Raul Chapa Tellez

Expediente 1625/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1625/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Raul Chapa Tellez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase la devolución del toca civil 226/2021-III y testimonio de apelación 202/2020, a la Magistrada Presidenta de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, solicitando confirme la recepción de dichas constancias a la brevedad posible. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito por el que remite la demanda de amparo signada por ***, por propio derecho, téngaseles solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, toda vez que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva por que no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, dado que esta se encuentra concluida emitida después de concluido el juicio de origen. En atención a lo antes expuesto, este órgano de control constitucional asume la competencia planteada. Acúsese de recibo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1625/2021-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: La sentencia de catoce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 226/2021-III, que confirmó el auto de nueve de abril del dos mil veintiuno, por el cual la jueza de origen no dio curso al incidente de nulidad de actuaciones planteado por ***. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;" Se afirma lo anterior, pues el acto reclamado consiste en la sentencia de catoce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 226/2021-III, que confirmó el auto de nueve de abril del dos mil veintiuno, por el cual la jueza de origen no dio curso al incidente de nulidad de actuaciones planteado por *** En efecto, la resolución que confirmó la diversa que no dio curso al incidente de nulidad de actuaciones promovido constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, por no afectar, directa e inmediatamente, derechos sustantivos establecidos en la Constitución, y el perjuicio procesal no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, dado que éste continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, lo que no encuentra obstáculo en el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación. Ahora bien, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra uno de los actos que en esta vía se reclama y que se precisó en líneas arriba, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los derechos fundamentales que consagra; por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio; ya que esta circunstancia constituiría en su caso, una violación procesal que trascienda al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, debe reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga contra la resolución correspondiente, por supuesto si ésta es contraria a los intereses de la quejosa, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 171 y 172 del cuerpo de leyes en cita, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que consideren haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considera violatoria de derechos fundamentales. A mayor abundamiento, no puede ser considerado como acto de imposible reparación el acto que tilda de inconstitucional, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violación son meramente formales y son reparables si la quejosa obtiene una sentencia favorable. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución correspondiente y se impugne a través del juicio de amparo directo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que la afectada con la resolución correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10ª); de rubro: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES." Así, el acto reclamado no trae como consecuencia una ejecución irreparable, pues su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal y son reparables si la quejosa obtiene una sentencia favorable, máxime que del escrito de demanda no se advierte que en el juicio de origen no haya dictado sentencia definitiva. Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, esto por contar con registro de su cedula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito y a los demás profesionistas en términos restringidos por no contar con el registro citado. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Visto el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito por el que remite la demanda de amparo signada por ***, por propio derecho, téngaseles solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, toda vez que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva por que no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, dado que esta se encuentra concluida emitida después de concluido el juicio de origen. En atención a lo antes expuesto, este órgano de control constitucional asume la competencia planteada. Acúsese de recibo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1625/2021-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: La sentencia de catoce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 226/2021-III, que confirmó el auto de nueve de abril del dos mil veintiuno, por el cual la jueza de origen no dio curso al incidente de nulidad de actuaciones planteado por ***. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;" Se afirma lo anterior, pues el acto reclamado consiste en la sentencia de catoce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 226/2021-III, que confirmó el auto de nueve de abril del dos mil veintiuno, por el cual la jueza de origen no dio curso al incidente de nulidad de actuaciones planteado por *** En efecto, la resolución que confirmó la diversa que no dio curso al incidente de nulidad de actuaciones promovido constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, por no afectar, directa e inmediatamente, derechos sustantivos establecidos en la Constitución, y el perjuicio procesal no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, dado que éste continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, lo que no encuentra obstáculo en el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación. Ahora bien, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra uno de los actos que en esta vía se reclama y que se precisó en líneas arriba, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los derechos fundamentales que consagra; por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio; ya que esta circunstancia constituiría en su caso, una violación procesal que trascienda al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, debe reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga contra la resolución correspondiente, por supuesto si ésta es contraria a los intereses de la quejosa, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 171 y 172 del cuerpo de leyes en cita, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que consideren haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considera violatoria de derechos fundamentales. A mayor abundamiento, no puede ser considerado como acto de imposible reparación el acto que tilda de inconstitucional, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violación son meramente formales y son reparables si la quejosa obtiene una sentencia favorable. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución correspondiente y se impugne a través del juicio de amparo directo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que la afectada con la resolución correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10ª); de rubro: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES." Así, el acto reclamado no trae como consecuencia una ejecución irreparable, pues su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal y son reparables si la quejosa obtiene una sentencia favorable, máxime que del escrito de demanda no se advierte que en el juicio de origen no haya dictado sentencia definitiva. Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, esto por contar con registro de su cedula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito y a los demás profesionistas en términos restringidos por no contar con el registro citado. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese personalmente". NOTIFÍQUESE

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