Raúl Enrique Pérez Hechavarria
Expediente 844/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 844/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl Enrique Pérez Hechavarria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. SIN MAYOR PROVEER Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, sin que haya lugar a mayor proveer; lo anterior, toda vez que su contenido fue materia de auto de once de julio del año curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintitrés. ACUSE DE RECIBO DEL JUICIO ORIGINAL Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, a través del cual informa que por auto de siete de julio del año en curso, aceptó la competencia planteada por este juzgado y admitió la demanda de amparo promovida por ********************. Por otro lado, por proveídos de cinco y diez de julio del año en curso, se reservó el envío de los informes de la suspensión de plano signados por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Michoacán del Instituto Nacional de Migración y el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por sí y en representación del Coordinador General y Jefa de Departamento de Registro 21, adscrita a la Dirección de Registro de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hasta en tanto este juzgado tuviera conocimiento que órgano jurisdiccional se avoco al conocimiento de la demanda de amparo que promueve ********************. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se libre se ordena el envío de los informes a la suspensión de plano emitidos por las autoridades antes mencionadas al Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan. SE ORDENA ARCHIVO. Atento a lo anterior, toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente cuadernillo obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 19, fracción l, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que en las actuaciones que integran el juicio de amparo relativo se declaró la INCOMPETENCIA, por lo que una vez transcurridos seis meses del periodo de conservación que prevé el artículo 19, fracción l, inciso b), del Acuerdo General en mención. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: PRIMERO. Juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil veinte, Clementina Ramos Valencia presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Juez y Actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, de quienes reclamó el emplazamiento llevado a cabo dentro del juicio ejecutivo mercantil 273/2015 y, como consecuencia, todo lo actuado en dicho controvertido. Se llamó a dicho juicio a la tercera interesada Sistema de Crédito Automotriz, sociedad anónima de capital variable, a través de su endosataria en procuración María Guadalupe Contreras Magaña, y seguido por sus fases legales, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós se dictó sentencia definitiva en la que se negó a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión; determinación confirmada el dos de diciembre de dos mil veintidós, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del amparo en revisión 138/2022. SEGUNDO. Suspensión de los actos reclamados. Derivado de la tramitación del juicio de amparo, en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, así como en resolución interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se concedieron las suspensiones provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente, para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban dentro del juicio ejecutivo mercantil 273/2015, esto es, en caso de haberse llevado a cabo el remate del bien inmueble que la quejosa adujo era de su propiedad, las responsables se abstuvieran de poner en posesión real y material de los bienes a la persona adjudicataria, así como para que no se expidiera la factura o la escritura pública correspondiente. Para garantizar los posibles daños y perjuicios a la parte tercera interesada con motivo de dichas medidas cautelares, la quejosa Clementina Ramos Valencia exhibió los billetes de depósito N-863569 y N-878926, valiosos por las cantidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, expedidos por el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo. Tal determinación a la fecha ya causó firmeza, virtud de haberse notificado por lista del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. TERCERO. Incidente de responsabilidad proveniente de las garantías exhibidas con motivo de la suspensión. Por escrito presentado el dieciocho de abril del año en curso, María Guadalupe Contreras Magaña, cesionaria de la tercera interesada Sistemas de Crédito Automotriz, sociedad anónima de capital variable, hizo valer la incidencia de responsabilidad proveniente de las garantías exhibidas con motivo de la suspensión, con base en los argumentos expresados y medios probatorios ofrecidos en su escrito presentado el dieciocho de abril anterior, ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. En proveído de veinte de abril del año en curso se admitió la incidencia y se dio vista a las partes, en términos de los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo; finalmente, en auto de dieciocho de mayo anterior se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, desahogada en términos del acta que precede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el incidente planteado, en razón de que fue promovido dentro de un incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo radicado y resuelto en este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Temporalidad. El incidente en estudio se promovió una vez que concluyó el juicio en lo principal y dentro del lapso previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, es decir, dentro de los seis meses siguientes al día en que surtió efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva puso fin al juicio; pues en acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós se recibió la ejecutoria por parte del Tribunal de Alzada, de dos de ese mes y año, lo que evidencia la oportunidad en la promoción del incidente. TERCERO. Estudio de la incidencia. María Guadalupe Contreras Magaña, cesionaria de la tercera interesada Sistemas de Crédito Automotriz, sociedad anónima de capital variable, sostiene que el incidente de responsabilidad proveniente de las garantías exhibidas con motivo de la suspensión es procedente, con base en que con motivo de las medidas cautelares concedidas dentro del presente incidente, se le causaron daños y perjuicios al haber transcurrido y perdido casi dos años por la tramitación del juicio de amparo, generándole un daño. Tales manifestaciones son fundadas, atendiendo a su causa de pedir. A fin de dilucidar la procedencia del incidente propuesto, se atiende lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Amparo: "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De lo que interesa para el presente estudio, de dicho numeral se advierte la posibilidad de tramitar un incidente a efecto de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio, lo que se traduce en la tramitación de una incidencia en la que se analice la procedencia del pago de daños y perjuicios causados por la suspensión. Ello es así, pues cuando la persona que promueve un juicio amparo y solicita la suspensión del acto reclamado y esta se concede, puede ocasionar daños y perjuicios a quien resienta su falta de ejecución, en virtud de que se le impide de manera provisional ejecutar el acto impugnado que tiene a su favor. Razón por la cual el artículo 132 de la Ley de Amparo señala que si la suspensión se concede, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar los daños e indemnizar los perjuicios que se causen, en caso de que no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo. En ese sentido, el incidente establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, es el medio idóneo para que el tercero interesado pueda ver resarcida la afectación a su patrimonio con motivo de los daños y perjuicios generados por la concesión de dicha medida; es decir, la Ley de Amparo hace referencia a la necesidad de reparar los daños y perjuicios, por lo que es innegable que el tercero interesado tiene derecho a reclamarlos, de no ser otorgado el amparo a la parte quejosa y si la medida cautelar generó tales afectaciones. Sirve de apoyo el criterio establecido en la jurisprudencia I.3o.C. J/7 K (11a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo V, página 4791, Undécima Época, con registro digital 2025188, que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA DEMOSTRACIÓN POR PARTE DEL INCIDENTISTA DE HABERLOS RESENTIDO, DEBE SER PRESUNTIVA [ABANDONO PARCIAL DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS AISLADA I.3o.C.120 K (9a.)]. Hechos: Un Juez de Distrito en Materia Civil declaró infundado el incidente de reclamación de daños y perjuicios promovido por la parte tercero interesada en el juicio de amparo, actora en el juicio ordinario, ocasionados con motivo de la suspensión definitiva del acto reclamado otorgada a una persona extraña al juicio natural, para el efecto de que no se ejecutaran diversos actos. Ello, con base en que no se acreditaron plenamente los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la concesión de la suspensión decretada. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina, de una nueva reflexión, que la demostración por parte del incidentista de haber resentido daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada, debe ser presuntiva, ya que con la promoción de un juicio de amparo y la obtención de una sentencia que lo sobreseyera o negara y que hubiere causado ejecutoria, se origina una afectación al tercero interesado, en tanto que se ve privado del disfrute de un derecho que le corresponde. Justificación: Lo anterior, porque es desproporcional solicitar al incidentista que la demostración de haber resentido daños y perjuicios sea plena, pues de los autos del juicio de amparo puede advertirse presuntivamente si resintió o no una afectación. Esto es acorde con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que en cuanto a la demostración de los perjuicios, es innecesario que el tercero interesado narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de disponer de un bien; de manera que basta con la narración o explicación de los hechos de donde surgiría la ganancia de la que en su concepto se vio privado. Por lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito se aparta parcialmente del criterio sostenido en la tesis I.3o.C.120 K (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 1983, con número de registro digital: 159870, de rubro: ´DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS.´, en la parte que establece: "...4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada.", para que ahora se lea: "...4) La demostración presuntiva de que el incidentista resintió daños o perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada". Por daño, debe entenderse la pérdida o menoscabo que le acarrea al tercero, no disponer de la suma que le corresponde conforme a la resolución reclamada, desde el momento en que se concede la suspensión y mientras se resuelve el juicio de amparo; de manera que no es equivalente al monto total de la condena en la sentencia que constituye el acto reclamado, porque la caución que se otorga en el juicio de amparo no es una vía alternativa para lograr la ejecución de la resolución jurisdiccional que constituye el acto reclamado. Una vez que quede firme la sentencia definitiva, deberá ejecutarse atendiendo a las disposiciones aplicables del juicio de origen. Por su parte, los perjuicios son la privación de las ganancias lícitas que obtendría éste de tener bajo su dominio, durante el tiempo que dure el correspondiente juicio de garantías, la respectiva prestación pecuniaria, equivalente al rendimiento que en el mismo periodo produciría tal prestación. Además, por lo que hace a los perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, es necesario ubicarse en un plano hipotético y tratarse de situaciones posibles. Lo anterior deriva de la jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 148, con registro digital 161105, que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista". Conforme a lo anterior, cuando se solicite la suspensión del acto reclamado, cuya consecuencia se traduce en la paralización de la ejecución del fallo y que éste contenga en una condena líquida o estimable en dinero, la autoridad competente, al fijar el monto de la caución para conceder la suspensión, debe limitarse a calcular, sobre el monto de la condena, los daños, entendidos como la depreciación o pérdida de valor adquisitivo que esa cantidad sufra durante la tramitación del juicio de amparo, así como los perjuicios, entendidos como los rendimientos que la misma pudiese aportar durante dicho lapso, atendiendo a una tasa que refleje las condiciones del mercado. Por lo que hace al primer punto, se considera que en aquellos casos donde con el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el tercero interesado deja de percibir una suma de dinero que por derecho le correspondía, la existencia de tales daños y perjuicios constituye un hecho notorio, por lo que no es necesario acreditarlos a través de otros medios de prueba. En efecto, es evidente que el dinero por el mero transcurso del tiempo pierde valor adquisitivo y que deja de generar un rendimiento. Por tanto, una vez que se ha determinado que constituye un hecho notorio la existencia de los daños y perjuicios, corresponde establecer a través de qué parámetro se deben cuantificar los mismos. Expuesto lo anterior, en las constancias que integran el incidente en que se actúa, así como el juicio de amparo principal, física y electrónicamente, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 200 y 202, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden los siguientes antecedentes sustanciales: Clementina Ramos Valencia, ostentándose tercera extraña por equiparación, promovió juicio de amparo contra actos del Juez y Actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, de quienes reclamó el llamado al juicio ejecutivo mercantil 273/2015 y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento. Previa secuela procesal, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós se dictó sentencia definitiva en la que se negó a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión; determinación confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del amparo en revisión 138/2022. Con motivo de dicho juicio, en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, así como en resolución interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente, para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban dentro del juicio ejecutivo mercantil 273/2015, lo cual impidió que se ejecutara la sentencia de origen, traducido en que no se continuara con el procedimiento de remate correspondiente, en perjuicio de la parte aquí tercera con interés. En tales determinaciones, de manera firme, este juzgado de Distrito determinó los daños y perjuicios en la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente; ello tomando en consideración que el parámetro discrecional adoptado por este juzgado constitucional, al fijar el monto de la garantía para que siguiera surtiendo efectos la medida cautelar, no fueron impugnadas oportunamente por la tercera interesada, aquí incidentista; por ende, precluyó su derecho para reclamar un monto mayor con base en los mismos elementos, circunstancias y constancias que ya existían al resolver sobre tal medida cautelar. Apoya lo anterior la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, página 1321, con registro digital 2022594, de rubro y texto: "INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. SI SU CUANTÍA CORRESPONDE A UN MONTO MAYOR AL FIJADO COMO GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR, LA CONDENA NO PUEDE EXCEDER ESTE ÚLTIMO MONTO, PUES DE HACERLO IMPLICARÍA LA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE ´COSA JUZGADA´. En la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; dato que, precisó, es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; por lo que para calcular los posibles daños, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía. Asimismo, señaló que los perjuicios son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, si la cuantificación a que ascienden los daños y perjuicios ocasionados al tercero interesado, corresponde a un monto mayor al fijado como garantía para que surta efectos la medida cautelar, el cual hubiere adquirido firmeza procesal, por no haber sido impugnado por alguna de las partes, a través del recurso de revisión que procede en su contra, en términos del artículo 81, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; entonces, la condena en el incidente de daños y perjuicios, no puede establecerse en diversa cuantía. De actuar en sentido contrario, esto es, de fijar la condena en razón de diverso monto, implicaría trastocar el principio de "cosa juzgada", al mutarse la cantidad líquida que originalmente se estableció para cubrir los posibles daños y perjuicios". Así como el diverso criterio I.5o.C.6 C (11a.), sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2735, con registro digital 2024446, que dice: "INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA FIJADA EN LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE AL MODELO EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO AJUSTÓ SU DECISIÓN AL MOMENTO DE CONCEDERLA CONTRA UNA ORDEN DE LANZAMIENTO DE UN INMUEBLE. Hechos: El acto reclamado en el juicio de amparo consistió en la orden de lanzamiento emitida en la etapa de ejecución de sentencia; el Juez Federal otorgó la suspensión definitiva y la garantía para que surtiera efectos dicha medida se fijó atendiendo a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días; el porcentaje resultante lo aplicó a la cantidad en la que se aprobó el remate en segunda almoneda del bien inmueble materia de la litis, por concepto de perjuicios. En el incidente para hacer efectiva la garantía otorgada a la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión el actor incidental pretendió realizar una cuantificación con base en la rentabilidad del bien que posiblemente dejó de percibir, es decir, sobre referentes ajenos a aquellos en los que el Juez de amparo basó su decisión al momento de fijar la garantía. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para analizar la procedencia del incidente, debe tenerse en consideración el modelo elegido por el Juez de Distrito al momento de fijar la garantía para que surta efectos la suspensión. Justificación: En el artículo 132 de la Ley de Amparo se regulan los modelos a los que debe atender el juzgador para la cuantificación de la garantía en caso de otorgarse la suspensión definitiva; existen modelos aplicables para los distintos casos que se presenten, de acuerdo con las particularidades de cada asunto. Para los casos en los que se reclame la orden de lanzamiento de un inmueble se encuentra establecido un modelo legal que debe observarse para la fijación de los elementos, datos y parámetros para calcular la garantía, para que surta sus efectos la suspensión. Así, la cantidad fijada por el juzgador de amparo por concepto de perjuicios, con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), cuando se trata de un lanzamiento, presupone que se generarán los perjuicios, de modo que en el incidente, el actor tercero interesado no está obligado a probarlos y menos aduciendo un método distinto, como lo es el de la cuantificación de rentas que dejó de percibir si el bien hubiera estado a su disposición. De modo que en ese caso no cobra vigencia la tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO.". Por lo tanto, el modelo utilizado por el Juez Federal para la cuantificación de la garantía para que surta efectos la suspensión en una resolución que quedó firme, constituye la medida exacta a que debe atenderse para fijar el resarcimiento solicitado y, por ende, sobre esa base corresponde establecer que se generaron los perjuicios. Ello resulta suficiente para estimar que en tal situación, debido al modelo que ocupó el Juez para la cuantificación de la garantía a la que habría de atenderse para resarcir los perjuicios que se ocasionarían al tercero interesado con la negativa del amparo, ya no es necesario probar ese concepto a resarcir, motivo por el cual se está en un caso de excepción a la regla establecida en la última parte de la citada jurisprudencia, para la demostración de los perjuicios que le fueron causados". Al igual que la tesis I.5o.C.7 C (11a.), del mismo órgano jurisdiccional, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2737, con registro digital 2024447, que refiere: "INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA FIJADA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN LA ORDEN DE LANZAMIENTO DE UN INMUEBLE, LA FIJACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DEBE REALIZARSE SOBRE ELEMENTOS QUE EL JUEZ DE DISTRITO TUVO A SU ALCANCE AL MOMENTO DE CONCEDERLA (EXCEPCIÓN A LA REGLA ESTABLECIDA EN LA ÚLTIMA PARTE DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 80/2011). Hechos: El acto reclamado en el juicio de amparo consistió en la orden de lanzamiento emitida en la etapa de ejecución de sentencia. El Juez Federal otorgó la suspensión definitiva y la garantía para que surtiera efectos dicha medida se fijó atendiendo a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días; el porcentaje resultante lo aplicó a la cantidad en la que se aprobó el remate en segunda almoneda del bien inmueble materia de la litis, por concepto de perjuicios. En el incidente para hacer efectiva la garantía otorgada a la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión, el actor incidental pretendió realizar una cuantificación sobre bases ajenas a aquellas en las cuales el Juez de amparo basó su decisión al momento de fijar la garantía. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para analizar la procedencia del incidente de suspensión del acto reclamado, si el Juez de Distrito eligió un modelo en el que fijó una cantidad líquida, a éste debe estarse y ello resulta suficiente para estimar que en el caso ya no es necesario atender a un estándar probatorio que sea exigible al actor incidental para la demostración de los perjuicios que le fueron causados; de ahí que el asunto en análisis constituye un caso de excepción a la regla prevista en la última parte de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2011. Justificación: De acuerdo a las particularidades del asunto, se estima que se está en un caso de excepción a la regla establecida en la última parte de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, materias común y civil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 148, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO.", para lo cual se atiende a que el monto de los perjuicios quedó fijado previamente en la resolución firme que se ocupó de la concesión de la suspensión definitiva, en el amparo cuyo acto reclamado fue la orden de lanzamiento de un inmueble, el cual fue rematado y sobre esas bases se cuantificó la garantía, tomando en cuenta el tiempo probable para la resolución del amparo y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. El asunto es un caso de excepción, toda vez que dicho criterio se basa en cargas probatorias, en el cual se hace referencia a los distintos estándares probatorios que deben observarse para la acreditación de los daños y los perjuicios. Sin embargo, cuando en ese supuesto la garantía se fijó con base en esa tasa, es innecesario atender a esas reglas, porque presupone que existirán perjuicios, cuyo monto ya fue definido en resolución firme, de modo que el Juez de Distrito no tenía la obligación de ajustar su actuación al criterio contenido en la citada jurisprudencia, sino que una vez realizada la solicitud en tiempo y por parte legítima, deberá declarar procedente el incidente de daños y perjuicios". En ese sentido, para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercera interesada con motivo de la suspensión del acto reclamado, la quejosa Clementina Ramos Valencia exhibió los billetes de depósito N-863569 y N-878926, valiosos por las cantidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, expedidos por el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo. Lo que pone de manifiesto que si en la especie se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que la autoridad se abstuviera de llevar a cabo actos tendentes a la ejecución de la sentencia emitida en el juicio ejecutivo mercantil, implica que la suspensión fue respecto de la ejecución de la condena, que en la especie lo constituye la cantidad de $229,354.61 (doscientos veintinueve mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 61/100 moneda nacional), del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en que se concedió de manera provisional la medida cautelar, al uno de diciembre de dos mil veintidós, que estuvo vigente la suspensión definitiva (un día antes de la fecha de la ejecutoria que confirmó la resolución que negó la protección constitucional a la quejosa). Por tanto, si a la fecha se encuentran firmes las determinaciones donde se precisaron los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión provisional y la definitiva, es dicho monto el que la incidentista solicita le sea entregado con motivo de los daños y perjuicios que, dice, le fueron causados al haber transcurrido un tiempo considerable; por lo que, en atención a lo expuesto y el principio de congruencia, debe estimarse evidenciada la afectación patrimonial que alude. En conclusión, se declara procedente y fundado el incidente de reclamación de daños y perjuicios hecho valer por María Guadalupe Contreras Magaña, cesionaria de la tercera interesada Sistemas de Crédito Automotriz, sociedad anónima de capital variable. Ahora, tomando en cuenta que la quejosa Clementina Ramos Valencia exhibió los billetes de depósito N-863569 y N-878926, valiosos por las cantidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercero interesada con motivo de la suspensión concedida en autos; una vez que se declare firme la presente determinación, acuérdese lo conducente a fin de poner a disposición de la incidentista las células bancarias de que se trata. Finalmente, es innecesario que este juzgado de Distrito se pronuncie sobre los alegatos expuestos por la incidentista, porque no forman parte de la litis incidental propuesta. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Es fundado el incidente de daños y perjuicios promovido por María Guadalupe Contreras Magaña, cesionaria de la tercera interesada Sistemas de Crédito Automotriz, sociedad anónima de capital variable, en términos de lo establecido en el considerando último de la presente resolución. SEGUNDO. Una vez que se encuentre firme la presente resolución, acuérdese lo conducente a fin de poner a disposición de la incidentista los billetes de depósito N-863569 y N-878926, valiosos por las cantidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional). Notifíquese personalmente.Así lo resolvió y firma Omar Alejando Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy cinco de julio de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Conste.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintitrés.********************CUENTA CON AUTOS.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el once de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente asunto, promovido por********************por tanto, se acuerda lo siguiente.********************Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO ********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Por otra parte, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el original del cuaderno incidental es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada; por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el mismo.********************DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Finalmente, por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del multicitado acuerdo plenario, destrúyase el mismo una vez transcurridos seis meses a partir del presente proveído. ********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Notifíquese. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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