Raúl Emilio Galván Parra
Expediente 1500/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1500/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Raúl Emilio Galván Parra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó estado la determinación que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se declaró sin materia la presente incidencia. Valoración del duplicado. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el encargado del despacho de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, en representación del citado instituto. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompañan, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de sobreseimiento del juicio. Sobreseimiento fuera de audiencia -Cesación de efectos del acto reclamado- Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por el encargado del despacho de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, en representación del citado instituto y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir esencialmente en la omisión de las autoridades responsables de cumplir en tiempo y forma con el pago de la pensión a que tienen derechos los peticionarios de amparo, conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva del referido instituto, en específico el relativo al mes de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, de las constancias que el instituto responsable anexó a su demanda, se advierte que mediante pago de nómina vía transferencia bancaria efectuada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el subdirector de Finanzas del instituto responsable cubrió el pago de pensiones reclamado por el aquí quejoso. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de que la citada pensión no se pagó el día precisado en el calendario de pagos señalado Junta Directiva del multicitado instituto, lo cierto es que, como se destacó, dicha pensión le fue cubierta el dieciséis de noviembre del presente año, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." No se soslaya por parte de este juzgador, que el peticionario de amparo, en su demanda hace manifestaciones en el sentido de que las autoridades responsables han sido reincidentes en pagar en tiempo y forma la pensión a que tiene derecho como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por ello se exhorta a las autoridades responsables, que se ajusten a los plazos que se pactaron por la Junta Directiva del consabido instituto para el pago de las referidas pensiones, pues de lo contrario, resultaría patente que el resarcimiento en el pago de la pensión del aquí quejoso, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -el pago tardío de la pensión de que se dolía el quejoso-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, tampoco se soslaya que la parte quejosa se refiere también a la petición consistente en que las autoridades responsables se abstengan de omitir los pagos subsecuentes de su pensión; sin embargo, al respecto es dable acotar que tal eventualidad no puede ser objeto de análisis en el presente sumario, dado que no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a desplegar una conducta omisa en lo futuro, en lo relativo al pago de la pensión que deba dispensarse a la parte quejosa; de ahí, que resulte intrascedente tal planteamiento para lo determinado en este biinstancial, en el que el reclamo substancial que causaba un perjuicio a la agraviada, cesó en sus efectos por actuación de las propias responsables; de modo que, en caso de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de éstas, la agraviada estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Abierta la audiencia, se da cuenta al titular de este órgano jurisdiccional con dos oficios con anexos registrados con números de folios 18945 y 18942, a lo que el juez acuerda: conforme a lo establecido en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes previos rendidos por las autoridades responsables encargado de despacho de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, y el encargado del despacho de la Subdirección de Finanzas del mencionado Instituto, ambos con residencia en esta ciudad. El juez acuerda: dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes; asimismo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales anexas a los oficios de cuenta, sin perjuicio de su desahogo en la presente audiencia incidental. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refieren y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en sus informes. Acto seguido, el secretario hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con copia del escrito inicial de demanda e informes rendidos por las responsables encargado de despacho de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, en representación del citado instituto, y por el encargado del despacho de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora. A lo que el juez acuerda: se tiene por hecha la anterior certificación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta al juez con la documental que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda, así como las exhibidas por las referidas autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza dichas constancias. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. La secretaria certifica que ninguna de las partes los expresó. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1500/2021; y A n t e c e d e n t e s A petición de Raúl Emilio Galván Parra, por acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión en contra de los actos reclamados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Por lo tanto, se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual dio inicio en los términos del acta que antecede, y procede a resolverse conforme los siguientes C o n s i d e r a n d o s : I. C o m p e t e n c i a Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. II. Precisión del acto reclamado En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa, en esencia, reclama de las autoridades responsables, la omisión de pagar en tiempo y forma la pensión a la que tiene derecho como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en específico, la correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintiuno. III. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, y a la Subdirección de Finanzas del citado instituto, pues la primera así lo manifestó al rendir informe previo; en tanto que la señalada en último término, no obstante negarlo, lo cierto es que hace manifestaciones que evidencia su certeza. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó una de las autoridades a su informe, así como las aportadas por el peticionario de amparo; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Estudio de la medida cautelar solicitada De las constancias allegadas por la responsable, se desprende que el dieciséis de noviembre de la presente anualidad, se realizó el pago de la pensión a la parte quejosa Raúl Emilio Galván Parra, esto es, cesó la omisión reclamada y se le restituyó el derecho vulnerado. Se precisa que si bien conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva del multicitado instituto, la citada pensión no se pagó el día precisado en el calendario de pagos, lo cierto es que, como se destacó, dicha pensión fue cubierta a la aquí quejosa el dieciséis de noviembre del presente año, por lo que es inconcuso que a la presente fecha, como se dijo, le fue restituido el derecho vulnerado. Por ende, al no existir materia sobre la cual pronunciarse, se declara sin materia el presente incidente de suspensión. Finalmente, no se soslaya por parte de este juzgador, que la peticionaria de amparo hace manifestaciones en el sentido de que las autoridades responsables han sido reincidentes en no pagar en tiempo y forma la pensión a que tiene derecho como pensionada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por ello se exhorta a las autoridades responsables, que se ajusten a los plazos que se pactaron por la Junta Directiva del consabido instituto para el pago de las referidas pensiones, pues de lo contrario, resultaría patente que el resarcimiento en el pago de la pensión de la aquí quejosa, tuvo como única finalidad provocar la declaratoria sin materia, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -el pago tardío de la pensión de que se duele la quejosa-, probablemente podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 131 la Ley de Amparo, se V. R e s u e l v e: Único. Se declara sin materia el presente incidente, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta determinación. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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