Raúl Ernesto Montero Villavazo

Expediente 3496/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3496/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Raúl Ernesto Montero Villavazo
  • Raúl Ernesto Montero Villavazo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido oficio que firma la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, mediante el cual devuelve el el billete A 18596600, valioso por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por la oficina recaudadora fiscal de la Dirección General de Ingresos de la entonces Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 174, de la Ley de Instituciones de Servicios y Fianzas, en relación con los diversos 132 y 156 de la Ley de Amparo, se ordena la cancelación de la misma; por tanto, se ordena agregar el referido billete al presente cuaderno incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; ante el Secretario Guillermo Aguirre Castañeda quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/GAC/prox

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el escrito que signa Jorge Humberto Solano Rodríguez, quejoso en el presente juicio, mediante el cual interpone recurso de inconformidad en contra del proveído de siete de noviembre del año en curso (fojas 1679 a 1682), por el cual, este órgano de control constitucional determinó declarar cumplida la ejecutoria emitida en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 203, de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y remítase el presente expediente, con el escrito original de interposición del recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para el efecto de que se sirva resolver lo que en derecho corresponda respecto del medio de impugnación interpuesto. En virtud de lo anterior, se ordena desglosar el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Guillermo Aguirre Castañeda, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/GAC/amdal

  3. Principal

    SUPERIORIDAD REMITE CONSTANCIA DE ACTUACIÓN DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE DESECHÓ POR EXTEMPORÁNEO EL RECURSO DE QUEJA DE LA PARTE QUEJOSA...

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las diez horas del treinta de noviembre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para el desahogo de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 2601/2018-I (foja 52 vuelta), procede a celebrarla Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por el secretario Luis Ángel González Plascencia, con quien actúa, firma y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, quien la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que integran este juicio de amparo, dentro de las que destacan los informes justificados, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, de conformidad con la Tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación; Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 185, de rubro y texto: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A lo anterior, el juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias y medios probatorios allegados, mismos que se tomarán en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Se abre periodo probatorio y se certifica: que la parte quejosa (fojas 5 y 6) y las responsables (foja 39 y 59) ofrecieron pruebas documentales; las que se desahogaron al momento de admitirse; luego, toda vez que no existen pruebas pendientes que admitir o desahogar, se cierra el periodo probatorio. A continuación, se abre el período de alegatos, en el que se hace constar que la representación social federal presentó pedimento (fojas 13 a 16), y se certifica que ninguna de las demás partes formuló alegatos; precisado lo anterior, se cierra el mismo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar, ni alegatos por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, conforme a esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, Edgar Abdel Barragán Zepeda, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 7 a 10), se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien si formuló alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició a las diez horas del día de hoy y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado consiste en: La cédula de fotoinfraccióin 238320666 (acto que se reclama del Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco). El pago por concepto de la fotoinfración citada y sus consecuencias, realizado mediante recibo oficial A 40423789 (acto que se reclama del Jefe de la Oficina Recaudadora 133, Zapopan de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco). TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, dado que al rendir informe justificado reconocieron su existencia (fojas 18 a 29, 33 a 36 y 55 a 56). Además, corrobora su existencia debido a que obran en autos la cedula de infracción reclamada así como el recibo oficial reprochado (fojas 5 y 39), las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de documentos públicos, calidad que obtienen por haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Causas de improcedencia. La autoridad responsable Jefe de la Oficina Recaudadora 133, Zapopan de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, manifiesta que en el caso opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previo a promover el juicio de amparo, la quejosa debió agotar el principio de definitividad; es decir, interponer en contra del acto reclamado el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad, propio de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, en virtud del cual éste resulta improcedente cuando, previamente a su promoción, el quejoso no haya agotado los juicios, recursos o medios ordinarios de defensa, a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos que estime violatorios de derechos fundamentales. Así, el particular que resienta una afectación en su esfera jurídica está obligado, antes de acudir al juicio de amparo, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto que le cause tal afectación, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establecen el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, a saber: a) Que en contra del acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio de defensa legal. b) Que a través de dicho juicio, recurso o medio de defensa legal se pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. c) Que el juicio, recurso o medio de defensa legal se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. d) Conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Sobre esa base, se desestima la causa de improcedencia hecha valer, ya que en el caso, existe jurisprudencia firme en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no es necesario agotar el juicio de nulidad antes del de amparo, pues se da una excepción al principio de definitividad, al establecerse en el artículo 67, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco mayores requisitos para la suspensión que los establecidos en la Ley de Amparo. La jurisprudencia 2a./J. 104/2007, de mérito resulta aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y se encuentra localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Página: 283, que dispone: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. Al instituirse en el precepto citado que quien solicite la suspensión de los actos reclamados deberá justificar su interés jurídico, se contiene un requisito adicional de los que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo, para conceder dicha medida suspensional, en atención a que la única condición que establece el citado numeral respecto a la instancia de parte, es el contenido en la fracción I, relativo a que tal medida debe ser solicitada expresamente al órgano jurisdiccional respectivo. Por tanto, si en la Ley de Amparo no se establece como obligación del solicitante de la medida cautelar, que tenga que justificar su interés jurídico al pretender la medida suspensiva y, en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se exige expresamente la comprobación de este extremo, es obvio, que son mayores los requisitos exigidos en la Ley antes citada que en la Ley de Amparo, lo que determina que se está en el caso de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, por lo que éste resulta procedente de conformidad con el contenido del artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, sin que sea necesario acudir previamente al juicio contencioso administrativo." Asimismo, la citada autoridad refiere que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción V, y el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no formuló conceptos de violación respecto al pago reclamado mediante recibo oficial A 40423789. Los citados artículos prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación". El artículo citado en primer término, refiere que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. El segundo en comento, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procederá cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la ley de la materia. El tercer arábigo mencionado, estatuye que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se deberán expresar los conceptos de violación. Se debe desestimar la causa de improcedencia en estudio, dado que contrario a lo manifestado por la responsable basta imponerse de la demanda de amparo para advertir que ésta sí contiene argumentos tendentes a combatir la cédula de fotoinfraccióin 238320666, de la que derivó el pago reclamado mediante recibo oficial A 40423789; señalando en sus conceptos de violación que la concesión del amparo por lo que hace a la citada infracción debe hacerse extensiva a los actos que son efectos y consecuencias de ella, considerando que se tratan de actos viciados de origen. De lo que se sigue que el pago realizado, deriva del diverso acto reclamado (fotoinfraccióin 238320666), por lo que, de ser procedente la concesión del amparo en el presente juicio en contra de aquel, la misma se haría extensiva a los actos que importen su ejecución. En virtud de lo anterior, la causa de improcedencia en estudio es infundada. Finalmente, alega que el recibo oficial A 40423789, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que solo constituye una constancia de pago. Se desestima la causa de improcedencia hecha valer, en virtud de que la misma involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, como lo es el pago de la infracción reclamada y sus consecuencias. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001, de la Novena Época, Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, con el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Al no existir diversa causa de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, procede el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resulta fundado y suficiente el motivo de inconformidad hecho valer en el que la parte quejosa argumenta que el Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco viola el principio de legalidad, ya que carece de competencia para emitir la cédula de infracción fotoinfraccióin 238320666, pues acorde a lo establecido en la fracción III, inciso h), del artículo 115 constitucional, ésta es facultad exclusiva de la autoridad municipal, sin que se hayan acreditado la existencia de un convenio de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para dichos efectos, lo cual resulta contraventor del derecho de fundamentación y motivación reconocido en el artículo 16 constitucional. Con la finalidad de evidenciar el porqué de lo fundado del motivo de queja, es oportuno citar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El primer párrafo del artículo 16 constitucional establece la garantía de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos, e impone a las autoridades que los emitan, la obligación de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provengan de autoridad competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Es aplicable la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil ciento noventa y nueve, Tomo XCII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, GARANTÍAS DEL. Este precepto exige que en todo acto de autoridad se funde y motive la causa legal del procedimiento. Para cumplir con este mandamiento deben satisfacerse dos clases de requisitos, unos de forma y otros de fondo. El elemento formal queda surtido cuando en el acuerdo, orden o resolución, se expresan los motivos y las disposiciones legales que se consideren aplicables. Para integrar el segundo elemento, es necesario que los motivos invocados sean reales y ciertos y que, conforme a los preceptos citados, sean bastantes para provocar el acto de autoridad. Si, pues, no quedó satisfecho en parte el requisito formal, que exige el artículo 16 de la Carta Magna, por haberse omitido la cita de los preceptos legales que pudieran servir de fundamento a la orden reclamada, debe concederse el amparo, para que sea reparada esa violación constitucional". En esta tesitura, se infiere que mencionar el ordenamiento jurídico y la disposición legal que le conceda atribuciones a la autoridad para emitir un acto de molestia tiene, en realidad, un solo objetivo, que consiste en brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado frente a la actuación de los órganos del Estado, pues de esta forma el particular tiene conocimiento de los datos indispensables para la defensa de sus intereses, ya que de lo contrario, es decir, de eximir a las autoridades del deber de fundar con precisión su competencia, se privaría al afectado de un elemento que pudiera resultar esencial para impugnarla adecuadamente, cuando lo considere conveniente, al desconocer la norma legal que faculta a la autoridad a emitir el acto de molestia que afecta su esfera jurídica y, en su caso, de controvertir la actuación de aquélla cuando estime que ésta no se ajusta al ordenamiento jurídico que le otorga atribuciones para ello o cuando la disposición jurídica pudiere encontrarse en contradicción con la Constitución Federal. Por tanto, la formalidad de fundar en el acto de molestia, la competencia de la autoridad que lo suscribe, constituye un requisito esencial del mismo, toda vez que la eficacia o validez de dicho acto dependerá de que haya sido realizado por el órgano de la administración de que se trate, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, regidas por una norma legal que le autorice a ejecutarlas. Así, al ser la competencia del órgano administrativo el conjunto de atribuciones o facultades que les incumben a cada uno de ellos, las cuales se encuentran establecidas en disposiciones legales que delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica, no es posible considerar que para cumplir con los fines del derecho fundamental garantizado en el artículo 16 Constitucional, baste la cita del ordenamiento legal que le otorgue competencia. Lo anterior es así, porque la organización de la administración pública en nuestro país está encaminada a distribuir las funciones de los órganos que la integren por razón de materia, grado y territorio, a fin de satisfacer los intereses de la colectividad de una manera eficiente; para lo cual, si bien es cierto que en una ley, reglamento, decreto o acuerdo, es en donde, se admiten excepciones, se señala la división de estas atribuciones, no menos cierto lo es que aquéllos están compuestos por diversos numerales, en los que se especifican con claridad y precisión las facultades que a cada autoridad le corresponden. Entonces, para respetar el principio de seguridad jurídica tutelado por el citado precepto constitucional, es necesario que en el mandamiento escrito que contenga el respectivo acto de autoridad se mencionen con puntualidad las disposiciones legales específicas que incorporen al ámbito competencial del órgano emisor la atribución que le permite afectar la esfera jurídica del gobernado, atendiendo a los diversos criterios de atribuciones. Al efecto, debe tomarse en cuenta que la competencia de las autoridades administrativas se fija siguiendo, básicamente, tres criterios: por razón de materia, por razón de grado y por razón de territorio, los cuales consisten en: a) Materia: Atiende a si la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de aquél, se ubican dentro del campo de acción de cada órgano, que se distingue de los demás (salud, fiscales, administrativas, ecología, comercio, entre otros). b) Grado: También llamada funcional o vertical y se refiere a la competencia estructurada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por grados (escalas) y los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa. c) Territorio: Ésta hace alusión a las circunscripciones administrativas. El Estado por la extensión de territorio y complejidad de las funciones que ha de realizar, se encuentra en necesidad de dividir su actividad entre órganos situados en distintas partes del territorio, cada uno de los cuales tiene un campo de acción limitada localmente; por tanto, dos órganos que tengan idéntica competencia en cuanto a la materia, se pueden distinguir, sin embargo, por razón de territorio. Por tales razones, la invocación de un ordenamiento jurídico en forma global es insuficiente para estimar que el acto de molestia, en cuanto a la competencia de la autoridad, se encuentra correctamente fundado, toda vez que al existir diversos criterios sobre ese aspecto, tal situación implicaría que el particular ignorara cuál de todas las disposiciones legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio; luego, ante tal situación, también resulta indispensable señalar el precepto legal que atendiendo a dicha distribución de competencia le confiere facultades para realizar dicho proceder, a fin de que el gobernado se encuentre en posibilidad de conocer si el acto respectivo fue emitido por la autoridad competente. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 310, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.". También resulta aplicable, la jurisprudencia emitida por le Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 31, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.". En esa medida, el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la función de los servicios de tránsito es facultad exclusiva de los municipios, y en el caso, los actos aludidos fueron emitidos por autoridades estatales. En efecto, la fracción III, inciso h), del artículo 115 constitucional, establece en su parte conducente: "Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: [.] III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: [.] h). Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.". En lo conducente, el precepto invocado establece que los municipios que conforman los Estados de la Federación tienen a su cargo la administración del servicio público de tránsito. Por su parte, el penúltimo párrafo del artículo y fracción aludidos, establece: ".Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.". En lo que interesa para el presente estudio, el precepto transcrito dispone que cuando los ayuntamientos de los municipios lo estimen conveniente, podrán celebrar convenios con el estado, para que de forma temporal, éste se haga cargo de prestar algún servicio que deben proporcionar los municipios, o en su caso, otorgarlo de forma coordinada. Luego, no obstante que los municipios son los organismos facultados para prestar el servicio público de tránsito, dicha atribución puede delegarse al Estado mediante la celebración del acuerdo respectivo celebrado entre éstos. En lo conducente, es sustento de lo argumentado el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el emitir la jurisprudencia P./J. 56/2000, visible en la página ochocientos veintidós, tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TRÁNSITO. ES UN SERVICIO PÚBLICO QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN RESERVA A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI ALGUNO LLEGA A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE RESIDE, EL MUNICIPIO, EN TODO MOMENTO, PUEDE REIVINDICAR SUS FACULTADES, PUES UN CONVENIO NO PUEDE PREVALECER INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCIÓN". En ese orden de ideas, la autoridad responsable fue omisa en establecer si en el municipio de Tlaquepaque (donde tuvo lugar el hecho constitutivo de la cédula de notificación de infracción combatida), y el Estado de Jalisco, en este caso representado por la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, existe un convenio de colaboración vigente en materia de tránsito, que faculte a esta última a prestar el servicio público de tránsito y, con ello, aplicar las sanciones por infracciones a la Ley de Movilidad y Tránsito del Estado de Jalisco, en los citados municipios, para lo que en el caso importa, que le autorice para llevar a cabo la emisión de la cédula de notificación de infracción por exceder en más de diez kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido. En la especie, del examen practicado a la cédula infracción folio 238320666, que fue valorada con antelación, no se desprende cita alguna, en donde se plasme el fundamento de su competencia, es decir, si existe convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Jalisco y los municipios, que otorgue al Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, la facultad de emitir la cédula de infracción reclamada, por la comisión de infracciones viales previstas en la Ley de Movilidad y Tránsito del Estado de Jalisco, en el aludido municipio. De ahí que, asista la razón al quejoso, pues el artículo 16 de la Carta Magna, impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, ente ellos su competencia, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Por tanto, todas las resoluciones dictadas por cualquier autoridad deben emitirse de forma fundada y motivada. En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan las hipótesis que son aplicadas, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, entre ellos, el relativo a la competencia que les faculte su actuar. Lo anterior, tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se considere de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Es ilustrativo de lo argumentado, por las razones que informa, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Novena Época, diciembre de dos mil cinco, página ciento sesenta y dos, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En consecuencia, con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal, respecto de la cédula de infracción 238320666. Al resultar fundado el indicado concepto de violación, resulta innecesario entrar al estudio de los restantes motivos de inconformidad, pues, ello a nada práctico conduciría. Es así, en virtud de que, dados los efectos de la concesión del amparo que se decreta, aun de resultar fundados aquellos, la parte quejosa no obtendría un mayor beneficio que el alcanzado. SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa; lo anterior para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución se realice lo siguiente: La Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, por conducto de quien corresponda, deberá dejar insubsistente la cédula de infracción 238320666. En vía de consecuencia, la protección constitucional se hace extensiva en contra del acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable Jefe de la Oficina Recaudadora 133, Zapopan de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, en virtud de ser consecuencia inmediata y directa del actuar declarado contraventor del orden constitucional, es decir, deberá devolver la cantidad que pagó el quejoso por concepto de la citada fotoinfracción, gastos de ejecución y recargos por infracciones a la Ley de Movilidad y Trasporte del Estado de Jalisco. Cabe invocar sobre el particular, la jurisprudencia número 565, de la Séptima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Tomo VI, Parte TCC, apéndice de 1995, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Edgar Abdel Barragán Zepeda, contra las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expresados en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de la propia sentencia. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Luis Ángel González Plascencia quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente resolución y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/LAGP

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