Raúl de la Cruz Jiménez
Expediente 1408/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1408/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Raúl de la Cruz Jiménez
Actuaciones
- Principal
fórmese expediente físico y electrónico. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 113 de la ley de la materia, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En principio, conviene señalar que el artículo en cita, dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. "ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E "INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el "artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos "manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la "demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, "que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista "haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el "auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia "de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por "el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, "evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede "dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en "comento, se desprende que si la improcedencia de la acción "constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo "suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la "conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la "idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de "defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la "audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa "de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, "no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con "posterioridad". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es posible para este juzgador determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, lo siguiente: "ANTECEDENTES I.- Con fecha de presentación 26 de enero de 2022, la hoy tercero interesada Mariana Cantú Guerrero, por su propio derecho y en representación de la infante de iniciales J.A.D.L.C.C (cuya identidad se reserva como medida de protección de la intimidad de los infantes, a fin de que la dignidad y la honra de estos sea reservada en términos del artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), demandó del suscrito hoy quejoso juicio especial de alimentos; radicándose bajo el número de expediente 54/2022-3, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo; en el cual se impuso como medida provisional de alimentos el equivalente a VEINTE DIAS de salario mínimo general vigente, que para este año 2022, resulta la cantidad de $3,457.40 (Tres mil cuatrocientos cincuenta y siete 40/100 m.n.). II. Con fecha 09 de febrero de 2022, fui emplazado legalmente a juicio; y mediante auto de fecha 04 de marzo de 2022, se me tuvo por contestando la demanda incoada en mi contra, de manera extemporánea; asimismo, en dicho auto, se admitieron las pruebas que ofrecieron las partes, y por cuanto hace al suscrito, se admitió la documental pública, consistente en las constancias que integran el expediente 54/2021 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Especializado en Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de los Bravo, probanza que por ser preconstituida se tuvo por desahogada por su propia y especial naturaleza jurídica. III. Así las cosas, mediante auto de fecha 02 de junio de 2022, se ordenó requerir personalmente al suscrito hoy quejoso, para que, dentro del término de cinco días a partir del día siguiente de la notificación del citado auto, depositara la pensión alimenticia adeudada, tal y como fue ordenado en el auto de radicación del 02 de febrero de 2022 y/o para el caso de haber cubierto el adeudo deberá justificarlo ante ese Órgano Jurisdiccional con las documentales correspondientes. Auto del cual interpuse recurso de reconsideración, mediante escrito de fecha 07 de junio de 2022, mismo que fue admitido por auto de fecha 26 de agosto de 2022, dándose vista a la contraparte. IV. Mediante auto de fecha 05 de agosto de 2022 y publicado el día 08 de agosto de 2022, y toda vez que el suscrito hoy quejoso, supuestamente no desahogué el requerimiento dado por auto de fecha 02 de junio de 2022, es decir, según por no haber depositado la pensión alimenticia decretada en el auto de radicación, se me hizo efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, consistente en una multa de veinte unidades de medidas y actualización vigente a la fecha equivalente a la cantidad de $1,924.40 (Mil novecientos veinticuatro pesos 40/100 m.n.), misma que debería exhibirla dentro del término de tres días a mi requerimiento en las cuentas destinadas para el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería al cobro coactivo de ejecución. Contra dicho proveído, mi abogado patrono, interpuso recurso de reconsideración, mismo que fue admitido el día 15 de agosto de 2022; dándose vista a la parte contraria, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. V. - Así las cosas, mediante auto de fecha 12 de septiembre de 2022, se resolvió el recurso de reconsideración que esta parte demandada hoy quejosa, hizo valer en contra del auto del 05 de agosto de 2022; mismo que me permito transcribir: "Auto que resuelve Recurso de Reconsideración. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 12 de septiembre de 2022. (.) DETERMINACIÓN.-Ahora bien, resultan inoperantes los agravios esgrimidos por el recurrente, esto es así, porque es cierto que obra en autos copias certificadas por funcionaria judicial en ejercicio de sus funciones, del convenio celebrado por los contendientes en autos del juicio especial de alimentos 54/2021 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia contra las Mujeres, en el cual los aquí contendientes, acordaron que Raúl de la Cruz Jiménez, otorgaría por concepto de pensión alimenticia a favor de su infante hija Jatziry Alizee de la Cruz Cantú, la cantidad equivalente a doce días de salario mínimo, cantidad que tendrá un incremento a razón del incremento anual que tenga el salario mínimo nacional, por lo que a la fecha de celebración de dicho acuerdo, la pensión alimenticia que se obligó a otorgar el deudor alimentario, fue de $1,700.04 (Un mil setecientos pesos 04/100 m.n.) Sin embargo, en materia de alimentos el principio de que la voluntad de las partes expresadas en convenio es ley suprema, no opera, ya que si la pensión alimenticia pactada en el mismo es notoriamente insuficiente para que la acreedora pueda solventar sus propias necesidades alimenticias o en su caso, no se tiene la certeza de su debido cumplimiento, esta voluntad se considera contraria a derecho, y al interés superior de la niña involucrada en litis, pues en materia alimentaria prevalecen otros elementos a considerar, como son el principio de proporcionalidad, interés superior de infancia y adolescencia y de solidaridad. En razón de lo anterior, la determinación emitida por proveído del cinco de agosto de dos mil veintidós, se encuentra ajustada a derecho, porque no se puede suspender el pago de la pensión alimenticia decretada en autos del juicio que nos ocupa, por existir un convenio del cual no se tiene la certeza respecto a su debido cumplimiento, es decir, el deudor alimentario no ha demostrado en autos que se encuentre cumpliendo en tiempo e íntegramente con la pensión alimenticia que se obligó a otorgar a su acreedora en juicio de alimentos diversos, y por lo tanto, suspender la pensión alimenticia provisional decretada en el presente juicio, así como el requerimiento de pago de dicha pensión, solo dejaría en estado de indefensión a la infante acreedora, respecto a su derecho alimentario, ya que se estaría al arbitrio del deudor alimentario el cumplimiento del convenio que celebró, circunstancia que evidentemente sería contraria a lo que establece el artículo 397, del Código Civil vigente en la Entidad, máxime que, como ya se ha puntualizado el obligado alimentista, no ha comprobado en autos que se encuentra cumplimiento de manera oportuna con lo pactado en el convenio a que se hace referencia, de ahí, que la sola exhibición de aquel acuerdo de voluntades no demuestra su cumplimiento para estar en aptitud de analizar lo más conveniente para la niña acreedora, ya que tal como se señaló ésta tiene un derecho prioritario ante cualquier otro derecho. En razón de lo anterior, se considera correcto y apegado a derecho lo determinado en el auto recurrido de fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, por lo tanto, con fundamento en el artículo 383 del Código Procesal Civil, resulta improcedente el recurso de reconsideración promovido por el Licenciado Jovanny Nahúm Juárez Zárate, con la personalidad que tiene acreditada en autos, contra el proveído de referencia y, en consecuencia, se declare firme el mismo..." VI.- En ese tenor, con fecha 27 de septiembre de 2022, se resolvió el recurso de reconsideración que hice valer, por conducto de mi abogado patrono, en contra del auto de fecha 02 de junio de 2022, el cual la Responsable, emitió en los siguientes términos: "Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. [...] DETERMINACIÓN. Ahora bien, resultan inoperantes los agravios esgrimidos por el recurrente, esto es así, porque es cierto que obra en autos copias certificadas por funcionaria judicial en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia contra las Mujeres, del convenio celebrado por los contendientes en autos del juicio especial de alimentos 54/2021, del índice de ese Tribunal en el cual los aquí contendientes acordaron que Raúl de la Cruz Jiménez, otorgaría por concepto de pensión alimenticia a favor de su infante hija Jatziry Alicee de la Cruz Cantú, la cantidad equivalente a doce días de salario mínimo, cantidad que tendrá un incremento a razón del incremento anual que tenga el salario mínimo nacional, por lo que a la fecha de celebración de dicho acuerdo, la pensión alimenticia que se obligó a otorgar el deudor alimentario fue de $1,700.04 (Un mil setecientos pesos 04/100 m.n.). Sin embargo, en materia de alimentos el principio de que la voluntad de las partes expresadas convenio es ley suprema, no opera, ya que si la pensión alimenticia pactada en el mismo es notoriamente insuficiente, para que la acreedora pueda solventar sus propias necesidades alimenticias o en su caso, no se tiene la certeza de su debido cumplimiento, esta voluntad se considera contraria a derecho, y al interés superior de la niña involucrada en litis, pues en materia alimentaria prevalecen otros elementos a considerar, como son: el principio proporcionalidad, interés de infancia y adolescencia y de solidaridad. Por tal virtud la determinación emitida por proveído del dos de junio de dos mil veintidós se encuentra ajustada a derecho, porque no se puede suspender el pago de la pensión alimenticia decretada en autos, del juicio que nos ocupa, por existir un convenio del cual no se tiene la certeza respecto a su debido cumplimiento, el deudor alimentario no ha demostrado en autos, que se encuentre cumpliendo en tiempo e íntegramente, con la pensión alimenticia que se obligó a otorgar a su acreedora en juicio de alimentos diverso y por lo tanto, suspender la pensión alimenticia provisional decretada en el presente juicio, así como el requerimiento de pago de dicha pensión solo dejaría en estado de indefensión a la infante acreedora, respecto a su derecho alimentario, ya que se estaría dejando al arbitrio del deudor alimentista, el cumplimiento del convenio que celebró, circunstancia que evidente es contraria a lo que establece el artículo 397 del Código Civil vigente en la entidad, máxime que, como ya se ha puntualizado el obligado alimentista, no ha comprobado autos, que en se encuentra cumpliendo de manera oportuna con lo pactado en el convenio a que hace referencia. En razón de lo anterior, se considera correcto y apegado a derecho lo determinado en el auto recurrido de fecha dos de junio de dos mil veintidós, por lo tanto, con fundamento en el artículo 383 del Código Procesal Civil, resulta improcedente el recurso de reconsideración promovido por el Licenciado Jovanny Nahúm Juárez Zárate, con la personalidad que tiene acreditada en autos, contra el proveído de referencia y, en consecuencia, se declara firme el mismo." Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido, y 172, fracciones IX y XII, de la Ley de Amparo; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el estado Mexicano sea parte;" (...) Por su parte, el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la ley en aplicación, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." Mientras que, el numeral 172, fracciones IX y XII, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XVIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, dado que los actos reclamados consisten en los autos que resuelven los recursos de reconsideración pronunciados con fechas doce y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictados en el expediente 54/2022-III, relativo al juicio especial de alimentos promovido por Mariana Cantú Guerrero, quien promueve en representación de su hija de iniciales J.A.D.L.C., dictados por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, en las cuales, en el primero, determinó improcedente dicho recurso porque si bien se exhibió el convenio celebrado entre las partes dentro del diverso juicio especial de alimentos 54/2021, del índice del Juzgado de Primer Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia contra las Mujeres, en el que acordaron que por concepto de pensión alimenticia a favor de la infante, sería la cantidad equivalente a doce días de salario mínimo, es decir, $1,700.04 (un mil setecientos pesos 04/100 Moneda Nacional), cantidad de la cual, refirió la responsable, no se tiene certeza de que el deudor alimentario haya cumplido a cabalidad, dado que no demostró ello, por lo que la sola exhibición de dicho documento no demuestra su cumplimiento, además de que si bien, el convenio celebrado entre las partes es ley suprema, en materia de alimentos no opera, ya que si la cantidad acordada no es suficiente para atender las necesidades de la acreedora, ya que la menor tiene derecho prioritario ante cualquier otro derecho en atención al interés superior del menor, por lo que declaró correcto y apegado a derecho lo determinado en acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós; en lo que respecta al segundo, por las mismas consideraciones determinó improcedente el segundo recurso de reconsideración. Se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu de la Ley de Amparo, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Luego entonces, conforme al referido numeral 107, fracción V de la ley de la materia, los actos de ejecución irreparable únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la tesis siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis LVII/2004, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, Materia Común, Novena Época) Entonces, al combatir la parte quejosa los autos de doce y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, que resuelven los recursos de reconsideración, dictados en el expediente 54/2022-III, relativo al juicio especial de alimentos promovido por Mariana Cantú Guerrero, quien promueve en representación de su hija de iniciales J.A.D.L.C; su efecto sólo conlleva que se continúe con la tramitación del juicio civil natural, lo cual, de modo alguno coarta el acceso a la justicia, pues con la substanciación del procedimiento se garantiza la seguridad jurídica de que la menor reciba una pensión alimenticia que satisfaga sus necesidades actuales. Por lo anterior, no existe una afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad o el derecho a la salud, ya que de que los efectos que se producen con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), pues pueden desaparecer al obtener una sentencia favorable, dado que con la violación reclamada, por el momento no se está en posibilidad de saber si trascenderá al resultado del fallo, por lo que, en caso de que esta violación procesal sea trascendente para un resultado adverso, podrá reclamarla analógicamente por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto por los numerales 171 y 172, fracciones IX y XII de la Ley de Amparo, mismos que se transcriben a continuación: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". De ese modo, se obtiene que las consecuencias de las resoluciones combatidas sólo afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal. Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, relacionado con la fracción V del artículo 170 (aplicado contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jovanny Nahúm Juárez Zárate, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jorge Limón Pila y Brenda Yudid González Zárate, por no contar con el anterior requisito. Asimismo, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza al usuario "Lex_Zarate", que corresponde al nombre de Jovanny Nahúm Juárez Zárate, la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA ANALISTA JURÍDICA ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas", para los efectos legales conducentes.
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