Raúl Delgado Alfaro
Expediente 1451/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1451/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/03/2019
Partes del expediente
- Raúl Delgado Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En el entendido de que el presente expediente, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio, es susceptible de destrucción, pues se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se estima que dada su naturaleza carece de relevancia documental. Ahora, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración al ubicarse en el supuesto previsto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo vigésimo primero del Acuerdo General citado. Por otra parte, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión el duplicado de dicho expediente, es susceptible de destrucción, en términos del artículo vigésimo fracción III del Acuerdo General invocado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de marzo de dos mil diecinueve.********************Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el ocho de febrero del dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria.********************Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".******************** Notifíquese.
- Principal
R e s u l t a n d o Primero. Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el día siguiente hábil en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Raúl Delgado Alfaro, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la autoridad responsable que a continuación se precisa: Autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California. Actos reclamados "A la autoridad responsable le reclamo la omisión de determinar la prescripción de la facultad para dictar acuerdo de inicio dentro del procedimiento de separación definitiva con número de expediente E-029/CDP/2013-A." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. El once de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 1451/2018-VI; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo al Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, remitiendo copia certificada de las constancias que integran el expediente E-029/CDP/2013-A; asimismo, se ordenó dar vista a la parte quejosa a fin de que se encontrara en aptitud de ampliar su demanda con motivo de la respuesta dada por la autoridad responsable a su escrito presentado el tres de agosto de dos mil dieciocho, sin que haya hecho lo propio. C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales, 1º, 33, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La omisión de proveer respecto del escrito presentado el tres de agosto de dos mil dieciocho, ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, el que solicitó que se determinara la prescripción de la facultad para dictar acuerdo de inicio dentro del proceso de separación definitiva incoado en su contra. Tercero. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, pues aun cuando negó el acto reclamado, dicha negativa se encuentra desvirtuada, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (nueve de octubre de dos mil dieciocho), la responsable no se había pronunciado respecto del escrito de siete presentado por el aquí quejoso, el tres de agosto de dos mil dieciocho, dentro del expediente E-029/CDP/13-A. Cuarto. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia(s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de proveer respecto del escrito presentado el tres de agosto de dos mil dieciocho, ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, el que solicitó que se determinara la prescripción de la facultad para dictar acuerdo de inicio dentro del proceso de separación definitiva incoado en su contra, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" A mayor abundamiento, conviene decir que "cesar" en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo y efecto significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos de los actos reclamados, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo o bien, en otras palabras, cuando la revoca o deroga; de ahí, debe estimarse han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad de quien emana lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Por ello, se precisa que para que sea aplicable esta causa de improcedencia, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, apareciendo una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora bien, como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la omisión de proveer respecto del escrito presentado el tres de agosto de dos mil dieciocho, ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, el que solicitó que se determinara la prescripción de la facultad para dictar acuerdo de inicio dentro del proceso de separación definitiva incoado en su contra. Así, de las copias certificadas que allegó la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, mediante oficio presentado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, ante este órgano jurisdiccional, las cuales constituyen documentos públicos que merecen pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el catorce de diciembre de dos mil dieciocho dentro del expediente E-029/CDP/13-A acordó el escrito presentado por la parte quejosa el tres de agosto de dos mil dieciocho, en la que resolvió negar la solicitud de prescripción de las facultades de dicha comisión para iniciar el procedimiento de separación definitiva incoado en contra del aquí quejoso Raúl Delgado Alfaro como agente de la policía del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. En ese contexto, es inconcuso que han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la probable violación constitucional, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, restituyéndose así a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular. Por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado toda vez que el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable acordó el escrito presentado por el impetrante de amparo el tres de agosto de dos mil dieciocho; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (nueve de octubre de dos mil dieciocho), lo que impide a este órgano de control analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquel, toda vez que en virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo 1451/2018-VI, promovido por Raúl Delgado Alfaro, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones precisadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por ********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional en el presente asunto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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