Raúl Cruz García Cervantes
Expediente 883/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Raúl Cruz García Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja Penal número 138/2017 de su índice, interpuesto por **********, por su propio derecho, en contra del auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por este Juzgado de Distrito, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO.- Se declara sin materia el presente recurso de queja y por ende firme el auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el amparo indirecto 883/2017." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguense a sus autos los oficios de cuenta, que, respectivamente, remiten la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, y la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, ambos con residencia en Guanajuato, capital. Con el primero, se informa que el Primer Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito Judicial, se declaró incompetente para conocer del recurso de queja interpuesto por el quejoso **********, y que remitió el original, copia del escrito de agravios y el legajo de copias certificadas, relativas al juicio de amparo 883/2017-VI, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, para su conocimiento. Con el segundo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, comunica que se aceptó la competencia y admitió el recurso interpuesto, quedando registrado bajo el número 138/2017.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por **********, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de trece de septiembre del año en curso. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el trece de septiembre del año en curso, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 883/2017-VI. Así las cosas, se precisa que la parte quejosa reclama la resolución dictada en el toca penal 79/2017, en el que la Magistrada de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, confirmó la diversa emitida por la Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, en el juicio penal 87/2015, en la que declaró infundado el incidente de falta de personalidad que interpuso el quejoso, en su calidad de procesado. En ese orden, frente al acto que reclama la parte quejosa, se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida respecto del acto reclamado, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como en el capítulo del acto reclamado, siendo éstos los siguientes: 1. El quejoso **********, se encuentra procesado dentro de la causa penal 87/2017, por el delito de despojo en agravio de ********** y/o **********, presentada por el C. **********. 2. El veintiuno de julio del dos mil diecisiete, el defensor, del quejoso Licenciado ********** promovió ante la Juez Cuarto Penal de Partido de la ciudad de Celaya, incidente no especificado de falta de personalidad. 3. Que el día doce de julio de dos mil diecisiete, la Juez Cuarto Penal de Partido de la ciudad de Celaya, resolvió el incidente de falta de personalidad interpuesto por la quejosa, declarándolo infundado. 4. Inconforme con dicha resolución, el defensor del quejoso interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Magistrada de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, el cual quedó registrado con el número 79/2017. 5. El trece de marzo del año en curso, la Magistrada de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, confirmó la resolución en la que se declaró infundado el incidente de falta de personalidad interpuesto por el defensor del quejoso. (acto que constituye el reclamado en esta instancia constitucional). En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto dentro del procedimiento que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse sentencia definitiva el juicio de origen, si esté es favorable a los intereses de la accionante, y en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos de lo dispuesto en las fracciones V y XII, del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Téngase al quejoso designando para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julián García Jáuregui, Brenda Juárez Lagunas y Lorena Villagómez Jiménez, toda vez que obran las cédulas profesionales 2196196, 7497419 y 7771084, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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