Raul Cruz Medina y Otros.
Expediente 933/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 933/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/09/2022
Partes del expediente
- Raul Cruz Medina y Otros.
- Raul Cruz Medina
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a los quejosos por conducto de su representante común. Así lo acordó y firma Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Leticia Silva Ibarguen, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; primero de septiembre de dos mil veintidós. RAZONES ACTUARIALES. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, la razones de cuenta, en la que los quejosos por conducto del fedatario adscrito, manifestaron lo siguiente: Alberto González Reyna: "No ratifico de nada demanda." Carlos Martínez Martínez: "no ratifico." Giovanni Daniel Montes Martínez: "si rectifico demanda; señalo como el acto de energía o sea el corte de luz." Carlos Alberto Castillo Vargas: "YO ME QUEJO DE LAS PENAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22° YA QUE EL DIRECTOR QUIERE QUE ME RASURE A DIARIO Y NO TENGO NI TRABAJO SOLO TRABAJA EL 20% DE SUS CONSENTIDOS Y EN OCASIONES NO TENGO NI PARA JABÓN DE BAÑO ELLO SIN TENER YO BARBA YA QUE SOY LAMPIÑO TOMA ATRIBUCIONES QUE NO SON DE SU AUTORIDAD Y A RAÍZ DE ESTO TENGO GOLPEADA MI PIERNA DERECHA YA QUE ELLOS ENTRAN CON ARMAS Y LA USAN EN NUESTRA CONTRA PIDO SU PROTECCIÓN Y APOYO PARA QUE ME DEVUELVA MI ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS." Francisco Arellano Flores: "RATIFICO DEMANDA RECLAMO LAS PENAS PROHIBIDAS EN EL ARTICULO 22° COMO LO SON DESPOJO POR ARGUMENTAR POR UN SUPUESTO DELITO QUE FORMULARON Y EXIJO QUE SEAN DEVUELTAS MIS PANTALLAS QUE ESTAN REGISTRADAS RECIBIENDO ABUSO DE AUTORIDAD DESPOJO Y NO RECIBIR EL TRATO ADECUADO Y EXIJO SU DEVOLUCIÓN O POR EL CONTRARIO SE PROCEDA CONFORME A DERECHO Y SE HAGA VALER MI ESTADO DE DERECHO Y SE VALORE QUE SOY UN ENFERMO CON ENFERMEDADES DEGENERATIVAS RESPECTO A LOS HECHOS DEL DÍA 17 FEBRERO DEL 2022 PIDO A SU SEÑORÍA QUE TOME EN CUENTA MI ESTADO DE DERECHO." Diligencias a las cuales se les otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los ordinales 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular por similitud jurídica se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo rubro y cuyo texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." NO PRESENTADA. Visto lo precisado en párrafos que anteceden, y toda vez que Alberto González Reyna y Carlos Martínez Martínez, no ratificaron el escrito promovido en su favor conforme a lo dispuesto en el proveído de veintinueve de agosto de la presente anualidad, en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó, y con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida contra actos del Director General del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Santiaguito y otra autoridad. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). QUEJOSOS RATIFICAN. Toda vez que los quejosos Giovanni Daniel Montes Martínez y Francisco Arellano Flores ratificaron la demanda interpuesta en su favor, en el momento de la diligencia, desahogaron la prevención que les fue formulada de la siguiente forma: Giovanni Daniel Montes Martínez, señala que reclama en esta vía: El corte de energía eléctrica en el módulo carcelario en el que se encuentra recluido. Mientras que Francisco Arellano Flores, el cual señala como acto reclamado: Las penas prohibidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivadas de un despojo de pantallas y la devolución de las mismas. Sin embargo, cabe mencionar que éstos no se pueden considerar como de los previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se trata de penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, el tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; sino más bien se está frente a una cuestión de internamiento. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente impugna el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Ahora bien, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: el corte de energía eléctrica en el módulo carcelario en el que se encuentra recluido y el despojo de pantallas y la devolución de las mismas, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: La fracción mencionada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Sin embargo, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Capítulo III Procedimiento Administrativo Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. - Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. - Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. - La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. - Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. - En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. - Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. - La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. - El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. - Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. - Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. - De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. - La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. - Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. - En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. - Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. - Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I.Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Los jueces de ejecución conocen controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. - Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que la parte quejosa, previo a promover demandada de amparo, debió presentar su petición administrativa por escrito ante la autoridad penitenciaria en donde se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición o bien ante la respuesta a dicha solicitud, deberán acudir ante el Juez de Control o Ejecución. Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el tramite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de registro digital 2018548, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, página 230, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En consecuencia, tocante a los actos consistentes en el corte de energía eléctrica en el módulo carcelario en el que se encuentra recluido y el despojo de pantallas y la devolución de las mismas, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no haberse agotado en su contra el principio de definitividad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. SE TURNA NUEVA DEMANDA. Ahora bien, toda vez que de la lectura íntegra de las manifestaciones que realiza Carlos Alberto Castillo Vargas, se advierte que reclama: "Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Toda vez que la demanda promovida por el referido quejoso fue desechada y que tal determinación se confirmó por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, así como que el presente juicio se promovió contra el acto consistente en el corte de energía eléctrica en el módulo carcelario en el que se encuentra recluido, y dado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 83/2019 estableció que "si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, no podrá ser desechada, sino que atendiendo al principio pro actione y en aras de respetar el derecho de acceso a la justicia, cuya relevancia es sumamente trascendente por tratarse de una acción que tiene como propósito la salvaguarda de los derechos fundamentales, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda uy el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia podrá desecharla" En consecuencia, a fin de dar trámite al nuevo acto que reclaman, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/202 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio que se remita a través del Sistema Integral de Seguimiento e Expedientes (SISE) remítase copia certificada de la notificación personale al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, en turno, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, toda vez que se advierte que el quejoso realizó manifestaciones tendentes a controvertir diversos actos a los reclamados en el juicio de amparo en que se actúa, y dado que no se actualiza el presupuesto previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, respecto del acto que reclama en la diligencia de notificación con el diverso materia del presente asunto, por tanto, se le debe dar el trámite de una demanda nueva. En tales condiciones, se ordena que de manera inmediata, se solicite a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se sirva registrar y turnar como nueva demanda la promoción de referencia, y a la brevedad posible remita la boleta de turno correspondiente a este órgano jurisdiccional por la misma vía institucional. Una vez hecho lo anterior, previa copia certificada que se agregue al expediente electrónico y físico del original de la multicitada constancia de notificación, remítase de inmediato junto con la boleta de turno al órgano jurisdiccional respectivo. RAZÓN ACTUARIAL. Por otra parte, respecto de la razón de cuenta, en la que el fedatario adscrito asienta los motivos que le impidieron entregar el oficio 30971/2022 a la autoridad responsable denominada como: JEFE O COORDINADOR DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO COMO SUBORDINADOS Y ENCARGADOS DE LOS TRES TURNOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO"; de lo que se toma conocimiento, sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que se desechó el presente asunto. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a Giovanni Daniel Montes Martínez, Carlos Alberto Castillo Vargas y Francisco Arellano Flores en el lugar de su reclusión.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de agosto de dos mil veintidós. TESTIMONIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el testimonio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, relativo a la queja 114/2022, cuyos puntos resolutivos rezan: "PRIMERO. En la materia del recurso se declara PARCIALMENTE FUNDADO. SEGUNDO. Se modifica el auto recurrido respecto de los quejosos mencionados en el apartado A de esta ejecutoria y el Juez de Distrito habrá de prevenirlos para que precisen los actos reclamados; desechar la demanda de amparo por lo que respecta a los peticionarios mencionados en el apartado B de este veredicto constitucional." Acúsese el recibo correspondiente, vía electrónica por medio de la Plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a través de interconexión, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CONFIRMA DESECHAMIENTO. Atento a lo anterior, se tiene a la Superioridad confirmando el desechamiento de la demanda de amparo por cuanto hace a los quejosos: Fernando Frías Torres, Carlos Escárcega Jiménez, Miguel Ángel Rodríguez Téllez, Sergio Jiménez Gonzáles (sic), Cristian Cheverría, Raúl Cruz Medina y José Mauricio López Estrada, por el acto consistente en el corte de energía eléctrica en el módulo carcelario en el que se encuentran recluidos. Ahora, toda vez que la superioridad declaró parcialmente fundado el recurso de queja y se modificó el auto recurrido respecto a los quejosos Carlos Martínez Martínez, Francisco Arellano Flores, Yovany Daniel Montes Martínez y Alberto González Reyna, se provee: SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede a los quejosos citados, la suspensión de plano para el efecto que cese de inmediato cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional emitidos en su contra; en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las responsables la integridad física de los agraviados. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que haya dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, rinda el informe solicitado, vía correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo haga por la vía ordinaria. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.]". La suspensión concedida no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión, o si los actos reclamados proceden de autoridades diversas a las señaladas como responsables, o si los actos reclamados son materia de otro juicio de amparo, en donde se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos los quejosos, o son tendentes a salva guardar su integridad o la de la demás población penitenciaria. RATIFICACIÓN DEL ESCRITO DE DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y tal como lo asentó la Superioridad, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el lugar de reclusión de los quejosos, a efecto de que realice lo siguiente: Les requiera a los solicitantes de amparo Carlos Martínez Martínez, Francisco Arellano Flores, Yovany Daniel Montes Martínez y Alberto González Reyna, a fin de que manifiesten si es su deseo o no ratificar la demanda promovida a su favor; APERCIBIMIENTO. Se apercibe a los directos quejosos que de no ratificar la demanda promovida en su nombre, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, así como quedarán sin efectos las providencias dictadas. Al respecto resulta ilustrativa la tesis publicada en la página 943, del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 1993, Tomo XII, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro es: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PRESENTADA POR PERSONA DISTINTA DEL QUEJOSO. SOLO PROCEDE ORDENARLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO." PREVENCIÓN. Ahora bien una vez que los quejosos Carlos Martínez Martínez, Francisco Arellano Flores, Yovany Daniel Montes Martínez y Alberto González Reyna, ratifiquen la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, que establecen que el Juez de Distrito deberá examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que el ocursante pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracción V, en relación con el precepto 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, procede requerir a los quejosos para que, dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto: ÚNICO. Aclaren el acto reclamado. Es decir, cada uno de los quejosos deberá precisar con toda claridad, si en este juicio reclama: El corte de energía eléctrica en el módulo carcelario en el que se encuentra recluido; o, Las penas prohibidas por el numeral 22 Constitucional de que han sido objeto. En el entendido que de ser las penas a que alude el inciso b), deberán también expresar con claridad y precisión a qué pena se refieren. Lo anterior, a fin de tener la plena certeza sobre qué es lo que desea reclamar en el presente juicio; aunado a que tal precisión resulta indispensable para que este juzgado fije la litis en el sumario constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento a la prevención formulada, se tendrá por no presentada la demanda, acorde con lo establecido en el numeral 114 de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de marzo del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que una vez que feneciera el plazo de seis meses estipulado en el artículo 156 de la Ley de Amparo, previa petición que por escrito se realice, cuenta con un plazo de dos años a fin de acudir al local de este Juzgado de Distrito, a recoger la Póliza de Fianza *, expedida por Aseguradora Aserta Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, que ampara la cantidad de $**, por tanto, y atendiendo a que el destino de la citada documental, en caso de no comparecer a recibirla es su cancelación, será este el apercibimiento que se le hará efectivo en caso de no dar cumplimiento a lo establecido en el proveído de diez de marzo del presente año. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercera interesada.
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