Raul Chavez Castañeda
Expediente 1429/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1429/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 12/05/2021
Partes del expediente
- Raul Chavez Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Ciudad de México, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. En razón de lo anterior, se provee: Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este expediente, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO En ese orden y siendo que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo texto es: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN." DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Por otra parte, de conformidad con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) del mencionado Acuerdo General, puesto que se trata de un expediente en el que se decretó el sobreseimiento y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 17 del Acuerdo General en cita; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el referido Acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Acuerdo General referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, puesto que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35 del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de Delegado del Director General de Planeación y Administración de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y de la Directora de Administración de Recursos Humanos ambos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mediante el cual solicitan copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa; atento su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, remítasele las copias que indican. Por otra parte, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Finalmente, se tiene como correo electrónico de esas autoridades para recibir notificaciones el que indican; y como número telefónico para establecer comunicación con las mismas, en caso de que así lo estime necesario este juzgador, el que señalan. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, personalmente a la parte quejosa, y en su caso, por oficio a las autoridades responsables una vez que reanuden labores.
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Ciudad de México, dos de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite diversa promoción correspondiente a este expediente, al respecto se provee: Agréguese a los autos el oficio remitido por el juzgado federal de referencia, de la Secretaría de la Función Pública, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en autos; en consecuencia, se tiene como correo electrónico para recibir notificaciones durante la contingencia por la pandemia COVID-19, el que indica; en consecuencia, instrúyase al área de actuaría para que atienda a dicha formalidad al momento de notificarle. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que para tal efecto señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
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Ciudad de México, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Apoderada General para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remite la planilla de cuantificación a favor del quejoso por el importe líquido de $***********; por concepto de prestaciones, por el periodo de uno de febrero de dos mil once al treinta y uno de octubre de dos miol dieciocho, en atención a lo anterior dese vista a la parte quejosa, con copia del oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto al calculo de percepciones efectuado por la autoridad y estar en aptitud de solicitar el cumplimiento de la sentencia; apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho plazo, este juzgado de distrito lo tendrá por conforme con lo manifestado por la autoridad responsable y continuara con el procedimiento del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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Ciudad de México, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, provéase lo conducente respecto a la suspensión de los actos reclamados señalados en el escrito de ampliación de demanda, presentada por **********, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia de la ampliación de demanda y anexos, según corresponda, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Así, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Ahora bien, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: " SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa, esto es, que las responsables se abstengan de aplicar el Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 111/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Con ese propósito, para determinar si resulta procedente o no la suspensión solicitada, se analizarán en orden los siguientes aspectos: 1) La certeza de los actos reclamados. 2) Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. Ahora, respecto de los efectos y consecuencias de la medida cautelar solicitada consistente en que las responsables no apliquen el Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, dado que por su naturaleza son susceptibles de paralización, lo procedente es verificar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "ARTÍCULO 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Del precepto transcrito en primer término, se deprenden los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la suspensión, a saber: 1) Que la solicite el agraviado. 2) Que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. 3) Que el quejoso aduzca un interés legítimo, y acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. Por su parte, de lo señalado en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se desprende que es necesario que si el quejoso aduce un interés legítimo, éste deberá acreditar un daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue; ahora, si bien es cierto que el artículo en comento hace referencia a un interés legítimo, no menos lo es que si para este tipo de interés se habla de que el quejoso debe acreditar el daño inminente e irreparable, con mayoría de razón también deberá hacerlo cuando aduzca ser titular de un interés jurídico, como lo manifiestan los peticionarios de amparo. Esto es así, ya que si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo no prevé de manera expresa el requisito mencionado en el artículo 131 de la citada ley, también lo es que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas, aunado al hecho de que un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen. Por lo que de la interpretación sistemática de los artículos en comento, se colige, que se concederá dicha medida cautelar, cuando se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; lo que impone a los quejosos la obligación de acreditar en el juicio de amparo que son titulares del derecho que dicen le es afectado. Ahora bien, el artículo 131 de la Ley de Amparo, supone la demostración de su interés en forma presuntiva en la suspensión provisional al solicitar ésta y, fehaciente en la definitiva; dicho interés es un requisito de procedencia de la medida cautelar, y su examen implica generalmente el de la apariencia del buen derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad de los quejosos para promover la suspensión de los actos reclamados. En ese tenor, los requisitos previstos en el artículo 128, se ven colmados; puesto que el primero de ellos se cumplió plenamente, pues en el escrito de demanda se solicitó la medida suspensiva, en cuanto al segundo, se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. Acreditación de requisitos de procedencia de la medida cautelar. El siguiente paso para analizar la procedencia de la suspensión de los actos reclamados es verificar que el quejoso cuenta con interés suspensional, así como llevar a cabo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no generación de un perjuicio interés social y la no contravención a disposiciones de orden público, lo que encuentra sustento en los numerales 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, en principio es necesario determinar si el interés con el que acude al quejoso a solicitar la suspensión corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, esto es, si cuenta con lo que se ha denominado "interés suspensional", esto es, el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Una vez acreditado el interés suspensional, debe sopesarse el análisis de la apariencia del buen derecho, lo cual implica, de acuerdo con lo sostenido por el Alto Tribunal, llevar a cabo un examen superficial sobre el asunto y advertir una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Sobre el particular, debe decirse que el análisis en cuestión se traduce en la facultad del juzgador de realizar un cálculo de mera probabilidad con base en las manifestaciones de la parte quejosa, las cuales deben ser suficientes para considerar la verosimilitud del derecho y determinar si se concede o no la suspensión. Por ende, a partir del referido estudio será posible advertir si en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar, con un alto grado de acierto, que obtendrá la protección federal que busca. Cabe señalar que el análisis correspondiente no puede llegar al extremo de exigir al juzgador que estudie las circunstancias del solicitante desde todos los puntos de vista posibles, toda vez que ello no equivaldría a establecer una mera hipótesis o apariencia del derecho en cuestión, sino emprender un estudio exhaustivo, el cual es propio de la sentencia de fondo. En ese sentido, el estudio de la apariencia del buen derecho se reduce únicamente a un asomo provisional de los elementos que integran el asunto, de modo que el resultado de la suspensión de ningún modo prejuzga o vincula sobre la certeza del derecho cuestionado, ya que tal situación sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base en un procedimiento más amplio y con mayor información. Establecidos los alcances de la apariencia del buen derecho, en párrafos precedentes se señaló que la demostración de dicha hipótesis no asegura, por sí misma, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, ya que es necesario contrastar ese resultado con la posible afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, de conformidad con la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 204/2009 (9ª) (registro 165659), de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.". Una primera postura de los tribunales federales ha sido dotar de contenido a esos conceptos a través de su interpretación literal, señalando que "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad o importancia; "interés social" supone un beneficio o utilidad para la comunidad o la sociedad; "orden" implica la idea de un mandato que debe ser obedecido; y, "público", como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada II.1o.A.23 K (9ª) (registro 178594), de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS ´INTERÉS SOCIAL´ Y ´ORDEN PÚBLICO´, PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN.". No obstante, el criterio mayoritario se ha perfilado en el sentido de que el "interés social" y el "orden público" son conceptos jurídicos indeterminados que son imposibles de delimitar, toda vez que el dinamismo de la sociedad y la multiplicidad de las relaciones con la autoridad hacen necesario ajustar tales conceptos a la realidad imperante en una época determinada, lo cual resultaría difícil si a través de una fórmula legal y rígida se pretende definir, para todos los casos, cuándo se afectan los intereses colectivos de la sociedad. Por ello, para entender tales conceptos es necesario referir que el común denominador de los criterios aislados y jurisprudenciales sobre el tema ha consistido en establecer que la suspensión del acto reclamado afecta al interés social y a disposiciones de orden público cuando la paralización de aquél priva a la colectividad de un beneficio que le concede las leyes o le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Es decir, el significado de interés social y de orden público siempre ha estado asociado a las preocupaciones fundamentales y trascendentes para la colectividad, de modo que el interés particular del quejoso no puede sobreponerse a los temas respecto de los cuales la sociedad guarda una especial preocupación, tal y como ocurre, por ejemplo, con los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que conforme al último párrafo del propio numeral 129 el juez, de manera excepcional, puede conceder la suspensión contra los actos previstos en el precepto legal transcrito, siempre que -a su juicio- con la negativa de la medida pueda causarse mayor afectación al interés social; aspecto que, en todo caso, dará lugar a una motivación reforzada sobre por qué resulta más gravoso permitir la ejecución de aquellos actos que, por sí mismos, son considerados lesivos de los intereses de la colectividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada IV.2o.A.73 K (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD EXCEPCIONAL DE CONCEDERLA, AUN EN LOS SUPUESTOS EN QUE EL LEGISLADOR CONSIDERÓ QUE DE OTORGARLA SERÍA CONTRARIO AL INTERÉS SOCIAL, A LA LUZ DE LA FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA PONDERACIÓN COMO BASE DE LA DECISIÓN.". Bajo esa tesitura, el interés social y el orden público se inscriben como dos conceptos indeterminados cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, para lo cual deben ser observados bajo el tamiz de las condiciones que resultan esenciales para el desarrollo armónico de la comunidad, el correcto funcionamiento del Estado y las reglas mínimas de convivencia social. Por ello, si bien la estimación del orden público corresponde determinarla a otros órganos políticos del Estado, lo cierto es que no es ajeno a la función de los jueces de amparo apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten a consideración, verificando que la suspensión no prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o infiera un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto, es preciso indicar que la valoración de estos aspectos no depende de las apreciaciones subjetivas del juzgador, sino que su análisis debe descansar en elementos objetivos que representen las preocupaciones fundamentales de una sociedad, exponiendo los motivos por los que se considere que un caso concreto ocasiona o no perjuicio al interés social, o bien, contravenga o no disposiciones de orden público. Asimismo, siguiendo los criterios jurisprudenciales, para considerar que la suspensión del acto resulta perjudicial para dichas instituciones, no basta que el acto reclamado se fundamente en leyes de interés social, o bien, se presente desde el punto de vista formal como una representación del orden público. Por el contrario, es menester atender a un criterio material conforme al cual la suspensión causaría tales perjuicios, no por el apoyo formal en que se funda, sino por las características materiales del acto mismo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: Jurisprudencia 2a./J. 81/2002 (registro 186415), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."; Tesis aislada s/n (8ª) (registro 227491), de rubro: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA."; Tesis aislada s/n (registro 254979), de rubro: "SUSPENSION. INTERES SOCIAL O INTERES PÚBLICO. SU DEMOSTRACION."; Tesis aislada s/n (registro 228764), de rubro: "ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSION.". Así las cosas, es dable concluir que el interés social y el orden público no constituyen nociones que puedan ser delimitadas para todos los casos. Por ende, para determinar si se afectan tales instituciones debe partirse de la premisa de que constituyen la máxima expresión del interés de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos y atribuciones dentro del Estado. Esto es, para mantener la tranquilidad, el bienestar colectivo y la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, libertades y poderes dentro del Estado de Derecho, ya que sólo así pueden coexistir de manera pacífica el poder de la autoridad y la libertad de los individuos. En ese sentido, la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurar el respeto del orden público y representar un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, pero ponderando los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos. A través de este ejercicio, puede subsistir un equilibrio entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas. Resulta orientadora la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a.) (registro 2002421), de rubro: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD.". Una vez expuesto lo anterior, procede analizar si los actos cuya suspensión solicitó la quejosa, una vez acreditada su existencia, que su naturaleza permite su suspensión, así como que no encuadran dentro de los supuestos de prohibición a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, reúnen los requisitos de acreditar el interés suspensional, superar el examen de la apariencia del buen derecho, así como que con la concesión de la medida cautelar no se cause un perjuicio al interés social, ni se violen disposiciones de orden público, conforme a los siguientes argumentos: En cuanto a la acreditación del interés suspensional de la parte quejosa, demostró tener el carácter de servidor público al momento de la vigencia de la ley reclamada, ya que en la demanda presentada acompaña los documentos con los que acredita la calidad de servidor público, como son originales de la constancia de nombramiento de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral así como los recibos de nómina. En esa tesitura, se considera que el quejoso pertenece a los destinatarios que deben de cumplir con las obligaciones que establece la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, al prestar sus servicios como servidor público del Instituto Nacional Electoral por lo que, resulta evidente que con dicho cargo es sujeto regulado por el decreto reclamado. Ahora bien, a partir de tales premisas, este órgano jurisdiccional considera que se tiene que la naturaleza de los actos reclamados permite ser objeto de suspensión, en razón de que los efectos y consecuencias de éste son de carácter positivo y constituyen actos de realización inminente, por ende, son susceptibles de paralizarse conforme al artículo 107, fracción X, constitucional, ya que prescribe las características que deben revestir las remuneraciones de ciertos sujetos, quienes no pueden recibir un pago mayor que el Presidente de la República; y de hacerlo, los conmina a realizar un reporte que, en caso de omisión, los podría vincular con la comisión de un ilícito. Por lo tanto, si como ya se ha visto de la interpretación de la ley reclamada, ésta no contempla un procedimiento para ajustar los sueldos y salarios de los servidores públicos en lo individual, razonablemente aquellos que rebasen la cuantía de los emolumentos percibidos por el Presidente de la República, serán disminuidos. De ahí que se tenga por existente el acto reclamado y se defina su naturaleza como un acto positivo futuro pero de realización inminente. Ahora bien, como se indicó líneas arriba, para resolver acerca de la medida suspensional, respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, es preciso analizar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, pues de no ser así, la medida debe negarse. La parte quejosa para demostrar que es sujeto de la norma que reclama, argumenta prestar sus servicios en el Instituto Nacional Electoral y que los artículos que impugna regulan su remuneración como servidor público, implementando un tipo penal al que podría ajustarse en ciertos supuestos. Circunstancia que la parte quejosa demuestra mediante la exhibición de las documentales señaladas en párrafos precedentes que acompañó a la demanda de amparo; de modo que con las documentales de referencia se acredita que **********, cuenta con la calidad de servidor público. Documentos que en su conjunto se consideran suficientes para acreditar el interés suspensional que asiste al accionante del amparo y de la medida suspensiva que ahora nos ocupa. Es así, pues mediante éstas se justifica que el interesado es servidor público de la institución en comento; lo que incide en la sujeción a las normas que impugna. Así pues, se satisface el requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo (que lo solicite el quejoso), con la presentación de la demanda y la petición de suspensión, aduciendo la afectación que les causa de manera directa e inmediata la sola entrada en vigor de las normas reclamadas, toda vez que, desde ese momento se incorporan prohibiciones y obligaciones que inciden en la esfera jurídica de derechos de las solicitantes del amparo, tales como la prohibición a todo servidor público de recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, que se determinará en el presupuesto de egresos correspondiente, conforme al principio rector de anualidad, así como realizar reportes cuando se reciba un pago de los considerados como indebidos. Por otra parte, cabe mencionar que de igual manera, se estima satisfecho el requisito contenido en la fracción II del citado numeral, ya que no se causa afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Al caso debe entenderse por interés social y orden público la referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre un sistema coherente de valores y principios, estos últimos se traducen en el balance entre los derechos humanos y las libertades individuales, con los de la comunidad. Al respecto, debe recordarse que la Ley de Amparo en su artículo 128, fracción II, señala como requisitos de procedencia -regla general- que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el diverso artículo 129 de la aluda ley reglamentaria, como regla específica, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales quien resuelve no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el suscrito tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, como ya se mencionó, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. En consecuencia, se debe analizar si el acto reclamado, por sí solo, actualiza alguna hipótesis del artículo 129 citado. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo 107 constitucional, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia, para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho de la parte quejosa que pretende paralizar la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, cabe abundar en que, corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar con esta institución. Entonces, se insiste, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Respecto a este tema, debe destacarse que el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo dispone, en lo conducente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; (.)" De lo transcrito se advierte que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En torno a ello, el último párrafo del aludido numeral establece que excepcionalmente podrá concederse la suspensión, a pesar de que se trate de los casos previstos en la propia norma, si a juicio del juzgador con la negativa pueda causarse mayor afectación al interés social. Entonces, al ponderar la afectación que la parte quejosa pretende evitar y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionaría un daño mayor que con el otorgamiento de ésta. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite con motivo de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, la finalidad de dicha ley reglamentaria de la Constitución, es proteger los derechos humanos consagrados en ésta y en los pactos internacionales en los que México sea parte, de las transgresiones de que fueren objeto con motivo de normas generales, actos y omisiones de las autoridades. En ese sentido, se recuerda que la referida fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, establece que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En el caso, cabe precisar que, entre otros aspectos, el decreto tildado de inconstitucional prevé el delito de remuneración ilícita, cuando se reciba un pago no autorizado, de conformidad con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, o bien, cuando éste sea indebido, en términos de la fracción I del artículo 217 Bis adicionado en el aludido decreto, sin realizar su reporte. Ahora bien, es obligación de este órgano jurisdiccional realizar una interpretación conforme, como lo mandata el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo 1°. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favorablemente en todo tiempo a las personas la protección más amplia." En razón de lo anterior, al realizar la interpretación de la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, conforme al artículo 1° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ejercicio que a su vez exige optar por el sentido del que derive un resultado más acorde al texto constitucional, a fin de garantizar la debida supremacía y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico), no pasa inadvertido para quien resuelve que las normas reclamadas están contenidas en una legislación reglamentaria de la Constitución Federal, esto es, de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna; sin embargo, al ser un mandato constitucional se debe realizar una interpretación conforme, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, por lo que se considera que la interpretación conforme del artículo 129, fracción III, respecto al artículo 1° constitucional, implica un espectro de protección más amplio para los peticionarios de amparo, en los términos referidos precedentemente. Con lo que se tienen por satisfechos los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por otro lado, conviene precisar que la apariencia del buen derecho, en términos de los artículos 107, fracción X, constitucional y 138 de la Ley de Amparo, constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, que encomienda al juzgador adoptar la decisión más óptima, a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, para maximizar el fin de dar eficacia a la suspensión sin lastimar el interés social, sin que la norma constitucional otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del fin constitucional perseguido, en función de las particularidades de cada asunto. En el caso, la aplicación de las normas reclamadas puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera de la parte quejosa tanto a nivel personal, como en su carácter de funcionario público. Al respecto, es de reiterarse, que la parte quejosa son personas con una relación laboral-administrativa para con el Estado Mexicano, dado que son servidores públicos perteneciente al Instituto Nacional Electoral como se advierte de las documentales descritas en párrafos precedentes. Luego, vista la afectación subjetiva de manera aislada, es decir, un particular que no desempeñe un cargo revestido de protección constitucional, cuya función se desenvuelve en un principio de división de poderes, pudiera pensarse que es necesario que materialmente resienta un perjuicio económico. En razón de que el principio de anualidad, desde este momento y desde una perspectiva económica, pudiera considerarse que no produce efectos objeto de la paralización de las normas, pues el sueldo del presidente del país se autoriza en el presupuesto anual; entonces, es factible que tal afectación recaiga en el inicio del siguiente ejercicio fiscal. En cuyo caso, estará conminando a realizar un reporte a su superior jerárquico si su remuneración supera a la del titular del ejecutivo. Sin embargo, como se dijo, la parte quejosa es servidor público perteneciente al Instituto Nacional Electoral, por lo que la sola vigencia de las normas reclamadas, por su contenido y fin, le irradian una afectación, dado que su posición no se limita a su proyecto de vida y conservación de status quo, sino de protección inmediata de sus funciones dentro del órgano desconcentrado a la cual se encuentra adscrito, potencialmente menoscabadas con motivo de la sola vigencia de las normas reclamadas, como enseguida se expone. De manera ilustrativa se acude a las tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que determinó que la existencia de una norma que penalice de inicio la búsqueda de información puede constituir un efecto amedrentador (tener un chilling effect), hacia los periodistas; cuyo efecto previsible (con las consabidas diferencias entre la actividad periodística y la jurisdiccional), es factible que se actualice en el caso, con relación a las sanciones punitivas descritas en el decreto reclamado. El criterio invocado se encuentra contenido en las tesis aislada 1a. XXXIII/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, de la décima época, materia común, visible a página 680, de texto y rubro siguiente: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.". Entonces, a través de la suspensión del acto que se reclama, se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos de los pretendientes de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo; puesto que mientras ello no suceda, la estabilidad y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral puede resultar menoscabada. Luego, si el peticionario de amparo acreditó con las documentales que obran en autos, que es servidor público perteneciente al Instituto Nacional Electoral, por lo que a nivel subjetivo cuenta con la protección constitucional a la independencia administrativa, así las cosas, en apariencia del buen derecho que les asiste, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada, para los efectos siguientes: Para que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se le aplique el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, asi como su inminente aplicación, ni alguna diversa que tenga concordancia y suponga la operatividad reclamada. No se le apliquen las normas generales que combate, ni alguna diversa que tenga concordancia y suponga la operatividad de las reclamadas; esto es, que el parámetro de cálculo para las remuneraciones de ejercicios fiscales subsecuentes, relativas al puesto que ocupa como Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, no sea el salario del Presidente de la República; que las autoridades responsables se abstengan de eliminar, menoscabar, reducir o alterar en perjuicio del accionante las remuneraciones que actualmente percibe, conforme al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente, en los términos y plazos establecidos antes de la entrada en vigor del decreto reclamado. Asimismo, que no se le finque responsabilidad penal o administrativa por el pago que reciba sobre esos conceptos, lo que implica que tampoco podrá ser detenido con motivo de hechos derivados de la percepción de sus remuneraciones, ni iniciarse en su contra alguna carpeta de investigación por tal razón. Lo anterior, hasta que se resuelva suspensión definitiva en este asunto. En la inteligencia de que dicha medida surte sus efectos de inmediato y se otorga sin garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados y al no advertirse la existencia de terceros interesados. Además, conviene precisar que todas las autoridades responsables se encuentra vinculadas al cumplimiento de la medida suspensiva otorgada, las que deberán pasar por ésta en forma puntual en la totalidad de los actos subsecuentes que emitan. Una vez analizados los requisitos para conceder o negar la suspensión provisional de los actos reclamados por la quejosa, y atendiendo a lo expuesto en líneas anteriores, se concede la suspensión provisional, respecto de la aplicación del el Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve. Cabe destacar que la medida cautelar surtirá sus efectos desde luego y siempre que las disposiciones legales reclamadas no se hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa de manera irreparable, ello en virtud que la naturaleza de la medida suspensional impide que sus efectos sean restitutorios e incluso que puedan retrotraerse a actos anteriores a la fecha de presentación de la demanda de amparo, máxime que ello, en todo caso, será materia de la sentencia que se dicte en el cuaderno principal, respecto de la restitución de derecho que pueden verse afectados con la aplicación de la ley reclamada. Sirve de sustento a lo anterior, Tesis: XIII.P.A.3 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 2016125, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS, SIEMPRE QUE EL ACTO RECLAMADO NO SE HUBIERA CONSUMADO IRREPARABLEMENTE, PREVIA PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL INTERÉS SOCIAL." La suspensión provisional decretada surte sus efectos desde luego y hasta en tanto este juzgado federal se pronuncie respecto de la suspensión definitiva. Notifíquese; por medio de lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (hoy Fiscal Ejecutivo Titular)
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