Raúl David Duarte Muñóz
Expediente 1095/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Raúl David Duarte Muñóz
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista las certificaciones que anteceden, se advierte que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó los puntos de acuerdo relativo a las propuestas de medidas que debían adoptar los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19, estableciendo como medidas especiales del cuatro de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Posteriormente, que en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en la que se estableció que a partir del dieciocho de febrero de este año, el ordenamiento de aplicación para la operación de los órganos jurisdiccionales es el esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (AG 21/2020). En ese contexto, vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de cinco días para recurrir el auto de veinticuatro de noviembre, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, transcurrió del dos de diciembre de dos mil veinte al diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, sin que la parte promovente haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
* SE AUTORIZA NOTIFICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO. Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo presentada por ***, por propio derecho; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1095/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Así, de una lectura integral a la demanda, se tiene que la parte quejosa reclama la falta de contestación a la petición elevada el ocho de octubre de dos mil veinte. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Expuesto lo anterior, el suscrito considera que se actualiza de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" En relación con lo expuesto, es conveniente poner de manifiesto que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo y como situación excluyente, tratándose de actos o resoluciones derivados de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el solicitante del amparo debe señalar que es el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, debe acreditar su interés jurídico. En ese sentido, debe entenderse por interés jurídico el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular. Sustenta esta aseveración la jurisprudencia VI. 2o. J/87 , cuyo texto y rubro son: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora, por interés legítimo se entiende la afectación a la esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias. Por lo anterior, se ha realizado una distinción entre el interés jurídico del interés legítimo, los cuales pueden identificarse, a partir de cuatro elementos de los que participan ambos tipos de interés, los cuales resultan orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro, a fin de acreditar el exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los cuales son: a) Titularidad del interés: tratándose del jurídico es una persona, de manera individual y exclusiva, mientras que del legítimo, un grupo de personas; b) Poder de exigencia del titular: tratándose del jurídico es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio exclusivo, mientras que en el legítimo no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica; c) Norma de la que surge: tratándose del jurídico se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados, mientras que respecto del legítimo es para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social; y, d) Tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado, en tanto que en relación con el legítimo se produce de manera indirecta, en virtud de la posición que guarda ante el acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8º.A.4K (10a.), que dice lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011. SUS DIFERENCIAS. Conforme al artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 4 de octubre de 2011, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias. En congruencia con las definiciones que de una y otra clase de interés ha proporcionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72, Séptima Parte, página 55 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, páginas 241 y 242, estas últimas con claves o números de identificación 2a./J. 141/2002 y 2a./J. 142/2002, de rubros: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.", "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." e "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.", respectivamente, pueden identificarse, a partir de cuatro elementos de los que participan ambos tipos de interés, algunos rasgos característicos que los diferencian, los cuales resultan orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro, a fin de acreditar el exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los cuales son: a) titularidad del interés: tratándose del jurídico es una persona, de manera individual y exclusiva, mientras que del legítimo, un grupo de personas; b) poder de exigencia del titular: tratándose del primero es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio exclusivo, mientras que en el segundo no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica; c) norma de la que surge: tratándose del jurídico se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados, mientras que respecto del legítimo es para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social; y d) tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado, en tanto que en relación con el legítimo se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito." Sentado lo anterior, es oportuno poner de relieve que la parte quejosa promovió el juicio de amparo porque elevó un derecho de petición a una autoridad administrativa, lo cual tuvo lugar treinta días hábiles antes de que instara la acción constitucional; por tanto, este órgano jurisdiccional estima que al gobernado no se le está afectando su esfera jurídica, ni alguno de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien ejerció un derecho reconocido en tal ordenamiento, lo cierto es que el término que ha transcurrido desde el momento que se ejercitó la prerrogativa constitucional, es coherente con la temporalidad con que puede contar una autoridad administrativa para atender la solicitud del gobernado, en función de los diversos trámites que lleva a cabo cotidianamente en el ejercicio de sus atribuciones. Máxime que bajo la situación de pandemia que se vive a causa del Virus SARS Cov 2 o también denominado Covid-19, es un hecho notorio para este juzgado la paralización de labores, o bien, jornadas laborales escalonadas, con personal reducido y horarios acotados en las dependencias de la administración pública federal, local y sector privado inclusive. En otras palabras, el término transcurrido desde el momento en que se presentó el escrito de petición ante la autoridad señalada como responsable hasta el momento que se presentó el amparo, no deja ver una dilación excesiva a efecto de que la autoridad cumpla con su obligación, establecida en el artículo 8 de la Constitución. De ahí que, este juzgado considera que los treinta días hábiles corresponden a un plazo menor del "razonable" para que la autoridad, emita una respuesta al escrito signado por el aquí quejoso ***, por lo tanto, de ninguna manera se le irroga con esta omisión una afectación directa en su esfera jurídica de derechos, ni le causa perjuicio alguno, ya que el término transcurrido entre el momento en que se presentó la petición, y el juicio de amparo que nos ocupa, se estima está justificado con relación a los diversos trámites administrativos a que se encuentran sujetas las dependencias públicas. Sirve de apoyo a lo razonado, la tesis I.1º.A.E.64 A , que a la letra expresa lo siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito." Con base en lo expuesto, resulta evidente que el acto que por esta vía pretende impugnar el promovente no es susceptible de ser reclamado mediante el juicio de amparo, ya que dicho acto aún no produce afectación o menoscabo en la esfera jurídica de la parte inconforme, en la medida que a partir de ello no se crea, modifica o extingue algún derecho del que sea titular, ni se desconoce o reconoce alguna situación jurídica concreta en su perjuicio, pues se requiere el transcurso de un mayor tiempo para que el acto que reclama pueda actualizarse, máxime la suspensión de plazos y labores en las distintas dependencias con el objeto de preservar la salud de los trabajadores y población en general. Además, la parte promovente no tiene la certeza de que la autoridad responsable será omisiva en la respuesta a su escrito presentado el ocho de octubre del presente año, por lo cual no existe la inminencia del acto omisivo; ante tal evento, el acto que reclama constituye un acto futuro de realización incierta. De lo que se sigue que, al momento de instar la protección constitucional aún no se resiente una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, siendo que el juicio de amparo es procedente en contra de los actos que irroguen un perjuicio actual y no en el futuro. Lo que se considera así, en razón de que el juicio constitucional tiene como finalidad restituir al gobernado en el goce del derecho violado y no así prevenir actos que en el futuro pudiera generar un acto de autoridad, pues contrario a lo anterior, al admitir la demanda, se posibilitaría el ejercicio del control constitucional apoyado en meras expectativas y no así en actos reales y concretos. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 3/94 , que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XII, 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, así como 107 fracción I, de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior es así, porque el hecho de que el solicitante del amparo presente algún escrito de petición ante alguna autoridad, solamente implica el deber de la misma a recibirla, tramitarla, resolverla y a dar una respuesta a la solicitud en un plazo breve, que en ningún caso implica que ésta sea inmediata, considerando la carga laboral que cada autoridad tenga. De lo anterior, se concluye que será hasta que transcurra un plazo prudente entre la presentación del escrito de referencia y la omisión de respuesta de la autoridad, cuando el promovente podrá impugnar esta omisión mediante el juicio correspondiente, y podrá alegar y demostrar la existencia de violaciones a los derechos fundamentales que considere. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo vigente, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Por otra parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. No obstante, y con motivo de las de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), realícense las notificaciones de manera electrónica a través del correo electrónico que para el efecto señala. Asimismo, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal no emita el acuerdo de reanudación de labores que fueron suspendidas con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-Co2 (COVID -19), se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo, para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuit os.asp?Cir=1&Exp=1. Se hace del conocimiento que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas, hasta en tanto se reanuden labores, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. También se autoriza el examen del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro. Ahora, con el fin de dar continuidad en la medida de lo posible a la prestación del servicio público de impartición de justicia, en acatamiento al principio de expeditez establecido en el artículo 17 Constitucional, se exhorta a la parte quejosa, para que CONTINÚE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO BAJO EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA", de conformidad con el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. HABILITACIÓN ACTUARIOS. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la Secretaria encargada del Despacho, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE Y POR CORREO ELECTRONICO A LA PARTE QUEJOSA
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