Raúl Contreras Guadarrama
Expediente 850/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/06/2018
Partes del expediente
- Raúl Contreras Guadarrama
Actuaciones
- Principal
MESA III. CAUSA ESTADO. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: DESTINO EXPEDIENTE PRINCIPAL. El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Además, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
MESA III. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA III. AVISO (QUEJOSA R.C.G.) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE 08 DE JUNIO DE 2018, QUE DICE: "Toluca, Estado de México; ocho de junio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho contra actos del Juez Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 850/2018-III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: 1. La resolución interlocutoria de tres de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez responsable por el cual resolvió el recurso de revocación hecho valer en el juicio **/2017 de su índice, revocando el auto de dos de abril del año en curso y como consecuencia, teniendo por presentadas las excepciones, oposiciones y la prueba superviniente promovidas por ***. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese sentido, se destaca que respecto del citado acto reclamado, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. Los citados artículos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe señalarse que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional y 170 de la Ley de Amparo; pero, existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el propio artículo 107, fracción III, incisos b) y c) constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Así, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquéllos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales; ya que de obtener una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de esa violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse algún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado; de modo que resulta necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para en su caso, combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado, como una violación procesal. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Ahora bien, los dispositivos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, disponen que cuando se reclaman actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Es decir, procede el juicio biinstancial, solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando por lo tanto improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente tienen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia P./J.24/92, del Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Pleno, de la siguiente manera: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación, que hiciera procedente el juicio de amparo. Es conveniente destacar que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo; el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías individuales, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. A mayor abundamiento, no puede ser considerado como acto de imposible reparación para el quejoso, la sentencia interlocutoria dictada el tres de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio **/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por el cual resolvió revocar el auto de dos de abril del año en curso y como consecuencia, teniendo por presentadas las excepciones, oposiciones y la prueba superviniente promovido por ***, lo que se traduce en una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, y los efectos de este tipo son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De ahí que el acto reclamado sólo se traduce en la confirmación del auto por el que no se tuvo por admitida una prueba en el juicio de origen, lo cual es de naturaleza procesal, cuyos efectos no inciden sobre derechos sustantivos de la parte quejosa. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva, según sea el caso, y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, en el presente asunto al quedar asentado que el acto reclamado es una violación de carácter procesal, hay que estar a lo establecido en el numeral 172, fracción VII, en el sentido de que se tomarán en cuenta como violaciones a las leyes del procedimiento y que afecten las defensas del quejoso, los demás casos análogos a las fracciones que la preceden a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 40 26/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE." Así como también es aplicable el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis XXI.1o.28 K, cuyo epígrafe y dictamen rezan: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS." Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ***, por propio derecho contra actos del Juez Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios a ***; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona en el ocurso que se provee; hasta en tanto, registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente a la parte promovente."
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