Raúl Domínguez de la Cruz

Expediente 773/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
773/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Raúl Domínguez de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. VISTOS; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Raúl Domínguez de la Cruz; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se nego y concedió la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 773/2021-7, promovido por Raúl Domínguez de la Cruz, contra actos del Juez de Control de la Región Seis de Comalcalco, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el nueve de julio de dos mil veintiuno, en la guardia correspondiente a este órgano jurisdiccional, Raúl Domínguez de la Cruz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La orden de detención, así como la falta de tratamiento médico. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Seis de Comalcalco, Tabasco. 2 Fiscal General del Estado de Tabasco. 3 Fiscal del Ministerio Publico de Comalcalco, Tabasco. 4 Elementos de la Policía de Investigación de Comalcalco, Tabasco. SEGUNDO. DECLINACIÓN DE COMPETENCIA. En auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se declinó competencia por conocimiento previo en favor del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. TERCERO. DEVOLUCIÓN DE AUTOS Y PREVENCIÓN. En acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se recibieron los autos del presente juicio en virtud de que el precitado órgano jurisdiccional no aceptó la competencia por conocimiento previo, y se previno a la parte quejosa en los siguientes términos: ". ÚNICO: Precise bajo protesta de decir verdad si aparte de la falta de atención médica, así como la orden de detención que reclama, desea señalar como acto reclamado la devolución de un vehículo, acto que se encuentra en el apartado de suspensión y de ser así aporte mayores datos del vehículo automotor. . Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo concedido; acorde con el penúltimo párrafo, del precepto 114 de la Ley de Amparo, no se tendrá como acto reclamado el relativo a la devolución del vehículo que refiere.": CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el aludido apercibimiento y admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 773/2021-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La orden de detención, así como la falta de tratamiento médico. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONCERNIENTE A LA FALTA DE TRATAMIENTO MÉDICO. No es cierto el aludido acto reclamado, toda vez que en la constancia actuarial de diez de julio de dos mil veintiuno, se advierte que el fedatario de este juzgado asentó lo siguiente: Medio de prueba que en términos del artículo 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene pleno valor probatorio, al haber sido realizado por una persona con fe pública, en ejercicio de sus funciones. Al respecto, sirve de apoyo la tesis formulada por el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materias(s): Común, Volumen 181-186, Sexta Parte, página 16, con número de registro 249049, del siguiente rubro y texto: "ACTUACION JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". Como se puede advertir de la precitada constancia actuarial, el fedatario asentó que se constituyó en los separos de la Unidad de la Policía de Investigación del Centro de Reinserción Social de Comalcalco, Tabasco, con residencia en esta ciudad, para dar fe de la integridad física del aquí quejoso, a quien encontró y preguntó si había sido víctima de malos tratos, tortura física y psicológica; de ser así le mostrara, en caso de tener lesiones. Sobre el particular, el impetrante manifestó que no ha recibido malos tratos por parte del personal del reclusorio y que le han brindado la atención médica para sus lesiones, las cuales fueron realizadas por una persona "afuera del reclusorio" y se encuentra bien. En ese tenor, se considera inexistente el referido acto reclamado, toda vez que, como lo aduce el propio quejoso, ha recibido la atención médica correspondiente. En las relatadas circunstancias, respecto del aludido acto reclamado, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO CONCERNIENTE A LA ORDEN DE DETENCIÓN. Es cierto el referido acto reclamado por haberlo reconocido el Juez de Control de la Región Seis de Comalcalco, Tabasco, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió de un disco versátil digital (DVD), que contiene las videograbaciones de las audiencias de once, quince y diecisiete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente. Con motivo de lo anterior, es cierto el aludido acto reclamado respecto de las siguientes autoridades: Fiscal General del Estado de Tabasco; Fiscal del Ministerio Publico de Comalcalco, Tabasco; y, Elementos de la Policía de Investigación de Comalcalco, Tabasco. Lo anterior, por revestirles el carácter de autoridades ejecutoras. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia VI.1º.P.J/42 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la página 913, Tomo XVII, abril de dos mil tres, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 184233, del siguiente rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA EJECUTORA, DEPENDE DE QUE LA ORDENADORA LA ADMITA Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO DE AQUÉLLA O DE LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, PUES NO RESULTA APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En la sustanciación del juicio de amparo directo, para determinar la certeza del acto reclamado a la autoridad ejecutora, es suficiente que la autoridad señalada como ordenadora admita la existencia de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio cuya ejecución se reclama, a pesar de que la referida autoridad ejecutora hubiera omitido rendir su informe, o rindiéndolo, hubiera negado su existencia, siempre y cuando esté entre sus facultades el cumplimiento de la misma. Lo anterior debido a que en los juicios de amparo directo sólo procede impugnar sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, así como su ejecución, en vía de consecuencia lógica jurídica y no por vicios propios, tal como lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.". Esto es, ante la omisión del informe justificado de la autoridad señalada por el quejoso como ejecutora, ya sea porque no fue debidamente emplazada o porque habiéndolo sido no lo rindió, no puede presumirse cierto el acto a ella atribuido, conforme lo dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, debido a que éste sólo rige en la sustanciación del juicio de amparo indirecto, al no poderse hacer una aplicación extensiva del mismo precepto, toda vez que la naturaleza del juicio uniinstancial es diversa a la de aquél, puesto que mientras en la vía directa los actos reclamados cuyo estudio se efectúa siempre deben ser reales y de existencia comprobada en autos, pues su análisis sólo puede hacerse mediante el examen de lo efectiva y expresamente expuesto por la responsable; y en estas condiciones, de concederse el amparo, la ordenadora siempre deberá emitir un nuevo fallo, que desde luego trasciende a las autoridades ejecutoras; en la indirecta, los actos de ejecución impugnados no siempre son reales, sino en ocasiones producto de una ficción jurídica, y en este último caso, en el supuesto de una concesión del amparo, fundada en la presunción del acto reclamado que sea inconstitucional en sí mismo, debe cumplirse con independencia de que efectivamente el acto sea existente, en razón de que para efectos única y exclusivamente del juicio de amparo sí lo es, tal como ya se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada número CXXXIV, cuyo rubro es: "SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO."; lo que en la vía directa de ninguna manera podría operar, dado que la calificación de la constitucionalidad del acto reclamado, invariablemente dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el mismo. Por otro lado, y en el caso de que la responsable ejecutora al rendir su informe justificado hubiera negado la existencia del acto a ésta, también deberá tenerse por cierto, siempre que la ordenadora lo hubiera reconocido, y entre las funciones de la ejecutora esté el cumplimiento del referido acto, debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de uno, tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, esto es, lo accesorio sigue la suerte de lo principal". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, lo cual debe hacerse previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo aleguen o no las partes. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que, respecto de la orden de detención reclamada, es improcedente la acción constitucional por actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XVI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable [.]" La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 136/2007, estableció que por actos consumados de modo irreparable, deben entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del país, ha reconocido que, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo abrogada, disposición que actualmente se encuentra reproducida en el numeral 77 de la ley de la materia, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, de modo que la sentencia debe tener un verdadero efecto restitutorio, es decir, que no constituya una actividad meramente especulativa o estéril; por tanto, no es dable decidir sobre la constitucionalidad de un acto, si por diversas razones no podrían concretarse los efectos del amparo. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia en estudio cuando, ante la existencia del acto reclamado, hay imposibilidad de que sus efectos se materialicen o que se continúen actualizando, por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de las autoridades, por el transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales u otros que impidan analizar la constitucionalidad del acto reclamado. En el caso, el acto reclamado lo es la orden de aprehensión de once de junio de dos mil veintiuno, librada en la carpeta administrativa 143/2021, en contra del aquí quejoso, por el hecho que la ley califica como el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 110, en relación a 11 fracción I, 67, 112 y 123 fracción I, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de Orlando Velázquez de la Cruz. No obstante, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -nueve de julio de dos mil veintiuno-, dicho acto había surtido todos sus efectos, ya que el diecisiete de junio del mismo año, se dictó en contra del impetrante auto de vinculación a proceso por el referido delito. Por tanto, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la situación jurídica del quejoso ya se regía por el aludido auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar que le fue impuesta -prisión preventiva. Sobre el particular, es aplicable, por analogía, las consideraciones que sustentan la tesis II.1o.43 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo IV, página 2940, con número de registro 2012484, del siguiente rubro y texto: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA COMO ÚNICO ACTO, POR HABERSE CONSUMADO CON MOTIVO DE LA MEDIDA CAUTELAR QUE PARA ESE MOMENTO RIGE SU SITUACIÓN JURÍDICA. En el supuesto señalado, lo que se analiza es la violación al derecho humano de la libertad personal, pues el objeto de la audiencia de control de la detención, es verificar si el aseguramiento del imputado satisface los requisitos constitucionales, en la inteligencia de que, de no ser así, esto es, que el Juez de control se convenza de la ilegalidad de la detención, procede que no la ratifique y la consecuencia inmediata es que ordene la libertad del reo. Por ende, al resolver el amparo, la única manera de resarcir esa afectación, es decir, cuando se decreta la detención sin mediar orden de aprehensión, no estar justificada la flagrancia o el caso urgente, es ordenar la inmediata libertad del inculpado; sin embargo, lo anterior ya no sería posible, si únicamente se impugna la detención como acto reclamado, porque para ese entonces la situación jurídica de aquél se regiría por la imposición de la medida cautelar correspondiente, como por ejemplo, la prisión preventiva, garantía económica o alguna de las establecidas en el artículo 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; de ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, pues la violación a la libertad personal está consumada y a través de la sentencia constitucional no podría repararse". De ahí que se considere que el acto reclamado se considere consumado y a través de la sentencia constitucional no podría repararse. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio constitucional, con fundamento en los numerales 61, fracción XVI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No pasa inadvertido que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo, aún estaba pendiente de emplazar a los terceros interesados; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar el dictado de la sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no les depara agravio alguno, tomando en cuenta el sentido de la misma. Por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio a la parte quejosa derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada". Así como en la diversa tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Raúl Domínguez de la Cruz, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones expuestas en los considerandos TERCERO y QUINTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el telegrama enviado por Samuel López Junco, Policía de Grupo del Estado adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Comalcalco, Tabasco; con el que se le tiene manifestando que si rindió informe previo a través del oficio FGE/UPICOM/1303/2021 de diez de septiembre del año actual, el cual se tomó en consideración al emitir la resolución de diecisiete de septiembre del año en curso. Notifíquese.

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