Raul Enriquez Romo

Expediente 736/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
736/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Raul Enriquez Romo

Actuaciones

  1. Principal

    se decreta la reanudación del procedimiento del presente juicio y se reanudan los plazos y términos procesales correspondientes. Por otro lado, de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto dictado el nueve de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primer ordenamiento invocado, se declara que ha causado estado. En consecuencia, puesto que no existen actuaciones pendientes que realizar, se ordena archivar este expediente como asunto concluido; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Del análisis integral de la demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina que el acto reclamado consiste en la omisión en que incurrió la autoridad responsable dentro del juicio civil C***/2017, consistente en no haber realizado su acumulación, al diverso C****/2013. En las citadas condiciones, se provee: En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relativa al consentimiento tácito de los actos reclamados. Ello, porque la parte quejosa no promovió dentro del plazo de quince días la presente demanda de amparo; por tanto, deviene extemporánea, razón por la cual, se desecha de plano... Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte que el juicio amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, en contra de aquellos que no se promueva dentro de los términos que prevé la ley, siendo que el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel: i) que surta efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación del mismo; ii) o aquel en que haya tenido conocimiento de éstos; o iii) de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos, plazo respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la omisión en que incurrió la autoridad responsable dentro del juicio civil C***/2017, consistente en no haber realizado su acumulación, al diverso C****/2013; actos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tuvo conocimiento el once de noviembre de dos mil veinte, pues fue en esa fecha en que tuvo acceso al juicio de amparo ***/2020, del índice de este Juzgado y pudo imponerse de los tomos de prueba remitidos por la autoridad responsable, de donde se advertía la existencia del juicio civil C***/2017. Señalamientos que por haber sido expresados de manera categórica y bajo protesta de decir verdad en el libelo constitucional, por el propio peticionario, adquieren el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el término para promover el juicio de amparo en contra del acto aludido, es el genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, pues no se encuentra en alguno de los casos de excepción que señala el citado precepto, ya que no se trata de un amparo contra una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no se impugna la sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; no se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; ni tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mucho menos la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En esta tesitura, tomando en consideración que el artículo 18 de la Ley de Amparo, dispone que el plazo para la promoción del juicio de derechos fundamentales empieza a correr, entre otros supuestos, al día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos reclamados, procede analizar si la demanda de amparo promovida por *** *** ***, se encuentra promovida en tiempo, tomando como punto de partida la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, acorde con sus propias manifestaciones. Ahora bien, atendiendo a lo expresado por el quejoso en su demanda de amparo, se obtiene de modo directo que el once de noviembre de dos mil veinte, tuvo conocimiento de la existencia de un juicio de naturaleza civil, el cual, estima debió acumularse al diverso juicio intestamentario a bienes *** *** ***, radicado bajo el progresivo C****/2013, promovido por el propio quejoso, actos que acude a impugnar en esta vía de control constitucional. Entonces, el acto que reclama el quejoso fue de su conocimiento desde el once de noviembre de dos mil veinte, por lo que el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda de amparo, empezó a contar el día siguiente hábil, esto es, el doce de noviembre del presente año, por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo trascurrió del doce de noviembre al cuatro de diciembre, ambos de la anualidad que transcurre; lo anterior, previo descuento de los días sábados y domingos, así como dieciséis y veinte de noviembre, por ser inhábiles y de descanso, de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Circunstancia que confrontada con la fecha de presentación de la demanda, a saber, siete de diciembre de dos mil veinte, como se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, hace evidente que la presentación de la demanda se hizo en forma extemporánea, lo que actualiza la causal de improcedencia examinada. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En la inteligencia de que según el propio quejoso, resulta ajeno al juicio ***/2017, por lo que el conocimiento de su existencia no se genera con motivo de una notificación formal en dicho procedimiento, sino con motivo del acceso que tuvo a las constancias de ese juicio, en el amparo ***/2020; por tal motivo, la fecha que debe servir para el inicio del cómputo de quince días para promover el amparo, es precisamente en la que afirma haber conocido el acto reclamado (once de noviembre de dos mil veinte), siendo el primer día de ese plazo, el día siguiente hábil (doce de noviembre de dos mil veinte), pues esa fecha constituye el día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda.

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