Raúl Dante Guajardo Guajardo
Expediente 176/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 25 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 19/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Raúl Dante Guajardo Guajardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio FGE-DGCV/3394/2018, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; en atención a lo solicitado, remítase mediante oficio copia certificada del escrito inicial de demanda. Al efecto, se hace saber a la autoridad oficiante que con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos numerales 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, queda bajo su custodia y responsabilidad, evitar la divulgación de la información que se le envía, al derivar de un juicio de amparo, al que sólo tienen acceso las partes.
- Principal
Causa Estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó con el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 95 a 99), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho acuerdo, como lo prevé el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del citado recurso al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido del auto de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que el auto en que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, ha causado estado. II. Se ordena el archivo del expediente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar este juicio, como asunto concluido. III. Valoración. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IV. Clasificación del incidente de suspensión. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión relativo a este juicio, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. V. Devolución de discos. Ahora bien, extráigase del cuarto de valores los discos compactos (DVD) que contienen audio y video que exhibió como pruebas la autoridad denominada Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y devuélvansele mediante oficio, por no ser necesaria su permanencia en este juicio de amparo. VI. Devolución de unidad de almacenamiento "USB". Se previene a la parte quejosa para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, a recoger la unidad de almacenamiento "USB", que acompañó como prueba en este asunto, dentro del plazo de noventa días naturales, apercibida que en caso de no hacerlo así, la unidad de almacenamiento referida será depurada junto con el expediente; lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
I. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de veintidós de mayo del año en curso (foja 93), se recibió el oficio 1262/2018, rendido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo (fojas 89 a 92), en el que informó la situación jurídica del quejoso ***. II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. En el caso concreto, se advierte que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el siete de marzo del año en curso (fojas 1 a 7), la parte quejosa ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26700 Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción (Oficinas de la Delegación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza) Sabinas, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26700 Comandante y/o Encargado del Grupo de Órdenes de Aprehensión de la Policía de Investigación Criminal. Sabinas, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26700 Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión emitida en su contra y su ejecución. III. Admisión. En proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 6 a 10), se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 176/2018, y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego por auto de diez de abril de este año (foja 73), se tuvo por inexistente a la autoridad responsable que la parte quejosa denominó como: AUTORIDAD Comandante y/o Encargado del Grupo de Órdenes de Aprehensión de la Policía de Investigación Criminal. Sabinas, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26700 IV. Oficio 1262/2018. En su informe justificado la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza (fojas 25), admitió la existencia del acto que se le reclama, informando que el siete de marzo de dos mil dieciocho, libró una orden de aprehensión en contra de ***, dentro de la causa 137/2018, que se instruye en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado en agravio del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Posteriormente, en proveído de veintidós de mayo del año en curso (foja 93), se recibió el oficio número 1262/2018, de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, en el que informó que a las diez horas del dieciocho de abril de este año, se resolvió la situación jurídica del quejoso ***, dictándose en su contra auto de vinculación a proceso, acompañando copia certificada del audio y video (disco compacto DVD), de las audiencias celebradas, así como la documental consistente en el índice cronológico respectivo. Al efecto, se digitaliza el informe rendido por dicha autoridad: Documental que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." V. Causal de sobreseimiento. Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada Ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". La parte quejosa reclamó la orden de aprehensión emitida en su contra y su ejecución; sin embargo, el suscrito Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" Del análisis al numeral 61 que antecede, se advierte que la fracción XVII establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sobre el tema, cobra aplicación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas doscientos diecinueve y ciento noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." En el caso concreto, es evidente que se actualizan los supuestos que integran la causal de improcedencia invocada. En efecto, el quejoso ***, promovió el presente juicio de amparo el siete de marzo de este año; posteriormente el dieciocho de abril del mismo mes y año, el juez responsable dictó en su contra auto de vinculación a proceso en la causa penal 137/2018. Entonces, ha operado el cambio de situación jurídica, y por lo mismo, resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación, la cual constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Sirve de apoyo para lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el número de registro 169410, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Asimismo, la tesis II.2o.P.20 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, registro 2002240, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". VI. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del ocho de junio del año en curso (foja 85).
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el informe rendido por la autoridad Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; sin decretar providencia alguna en relación con el mismo, atento a que dicho comunicado fue acordado en proveído de veintiuno del mes y año en curso (foja 88), al haberse recibido vía fax. No obstante ello, se le tiene exhibiendo un disco compacto DVD, que contiene las audiencias celebradas dentro de la causa penal 137/2018, que se sigue contra del quejoso ***. Al efecto, se tienen como pruebas de dicha autoridad responsable, el contenido del mismo, así como la documental que acompañó, consistente en el índice cronológico, las que se admiten y desahogan en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo. Por tanto, se pone a disposición de las partes la videograbación de que se trata, a fin de que si lo estiman necesario puedan consultar la información contenida en formato digital. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos tres, del Tomo I, Agosto de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto, son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Con lo anterior, dése vista a las partes por el término de tres días con su contenido para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. En relación con el video exhibido, a fin de evitar daño alguno, guárdese en la caja de valores de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley.
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