Raúl de la Huerta Manjares
Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raúl de la Huerta Manjares
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el tres de abril de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 2/2023, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se declara la legal competencia a favor del Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto número ********************, de su índice, formado con la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Raúl de la Huerta Manjarrez. SEGUNDO. Con testimonio de esta ejecutoria, remítanse al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, los autos el juicio de amparo indirecto número ********************, y sus anexos, para los efectos a que haya lugar; y, hágase del conocimiento de la Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado." Glósese a los autos el oficio y anexo de mérito, acúsese recibo al Tribunal oficiante, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el asunto. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que admitió el conflicto competencial suscitado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz y este órgano jurisdiccional, radicándolo bajo el número de conflicto competencial 2/2023. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el oficio 3063/2023 de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 1451/2023 y hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, el contenido del proveído de tres de febrero del año en curso, del que se advierte, en lo que aquí interesa, que acordó insistir en declinar la competencia a este Juzgado Federal y ordenó remitir los autos que integran el juicio de amparo 62/2023 de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, a efecto de que resuelva el conflicto de competencia suscitado en este asunto. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora que el oficio que se provee está dirigido al juicio de amparo 62/2023, sin embargo, de los datos que contiene, se advierte que corresponde al presente asunto. Se invoca por su sentido, la jurisprudencia 1A./J. 3/2004, de rubro siguiente: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN." Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVisto el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 62/2023 de su índice y anexos. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 52/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA PLANTEADA Ahora bien, de la lectura del auto de veintiséis de enero de la presente anualidad, dictado en el juicio de amparo 62/2023/II-A del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, se advierte que el titular de dicho juzgado declinó la competencia para conocer y resolver del juicio de amparo promovido por R****** a favor de este órgano jurisdiccional por estimar que se configura la hipótesis prevista en el artículo 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que si bien el acto reclamado tiene efectos meramente declarativos, el juicio de donde emana tendrá ejecución en esta ciudad. Sin embargo, una vez impuesta de la totalidad de las constancias que integran al aludido juicio de amparo, de manera respetuosa, la suscrita estima carecer de competencia por las consideraciones que a continuación se exponen. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado: La resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Cuarta Salas del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, en los autos del toca 2041/2022, relativa al recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra de la diversa de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, pronunciada por el Juez Segundo de Primera Instancia de Poza Rica, Veracruz, relativo al juicio ordinario civil 1244/2013 de su índice. Ahora bien, debe indicarse que dentro de la normativa jurídica que rige el juicio de amparo, la competencia para conocer de un asunto implica reconocer en éste la nota distintiva en el acto que se reclama, de si amerita o no ejecución material, así como distinguir los supuestos en que ésta se encuentre. Al respecto, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El examen del principio general contenido en el precepto legal transcrito revela las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda de amparo. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado de acuerdo con las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la procedencia de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII, del artículo 107, de la Constitución Federal, que prevé que el juicio de amparo contra los actos de autoridad referidos en ese precepto se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución del acto reclamado serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer el juicio de amparo accesible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio; por eso, tratándose de la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la precisión referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37, de la Ley de Amparo. Ahora bien, como se dijo, en el caso se tiene como acto reclamado la resolución que confirmó la interlocutoria dictada en el incidente de nulidad de actuaciones que lo declaró improcedente, el cual es de naturaleza declarativa, dado que no tiene un principio de ejecución material; de ahí que el supuesto aplicable es el tercer párrafo, del artículo 37, de la Ley de Amparo. A la anterior conclusión, porque la resolución apelada declaró improcedente la incidencia de mérito, promovida por el ahora quejoso dentro de los autos del juicio ordinario civil 1244/2013 del índice del juzgado responsable, la cual fue confirmada, de modo que, si la Sala confirmó la citada interlocutoria, es inconcuso que su decisión no implica un principio de ejecución material. Dicha circunstancia se corrobora de lo expuesto por el quejoso en su demanda de amparo, pues no se advierte que en la respectiva resolución se haya ordenado se realice alguna conducta positiva y, por ello, no resulta ejecutable ni requiere ejecución material, ni implica la modificación a algún derecho de la parte quejosa, sino solamente la reiteración de una decisión adoptada en primera instancia, y por ende, el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encontraban. Luego, si los actos reclamados tienen efectos meramente declarativos, se concluye que la competencia para conocer del asunto de donde deriva el presente conflicto, corresponde al Juez de Distrito en el que se presentó la demanda de amparo, esto es el Juzgado remitente. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 17/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 500, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Asimismo, por lo ilustrativo de sus consideraciones, la diversa 1a./J. 119/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y texto son: Registro digital: 167963 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 119/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 50 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO. Las excepciones procesales dilatorias tienen como finalidad excluir relativa o provisionalmente la acción del demandante, pues a través de ellas se denuncia el incumplimiento o la falta de presupuestos procesales (como la competencia del juzgador, la vía seguida para tramitar la demanda o la personería de los litigantes). Así, la desestimación de una excepción de ese talante, por considerarla improcedente, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del inferior, en el sentido de que no hay obstáculo que impida la prosecución natural del proceso judicial. En ese sentido y atento al artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, se concluye que la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución de segundo grado que confirma la interlocutoria que desecha una excepción procesal dilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora del acto reclamado, pues al no ordenar la realización de alguna conducta, no se ejecuta ni requiere de ejecución material." Sin que obste a lo anterior, que el Juez declinante haya sustentado su determinación, aduciendo que aun y cuando el acto reclamado únicamente tiene efectos declarativos, el juicio natural tendrá ejecución en esta ciudad puesto que de los antecedentes manifestados el quejoso indicó que dentro del juicio natural fue requerido en esta ciudad y que por no ser parte fue que interpuso el incidente de nulidad que se trata, además que, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado, el quejoso solicitó la concesión para efecto de que se impida cualquier acto de ejecución respecto de dicho juicio. Sin embargo, respetuosamente no se comparte dicho criterio, puesto los indicados actos no emanan del acto aquí reclamado, y que de conformidad del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer la competencia únicamente debe partirse fijándose la naturaleza del acto reclamado estableciendo si requiere ejecución material o no, por lo que si el acto aquí combatido tiene efectos declarativos es inconcuso que se deba estarse al párrafo tercero de dicho artículo. Ello es así, pues pensar de otra partiendo de la base que para fijar la competencia debe tomarse en cuenta en donde se ejecuten actos ajenos al acto reclamado por el simple hecho de provenir del mismo juicio de origen y atendiendo a los efectos para los cuales se solicite la suspensión, iría contra la naturaleza del aludido artículo 37 de la Ley de Amparo, lo cual no se no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado, respetuosamente no acepta la competencia planteada. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias de las principales constancias que fueron tomadas en consideración para la presente determinación, y hágase del conocimiento la misma al Juez Federal declinante, devolviéndosele a través de mensajería rápida, el expediente original, así como los anexos que remitió con el mismo, solicitándole atentamente se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta al promovente para que, cuando sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese; y cúmplase. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
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