Raul Cruz Saldaña

Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
19/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Raul Cruz Saldaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, trece de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a las parte quejosa mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas en cumplimiento al fallo protector por la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000. "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO Al respecto, debe decirse que en diez de marzo del dos mil veintidós, se emitió la sentencia definitiva, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa. Sentencia que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el amparo en revisión 150/2020; en ese sentido, en el fallo protector emitido por este órgano jurisdiccional, se requirió a las autoridades responsables Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato y Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, para que realizaran lo siguiente: ".Proporcionen al quejoso *****, de manera regular y conforme al tratamiento que requiera, la atención médica y las sesiones de hemodiálisis que necesita para tratar su problema renal." Luego, en el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la sentencia. Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio 20140 (foja 298), el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en representación de dicha dependencia y del Hospital General de Valle de Santiago, informó que desde el momento en que se decretó la suspensión de plano en el sumario constitucional en que se actúa, ha realizado diversas gestiones tendentes al acatamiento de dicha suspensión, realizando valoraciones médicas al quejoso, así como estudios de gabinete y de laboratorio -lo que se robustece con las diversas documentales remitidas por dicha autoridad-. Asimismo, hizo del conocimiento las diversas actuaciones realizadas para el cumplimiento del fallo protector, consistentes en la solicitud al proveedor Hospital Médica Insurgentes de esta ciudad, para programar y llevar a cabo las sesiones de hemodiálisis al aquí quejoso, adjuntando la documental consistente en la bitácora de asistencia del quejoso a las sesiones del área de hemodiálisis del nosocomio "Médica Insurgentes Hospital", correspondientes a los meses de octubre y noviembre del año próximo pasado. Es así, porque además -como expuso la responsable- obra agregados en autos la diversa documental que en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, remitió la autoridad oficiante, a saber, constancias de hospitalización, así como estudios de laboratorio, electrocardiograma, tele de tórax y prueba covid (fojas 82 a 92); resultados de ultrasonido renal y nota médica de veintiuno de enero de dos mil veintidós (fojas 101 a 103); y, solicitud de transfusión, hoja de urgencias, resultados de laboratorio y nota médica de veinticinco de enero de dos mil veintidós (fojas 125 a 129); con lo anterior, se pone de relieve el seguimiento que, en el ámbito de sus facultades, han dado las autoridades responsables respecto de la atención médica proporcionada al solicitante del amparo, siendo que de ellas se obtienen las acciones ejercitadas bajo los lineamientos del fallo protector para proteger el derecho humano a la salud de la promovente, en lo que aquí interesa, que cuenta de manera ordinaria con un régimen de sesiones de hemodiálisis en el que se le otorga la atención médica correspondiente. Ante tal proceder de las autoridades responsables, se concluye que acató la ejecutoria en comento, ya que los efectos de la misma se encuentran satisfechos; luego, ello conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado puntualmente cumplida, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, pues se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violados. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DEPURABLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS. Sí obran documentos exhibidos por la parte quejosa, pero no son de los catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, último párrafo, interpretado en sentido contrario, y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos exhibidos en el juicio no están catalogados como originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Finalmente, se requiere a la autoridad para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** EL PROVEÍDO DICTADO EL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL DICE: ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a las parte quejosa mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas en cumplimiento al fallo protector por la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000. "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO Al respecto, debe decirse que en diez de marzo del dos mil veintidós, se emitió la sentencia definitiva, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa. Sentencia que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el amparo en revisión 150/2020; en ese sentido, en el fallo protector emitido por este órgano jurisdiccional, se requirió a las autoridades responsables Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato y Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, para que realizaran lo siguiente: ".Proporcionen al quejoso *****, de manera regular y conforme al tratamiento que requiera, la atención médica y las sesiones de hemodiálisis que necesita para tratar su problema renal." Luego, en el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la sentencia. Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio 20140 (foja 298), el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en representación de dicha dependencia y del Hospital General de Valle de Santiago, informó que desde el momento en que se decretó la suspensión de plano en el sumario constitucional en que se actúa, ha realizado diversas gestiones tendentes al acatamiento de dicha suspensión, realizando valoraciones médicas al quejoso, así como estudios de gabinete y de laboratorio -lo que se robustece con las diversas documentales remitidas por dicha autoridad-. Asimismo, hizo del conocimiento las diversas actuaciones realizadas para el cumplimiento del fallo protector, consistentes en la solicitud al proveedor Hospital Médica Insurgentes de esta ciudad, para programar y llevar a cabo las sesiones de hemodiálisis al aquí quejoso, adjuntando la documental consistente en la bitácora de asistencia del quejoso a las sesiones del área de hemodiálisis del nosocomio "Médica Insurgentes Hospital", correspondientes a los meses de octubre y noviembre del año próximo pasado. Es así, porque además -como expuso la responsable- obra agregados en autos la diversa documental que en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, remitió la autoridad oficiante, a saber, constancias de hospitalización, así como estudios de laboratorio, electrocardiograma, tele de tórax y prueba covid (fojas 82 a 92); resultados de ultrasonido renal y nota médica de veintiuno de enero de dos mil veintidós (fojas 101 a 103); y, solicitud de transfusión, hoja de urgencias, resultados de laboratorio y nota médica de veinticinco de enero de dos mil veintidós (fojas 125 a 129); con lo anterior, se pone de relieve el seguimiento que, en el ámbito de sus facultades, han dado las autoridades responsables respecto de la atención médica proporcionada al solicitante del amparo, siendo que de ellas se obtienen las acciones ejercitadas bajo los lineamientos del fallo protector para proteger el derecho humano a la salud de la promovente, en lo que aquí interesa, que cuenta de manera ordinaria con un régimen de sesiones de hemodiálisis en el que se le otorga la atención médica correspondiente. Ante tal proceder de las autoridades responsables, se concluye que acató la ejecutoria en comento, ya que los efectos de la misma se encuentran satisfechos; luego, ello conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado puntualmente cumplida, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, pues se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violados. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DEPURABLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS. Sí obran documentos exhibidos por la parte quejosa, pero no son de los catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, último párrafo, interpretado en sentido contrario, y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos exhibidos en el juicio no están catalogados como originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Finalmente, se requiere a la autoridad para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***, EL PROVEÍDO DICTADO EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Irapuato, Guanajuato, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, enviado vía correo electrónico por el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y también en representación del Hospital General de Valle de Santiago, mediante el cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VISTA CON CUMPLIMIENTO En tales condiciones, considerando los efectos para los que se concedió el fallo protector, se ordena dar vista a la parte quejosa con copia autorizada del oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, legalmente computado, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que dicha autoridad informó; con el apercibimiento que, en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, enviado vía correo electrónico por el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y también en representación del Hospital General de Valle de Santiago, mediante el cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VISTA CON CUMPLIMIENTO En tales condiciones, considerando los efectos para los que se concedió el fallo protector, se ordena dar vista a la parte quejosa con copia autorizada del oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, legalmente computado, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que dicha autoridad informó; con el apercibimiento que, en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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