Raúl Contreras Reyes
Expediente 513/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Raúl Contreras Reyes
Actuaciones
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, trece de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la Titular de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, cumple con el requerimiento efectuado mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, a través del cual informa que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, le correspondió conocer de la incompetencia por cuestión por vía, planteada por este Juzgado.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento de cuenta, a través del cual la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, comunica que aceptó la competencia planteada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 513/2022-IV-B; en atención a ello, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se trata de una incompetencia y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones el oficio que remite el Secretario de Finanzas del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a través del cual, informa el segundo pago mensual a favor de la aquí quejosa, exhibido ante la autoridad responsable, lo anterior a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable al Pleno y Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, remita el pronunciamiento dado al oficio SF/49/22, de cinco de abril de dos mil veintidós, o en su caso manifestar la imposibilidad para dar cumplimiento a este requerimiento a fin de acordar lo que en derecho corresponda. En el entendido que las determinaciones que emita en el juicio natural deberán realizarlas con celeridad y comunicarlas con la misma diligencia a este Juzgado considerando que se encuentra actuando en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a nueve mil seiscientos veintidós pesos ($9,622.00)1, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, siete de abril de dos mil veintidós. Del estado de autos, se advierte que se encuentra pendiente proveer respecto de los escritos reservados en proveídos de trece de mayo y, trece de julio de dos mil veintiuno, por tanto, atendiendo el estado procesal de los autos, enseguida se acuerda lo conducente: En tales condiciones, se tiene que por auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el ocurso registrado con el número de control 7619, mediante el cual la quejosa ofreció pruebas documentales consistentes en las constancias del informe justificado, que tuviera a bien remitir la autoridad responsable Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental de que se trata, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. En otro orden, en lo que atañe al escrito reservado en auto de trece de julio de dos mil veintiuno, registrado con el folio 11760, mediante el cual la parte quejosa pretende ampliar la demanda de amparo que dio origen al presente juicio respecto a diversas autoridades y actos reclamados. En principio, resulta oportuno establecer que la figura de la ampliación de la demanda se encuentra prevista en los artículos 111 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dicen: Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre los actos reclamados guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Artículo 117. [...] Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional. Del numeral transcrito en primer orden, se colige que la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo se condiciona a que se presente dentro los términos previstos en la propia ley, y por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, además de que se formule dentro de los plazos legales, también debe presentarse previamente a la celebración de la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. El contenido de este precepto se soporta en los principios jurídicos de economía procesal y de concentración, que resultan aplicables al juicio de amparo, conforme a los cuales es exigible que en la conducción de un enjuiciamiento se procure abreviar su duración, simplificar su tramitación y rechazar las diligencias innecesarias o inconducentes, para evitar costos innecesarios a las partes y al Estado, y ventilar todas las cuestiones litigiosas que guarden conexidad en un mínimo de actuaciones. Es por eso que, si una vez presentada una demanda de amparo, el quejoso estima conveniente formular nuevos aspectos de impugnación, debe instar nuevamente, en cuyo caso, si se trata del mismo acto, de las mismas autoridades, o de una cuestión que guarde relación con lo planteado, pueda hacerlo como una ampliación de la demanda inicialmente interpuesta, a condición de que no se haya agotado el plazo para ello. Una situación diversa se presenta cuando con posteridad al inicio de un juicio de amparo, el promovente tiene conocimiento de nuevos actos que estima lesivos a sus derechos, atribuibles a diversas autoridades. En ese supuesto, la fecha en que tenga conocimiento de ellos será el referente para la promoción del amparo, y en orden a los principios jurídicos mencionados, tiene la opción de plantear el nuevo amparo, como una ampliación si entre los actos reclamados en la demanda inicial y en la nueva existe una relación de conexidad o interdependencia que dé pauta para estimar favorable que se sustancien en forma conjunta y se decidan en una sola sentencia, lo que podría generar mayor agilidad en su tramitación e incluso evitar el dictado de resoluciones contradictorias. De lo hasta aquí expuesto puede afirmarse que siempre que se modifique la materia de litigio, debe ser mediante una demanda que dé lugar a un nuevo juicio, o bien, mediante una ampliación a la demanda inicial, siempre y cuando exista esa relación de conexidad, esto último en observancia de los principios de concentración y economía procesal, es decir, si no hay conexidad habrá un nuevo juicio. Ahora bien, sobre el tema en estudio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/99, estableció que la estructura procesal de la ampliación de la demanda de amparo se funda en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la ampliación de demanda es indispensable en el juicio de garantías para que cumpla su función constitucional de salvaguardar en su integridad los actos del poder público que puedan ser contrarios a la Carta Fundamental, ya que de no reconocerse esa posibilidad el gobernado se vería imposibilitado para reclamar en el amparo tales actuaciones o incluir nuevos argumentos de los originalmente planteados en la demanda inicial en perjuicio de sus intereses. Así, la ampliación de la demanda debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto en los siguientes casos: a) Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o, b) Cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. Asimismo, el Máximo Tribunal de Justicia en el País estableció que la ampliación puede recaer sobre: a) Los actos reclamados. b) Las autoridades responsables. c) Los conceptos de violación Lo anterior, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos establecidos en la Ley de Amparo, a partir del conocimiento de tales datos, pero guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Las anteriores consideraciones vertidas en la contradicción de tesis citada, dio origen a la jurisprudencial P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Aunado a lo anterior, el diverso numeral 117, último párrafo, de la ley de la materia, adiciona un supuesto de procedencia de la ampliación de demanda, exclusivamente para cuando se reclamen actos materialmente administrativos y la autoridad responsable al rendir su informe justificado, complemente la fundamentación y motivación de dichos actos, en cuyo caso la ampliación deberá versar en relación a las cuestiones surgidas de dicha complementación. En ese sentido, en el caso concreto, conviene señalar que la parte quejosa originariamente reclamó de las autoridades que señaló como responsables en su escrito inicial de demanda: El inicio y prosecución del expediente ministerial de extinción de dominio FED/UEMED/ED-TAMP/0000083/2020. La orden de aseguramiento ministerial respecto del inmueble ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 100, colonia Los Mangos, en Ciudad Madero, Tamaulipas, código postal 89440, del Estado de Tamaulipas, en el que se encuentra la negociación denominada Gasolinera Moringas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora bien, en el escrito de ampliación de demanda que se provee, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados que atribuye al [1] Fiscalía General de la República; [2] Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio adscrita a la Fiscalía General de la República, a cargo del Licenciado Efraín López Rodríguez; [3] Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula Segunda de la Unidad Especializada en materia de Extinción de Dominio, a cargo del Licenciado Abraham Huerta Vázquez; [4] Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en el Estado de Tamaulipas, [5] Guardia Nacional y [6] Secretaria de Defensa Nacional, los actos siguientes; La orden de detención, búsqueda, comparecencia, presentación, apercibimiento, entrevista, localización, y/o presentación ministerial o cualquier acto análogo que implique molestia, afectación, o privación de mi persona, mi libertad y mis bienes sin la previa garantía de la audiencia, llevando a cabo conforme a las formalidades de Ley, dentro de tal procedimiento de extinción de dominio incoado en mi persona física o de la persona moral que represento Gasolinera Moringas S.A. de C.V. en el expediente FEUD/UEMED/ED-TAM/0000083/2020, del índice del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula Segunda de la Unidad Especializada en materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República con residencia en la Ciudad de México, así como su ejecución. La orden o solicitud de aseguramiento ministerial o judicial respecto del inmueble ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 100, colonia Los Mangos, en Ciudad Madero, Tamaulipas, código postal 89440, del Estado de Tamaulipas. El inicio, prosecución, tramite y resolución "determinado de conformidad con la fracción II del artículo 173 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio" dentro del expediente ministerial de extinción de dominio FEUD/UEMED/ED-TAM/0000083/2020, y demás consecuencias jurídicas que ello implique. La ejecución de aseguramiento ministerial o judicial respecto del inmueble ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 100, colonia Los Mangos, en Ciudad Madero, Tamaulipas, código postal 89440, del Estado de Tamaulipas. De lo anterior, se desprende que los nuevos actos por los cuales pretende ampliar su demanda de amparo, no guardan relación estrecha ni se encuentran vinculados con los actos primigeniamente reclamados, lo anterior, porque se tratan de actos desvinculados entre sí, ello pues primigeniamente la parte quejosa promovió demanda de amparo en la que reclamó el inicio y prosecución del expediente ministerial de extinción de dominio FED/UEMED/ED-TAMP/0000083/2020, y en vía de consecuencia, la orden de aseguramiento ministerial respecto del inmueble ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 100, colonia Los Mangos, en Ciudad Madero, Tamaulipas, código postal 89440, del Estado de Tamaulipas, en el que se encuentra la negociación denominada Gasolinera Moringas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sin embargo, del planteamiento de la demanda, se colige que ahora pretende ampliar su demanda de amparo respecto de los nuevos actos destacados, pero relacionados al procedimiento de extinción de dominio ejercitada por las autoridades ministeriales responsables respecto del expediente FED/UEMED/ED-TAMP/0000083/2020, como todas las consecuencias que de dichos actos deriven, el cual, se advierte fue presentado con la demanda correspondiente ante los juzgados especializados en la materia, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, bajo el número de expediente 3/2021, de su estadística. Al respecto, debe tenerse presente el contenido de los artículos 4,8, 172 y 191 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, los cuales disponen: [A]rticulo 4. La acción de extinción de dominio se substanciará y resolverá de acuerdo a las formas y procedimientos que esta Ley establece; A falta de disposición expresa, sin perder la naturaleza autónoma del procedimiento, se aplicará en forma supletoria: I. Respecto al procedimiento, la legislación procesal aplicable en materia civil federal y a falta o insuficiencia de ésta, la legislación civil aplicable en el fuero común, del lugar de ubicación del inmueble; Il. En lo relativo a la administración, enajenación y destino de los Bienes, se aplicará la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Publico o las respectivas de las Entidades Federativas: III. En relación a la regulación de bienes, y cualquier otra figura propia del Derecho Civil, se estará a lo previsto en el Código Civil Federal o en el código civil de la entidad federativa que corresponda, según sea el fuero del Juez que conozca del asunto, y IV. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio; en aquellas actuaciones a cargo del Ministerio Público, a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de averiguaciones previas o procesos penales del sistema procesal mixto, al código aplicable en la materia. Articulo 8. La acción de extinción de dominio se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial y procederá sobre los bienes descritos en el artículo anterior, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. El proceso de extinción de dominio será autónomo, distinto e o independiente de aquel o aquellos de materia penal de los cuales se haya obtenido la información relativa a los hechos que sustentan la acción o de cualquier otro que se haya iniciado con anterioridad o simultáneamente. [A]rticulo.172, El procedimiento constará de dos etapas: Una preparatoria, que estará a cargo del Ministerio Publico para la investigación y «acreditación de los elementos de la acción de conformidad a las atribuciones asignadas en la presente Ley, y Una Judicial, que comprende las ases de admisión, notificación, contestación de la demanda, audiencia inicial, audiencia principal, recursos y ejecución de la sentencia. Artículo 191. El proceso de extinción de dominio inicia con la presentación de la demanda del Ministerio Público, la cual deberá contener: (.) De los preceptos legales en cita, se desprende que la acción de extinción de dominio constará de dos etapas: Una preparatoria, que estará a cargo del Ministerio Público para la investigación y acreditación de los elementos de la acción, en cuya etapa se aplicará de manera supletoria el Código nacional de Procedimientos Penales. Una judicial, que comprende el proceso jurisdiccional de naturaleza civil que inicia con la presentación de la demanda ante el Juzgado, en cuya etapa se aplicará de forma supletoria la legislación procesal en materia civil federal. En esas circunstancias, la ampliación de demanda de que se trata resulta improcedente, en razón a que los actos reclamados no guardan estrecha relación con los actos primigeniamente reclamados en la demanda inicial, pues mientras éstos derivan de la etapa de preparación de la acción de extinción de dominio ejercida respecto del bien inmueble descrito con antelación; los nuevos que plantea, emanan del proceso jurisdiccional de extinción de dominio; de ahí que resulta patente, que no pueden ser materia de estudio en el presente juicio. Remisión de escrito de ampliación a la Oficina de Correspondencia Común. Sin embargo, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de acceso a la justicia de la quejosa, previstos en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a criterio de esta Juzgadora, se estima que en el caso se está en presencia de una nueva demanda de amparo, totalmente independiente a la que dio origen a este asunto. Por tanto, se procede a dar el trámite correspondiente a dicha demanda y, por ende, se ordena remitir el escrito de ampliación de cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico y Ciudad Madero, para que lo turne al órgano jurisdiccional que corresponda; lo anterior, previa copia que se obtenga de dicho libelo, y se agregue en los presentes autos, para debida constancia. Por las razones que la invocan se estima aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis P./J. 7/2020 (10a.), de rubro y texto de tenor siguiente; AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla. También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.1º.A.E.69K (10a.), de rubro siguiente: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, DEBE PROVEERSE SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE. Cuando el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales, se estima favorable la sustanciación de ambas en un solo procedimiento, en aras de brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe tener esta última como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente. En virtud de lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de mayo del dos mil veintidós. Finalmente, mediante oficio que al efecto se libre, comuníquese la presente resolución al Primer Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para los efectos legales que correspondan en el recurso de queja 51/2022.
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