Raul Enrique Guillermo Sosa

Expediente 150/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
150/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
27/03/2018

Partes del expediente

  • Raul Enrique Guillermo Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de Amparo el veintisiete de febrero del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de Amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    III.. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y anexo que acompaña, del que se advierte que en autos del expediente 1485/2017, dictó un proveído el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en el que acordó no admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil promovido por el aquí quejoso Raúl Enrique Guillermo Sosa y ordenó la devolución a la parte actora del documento que exhibió con su escrito inicial de demanda. Es manifiesto, que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: "Que hasta el día de hoy 01 de Febrero del 2018, la autoridad responsable HA DENEGADO, de manera incongruente la devolución de los documentos originales (Pagaré) exhibido en el presente asunto (sic), contraviniendo a lo que establecen las reglas del debido proceso y las formalidades esenciales de estos dispuesto en el código de comercio, en las cuales se encuentra consagrado los principios procesales de la materia, en relación de una Justicia pronta y expedita; toda vez que es facultad de la Autoridad responsable de los juicios que ante ella se tramitan; de tal suerte que es una violación procesal de grado exorbitante, y que me causan un perjuicio directo a mis garantías constitucionales." Por tanto, debe decirse que se actualiza el sobreseimiento el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV, la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable niega la existencia del acto que se le reclama, la que se corrobora con las constancia que adjuntó la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, al momento de rendir su informe con justificación, pues de ellas se advierte que mediante auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, acordó que la parte actora no había dado cumplimiento a la prevención contenida en el diverso proveído de nueve de noviembre referido, por lo que llevando a efecto el apercibimiento contenido en dicho acuerdo, determinó no admitir el juicio ejecutivo mercantil instado por el ahora quejoso y ordenó desde esa fecha, la devolución del documento exhibido con su promoción inicial; proveído que fue notificado al peticionario de amparo, por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así las cosas, se puede apreciar, que la autoridad responsable, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, emitió desde el treinta de noviembre del año inmediato anterior, un proveído en el en virtud de la no admisión del juicio ejecutivo mercantil, ordenó la devolución a la parte actora del documento que anexó a su escrito de demanda; en consecuencia, es de estimarse que la omisión reclamada no existe, habida cuenta que la presente demanda se presentó con posterioridad al dictado del acuerdo mencionado, es decir, el seis de febrero de dos mil dieciocho, según sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Mérida, Yucatán. En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, respecto del acto y por la autoridad precisada anteriormente, dado que no se justificó su existencia al momento de la promoción de la presente demanda de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional al agraviado es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de los derechos humanos conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la imperante de amparo en el goce del derecho humano violado. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que el quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta, se había dictado el proveído correspondiente en el juicio de origen; de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce del derecho humano respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió la copia certificada del acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, con la que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Esto es así, dado que la inexistencia del acto reclamado se encuentra debidamente probada, y no depende de la carga probatoria que en su caso pudiera aportar la parte quejosa para desvirtuar dicha circunstancia, sino se advierte de forma clara e indubitable con las constancias antes referidas, por lo que, no obstante llegara la audiencia constitucional, en nada variaría el sentido del fallo, al haberse acreditado de autos, que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado era inexistente. Resulta ilustrativa al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También se advierte que en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), ubicada en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, bajo el registro IUS 2005150, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En estas condiciones, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas con siete minutos. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro

  3. Principal

    III.. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y anexo que acompaña, del que se advierte que en autos del expediente 1485/2017, dictó un proveído el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en el que acordó no admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil promovido por el aquí quejoso Raúl Enrique Guillermo Sosa y ordenó la devolución a la parte actora del documento que exhibió con su escrito inicial de demanda. Es manifiesto, que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: "Que hasta el día de hoy 01 de Febrero del 2018, la autoridad responsable HA DENEGADO, de manera incongruente la devolución de los documentos originales (Pagaré) exhibido en el presente asunto (sic), contraviniendo a lo que establecen las reglas del debido proceso y las formalidades esenciales de estos dispuesto en el código de comercio, en las cuales se encuentra consagrado los principios procesales de la materia, en relación de una Justicia pronta y expedita; toda vez que es facultad de la Autoridad responsable de los juicios que ante ella se tramitan; de tal suerte que es una violación procesal de grado exorbitante, y que me causan un perjuicio directo a mis garantías constitucionales." Por tanto, debe decirse que se actualiza el sobreseimiento el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV, la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable niega la existencia del acto que se le reclama, la que se corrobora con las constancia que adjuntó la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, al momento de rendir su informe con justificación, pues de ellas se advierte que mediante auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, acordó que la parte actora no había dado cumplimiento a la prevención contenida en el diverso proveído de nueve de noviembre referido, por lo que llevando a efecto el apercibimiento contenido en dicho acuerdo, determinó no admitir el juicio ejecutivo mercantil instado por el ahora quejoso y ordenó desde esa fecha, la devolución del documento exhibido con su promoción inicial; proveído que fue notificado al peticionario de amparo, por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así las cosas, se puede apreciar, que la autoridad responsable, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, emitió desde el treinta de noviembre del año inmediato anterior, un proveído en el en virtud de la no admisión del juicio ejecutivo mercantil, ordenó la devolución a la parte actora del documento que anexó a su escrito de demanda; en consecuencia, es de estimarse que la omisión reclamada no existe, habida cuenta que la presente demanda se presentó con posterioridad al dictado del acuerdo mencionado, es decir, el seis de febrero de dos mil dieciocho, según sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Mérida, Yucatán. En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, respecto del acto y por la autoridad precisada anteriormente, dado que no se justificó su existencia al momento de la promoción de la presente demanda de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional al agraviado es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de los derechos humanos conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la imperante de amparo en el goce del derecho humano violado. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que el quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta, se había dictado el proveído correspondiente en el juicio de origen; de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce del derecho humano respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió la copia certificada del acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, con la que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Esto es así, dado que la inexistencia del acto reclamado se encuentra debidamente probada, y no depende de la carga probatoria que en su caso pudiera aportar la parte quejosa para desvirtuar dicha circunstancia, sino se advierte de forma clara e indubitable con las constancias antes referidas, por lo que, no obstante llegara la audiencia constitucional, en nada variaría el sentido del fallo, al haberse acreditado de autos, que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado era inexistente. Resulta ilustrativa al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También se advierte que en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), ubicada en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, bajo el registro IUS 2005150, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En estas condiciones, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas con siete minutos. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  4. Principal

    III.- SE AGREGA ALEAGTO MINISTERIAL Y SE EXPIDE LA COPIA SOLICITADA

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