Raul Enrique Dominguez Perez

Expediente 969/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
969/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/04/2018

Partes del expediente

  • Raul Enrique Dominguez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    En dos de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Que al tener a la vista la diversa boleta de turno de demanda de amparo se realizó una búsqueda minuciosa en el libro de registros de juicios de amparo de este Juzgado y se encontró que Ernesto Zapata Macías y Jaime Alberto Dueñas Arias promovieron el diverso juicio 963/2018, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; de igual forma, se hace constar que dicho juicio se encuentra en trámite en razón de que se encuentran señaladas las nueve horas con veintitrés minutos del dos de mayo del presente año, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con la constancia que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de abril de dos dieciocho. Vista la constancia de notificación asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, el treinta y uno de marzo del año en curso, de la que se advierte que los quejosos Ernesto Zapata Macías y Jaime Alberto Dueñas Arias ratificaron la demanda presentada en su favor por Raúl Enrique Domínguez Pérez. En tales condiciones se prevee. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS. a).- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de México. b).- Coordinador General de Centros Federales, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de México. c). Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. d). Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. e). Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas. f). Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México. g). Subsecretario de inteligencia, política criminal y vinculación ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Zacatecas. AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS: a). Jefe de Custodios del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas. b). Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México. Acto reclamado: De las autoridades señaladas como responsables ORDENADORAS se les reclama lo siguiente: La inconstitucionalidad e ilegal orden de traslado fuera de procedimiento de los suscritos. De la Autoridad señalada como responsable EJECUTORA, se le reclama lo siguiente: El cumplimiento de la inconstitucional e ilegal orden de traslado fuera de procedimiento de los suscritos. De todas las responsables el dificultar la reinserción social y alejarnos de su domicilio, familia y amistades con el traslado injustificado en un Estado de Derecho. Además, de que se les privaría a los quejosos de su derecho de llevar el proceso y purgar la posible pena de prisión en el reclusorio más cercano a su domicilio, como condición fundamental de la reinserción, sin haberles dado la oportunidad de audiencia, ya que es claro que actualmente ese derecho sólo se permite restringirlo en caso de delincuencia organizada o respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad, lo que en el caso no acontece, pues el proceso que se les sigue es ante el Juez de Control y Enjuiciamiento de la Ciudad de Río Grande, Zacatecas. Asimismo, el trato indigno a su dignidad humana." En ese contexto, este resolutor considera que en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que establece: "Art. 61.- "El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". La fracción trascrita contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados sean materia de juicio de amparo anterior, esto es, cuando sobre lo planteado en la demanda de amparo existe una instancia constitucional en trámite. Para la actualización de esta causa de improcedencia es necesario que el amparo anterior sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos (en este último supuesto, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; subsistiendo el análisis de los actos de aplicación). En relación con la identidad de las autoridades responsables en los juicios de amparo de que se trate, debe precisarse que aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalen a diferentes autoridades ejecutoras, es posible que la causa de improcedencia se actualice en tanto el factor fundamental es que se trate del mismo acto y misma autoridad ordenadora se continúen dos juicios de amparo; esto, porque a fin de cuentas las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenara le indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Así, esta causal impide que se realice el análisis de los actos reclamados en dos procedimientos de amparo de manera simultánea, lo que responde a un principio de seguridad jurídica a fin de que no se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando se reclamen actos que son materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, el segundo juicio de amparo resulta improcedente. Tampoco será impedimento para estimar actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa, el hecho de que se encuentre o no demostrada la existencia del acto reclamado. Así se desprende, en lo conducente de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Ahora, como se desprende de la cuenta secretarial, ante este propio juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 963/2018, promovido por Jaime Alberto Dueñas Arias y Ernesto Zapata Macías, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, lo cual, es un hecho notorio para el suscrito juez federal. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De las constancias que integran el citado juicio de amparo 963/2018, se advierte lo siguiente: 1. Que mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, del cual por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal Federal, los quejosos Jaime Alberto Dueñas Arias y Ernesto Zapata Macías solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, que hizo consistir en la orden de traslado y su cumplimiento. 2. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se recibió la demanda y se registró con el número 963/2018, se formó el expediente y se admitió a trámite la misma. Como se ve, los antecedentes narrados ponen de manifiesto que el acto reclamado en la demanda de amparo que ahora se plantea, es materia de otro juicio de amparo, a saber el registrado con el número 963/2018, que se tramita ante este propio Juzgado de Distrito, el cual se encuentra en trámite y en el cual se señalaron los mismos actos reclamados y las mismas autoridades responsables que las que refieren en la demanda de cuenta. Así las cosas, y tomando en consideración lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que la parte quejosa señala los mismos actos reclamados, en el presente juicio de garantías 969/2018 y en el diverso juicio de amparo 963/2018, ambos del índice de este órgano jurisdiccional, por lo que tales actos no pueden ser objeto de análisis dentro de un nuevo juicio de garantías, en tanto que en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 963/2018, como ya se dijo se señalaron como actos reclamados los mismos que en la demanda de garantías que nos ocupa. Dicho juicio se encuentra en trámite, en razón de que se acordó sobre su admisión el veintiséis de marzo del presente año. En conclusión, se considera que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. Finalmente, no ha lugar a acordar de conformidad en relación con las manifestaciones vertidas por el actuario judicial de la adscripción en el acta de notificación de cuenta, en el sentido de que los quejosos refieren no recibir atención médica necesaria siempre que se requiere, toda vez ello se pronunciará en un diverso juicio de amparo del índice de este propio juzgado, además de que en el presente asunto el acto reclamado lo es la orden de traslado y su ejecución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    El cinco de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con registro 6962. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos la promoción de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME PREVIO de la autoridad responsable Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas; sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia incidental. Como lo solicita la citada autoridad responsable, con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo, téngase como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los que menciona en su comunicado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Alicia

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