2019, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve y notificado el veintiocho siguiente al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, según se aprecia del sello de recepción de la secretaría a su cargo. Máxime que en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria en términos del párrafo segundo del numeral 2 de la Ley de Amparo, es un hecho notorio para este juzgador, que el aquí promovente del amparo ***, desempeña el cargo de Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, pues así se advierte al ingresar a la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, la que puede ser consultable por el público en general, a saber https://sspo.gob.mx/. Es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 1373, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Materia Civil, Común, registro 2004949, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Sin que obste para ello que esa notificación por la cual se le impuso la medida de apremio materia de la controversia, se haya practicado en su centro de trabajo (Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca), pues el ahora quejoso fue requerido para que en auxilio de las labores del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, se cumplimentara con un arresto para que se acatara el fallo definitivo, el cual está obligado a acatar debido al cargo que desempeña. En ese sentido, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que en esta vía reclama el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, nos debemos atener a la regla que dispone el numeral 18 de la Ley de Amparo, esto es, que empezará a transcurrir el término para la presentación de la demanda al día siguiente en que tuvo conocimiento. En tales condiciones, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo hasta el dos de octubre de dos mil veinte, como así se aprecia de la boleta de registro y sello correspondiente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; entonces es inconcuso que, se promovió el juicio de amparo con exceso de tiempo; por ende, la demanda de amparo se presentó fuera del plazo de los quince días a que alude el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a partir de que el quejoso tuvo conocimiento. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235, Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que a la letra dispone: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." VII. DECISIÓN En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, con base en la fracción V, del artículo 63 del ordenamiento legal en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución consistente en el mandamiento de ejecución número ***, por no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación en estudio del índice del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la cual indicó nunca tuvo conocimiento. Es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 549, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, registro 230605, Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCION. Si en el juicio de garantías surge alguna causal del improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios." Cabe indicar que si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución; no menos cierto es que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de manera alguna implica que por esa circunstancia se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia, habida cuenta de que no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo, ya que el control aludido opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto. En mérito del resultado obtenido, es decir, en razón de la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, deviene innecesario estudiar si se actualizan diversas causas de improcedencia, en tanto que el examen de ellas resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. Por su aplicación al caso, y por identidad de razones, es de citarse la Jurisprudencia número 2ª./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VIII, agosto de 1998, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aprobada que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Dada la conclusión alcanzada, es innecesario abordar el examen de los argumentos que se esgrimen en los conceptos de violación expresados por la parte agraviada, tal como lo establece la Jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el representante social adscrito, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia . Por lo expuesto y fundado; se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Fiscal Federal adscrito a este órgano de control constitucional, formula sus alegatos y solicita copia certificada de la resolución que en su oportunidad se dicte en este asunto. Al respecto, se tiene al representante social por formulados sus alegatos en términos de lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. En otro punto, con fundamento en lo estatuido por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en su oportunidad expídasele copia certificada de la resolución que se dicte en este medio extraordinario de defensa. NOTIFÍQUESE.
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