Raúl Daniel Mejía Hernández
Expediente 741/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2018
Partes del expediente
- Raúl Daniel Mejía Hernández
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 741/2018, promovido por Raúl Daniel Mejía Hernández, contra acto del juez Décimo Primero Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito de la citada materia, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 102, 103, 107, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho (foja 12), se registró la demanda bajo el orden 461/2018-I, y se previno al justiciable para que precisara el acto que pretendía combatir por esta vía constitucional. IV. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el ocho de junio siguiente el citado órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda; requirió a la responsable su informe justificado; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al juzgado responsable; y señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. V. Por comunicado de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 71), el citado juzgado remitió a este órgano de control constitucional el juicio mencionado, al considerar que estaba relacionado con el diverso 428/2017 de este orden. Ahora, en virtud que este juzgado expuso los motivos por los cuales no aceptó el conocimiento de dicho asunto, el citado órgano jurisdiccional homólogo remitió el expediente a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, quien mediante comunicado de nueve del mes en curso, determinó que a este juzgado le correspondía conocer del presente controvertido. VI. Por acuerdo de quince de agosto siguiente (foja 92) este juzgado se avocó al conocimiento del juicio citado, que se registró con el orden 741/2018; se dio al agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto impugnado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis de los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que el acto reclamado es la determinación de quince de mayo de dos mil dieciocho, en que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, contra el auto de nueve anterior, en que se le negó la expedición de copias gratuitas de la causa penal 220/2017 (antes 293/2013, del entonces Juzgado Décimo Penal de esta ciudad), que se atribuye al juez Décimo Primero Penal de esta ciudad. TERCERO. Al rendir informe justificado (fojas 42 a 49), la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, de sus manifestaciones y contenido de las constancias que remitió en apoyo a su informe de ley se desvirtúa dicha negativa, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió en apoyo a su informe de ley, entre cuyas constancias se encuentra la determinación reclamada (fojas 47 y 48); documental que adquiere valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, titulada "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que exista materia para suplir su deficiencia en términos del inciso a), fracción III, artículo 79, de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Previo a exponer las razones de tal aserto, es indispensable transcribir los antecedentes del acto reclamado, pues a partir de ellos es que se resolverá este controvertido. Así, por escrito presentado el siete de mayo del año en curso (foja 44), el amparista solicitó a la autoridad jurisdiccional responsable, lo que en lo conducente se transcribe: ".Le solicito gire las instrucciones necesarias, para que se me expida copia de los videos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cámara I.D. 5067 y COPIA CERTIFICADA de forma completa, ordenada, legible y gratuita del expediente señalado al rubro, o bien del registro electrónico del mismo (anexo DVD para tal efecto). Información que me es indispensable para -mediante amparo directo- 'hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron' en el proceso penal al que fui sometido.". A dicha petición recayó el proveído de nueve siguiente (foja 45), que en lo que interesa dice: ".en consecuencia, dígasele al promovente que toda vez que, si bien es cierto que se ha dictado sentencia definitiva y de segunda instancia en el expediente que nos ocupa, también lo es que hasta el momento el mismo no se encuentra debidamente concluido pues no se ha substanciado un juicio de garantías vinculado a dichas resoluciones, por consiguiente a efecto de no alterar o viciar la referida prueba videográfica, por el momento no ha lugar a expedirle copia de los videos que solicita, lo anterior, como se ha dicho para no alterar, viciar o dañar dicha probanza al ser manipulada esta para su duplicación, puesto que la misma deberá ser valorada en caso de substanciarse un juicio de garantías; por otra parte dígasele al sentenciado que no ha lugar a expedirle de forma gratuita las copias certificadas que pide del expediente en que se actúa, toda vez que en base al Acuerdo 14-48/2000 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (.) aunado a lo anterior que de constancias de Autos se observa que la Defensa Pública del sentenciado recibió con antelación de manera gratuita copias simples de las sentencias de primera y segunda instancia las cuales solicitó en su momento para efectos de tramitar Juicio de amparo y asimismo que el sentenciado recibió con posterioridad a ello copias simples de dichas sentencias, previo pago realizado por las mismas en el Sistema de la Plataforma Integral de Cobro (PIC) de este Tribunal, las cuales fueron solicitadas por la defensora pública adscrita para la tramitación del juicio de garantías, por todo lo anterior y para evitar causar gravámenes a la economía del Gobierno de esta Ciudad, se deberá cubrir el costo del papel y fotocopiado de dichas copias, por lo que, si así lo requiere el justiciable, expídansele las copias certificadas que solicita del expediente, previo pago que por las mismas se haga (.) asimismo, dígasele al sentenciado que por cuanto hace a la copia del registro electrónico de la presente causa penal que solicita, este Órgano Jurisdiccional se encuentra se encuentra imposibilitado para atender a su petición ante la inexistencia de dicho registro. Lo anterior con fundamento en los artículos 23 y 37 del Código de Procedimientos Penales para esta Ciudad." (sic). En virtud de que el amparista se inconformó con la anterior determinación, el quince de mayo siguiente, la juez responsable resolvió el citado recurso como a continuación en lo conducente se transcribe: ".se tiene al sentenciado de mérito interponiendo el Recurso de Revocación, previsto en el artículo 412 del mismo Código Adjetivo antes señalado; toda vez que la inconformidad del sentenciado RAÚL DANIEL MEJÍA HERNÁNDEZ, fue realizada en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 413 del Código en comento, se admite dicho recurso, sin necesidad de oír a las partes, por ser de obvia resolución, pues como se ha dicho en el auto impugnado, lo solicitado por el sentenciado RAÚL DANIEL MEJÍA HERNÁNDEZ, es improcedente ya que se reitera que si bien es cierto que se ha dictado sentencia definitiva y de segunda instancia en el expediente que nos ocupa, también lo es que hasta el momento el mismo no se encuentra debidamente concluido pues no se ha substanciado un juicio de garantías vinculado a dichas resoluciones, lo que se corrobora con el propio dicho del enjuiciado de marras pues en su respectivo escrito señala que la información que solicita le es indispensable, para mediante amparo directo hacer valer todas las violaciones procesales que estimó se cometieron en el proceso penal al que fue sometido y para poder ejercer los diversos derechos humanos que menciona, tutelados en los tratados internacionales de la materia, de nuestra constitución y ordenamientos legales que de ella emanan, por consiguiente, como se ha dicho en el Auto impugnado, a efecto de no alterar o viciar la prueba videográfica, por el momento no ha lugar a expedirle copia de los videos que solicita el sentenciado en su escrito, lo anterior, se reitera, para no alterar, viciar o dañar dicha probanza al ser manipulada esta para su duplicación, puesto que la misma deberá ser valorada en caso de substanciarse un juicio de garantías, asimismo y por cuanto hace a las copias gratuitas del expediente, que solicita, se insiste en que la expedición de copias sin contribución alguna procederá "PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO o INDIRECTO, situación que en el presente caso no ha acontecido ya que en Autos no obra constancia alguna que nos haga suponer que dicho enjuiciado haya interpuesto o se encuentre substanciándose algún Juicio de Amparo, lo que se corrobora con lo manifestado por el propio justiciable en su escrito del que deriva el Auto impugnado, aunado a lo anterior el hecho de que la Defensa Pública del sentenciado recibió con antelación de manera gratuita copias simples de las sentencias de primera y segunda instancia las cuales solicitó en su momento para efectos de tramitar Juicio de amparo y asimismo que el sentenciado recibió con posterioridad a ello copias simples de dichas sentencias, previo pago realizado por las mismas en el Sistema de la Plataforma Integral de Cobro (PIC) de este Tribunal, las cuales fueron solicitadas por la defensora pública adscrita para la tramitación del juicio de garantías, lo que a la fecha no ha acontecido, por todo lo anterior y para evitar causar gravámenes a la economía del Gobierno de esta Ciudad, se deberá cubrir el costo del papel y fotocopiado de las copias solicitadas por el sentenciado de marras, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 del Código de Procedimientos Penales de esta Ciudad. Por lo antes expuesto, NO es procedente la Revocación del Auto de fecha 09 nueve de Mayo de 2018 dos mil dieciocho (.) lo anterior con fundamento en los artículos 37, 409, 412 y 413 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México." Asimismo, de las constancias remitidas por el juez responsable en alcance a su informe de ley, se aprecia que el nueve de febrero de dos mil dieciséis, la defensora pública del quejoso solicitó en forma gratuita, copias de las sentencias de primera y segunda instancia, bajo el argumento de que eran para substanciar un juicio de amparo en favor del amparista, las cuales fueron recibidas por dicha profesionista el doce de febrero siguiente, tal como se aprecia de la notificación personal de esa fecha (fojas 58 a 60). De igual forma, no se soslaya que mediante escrito de veintiocho de junio pasado (foja 64), presentado ante el juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en la parte conducente el quejoso manifestó: "El expediente completo me es indispensable para hacer el análisis y acreditar las violaciones que se hayan cometido durante el proceso al que fui sometido, de lo contrario se tendrían por consentidas como establece el artículo 174 de la Ley de Amparo. Es verdad que tengo copia de las sentencias de primera y segunda instancia, pero como usted sabe dicha información no es suficiente para encontrar las violaciones que se hayan cometido durante el procedimiento. .". En ese contexto es que ahora se estudia lo relativo a la fundamentación y motivación del acto, para lo cual se transcribe el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...". Este numeral refiere en forma genérica los requisitos que debe reunir cualquier acto de autoridad que importe molestia a la esfera jurídica de las personas, en la inteligencia de que por fundamentación debe entenderse que la autoridad, en el propio cuerpo del acto reclamado ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivación, el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que bajo el número 204 aparece publicada en la página 166, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." Así, se determina que el acto emitido por la responsable se encuentra fundado y motivado de manera adecuada y suficiente. En efecto, de las consideraciones expuestas por la responsable se aprecia que el análisis de la cuestión puesta a su consideración está directamente vinculada con el hecho de que, no obstante que en la causa penal 220/2017 (antes 293/2013, del entonces Juzgado Décimo Penal de esta ciudad), ya existen sentencias de primera y segunda instancias, aún no se ha promovido juicio de amparo que se vincule con dichas resoluciones; no obstante que desde el nueve de febrero de dos mil dieciséis, lo ha anunciado el quejoso y su defensora como justificación de las copias solicitadas y entregadas algunas de ellas; por tanto, la citada responsable justifica acertadamente su negativa de expedir copia de forma gratuita del citado expediente, así como de los videos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad, argumentando que dichas probanzas no deben alterarse o dañarse al ser manipuladas para su duplicación para el caso de ser valoradas al substanciarse un juicio de amparo. En otro aspecto, en cuestión de fondo, válidamente se puede concluir que la responsable atendió lo dispuesto en el Acuerdo 14-48/2000, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el dieciocho de abril de dos mil uno, que invocó en el citado proveído de nueve de mayo de dos mil dieciocho, en el que estableció que la expedición de copias de forma gratuita procede únicamente cuando se vaya a sustanciar juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, lo que en el caso no se justifica, pues de autos no se advierte que se haya instado en algún momento la protección constitucional. Finalmente, en cuestión de forma, respecto de la determinación de quince de mayo de dos mil dieciocho, que resuelve la inconformidad planteada por el demandante de amparo y que constituye el acto reclamado en el presente controvertido, se concluye que con acierto se tuvo por interpuesto el recurso de revocación, en tanto que por exclusión, de conformidad con los numerales 412 y 418 del citado ordenamiento procesal, no resultaba procedente la apelación contra una determinación de la naturaleza del acto reclamado, por lo que si además, con base en el diverso precepto 413 del mismo código adjetivo, se resolvió de plano dicho medio de impugnación, al estimar que no era necesario oír a las partes, declarándolo infundado, es evidente que se cumplió con los principios de seguridad jurídica que el artículo 16 constitucional exige para cualquier acto de autoridad. En esas condiciones, contrario a lo que argumenta el quejoso, en el sentido de que la responsable fue omisa en proteger, garantizar y respetar sus derechos humanos al negar la expedición de manera gratuita de las copias del expediente relacionado, es notable que hasta el momento ha procurado en su favor el derecho fundamental de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que veló por la obligación que corresponde al Estado mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos ante los tribunales en condiciones de equidad, y además, a que no deba pagar por la administración de justicia, pues como ha quedado evidenciado y fue destacado por la responsable en el acto reclamado, ya se había ordenado la expedición gratuita de las constancias requeridas, incluso, habían sido entregadas a su defensa para la promoción del juicio de amparo directo. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que exista materia para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que solicitó Raúl Daniel Mejía Hernández, contra la determinación de quince de mayo de dos mil dieciocho, en que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, contra el auto de nueve anterior, en que se le negó la expedición de copias gratuitas de la causa penal 220/2017 (antes 293/2013, del entonces Juzgado Décimo Penal de esta ciudad), emitida por el juez Décimo Primero Penal de esta ciudad. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raúl Daniel Mejía Hernández, contra la determinación de quince de mayo de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, contra el auto de nueve anterior, en que se le negó la expedición de copias gratuitas de la causa penal 220/2017 (antes 293/2013, del entonces Juzgado Décimo Penal de esta ciudad), emitida por el juez Décimo Primero Penal de esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta procedente del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que adjunta copia de conocimiento del diverso SECNO/2654/2018 suscrito por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, así como el juicio de amparo 461/2018-I, promovido por Raúl Daniel Mejía Hernández; regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 741/2018. Al respecto, este juzgado se avoca al conocimiento de dicho juicio; por tanto, continúese su sustanciación. En ese sentido, toda vez que consta el respectivo informe de la autoridad señalada como responsable, se señala el treinta de agosto de dos mil dieciocho, a las trece horas con diez minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Comuníquese lo anterior al juzgado responsable, así como al agente del Ministerio Público de dicha adscripción, para los efectos legales procedentes. Por último, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.
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