Raul Eduardo Enriquez Diaz

Expediente 961/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
961/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Raul Eduardo Enriquez Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por RAUL EDUARDO ENRIQUEZ DIAZ, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA MESA UNO DE ROBO DE VEHÍCULOS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL DELITO DE ALTO IMPACTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 961/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del examen de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;...". De la apreciación del numeral que antecede se obtiene que deberá observarse el principio de definitividad (agotar recursos), esto es, que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que la ley que lo establezca o lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. Por otro lado, la legislación penal, motivo del acto reclamado, específicamente en el artículo 258 Código Nacional de Procedimiento Penales, establece: Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Dicho precepto señala que ciertas determinaciones del Ministerio Público deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, para que, en su caso, dentro del plazo de diez días, las impugne ante el juez de control, quien mediante audiencia definitiva citara a las partes (víctima u ofendido, ministerio público, imputado y su defensor) para su resolución. Y ante la inasistencia de la víctima, ofendido o sus representantes legales a la audiencia, el juzgado de control declarará sin materia dicha impugnación, el que será irrecurrible. Ahora, en el caso en concreto, la parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público de la Mesa Uno de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y del Coordinador de Mesas Especiales de Robo Vehículo de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la negativa de devolver el vehículo marca Nissan, tipo Pick-Up NP 300, Modelo 2013, color blanco, serie número 3N6DD25TEDK002177, motor número KA24-578789A, con placas de circulación número Rx18273 del Estado de Oaxaca, emitida en el acuerdo de NO DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO, de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación 23393/FDAI/UERV/2020, que contiene también, como punto resolutivo, la entrega lisa y llana a ELIA PEREZ RUIZ, del citado automotor, por haber acreditado la propiedad y mejor derecho para poseerlo, acuerdo que deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente a la interposición del presente, juicio de garantías contra esa determinación ministerial el quejoso debió agotar el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cierto que el anterior precepto transcrito, establece las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, sin que, expresamente aluda a determinaciones que, como en el caso, dilucide quien tiene un mejor derecho sobre objetos asegurados dentro de una carpeta de investigación; sin embargo, debde decirse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, resolvió que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación. Concluyendo así, que la negativa de devolución del bien asegurado dentro de una carpeta de investigación, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio expuesto en la tesis X.1o.1 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2430, Undécima Época, Materias Común, Penal, con número de registro digital 2023161, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la devolución de diversos objetos que fueron asegurados dentro de una carpeta de investigación, que afirma son de su propiedad; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico; inconforme con esta decisión, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir de oficio que se actualiza una causa de improcedencia diversa a la señalada por el Juez de Distrito, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, determina que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento de objetos por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación -respecto de los cuales el quejoso solicita su devolución-, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato; por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a los objetos asegurados dentro de la carpeta de investigación, acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación, se concluye que el aseguramiento de objetos dentro de una carpeta de investigación, respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, por ser el legítimo propietario, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto". En tales consideraciones, al actualizarse una causal de improcedencia en el juicio, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica y, conforme a la certificación secretarial, por autorizados únicamente para imponerse de los autos a las personas que refiere. Asimismo, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso acuerdo 9/2021, se le tiene a la parte quejosa, señalando el correo electrónico y número telefónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Igualmente, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo provee y firma electrónicamente, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciado Ramiro García Simón, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3190/2021 de esa data, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, ante el licenciado Demnis Merlin Robles, quien autoriza y da fe.

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