Raul Cortes Anzures
Expediente 154/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Raul Cortes Anzures
Actuaciones
- Principal
.Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete.****************************************Estado procesal********************Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de nueve de febrero de dos mil diecisiete, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata.****************************************En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes.****************************************Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.****************************************Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción.****************************************Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación.****************************************Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente.****************************************Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito firmado por **, en representación de sus menores hijos, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de treinta y uno de enero del año actual. Por tanto, una vez cumplido con lo solicitado, este Juzgado se pronuncia en relación a su contenido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XI, de la ley en consulta, que establece la improcedencia del juicio de garantías: "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Asimismo, debe decirse que la fracción X del numeral antes mencionado refiere: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" El dispositivo transcrito dispone, por una parte, que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para interpretar dicho precepto debe tenerse presente que el sobreseimiento a que se refiere esa fracción tiene como fin evitar que se emitan sentencias contradictorias, y que se inutilice el principio de la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia; por tanto para que se cobre vigencia dicha causal es necesaria la concurrencia y plena identidad entre ambos juicios, comprendida también la causa de pedir o derecho tutelado en cada uno, y las pretensiones que se deducen en los mismos. Luego, la causa de improcedencia que establece la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se refiere a actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, y se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras, a saber; 1.- Eficacia directa.- Opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate, y 2.- Eficacia refleja.- Con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta última modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades ya referidas, sino que sólo se requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos: 1.- La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente. 2.- La existencia de otro proceso en trámite. 3.- Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios. 4.- Las partes del segundo juicio hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero. 5.- En ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio. 6.- Que en la sentencia ejecutoriada se establezca un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico. 7.- Para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. Entonces, en las sentencias emitidas en los juicios de amparo, la cosa juzgada se rige, en principio, con las mismas bases que la generalidad de los procesos, porque igualmente tiene el objeto primordial de proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, pero tiene ciertas particularidades en los elementos establecidos uniformemente por la doctrina, cuya identidad se requiere para que opere la cosa juzgada: sujetos, objeto y causa. Apoya a lo anterior, la tesis aislada I.4o.C.36 K., publicada en la página 1842, tomo XXIX, febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado." Así, la eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada, al igual que la cosa juzgada, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en términos del citado artículo 61, fracciones XI, se establece con la improcedencia del juicio de amparo en los casos en donde el acto reclamado si bien es el mismo, las autoridades a las que se los atribuye no sean las mismas, toda vez que sí guardan vinculación estrecha entre sí, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales. Lo anterior tiene su génesis y se aplica por analogía en la tesis XII.1o.52 C., visible en la página 1844, tomo XXIX, febrero de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: "COSA JUZGADA REFLEJA. CASO EN QUE SE ACTUALIZA E IMPLICA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada de las fracciones III y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; lo cual tiene sustento fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa juzgada, cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme dictado en un anterior juicio de amparo. A su vez, la eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada, al igual que la cosa juzgada, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en términos del citado artículo 73, fracciones III y IV, implica la improcedencia del juicio de amparo en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva en diverso juicio de garantías, sí guarda vinculación estrecha con éste, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales; por tanto, resulta inconcuso que se actualiza la figura de la cosa juzgada refleja y, por ende, la improcedencia del juicio de garantías, cuando en un primer juicio la materia de estudio y la resolución definitiva hayan consistido en dejar a salvo los derechos de la parte actora en un incidente de liquidación para que se hicieran valer en la vía y forma que proceda, y el acto reclamado consista en la nueva decisión de la misma responsable, quien determina en el nuevo incidente de liquidación de intereses derivado de la misma causa, dejar a salvo los derechos de la parte actora; lo anterior es así, toda vez que aquel aspecto influye o se refleja en el segundo juicio de amparo, pues precisamente, ese contenido (dejar a salvo los derechos de la parte actora en el incidente de liquidación de intereses), es la vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del primero para que se resuelva sobre el segundo." Pues bien, a efecto de verificar que en la especie se surte el motivo de inejercitabilidad invocado, conviene hacer una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, que se derivan de las constancias que obran en el juicio de amparo 154/2017, del índice de este juzgado, en los términos siguientes: 1.- En el juicio civil de origen 255/1015-2, por propio derecho, demandó a **(aquí quejosa) en la vía ordinaria civil acción plenaria de posesión, respecto del bien inmueble ubicado en Calle **. 2.- Una vez agotado el procedimiento, el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, emitió la sentencia correspondiente en el que determinó que actor ** no acreditó la acción que dedujo en el presente juicio contra de la aquí quejosa. 3.- Inconforme con lo anterior, el actor José Cortes Ávila, interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien por sentencia de dos de junio de dos mil dieciséis, resolvió revocar la resolución de primer grado, dictada en el expediente natural. 4.- Inconforme con dicha resolución la aquí quejosa promovió amparo directo 934/2016 radicado en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito en la que determino lo siguiente: ".ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Celina Anzures Lima, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, por los motivos preciados en el último considerando de este fallo. 6.- Por lo que, dieciséis de enero de dos mil diecisiete, la Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, acudió al domicilio ubicado en Calle Evaristo Nava, número 10, barrio reyes de Yecapixtla, Morelos, para el efecto que hiciera la entrega del bien inmueble. 7.- Posteriormente, la parte impetrante presentó demanda de amparo señalando como acto reclamado "el mandamiento y/o requerimiento (dentro de la etapa de ejecución de sentencia), de desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en la Calle Evaristo Nava, número 10, barrio reyes de Yecapixtla, Morelos, ordenándose que dicho bien sea entregado a nuestro abuelo José Cortés Ávila, dictado en el auto de fecha dieciséis de Enero de dos mil dieciséis, dentro del juicio 255/2015-2, radicado en el Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito en el Estado de Morelos", demanda de la que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional radicada bajo el número 154/2017-III. Ahora bien, de las consideraciones jurídicas y fácticas antes expuestas, se advierte que en el presente asunto, como se adelantó, concurren los elementos de la eficacia refleja de la cosa juzgada, en virtud de que existe un juicio directo (934/2016 radicado en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en el cual se determinó "la Justicia no ampara ni protege a **" , en contra de la sentencia de dos de junio de dos mil dieciséis, emitida en juicio plenario de posesión. Ahora bien, en este juicio constitucional la parte promovente reclama la ejecución de la sentencia de dos de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 255/2015-2, por tanto, deviene una improcedente en virtud de que la misma ya fue discutida y resuelta en un fallo firme dictado en un juicio de amparo directo, de manera que el demandante no puede replantear la misma controversia en este juicio constitucional es decir la ejecución del bien inmueble, pues lo esencial es que ya quedó demostrado en el juicio de amparo anterior. Consecuentemente, ante la concurrencia de todos los elementos examinados, se arriba a la conclusión de que la cosa juzgada en el juicio de amparo 934/2016 relacionado, sí tiene eficacia refleja en este sumario constitucional; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracciones XI de la Ley de Amparo, del mismo ordenamiento legal. Sustenta el anterior razonamiento, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 450, del tomo IX, mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis I.7o.A.132 K, visible en al foja 2717, tomo XXXI, abril de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y tenor siguientes: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO.- El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados." Sin que pase desapercibido, para este juzgado que en juicio plenario de posesión solo fue demandada la representante de los menores Celina Anzures Lima, lo cierto es que ello significa la imposibilidad para realizar una condena jurídicamente válida a alguno de la totalidad de los poseedores materiales del bien, porque la finalidad de esa acción es recuperar la posesión de un determinado predio pero en su totalidad, independientemente de que lo detenten diversas personas. Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis VII.2o.C.113 C (10a.), visible en al foja 2390, tomo IV, Noviembre de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, del rubro y tenor siguientes: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. SE ACTUALIZA AL EJERCER LA ACCIÓN REIVINDICATORIA DE UN INMUEBLE, POR LO QUE ES ILEGAL QUE LOS EFECTOS DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL SÓLO ALCANCEN A UNOS POSEEDORES Y NO A LA TOTALIDAD, DADO QUE AQUÉLLA NO ES DIVISIBLE CUANDO SE HA DEMANDADO EN TÉRMINOS GENERALES.La acción reivindicatoria es de orden real, ello significa la imposibilidad para realizar una condena jurídicamente válida a alguno de la totalidad de los poseedores materiales del bien, porque la finalidad de esa acción es recuperar la posesión de un determinado predio pero en su totalidad, independientemente de que lo detenten diversas personas. De esa manera, resultaría ilegal que los efectos de una resolución jurisdiccional únicamente alcance a algunos coposeedores y no a la totalidad de ellos, en tanto que, por su naturaleza jurídica, la acción reivindicatoria no es divisible cuando se ha demandado en términos generales la reivindicación de un bien. En consecuencia, cuando no se haya demandado en forma delimitada y específica a los poseedores de un predio mediante la acción reivindicatoria, se estará ante un caso de coposesión y, por ende, se actualizará un supuesto jurídico de litisconsorcio pasivo necesario. Derivado de lo anterior, resultaría ilícita la absolución parcial de las pretensiones del actor respecto a unos demandados. Notifíquese personalmente.
- Principal
SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO POR EL JUEZ DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 154/2017, DE NUESTRO ÍNDICE, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito firmado por **, en representación de sus menores hijos, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de treinta y uno de enero del año actual. Por tanto, una vez cumplido con lo solicitado, este Juzgado se pronuncia en relación a su contenido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XI, de la ley en consulta, que establece la improcedencia del juicio de garantías: "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Asimismo, debe decirse que la fracción X del numeral antes mencionado refiere: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" El dispositivo transcrito dispone, por una parte, que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para interpretar dicho precepto debe tenerse presente que el sobreseimiento a que se refiere esa fracción tiene como fin evitar que se emitan sentencias contradictorias, y que se inutilice el principio de la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia; por tanto para que se cobre vigencia dicha causal es necesaria la concurrencia y plena identidad entre ambos juicios, comprendida también la causa de pedir o derecho tutelado en cada uno, y las pretensiones que se deducen en los mismos. Luego, la causa de improcedencia que establece la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se refiere a actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, y se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras, a saber; 1.- Eficacia directa.- Opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate, y 2.- Eficacia refleja.- Con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta última modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades ya referidas, sino que sólo se requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos: 1.- La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente. 2.- La existencia de otro proceso en trámite. 3.- Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios. 4.- Las partes del segundo juicio hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero. 5.- En ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio. 6.- Que en la sentencia ejecutoriada se establezca un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico. 7.- Para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. Entonces, en las sentencias emitidas en los juicios de amparo, la cosa juzgada se rige, en principio, con las mismas bases que la generalidad de los procesos, porque igualmente tiene el objeto primordial de proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, pero tiene ciertas particularidades en los elementos establecidos uniformemente por la doctrina, cuya identidad se requiere para que opere la cosa juzgada: sujetos, objeto y causa. Apoya a lo anterior, la tesis aislada I.4o.C.36 K., publicada en la página 1842, tomo XXIX, febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado." Así, la eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada, al igual que la cosa juzgada, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en términos del citado artículo 61, fracciones XI, se establece con la improcedencia del juicio de amparo en los casos en donde el acto reclamado si bien es el mismo, las autoridades a las que se los atribuye no sean las mismas, toda vez que sí guardan vinculación estrecha entre sí, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales. Lo anterior tiene su génesis y se aplica por analogía en la tesis XII.1o.52 C., visible en la página 1844, tomo XXIX, febrero de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: "COSA JUZGADA REFLEJA. CASO EN QUE SE ACTUALIZA E IMPLICA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada de las fracciones III y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; lo cual tiene sustento fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa juzgada, cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme dictado en un anterior juicio de amparo. A su vez, la eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada, al igual que la cosa juzgada, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en términos del citado artículo 73, fracciones III y IV, implica la improcedencia del juicio de amparo en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva en diverso juicio de garantías, sí guarda vinculación estrecha con éste, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales; por tanto, resulta inconcuso que se actualiza la figura de la cosa juzgada refleja y, por ende, la improcedencia del juicio de garantías, cuando en un primer juicio la materia de estudio y la resolución definitiva hayan consistido en dejar a salvo los derechos de la parte actora en un incidente de liquidación para que se hicieran valer en la vía y forma que proceda, y el acto reclamado consista en la nueva decisión de la misma responsable, quien determina en el nuevo incidente de liquidación de intereses derivado de la misma causa, dejar a salvo los derechos de la parte actora; lo anterior es así, toda vez que aquel aspecto influye o se refleja en el segundo juicio de amparo, pues precisamente, ese contenido (dejar a salvo los derechos de la parte actora en el incidente de liquidación de intereses), es la vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del primero para que se resuelva sobre el segundo." Pues bien, a efecto de verificar que en la especie se surte el motivo de inejercitabilidad invocado, conviene hacer una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, que se derivan de las constancias que obran en el juicio de amparo 154/2017, del índice de este juzgado, en los términos siguientes: 1.- En el juicio civil de origen 255/1015-2, por propio derecho, demandó a **(aquí quejosa) en la vía ordinaria civil acción plenaria de posesión, respecto del bien inmueble ubicado en Calle **. 2.- Una vez agotado el procedimiento, el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, emitió la sentencia correspondiente en el que determinó que actor ** no acreditó la acción que dedujo en el presente juicio contra de la aquí quejosa. 3.- Inconforme con lo anterior, el actor José Cortes Ávila, interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien por sentencia de dos de junio de dos mil dieciséis, resolvió revocar la resolución de primer grado, dictada en el expediente natural. 4.- Inconforme con dicha resolución la aquí quejosa promovió amparo directo 934/2016 radicado en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito en la que determino lo siguiente: ".ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Celina Anzures Lima, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, por los motivos preciados en el último considerando de este fallo. 6.- Por lo que, dieciséis de enero de dos mil diecisiete, la Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, acudió al domicilio ubicado en Calle Evaristo Nava, número 10, barrio reyes de Yecapixtla, Morelos, para el efecto que hiciera la entrega del bien inmueble. 7.- Posteriormente, la parte impetrante presentó demanda de amparo señalando como acto reclamado "el mandamiento y/o requerimiento (dentro de la etapa de ejecución de sentencia), de desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en la Calle Evaristo Nava, número 10, barrio reyes de Yecapixtla, Morelos, ordenándose que dicho bien sea entregado a nuestro abuelo José Cortés Ávila, dictado en el auto de fecha dieciséis de Enero de dos mil dieciséis, dentro del juicio 255/2015-2, radicado en el Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito en el Estado de Morelos", demanda de la que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional radicada bajo el número 154/2017-III. Ahora bien, de las consideraciones jurídicas y fácticas antes expuestas, se advierte que en el presente asunto, como se adelantó, concurren los elementos de la eficacia refleja de la cosa juzgada, en virtud de que existe un juicio directo (934/2016 radicado en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en el cual se determinó "la Justicia no ampara ni protege a **" , en contra de la sentencia de dos de junio de dos mil dieciséis, emitida en juicio plenario de posesión. Ahora bien, en este juicio constitucional la parte promovente reclama la ejecución de la sentencia de dos de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 255/2015-2, por tanto, deviene una improcedente en virtud de que la misma ya fue discutida y resuelta en un fallo firme dictado en un juicio de amparo directo, de manera que el demandante no puede replantear la misma controversia en este juicio constitucional es decir la ejecución del bien inmueble, pues lo esencial es que ya quedó demostrado en el juicio de amparo anterior. Consecuentemente, ante la concurrencia de todos los elementos examinados, se arriba a la conclusión de que la cosa juzgada en el juicio de amparo 934/2016 relacionado, sí tiene eficacia refleja en este sumario constitucional; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracciones XI de la Ley de Amparo, del mismo ordenamiento legal. Sustenta el anterior razonamiento, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 450, del tomo IX, mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis I.7o.A.132 K, visible en al foja 2717, tomo XXXI, abril de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y tenor siguientes: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO.- El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados." Sin que pase desapercibido, para este juzgado que en juicio plenario de posesión solo fue demandada la representante de los menores Celina Anzures Lima, lo cierto es que ello significa la imposibilidad para realizar una condena jurídicamente válida a alguno de la totalidad de los poseedores materiales del bien, porque la finalidad de esa acción es recuperar la posesión de un determinado predio pero en su totalidad, independientemente de que lo detenten diversas personas. Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis VII.2o.C.113 C (10a.), visible en al foja 2390, tomo IV, Noviembre de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, del rubro y tenor siguientes: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. SE ACTUALIZA AL EJERCER LA ACCIÓN REIVINDICATORIA DE UN INMUEBLE, POR LO QUE ES ILEGAL QUE LOS EFECTOS DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL SÓLO ALCANCEN A UNOS POSEEDORES Y NO A LA TOTALIDAD, DADO QUE AQUÉLLA NO ES DIVISIBLE CUANDO SE HA DEMANDADO EN TÉRMINOS GENERALES.La acción reivindicatoria es de orden real, ello significa la imposibilidad para realizar una condena jurídicamente válida a alguno de la totalidad de los poseedores materiales del bien, porque la finalidad de esa acción es recuperar la posesión de un determinado predio pero en su totalidad, independientemente de que lo detenten diversas personas. De esa manera, resultaría ilegal que los efectos de una resolución jurisdiccional únicamente alcance a algunos coposeedores y no a la totalidad de ellos, en tanto que, por su naturaleza jurídica, la acción reivindicatoria no es divisible cuando se ha demandado en términos generales la reivindicación de un bien. En consecuencia, cuando no se haya demandado en forma delimitada y específica a los poseedores de un predio mediante la acción reivindicatoria, se estará ante un caso de coposesión y, por ende, se actualizará un supuesto jurídico de litisconsorcio pasivo necesario. Derivado de lo anterior, resultaría ilícita la absolución parcial de las pretensiones del actor respecto a unos demandados. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada por el aludido Tribunal Colegiado en el recurso de queja **, en cuyo punto resolutivo se determinó: "". Por tanto, acúsese recibo, lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifiquese.
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