Raúl de Anda Guevara

Expediente 789/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
789/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
31/07/2017

Partes del expediente

  • Raúl de Anda Guevara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Se ordena archivo... III

  2. Principal

    Sentencia causa ejecutoria... se ordena archivo y depuración... III|

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 789/2017-III, promovido por Raúl de Anda Guevara, quien solicitó el amparo de los actos que reclama al Agente del Miniserio Público Número Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito; y, R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, el quejoso de mérito solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 789/2017-III, y se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha para la audiencia constitucional. III. La audiencia constitucional se celebró en los términos indicados en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República y 107 de la Ley de Amparo, así como 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y jurisprudencia que bajo el número 69 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio, es el siguiente: La orden de citación dictada por el Agente del Ministerio Público Número Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito en la carpeta de investigación CI/AGS/00670/06-16. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público Número Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito reconoció como cierto el acto reclamado, ya que manifiesta que es cierto que emitió un citatorio dentro de la carpeta de investigación CI/AGS/00670/06-16, a efecto de que de forma voluntaria compareciera el aquí quejoso a las trece horas del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete con la única finalidad de recabar su entrevista en calidad de testigo. Lo que se corrobora con el original del acto reclamado que el quejoso acompañó a su escrito de demanda, así como con las copias certificadas que la responsable anexó a su informe justificado, correspondiente a diversas constancias de la carpeta de investigación CI/AGS/00670/06-16, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, misma que se agregó al presente juicio de derechos. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia con el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." Es aplicable la Jurisprudencia 278, publicada en el Apéndice dos mil, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Común, Quinta Época, página doscientos treinta y uno, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Conceptos de violación. Al no advertirse alguna actualización de alguna causal de improcedencia manifestada por las partes, ni analizada en forma oficiosa por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; procede abordar el estudio de fondo de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de espacio y tiempo y esencialmente por no ser un requisito previsto en la Ley de Amparo, puesto que los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, se satisfacen al precisarse los puntos de debate derivados de la demanda de garantías, que como tal se analizan y se da respuesta a los mismos. Resulta aplicable al respecto, la Jurisprudencia número 477, consultable en la página 414 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 y también bajo el registro 918,011, cuya voz y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso, alega en su concepto de violación, que se transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, porque no se encuentran colmados los requisitos que establecen dichos numerales; que no existe citatorio previo o resolución fundada y motivada que lo justifique. El argumento es infundado. La orden de citación reclamada es del tenor siguiente: " El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan; de dicho precepto se deriva que la autoridad que emplee alguna orden como en el caso de la citación, debe argumentar las circunstancias de hecho que tome en consideración para determinar la medida. Esto es, para que el ejercicio de la atribución conferida a las autoridades en el precepto citado no resulte arbitraria, la autoridad debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Dicho requisito de fundamentación y motivación implica no sólo la cita de los preceptos legales, sino la mención de las razones y circunstancias de hecho y de derecho que configuren el caso concreto, las características particulares del hecho o acto, las particularidades de la persona y de las condiciones que le rodea, y que la apreciación de todas ellas den motivo para que se lleve a cabo el acto de autoridad, en la medida que se pretende implementar, como en el caso es la orden de citación del quejoso a la Agencia del Ministerio Público Número Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito del Estado. En ese sentido, conviene precisar que los artículos en los cuales fundó su determinación la autoridad responsable prevén: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo. 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (.)" Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los términos establecidos en el presente Código. Artículo 87. Forma especial de notificación La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente. Asimismo, podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados en la ley de la materia, siempre que no causen indefensión. También podrá notificarse por correo certificado y el plazo correrá a partir del día siguiente hábil en que fue recibida la notificación. Artículo 89. Validez de la notificación Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma prevista en este ordenamiento, la persona que deba ser notificada se muestra sabedora de la misma, ésta surtirá efectos legales. Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva. Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. Artículo 94. Reglas generales Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que este Código autorice. Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes. No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como hábiles. Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación". Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías que actuarán bajo su mando; que toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada; que cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto; y los requisitos que debe tener una orden de citación -I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento-. Ahora bien, la determinación de la autoridad responsable impugnada en esta instancia constitucional, se encuentra ajustada a derecho, pues en ella se precisaron los artículos aplicables 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82, 84, 87, 89, 90, 91 y 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que básicamente prevén las funciones del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa, las facultades que tiene para integrarla, que bajo su mando está las policías, que en esa fase tiene la calidad de autoridad y sobre todo que puede formular los requerimientos necesarios para la integración de la carpeta de investigación, los cuales deberán estar debidamente fundados y motivados y hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones. En efecto, de la orden de citación que en esta instancia constitucional se combate, se advierte que es girada al aquí quejoso, a efecto de que comparezca con la única finalidad de recabar su entrevista en calidad de testigo, todo lo cual fundamenta en los artículos ya citados. De ahí que se aprecia que la responsable señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para librar ese mandamiento; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso concreto. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 204 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por tanto, es incorrecto el argumento del quejoso relativo a que no hay una resolución fundada y motivada que justifique su citación ante la Representación Social, puesto que la cédula de citación a testigo emitida por la autoridad responsable el veintitrés de mayo del presente año, dentro de la carpeta de investigación sí cuenta con la debida fundamentación y motivación. Es decir, solamente es para recabarle su declaración como testigo, lo cual únicamente es un elemento más para integrar la averiguación. Todo lo cual hace conforme a las facultades constitucionales que le otorga el artículo 21 de nuestra Carta Magna. Aunado a que el citatorio que le fue formulado al quejoso por la Agencia del Ministerio Público Número Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito del Estado, para que se presente ante dicha potestad a desahogar una diligencia no trae como consecuencia el que se le prive de su libertad. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no advertirse deficiencia de queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raúl de Anda Guevara, contra la orden de citación emitida por el Agente del Ministerio Público Número Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito del Estado, en la carpeta de investigación CI/AGS/00670/06-16, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Jaime Páez Díaz, Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante Pamela Olea Sandoval, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se tiene a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Número Nueve adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito, cumpliendo con el requerimiento que se le formuló en proveído de veintidós de junio del presente año; y para tal efecto, señala que se encuentra impedido de enviar la información requerida, toda vez que dentro de la carpeta de investigación CI/AGS/00670/06-16 de su índice, no obra proveído alguno mediante el cual se ordene la citación del aquí quejoso, ello en razón de que con el nuevo sistema de derecho penal, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción III, así como el artículo 221, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a dicha autoridad a llevar a cabo una investigación de manera desformalizada. III

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 12,665 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano