Raúl Cortes Martínez
Expediente 1090/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 34 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Raúl Cortes Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto; lo de cuenta, se provee: Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito firmado por *****, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que solicita se requiera al Servicio Postal Mexicano a fin de que informe si ya notificó los oficios 24001/2023 y 24002/2023 de veintidós de septiembre pasado, a través de los cuales se requirió a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo -Gobernadora y Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Guerrero-. Atenta a lo anterior, por el momento no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de que aún no transcurre un tiempo prudente para que el servicio de correspondencia referido notifique los citados oficios, por lo que una vez que ello acontezca y no se cuente con las citadas constancias de notificación, se acordará lo conducente. Con relación a que se remitan vía telegráfica los citados oficios, tampoco es factible acordar de conformidad, debido a que los documentos que se anexaron a los oficios en comento no pueden ser transmitidos por esa vía. Notifíquese Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tienen por recibidos los escritos firmados por Gilberto Olayo Juárez, autorizado por la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través de los cuales, con el primero, desahoga la vista ordenada en auto de trece de septiembre pasado, y al efecto hace manifestaciones y ofrece la prueba documental que anuncia, en relación con el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el las autoridades vinculadas Presidente y Tesorero ambos del Ayuntamiento del municipio de Cuautepec, Guerrero. Con el segundo, solicita se le vincule al cumplimiento al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por los motivos que expone. Atenta a lo anterior, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas las manifestaciones que vierte el promovente en el primero de los citados ocursos, en vía de alegatos, mismas que de ser procedentes serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno y por ofrecida la prueba que indica, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Con relación al segundo ocurso, tomando en cuenta que en proveído de diez de julio del año en curso, este juzgado se reservó proveer con relación a la solicitud formulada por el autorizado del quejoso, respecto a que se vinculara al cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, se levanta dicha reserva y se determina: Tomando que el artículo 197 de la Ley de Amparo2 , establece que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, siendo sujetos a las mismas responsabilidades que establece el capítulo de ejecución y cumplimiento. Importa destacar que es obligación de la persona juzgadora de amparo, en el ejercicio de sus facultades, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, en la especie, tenemos que en el juicio de nulidad origen se condenó a la parte demandada Ayuntamiento del municipio de Cuautepec, Guerrero, a pagar al quejoso Raúl Cortés Martínez, la cantidad de $315,664.64 (trescientos quince 2 "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo." mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional), por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones. En tanto que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, tiene entre otras diversas atribuciones, la de proponer al Ejecutivo las participaciones de los Municipios; previa instrucción de los Ayuntamientos puede efectuar pagos por cuenta de los mismos, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan a los Municipios y, de acuerdo a las funciones que le son inherentes a la Secretaría en mención, relativas a las finanzas y administración del Estado, es la intermediaria entre los Municipios y el Congreso del Estado en lo que corresponda a esas materias, ello acorde a lo dispuesto en los artículos 18, apartado A, fracción III, y 22, fracciones VI, XXIV y XLIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08, y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración. Por tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, es procedente vincular al cumplimiento de la sentencia al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis 2ª./.J.47/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 195909, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." En esa tesitura, con apoyo en el citado numeral, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero y a su superiora jerárquica Gobernadora del Estado, para dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, realicen lo siguiente: La autoridad vinculada -Secretario de Finanzas y Administración del Estado- realice el pago adeudado al quejoso con cargo a las participaciones que en ingresos federales le corresponda, realizando el trámite correspondiente en ese término, para que se efectúe el pago relativo adeudado al quejoso; en el caso de que surgiera algún impedimento para cumplir lo requerido, se le instruye para que busque alguna otra opción para satisfacer lo solicitado, lo cual no deberá rebasar el plazo otorgado para esos efectos. Y la Gobernadora del Estado, para que en su carácter de superiora jerárquica conmine y supervise el cumplimiento a lo determinado en esta resolución, lo que significa que sus obligaciones como superior jerárquico no se colman con ceñirse a informar que envió un oficio a su subalterno para el acatamiento del fallo amparador, sino que su actuar implica el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solo como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 108/2022 (11a.), de la Primera Sala de nuestro máximo tribunal del país, con registro digital 2025145, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Por ello, tomando en cuenta que en caso de inobservancia a este deber, tanto a ella como al Secretario de Finanzas y Administración, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio . 2. Se determinará por qué a juicio de este juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad vinculada que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Así también, se le hace del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no las exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad vinculada que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, las autoridades de referencia podrán incurrir en los delitos previstos en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J 13/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página cinco, libro 45, tomo I, agosto de dos mil diecisiete, décima época de rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. RESPECTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE HACERSE AL DICTARSE LA SENTENCIA O RESOLVERSE EL RECURSO DE REVISIÓN [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 13/2017 (10a.)]. Si bien es cierto que de conformidad con la jurisprudencia citada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 5 del Libro 45, Tomo I, agosto de 2017, Décima Época, con número de registro digital: 2014917, los juzgadores de amparo están obligados a dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato, no menos lo es que tal vista no debe hacerse al momento en que se presente la solicitud del inconforme, independientemente de la etapa en que se esté tramitando la acción constitucional, sino que ello debe ocurrir una vez que se haya resuelto el fondo del asunto, ya sea al dictarse la sentencia de amparo o resolverse el recurso de revisión, en razón de que, al hacer una interpretación de la jurisprudencia referida, así como del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales se colige que para considerar que el órgano de control constitucional de primera instancia o el tribunal revisor tiene conocimiento de los actos presuntamente delictivos señalados, debe esperarse al pronunciamiento de la resolución definitiva, pues de no de hacerlo así se emitiría un juicio de valor anticipado, es decir, se estaría prejuzgando. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio firmado por *****, Presidente y Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Guerrero, mediante el cual promueven incidente de nulidad de notificación que se les hizo del acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, mediante los oficios 17798/2023 y 17799/2023 y exponen los motivos de agravios. Asimismo, señala domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, solicita el acceso al expediente electrónico con el usuario González12, designan delegados y ofrecen pruebas. En atención a su contenido, de conformidad con los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de nulidad de notificaciones que hacen valer los promoventes; por tanto, dese vista a las partes para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que le surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes, para lo cual se ordena correrles traslado con copia del ocurso que se provee. Asimismo, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se admiten la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia respectiva. Téngasele señalando domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en el ubicado en calle Nogales, número 96, planta baja, departamento A, colonia Progreso, en esta ciudad y con apoyo en el numeral 9 de la ley de la materia, como sus delegados a las personas que designa para tales efectos. En el mismo orden, como lo solicita expresamente se le autoriza la consulta del expediente electrónico con el usuario "González12", que corresponde a Vladimir Bautista González, delegado de la citada autoridad, por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. En consecuencia, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, en la inteligencia de que dicha autorización está condicionada en todo momento a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. Por tanto, se instruye al Oficial SISE, así como al Actuario adscrito a este juzgado federal, a efecto de que verifiquen que cuenta con los permisos y accesos necesarios para visualizar los archivos de todas y cada una de las promociones presentadas en el expediente en que se actúa, así como los acuerdos emitidos y las notificaciones practicadas. Por último, se ordena abrir un segundo tomo de actuaciones, para mejor manejo del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Principal 1090/2021-I-A CUENTA. El veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado de los autos y con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 11040. Conste. La secretaria María Chávez Valencia Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el escrito firmado por Gilberto Olayo Juárez, autorizado por la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que solicita se hagan efectivos los apercibimientos a las autoridades vinculadas Presidente y Tesorero del Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero, con que fueron conminados en autos de diez de julio pasado, y se les requiera nuevamente su cumplimiento. Atenta a su contenido, previo a hacer efectivo los apercibimientos decretados en el citado auto de diez de julio pasado, con fundamento en el artículo 197, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades vinculadas César Iván Perezvargas Ríos, Presidente Municipal y al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído: 1.- Que realizaron el pago correspondiente al actor Raúl Cortes Martínez con motivo de la condena decretada en el juicio de nulidad de origen, o bien las gestiones que hayan realizado para esos efectos. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 2.- Informen a este órgano jurisdiccional si suspendieron labores con motivo del periodo vacacional de julio pasado, remitiendo las constancias relativas. En el entendido que de no hacerlo, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, notificado por oficios 17798/2023 y 17799/2023, el catorce siguiente (fojas 499 y 500), esto es, se hará efectiva la multa con que se conminó en ese proveído, y se dará inicio al procedimiento de inejecución de sentencia, reiterándole que la sanción escala hasta su destitución y consignación por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de nuestro máximo tribunal del país, con registro digital 2007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Con relación a la segunda petición que se acuerde lo relativo al ocurso recibido el siete de los actuales, dígasele que se esté a lo acordado en auto de diez de julio pasado. Notifíquese
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