Raul Del Ángel Clemente

Expediente 1386/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 39 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1386/2019
Año
2019
Actuaciones
39
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Raul Del Ángel Clemente
  • Raul Del Ángel Clemente y Otros.
  • Juez primero de primera instancia de lo civil de reynosa, tamaulipas
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Incidental

    Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  2. Principal

    ::::REPUBLICACIÓN:::: Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obstante encontrarse legalmente notificada de dicha determinación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto en comento HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Se deja a disposición billete de depósito Del estado que guardan los autos y del análisis del cuaderno incidental, se observa que en proveído veintidós de febrero de dos mil veintiuno la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 877479, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., valioso, por la cantidad de $27,280.49 (veintisiete mil doscientos ochenta pesos 49/100 moneda nacional), registrado con el folio número 11/2021. Por tanto, al encontrarse firme la sentencia de amparo que sobreseyó en el presente asunto; resulta innecesaria la retención del certificado de depósito exhibido en el cuaderno incidental; por tanto, pónganse a disposición de la parte quejosa; en su oportunidad, previa identificación y constancia que se deje en autos hágase el endoso y devolución de los mencionados billetes a favor de Raúl del Ángel Clemente; en la inteligencia de que en caso de no acudir ante este órgano jurisdiccional a recibirlos dentro del término de dos años, contado a partir del día siguiente al en que se les notifique este auto de forma personal, se procederá a decretar su prescripción en favor del Fisco Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la abrogada Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, en relación con el artículo 4° transitorio de la Ley de la Tesorería de la Federación. Archivo En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al haberse sobreseído fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Una vez concluido el plazo de tres años posteriores al archivo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente incidental, conservando la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y notifíquese a las partes en el juicio. Folio 15610 Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, atento a su contenido; dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese al juicio de amparo en que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el oficio 1218/2022, signado por la Jueza Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al proveído dictado el diecinueve de julio de dos mil veintidós; ahora bien, de las constancias con las que apoya su comunicación oficial se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. Así es, dado lo manifestado por la responsable en su oficio y de las constancias que adjunta al mismo, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." De la apreciación sistemática del numeral trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, tal como en el presente caso sucede. En efecto, la parte quejosa se duele básicamente del emplazamiento a juicio ordinario civil 638/2019, así como las subsecuentes actuaciones realizadas en dicho expediente. Pues bien, de la documental que en copia certificada anexó la autoridad responsable Jueza Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a su oficio de cuenta, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el juicio ordinario civil 638/2019, se decretó la caducidad de la instancia, misma que quedó firme el cuatro de agosto del año en curso. De tal suerte, que al decretarse la caducidad del juicio de origen, es inconcuso que desapareció el objeto o materia de todos los actos reclamados en este asunto. Lo anterior es así, toda vez que la finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía violada, a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó los actos reclamados dejó de existir, no podría restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada y, por ende, la sentencia que se dictara no podría cumplirse. Lo que pone de manifiesto que, la situación jurídica que dio motivo al juicio de amparo ya no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que se modificó su entorno, pues aun cuando los actos reclamados subsistan, el objeto o materia dejó de existir, habida cuenta que se ordenó el archivo del juicio natural, toda vez se decretó la caducidad del juicio de origen. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, Materia Común, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente en el caso concreto, es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Finalmente, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. N

  4. Principal

    REPUBLICACIÓN...Reynosa, Tamaulipas, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese al juicio de amparo en que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el oficio 1218/2022, signado por la Jueza Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al proveído dictado el diecinueve de julio de dos mil veintidós; ahora bien, de las constancias con las que apoya su comunicación oficial se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. Así es, dado lo manifestado por la responsable en su oficio y de las constancias que adjunta al mismo, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." De la apreciación sistemática del numeral trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, tal como en el presente caso sucede. En efecto, la parte quejosa se duele básicamente del emplazamiento a juicio ordinario civil 638/2019, así como las subsecuentes actuaciones realizadas en dicho expediente. Pues bien, de la documental que en copia certificada anexó la autoridad responsable Jueza Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a su oficio de cuenta, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el juicio ordinario civil 638/2019, se decretó la caducidad de la instancia, misma que quedó firme el cuatro de agosto del año en curso. De tal suerte, que al decretarse la caducidad del juicio de origen, es inconcuso que desapareció el objeto o materia de todos los actos reclamados en este asunto. Lo anterior es así, toda vez que la finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía violada, a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó los actos reclamados dejó de existir, no podría restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada y, por ende, la sentencia que se dictara no podría cumplirse. Lo que pone de manifiesto que, la situación jurídica que dio motivo al juicio de amparo ya no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que se modificó su entorno, pues aun cuando los actos reclamados subsistan, el objeto o materia dejó de existir, habida cuenta que se ordenó el archivo del juicio natural, toda vez se decretó la caducidad del juicio de origen. ...Por tanto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente en el caso concreto, es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Finalmente, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ...

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