Raúl Ernesto Páez Mondaca
Expediente 396/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Raúl Ernesto Páez Mondaca
- RAÚL ERNESTO PÁEZ MONDACA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro electrónico que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte quejosa recurriera el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo que dio origen a este sumario, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que fue notificada el treinta y uno siguiente, quedando comprendido dicho plazo del uno al siete de junio del citado año. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es DESTRUIBLE, a partir de los tres años del presente acuerdo de archivo.
- Principal
RECEPCIÓN DEL SEGUNDO ESCRITO ACLARATORIO A LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito aclaratorio a la demanda firmado autógrafamente por Rosa Aurora Hernández González, en su carácter de representante común de los promoventes de amparo, por medio del cual, desahoga la prevención que se le formuló en proveído de veintidós de mayo de esta anualidad, ocurso que en atención a su contenido, se ordena agregar a los autos; el Juez acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda y aclaratorios de la misma, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: El Decreto Municipal Número 17, por el que se expidió el Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, publicado en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el seis de febrero de dos mil veintitrés, no obstante que se omitió realizar consulta libre, previa e informada. Norma general que los quejosos reclaman expresamente como autoaplicativa. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Del estudio integral realizado al planteamiento de reclamo contenido en el manuscrito inicial de demanda, y aclaratorios de la misma, se desprende que se surte la hipótesis contenida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Asimismo, los numerales 17 y 18 del propio ordenamiento legal de la materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos trascritos se advierte que la demanda de amparo, por regla general, debe promoverse dentro de los quince días siguientes al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se haya ostentado sabedor de dichos actos; excepcionalmente, en los plazos previstos en el artículo citado en primer término. Asimismo, conviene precisar que la Ley de Amparo, en sus artículos 1°, fracción I, y 107, fracción I, inciso b), establece las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general, atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o de alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativa). En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto previo de autoridad y en el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa. Ahora bien, el concepto de individualización incondicionada como premisa de distinción de la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de las normas de carácter general que son impugnadas a través del juicio de amparo, permite conocer en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal cuestionada se sujetan a una condición específica o surten sus efectos por su sola entrada en vigor. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la aludida condición consiste en la ejecución del acto necesario para que la norma adquiera individualización, que bien puede revestir carácter administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan en la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones o premisas hipotéticas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que sujete su aplicación se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma en un caso concreto se halla sometida a la realización de ese acto. El criterio del que se dio noticia se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 55/97, publicada en la página 5, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 1997, Novena Época, cuyo rubro dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." En ese orden de ideas, los quejosos afirman que el cuerpo normativo reclamado es de naturaleza autoaplicativa, pues concretamente se duelen de las modificaciones relativas al cambio de uso de suelo, ya que la zona donde residen "Lomas de Mazatlán" cambió de uso habitacional a mixto. Bajo estos parámetros, a juicio de este juzgador, el Decreto Municipal Número 17, por el que se expidió el Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, publicado en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el seis de febrero de dos mil veintitrés, particularmente en la parte referente a las modificaciones al uso de suelo, contiene en sí mismo un principio de ejecución cuya actualización se estableció en el momento en que dicho ordenamiento entró en vigor, a saber, el siete de febrero de dos mil veintitrés. En razón de lo anterior, es evidente que el decreto reclamado, tiene el carácter de autoaplicativo para todas aquellas personas que se encuentren dentro de la hipótesis de cambio de uso de suelo, de habitacional a mixto, es decir, la norma por su sola entrada en vigor, afecta a los quejosos residentes de una zona en la que se realizó dicho cambio. Entonces, resulta indudable que desde el siete de febrero de dos mil veintitrés, dicha disposición generó perjuicio a los impetrantes, sin que para ello fuera requisito indispensable que se realizaran construcciones diversas a la habitacional, ya que desde entonces se encontraban sujetos a su observancia al haber cambiado su zona habitacional a mixta, según lo expresan. Así, si la norma reclamada entró en vigor el siete de febrero pasado, entonces, a partir de esta última fecha es que comenzó a correr el plazo de treinta días a que alude el numeral 17, fracción II, de la Ley de Amparo para promover la demanda constitucional, descontando los días inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso Acuerdo General 10/2006, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso. Por lo que es indudable que si la demanda que dio origen al presente sumario fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, hasta el once de mayo de dos mil veintitrés, ya había fenecido el término señalado en el aludido numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, tomando en consideración que la parte quejosa presentó su demanda fuera del plazo de ley, es indudable que consintió la norma reclamada y sus consecuencias jurídicas, y que se actualiza la causa de improcedencia a que se alude en párrafos precedentes, aunado a que en la demanda ni en su aclaración se reclamó de manera destacada algún acto concreto de aplicación de la indicada norma general impugnada. Inclusive, en el supuesto no admitido de que dicha norma tuviese la naturaleza de ser heteroaplicativa, aun en esa hipótesis no habría materia para substanciar el juicio de amparo, precisamente porque los quejosos no señalaron como reclamado ningún acto concreto de aplicación, de ahí que proceda desechar de plano la demanda. DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
- Principal
RECEPCIÓN DEL ESCRITO ACLARATORIO DE DEMANDA. Téngase recibido el escrito aclaratorio de demanda presentado por la representante común de los quejosos Rosa Aurora Hernández González, a través del cual, pretende desahogar el requerimiento formulado en auto de doce de mayo del año en curso; el que se ordena agregar en autos sin que haya lugar a tener a su suscriptora desahogando el requerimiento de que se trata por las razones que se exponen a continuación. PRIMERA PREVENCIÓN. Ahora bien, del acuerdo en mención, se desprende que la prevención formulada a la parte quejosa fue por lo siguiente: Los quejosos en el apartado de "manifestación previa" de su demanda señalan: "(.) En tales condiciones, tratándose de interés legítimo se entiende que el acto reclamado consistente Decreto Municipal Número 17 de Mazatlán.- Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa; publicado el 06 de Febrero de 2023 y que afecta el cambio de uso de suelo a los integrantes de la colectividad, el acto reclamado genera efectos que trascienden a la esfera individual o colectiva de los trabajadores pertenecientes al grupo vulnerable, (.)" Mientras que en el diverso de "actos reclamados" manifiestan: "V). ACTOS RECLAMADOS. De la ordenadora reclamamos: La omisión y/o abstención de realizar consulta libre, previa e informada sobre el Decreto Municipal Número 17 de Mazatlán.- Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa; publicado el 06 de Febrero de 2023, (.)" En ese sentido, se le destacó que no se advierte con claridad el acto o actos reclamados a las autoridades responsables. En otro aspecto, se le indicó que en el apartado "VI ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS", de la demanda de amparo, los quejosos señalan: "(.) 2. Que el proceso de promulgación y publicación de las modificaciones realizadas al reglamento de construcción municipal fue realizado sin realizar consulta libre, previa e informada es lo por cual acudimos ante este órgano jurisdiccional (.)" De manera que, dada la naturaleza del agravio que reclaman, no se distingue el acto o actos reclamados a las autoridades responsables Director de Obras Públicas; Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, ambos del Ayuntamiento de Mazatlán; así como a los diversos Colegio de Arquitecto de Mazatlán AC; y Director Responsable de Obra registrado con número 608, ante la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable. Por tanto, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del referido proveído. [1] Precisara el acto o actos que a cada autoridad le reclama. [2] Hecho lo anterior, bajo protesta de decir verdad, relatara los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados a las autoridades responsables. [3] Proporcione copias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes del presente juicio, esto es: una para cada autoridad responsable; y una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término otorgado, se tendría por no presentada la demanda de amparo. DEL OCURSO DE CUENTA SE ADVIERTE QUE LA PREVENCIÓN ANTERIOR NO SE DESAHOGÓ SATISFACTORIAMENTE, POR LO SIGUIENTE: 1. Precisa que señala como acto reclamado el Decreto Municipal número 17, por el que se expidió el Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, publicado en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", el seis de febrero de dos mil veintitrés; empero, no refiere a qué autoridades responsables atribuye dicho acto, tampoco precisa si lo reclama en su integridad, o bien, en qué parte del mismo, si la disposición general reclamada se impugna como norma autoaplicativa o heteroaplicativa, esto es, por su sola entrada en vigor, o con motivo de un acto concreto de aplicación. En cuanto a este tópico, también se destaca que no precisó qué acto en específico reclama del Ayuntamiento Municipal, Síndico Procurador y Cuerpo de Regidores, todos del Municipio de Mazatlán. Por otra parte, refiere que reclama al Director Responsable de Obra, la emisión del visto bueno sobre el permiso de demolición y construcción en zona habitacional, sin contar con los dictámenes de daños estructurales pertinentes; empero, respecto a lo anterior, quien esto atiende no advierte de la lectura integral de la demanda datos que identifiquen a qué permiso de demolición y construcción se refiere. 2. En cuanto al segundo punto de aclaración, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se concreta a reiterar lo plasmado en su manuscrito inicial de demanda, esto es, se concretan a señalar que son personas de la tercera edad, al corriente en el pago de impuestos y que el decreto reclamado les genera un daño permanente en razón del cambió de uso de suelo de su zona habitacional, puesto que las demoliciones y construcciones afectan su salud, vida digna y medio ambiente, sin que hayan sido tomados en cuenta para dichos cambios. Sin embargo, no concretizan los antecedentes y hechos de la demanda en cuanto a un acto concreto de aplicación, o bien, las circunstancias particulares de su afectación, derivada de la falta de consulta previa e informada del aludido decreto y de alguna disposición de éste. 3. Aunado a lo anterior, partiendo de la aclaración de demanda, en relación con el escrito inicial de la misma, es importante retomar que los quejosos que en el capítulo de conceptos de violación correspondiente, refieren que las responsables violan en su perjuicio el artículo 5º Constitucional, porque al no contestar la petición objeto del presente juicio, atentan contra sus derechos humanos a la vida y a la salud, ya que a pesar de que conocen su estado de vulnerabilidad pretenden obligarlos a vivir en las mismas condiciones deplorables que están padeciendo hoy en día. Así en virtud de tal aseveración, resulta necesario que con independencia de la incongruencia que guarda el precepto citado con la violación alegada y el perjuicio surgido, es preciso que aclaren si concretamente de duelen de la falta de contestación a un escrito, y de ser así, señalen con precisión dicho acto, a qué autoridad o autoridades lo atribuyen, y los antecedentes en que se funda su reclamo. Finalmente, dentro del invocado capítulo, los promoventes realizan diversas manifestaciones, que no guardan relación con los actos reclamados, por ejemplo, la violación al artículo 123 de la Carta Magna, al referir que existe una orden para que se presenten a laborar a su fuente de trabajo, bajo pretexto de que el Estado de Sonora, se encuentra en óptimas condiciones para seguir con sus actividades, y no obstante que día a día se ve menoscabada su salud en razón de la emisión de radiaciones producidas por la antena de telefonía, situación que evidencia a este juzgador, una falta de congruencia entre los actos reclamados, los antecedentes de la demanda y los conceptos de violación contenidos en dicho manuscrito y correspondiente a su aclaración. Por tanto, con el propósito de que este órgano federal cuente con los datos necesarios para proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo que dio origen a este sumario, y dado que a los solicitantes de la tutela constitucional aún no les precluye el plazo concedido para que aclaren su escrito de demanda conforme a lo indicado en el proveído de doce de mayo pasado, PREVÉNGASE DE NUEVA CUENTA A LOS PROMOVENTES, para que antes de que fenezca el término, esto es, dentro del término de cuatro días contado legalmente, precisen lo siguiente: - Respecto al acto reclamado consistente en el Decreto Municipal número 17, por el que se expidió el Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, publicado en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", el seis de febrero de dos mil veintitrés, indiquen a qué autoridades responsables atribuyen dicho acto; si el decreto lo reclaman en su integridad, o bien, en qué parte del mismo y si la disposición general reclamada se impugna como norma autoaplicativa o heteroaplicativa, esto es, por su sola entrada en vigor, o con motivo de un acto concreto de aplicación. - Qué acto en específico reclaman del Ayuntamiento Municipal, Síndico Procurador y Cuerpo de Regidores, todos del Municipio de Mazatlán. - Al señalar que al Director Responsable de Obra, le reclama la emisión del visto bueno sobre el permiso de demolición y construcción en zona habitacional, sin contar con los dictámenes de daños estructurales pertinentes; bajo protesta decir verdad, indiquen los antecedentes de dicho acto y su vinculación o relación con el planteamiento de reclamo. - Expongan si concretamente se duelen de la falta de contestación a un escrito, en ejercicio del derecho de petición, y de ser así, señalen con precisión dicho acto, a qué autoridad o autoridades lo atribuyen, y los antecedentes en que fundan su reclamo. - La relación que guardan diversas manifestaciones, que realizan respecto a la violación al artículo 123 de la Carta Magna, al referir que existe una orden para que se presenten a laborar a su fuente de trabajo, bajo pretexto de que el Estado de Sonora, se encuentra en óptimas condiciones para seguir con sus actividades, y no obstante que día a día se ve menoscabada su salud en razón de la emisión de radiaciones producidas por la antena de telefonía. APERCIBIMIENTO. De conformidad con el precepto 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte promovente, que de no atender el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda que dio origen a este sumario. De igual forma, se precisa, que el lapso otorgado a la parte promovente se reanudará a partir de que quede debidamente notificada de esta determinación. Lo anterior tiene apoyo en el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicado a página mil trescientos veintitrés, del Tomo XXI, correspondiente al mes de abril de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. De igual forma, en cuanto al tema es oportuno citar el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizado a página setenta y nueve, Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. En el entendido que, en caso de cumplir la prevención en la vía ordinaria deberá exhibir las copias del ocurso aclaratorio para cada una de las partes en el juicio, ya que atendiendo a las deficiencias destacadas, aquél en que se subsanen integrará la demanda inicial. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PARTE PROMOVENTE.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************, ********************, Pablo René Ramírez Orozco, María del Refugio Velázquez Osuna y Rosa María González Baca, contra actos del Ayuntamiento de Mazatlán con sede en esta ciudad, y otras autoridades. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 396/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. SUBSTANCIACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo que disponen los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, recibida la demanda dentro del término de veinticuatro horas, el órgano jurisdiccional deberá resolver si la desecha, previene o admite; así, de advertir deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente que la (s) aclare. PREVENCIÓN. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que en el apartado de "manifestación previa" los quejosos señalan: "(.) En tales condiciones, tratándose de interés legítimo se entiende que el acto reclamado consistente Decreto Municipal Número 17 de Mazatlán.- Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa; publicado el 06 de Febrero de 2023 y que afecta el cambio de uso de suelo a los integrantes de la colectividad, el acto reclamado genera efectos que trascienden a la esfera individual o colectiva de los trabajadores pertenecientes al grupo vulnerable, (.)" Mientras que en el diverso de "actos reclamados" manifiestan: "V). ACTOS RECLAMADOS. De la ordenadora reclamamos: La omisión y/o abstención de realizar consulta libre, previa e informada sobre el Decreto Municipal Número 17 de Mazatlán.- Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa; publicado el 06 de Febrero de 2023, (.)" En ese sentido, no se advierte con claridad el acto o actos reclamados a las autoridades responsables. En otro aspecto, en el apartado "VI ANTECEDENTESDE LOS ACTOS RECLAMADOS", de la demanda de amparo, los quejosos señalan: "(.) 2. Que el proceso de promulgación y publicación de las modificaciones realizadas al reglamento de construcción municipal fue realizado sin realizar consulta libre, previa e informada es lo por cual acudimos ante este órgano jurisdiccional (.)" De lo que se advierte, que dada la naturaleza del agravio que reclaman los solicitantes de amparo, no se vislumbra el acto o actos reclamados a las autoridades responsables Director de Obras Públicas; Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, todos del Ayuntamiento de Mazatlán; así como a los diversos Colegio de Arquitecto de Mazatlán AC; y Director Responsable de Obra registrado con número 608, ante la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable. Por tanto, ante estas irregularidades que presenta la demanda de amparo y a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con fundamento en los artículos 108 fracciones IV y V, 110 y 114 fracción I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. [1] Precisen el acto o actos que a cada autoridad le reclamen. [2] Hecho lo anterior, bajo protesta de decir verdad, relaten los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados a las autoridades responsables. [3] Proporcionen copias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes del presente juicio, esto es: una para cada autoridad responsable; y una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido que sólo los promoventes deberán cumplir con la prevención ordenada; es decir, al ser un acto personalísimo, no es admisible su desahogo por conducto de sus autorizados en términos amplios, o sus representantes comunes. REPRESENTANTE COMÚN: Se tiene como representantes comunes en el presente juicio de garantías a los quejosos ******************** y ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, ********************, en esta ciudad, y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************,********************e ********************. quienes tienes sus cédulas profesionales 1) ********************, 2)********************, 3)********************, 4) ********************, 5) ********************, 6) ********************, 7) ********************, 8) ********************, 9) ******************** y 10) ********************, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, así como para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************, por no contar con dicho requisito y a ********************, ********************,********************,********************, ********************,********************, ********************,********************,********************y********************, por así haberlo solicitado. De igual forma, solicita se autorice al usuario "********************" y "********************" a fin de realizar la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, promover y recibir las notificaciones respectivas; en tal virtud, instrúyase a la Oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el propósito de que habilite los mecanismos correspondientes conforme a lo establecido en las disposiciones normativas que regulan la herramienta de que se trata, a fin de que la parte accionante esté en condiciones de consultar en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, el expediente electrónico, así como de recibir las notificaciones que en su caso se ordenen en el presente asunto; operación la antes descrita que podrá efectuar a través de la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes
- Raúl Belmonte Ramos950/2014
- Raúl Bernal Cazarez348/2019
- Raúl Canizalez Peña169/2016
- Raúl Carvajal Tirado1016/2022
- Raul de Jesus Elenes Angulo331/2020
- Raúl Durán Luque574/2015
- RAÚL FLORES PICOS y Otros.397/2017
- Raúl Flores Picos352/2017
- Raúl Gilberto Ibarra Lerma936/2023
- Raúl González Carreño75/2022
- Raúl Ignacio Camacho Osuna885/2016
- Raúl Ignacio Camacho Osuna107/2016