Raúl Dagoberto Velázquez Muñoz y Otros.
Expediente 832/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 26 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 12/07/2022
Partes del expediente
- Carmen Rosa Yañez Gil y Otros.
- Raúl Dagoberto Velázquez Muñoz
- Ana Aguilar Von Borstel
- Raúl Dagoberto Velázquez Muñoz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Ensenada, Baja California, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha transcurrió el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada para hacerlo, manifestara su inconformidad contra el proveído de diez de junio de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector, sin que ello ocurriera; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes(SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Depurar el presente expediente, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3 del Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, diez de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, el que suscribe KARLOS GONZÁLEZ BAUTISTA, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del aviso de catorce de junio de dos mil veintidós, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de junio de dos mil veintidós, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa; ello, en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Ahora, por sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós (fojas 223 a 245), por este Juzgado, la cual fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en el amparo en revisión administrativo 248/2021 (fojas 334 a 356), por una parte se sobreseyó, y, por otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos ***; motivo por el cual, en proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 357 y 358), se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. ?????????????? El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos b) El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, deje de aplicar a los quejosos los descuentos a la pensión, a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25 fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta (conceptos "76" y "53"); para lo cual deberá inmediatamente emitir las órdenes o instrucciones que procedan para que se materialice el cese de esos descuentos, y solo se tendrá por acatado este punto con el 'recibo de pensión' o constancia fehaciente de él en que se aprecie que ya no se reflejan en su percepción pensionaria tales deducciones. c) Devuelva a los quejosos la cantidad o cantidades que se hubieran descontado a su pensión con motivo de la aplicación de las normas legales antes señaladas, pero exclusivamente desde la fecha de presentación de la demanda (en este caso desde el veinte de noviembre de dos mil diecinueve hasta que se cumplimente la ejecutoria), tomando esta fecha como punto de partida de dicha obligación, al ser el momento en que externa su dolencia jurídica con tales actos concretos de afectación a su esfera de derechos. Lo anterior, ya que el amparo contra leyes, sólo puede tener efectos presentes y futuros, sin que pueda invalidar los actos anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia *** responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por medio del cual envió copia certificada de las constancias con las que acreditó que ya no se reflejan en la percepción pensionaria de los aquí quejosos, las deducciones a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25, fracción I, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta (conceptos "76" y "53"). Ahora, en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, la Delegada de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, informó que se entregaron a la quejosa ***los cheques 0091013 y 0013107 por concepto de servicio médico, y 0018520 por concepto de reserva técnica; asimismo, hizo del conocimiento el quejoso *** falleció, por lo que los montos seria entregados a quien compruebe ser beneficiario de los mismos. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, la Delegada de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, informó que se entregaron a la quejosa ***los cheques 0018519, por concepto de reserva técnica; y, 0091012, por concepto de servicio médico. ?????????????? Posteriormente, en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se recibió el oficio signado por la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por medio del cual informó que a la fecha no se ha presentado persona que acredite ser beneficiaria del aquí quejoso Raúl Dagoberto Velázquez Muñoz, para que le sean entregados los cheques 0091011 y 0018518, que fueron expedidos a favor de éste. En acuerdo de veintisiete de mayo del actual, (foja 482) se recibió el oficio proveniente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por medio del cual informó que desconoce quiénes son las personas que fungen como beneficiarios del acaecido *** razón por la cual, se dio vista a los autorizados del referido quejoso, a fin de que se impusieran del contenido del oficio en mención, y dentro del plazo de tres días manifestaran sí sabían quién era el beneficiario del citado quejoso, sin que hayan hecho manifestación en relación a ello. Con todo lo anterior, se dio vista a la parte quejosa sin que hubiera hecho manifestación al respecto. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, dejara de aplicar a los quejosos los descuentos a la pensión, a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25 fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta (conceptos "76" y "53"); para lo cual deberá inmediatamente emitir las órdenes o instrucciones que procedan para que se materialice el cese de esos descuentos, y solo se tendrá por acatado este punto con el 'recibo de pensión' o constancia fehaciente de él en que se aprecie que ya no se reflejan en su percepción pensionaria tales deducciones; además, devolviera a los quejosos la cantidad o cantidades que se hubieran descontado a su pensión con motivo de la aplicación de las normas legales antes señaladas, pero exclusivamente desde los realizados quince días hábiles anteriores a la presentación de la demanda, hasta que se cumplimente la ejecutoria, cantidades a devolver, que deberán ser debidamente actualizadas. Lo cual, como se vio así sucedió, pues la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, envió copia certificada del oficio SGPES/4109/2021, del que se advierte que se dejó de aplicar a los aquí quejosos, las deducciones a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25, fracción I, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta (conceptos "76" y "53"). Asimismo, envió la constancias relativas a la recepción de los cheques cheques 0091013, 0013107, 0018520, 0018519 y 0091012, expedidos a favor de las ?????????????? quejosas ***respectivamente, por concepto de servicio médico, y reserva técnica. Por tanto, resulta evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto, por lo que a las quejosas ***se refiere; de ahí que este órgano jurisdiccional no advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Ahora, la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, informó que se desconocía quiénes eran los beneficiarios del acaecido Raúl Dagoberto Velázquez Muñoz, para que le fueran entregados los cheques 0091011 y 0018518 que fueron expedidos a favor de éste; respecto de lo cual, se requirió a los autorizados del quejoso en mención sin que hubieran desahogado dicho requerimiento. De ahí la imposibilidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para cumplir en sus términos con la ejecutoria de amparo respecto al quejoso Raúl Dagoberto Velázquez Muñoz, pues si bien es cierto, en la misma se estableció como efecto que ".Devuelva a los quejosos la cantidad o cantidades que se hubieran descontado a su pensión con motivo de la aplicación de las normas legales antes señaladas, pero exclusivamente desde la fecha de presentación de la demanda (en este caso desde el veinte de noviembre de dos mil diecinueve hasta que se cumplimente la ejecutoria),.". En ese contexto, en la especie se actualiza una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues sobrevino una causa o situación ajena al proceso, que ha modificado las circunstancias conforme a las cuales se emitió el fallo motivo de análisis. Ello, pues la sentencia protectora no puede cumplirse, por razones jurídicas y materiales, debido a que en el presente caso existe imposibilidad de acatar la sentencia protectora; la anterior afirmación cobra sustento en el hecho de que, a partir del análisis de las condiciones del caso en concreto -la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos dado que el acaecido quejoso ***no nombro beneficiarios para que recogieran los cheques 0091011 y 0018518, expedido a su favor, por la cantidad de $69,570.36 (sesenta y nueve mil quinientos setenta pesos 36/100 moneda nacional), y $17,392.54 (diecisiete mil trescientos noventa y dos pesos 54/100 moneda nacional) con los cuales le serían devueltas las cantidades que se le cobraron por concepto de servicio médico y reserva técnica. En consecuencia esta juzgadora procede a declarar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo por lo que respecta al acaecido quejoso *** de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, debiéndose ?????????????? comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, el que suscribe KARLOS GONZÁLEZ BAUTISTA, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del aviso de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Agréguese a los autos signado por el Delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, informa que desconoce quiénes son las personas que fungen como beneficiarios del acaecido ***. Con lo anterior, dese vista a los autorizados del referido quejoso, a fin de que se impongan del contenido del referido oficio y dentro del plazo de tres días, manifiesten si saben quién es el beneficiario del quejoso *** en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, se resolverá en relación al cumplimiento del fallo protector.
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