Raúl Cervantes Ayala

Expediente 716/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
716/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2021

Partes del expediente

  • Raúl Cervantes Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno.Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio vía electrónica de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; del que se advierte que dicho Tribunal tuvo por recibos los autos originales del juicio de amparo 716/2021-I, e informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado Federal, en relación con la demanda de amparo promovida por Raúl Cervantes Ayala, por propio derecho, registrándolo con el número de amparo directo 356/2021, de su índice. Asimismo, solicita se notifique personalmente y por medio de listas que se fijen en este Juzgado al quejoso Raúl Cervantes Ayala, el auto de once de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el amparo directo 356/2021, de su índice y se le requiera para que en el término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación, señale domicilio en la Ciudad de Toluca, Estado de México o área conurbada, a fin de oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá como su domicilio las listas que se fijen en dicho órgano colegiado. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, con el fin de que notifique personalmente y por medio de listas que se fijen en este Juzgado al quejoso Raúl Cervantes Ayala, el auto de once de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el amparo directo 356/2021, del índice del Tribunal oficiante y lo requiera para que en el término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación, señale domicilio en la Ciudad de Toluca Estado de México o área conurbada, a fin de oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá como su domicilio las listas que se fijen en dicho órgano colegiado. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el cuaderno de antecedentes en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, en cumplimiento a la fracción II del artículo 6°, e inciso a) de la fracción I, del artículo 20, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses que para tal efecto se establece; toda vez que el doce de agosto de la presente anualidad, causó estado el desechamiento parcial de la demanda de amparo, que se emitió el veintinueve de julio de la presente anualidad, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, se avocó al conocimiento del asunto respecto del diverso acto reclamado; asimismo, a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. POR TANTO SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE ONCE DE AGOSTO QUE EN LO QUE INTERESA DICE: En los autos del Juicio de Amparo Directo 356/2021, promovido por Raúl Cervantes Ayala, se dictó el siguiente acuerdo: Totuca, Estado de México, a once de agosto de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio 15231/2021 de cuenta, del secretario encargado del despacho de! Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucaipan de Juárez, mediante el cual en cumplimiento a la resolución de veintinueve de julio pasado, remite el juicio de amparo indirecto 716/2021-1, en el que obra la demanda de amparo presentada por Raúl Cervantes Ayala; ya que considera que corresponde su conocimiento a un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito. Acúsese recibo. Fórmese y regístrese expediente impreso y electrónico como amparo directo 356/2021. En el caso, Raúl Cervantes Ayala reclama la sentencia definitiva de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, que resuelve el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoría 842/2018; por tanto, este tribunal acepta la competencia planteada por la autoridad oficiante, al estar en presencia de una resolución que pone fin al juicio. Se ordena desglosar la demanda original, previa copia certificada que se deje en su lugar, y con fundamento en ei artículo 178 de la Ley de Amparo, se solicita atentamente al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, que certifique al pie del escrito de la demanda de amparo, la fecha en que se notificó al quejoso la resolución reclamada y la de presentación de la misma, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas asimismo, tenga a bien remitir los autos origínales del expediente 842/2018 del índice de su adscripción, y en su caso los documentos originales base de la acción. Hecho lo anterior, remita lo antes solicitado para estar en aptitud de proseguir el juicio. Como el quejoso señaló para oír notificaciones los estrados, se solicita ai Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucaipan de Juárez, que ordene a quien corresponda notifique por medio de lista del juzgado de su adscripción el presente proveído al quejoso Raúl Cervantes Ayala; además, lo requiera para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente de aquél en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír notificaciones dentro de esta ciudad de Toluca, Estado de México o área conurbada; con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en el citado plazo, las notifícaciones que se ordenen de forma personal, se le practicarán por lista de este Tribunal Colegiado de Circuito. Hecho lo cual, tenga a bien remitir las constancias respectivas a la brevedad posible. No ha lugar a tener por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista que indica, en virtud de que no ha registrado su cédula profesional en el sistema de control institucional, en tanto no lo haga, a ella y a las personas que señala se les autoriza únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos; registrada dicha cédula, el quejoso deberá solicitar nuevamente se les reconozca tal autorización. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y al juez de disfoto respectivo. Así lo acordó y firma el magistrado Jacinto Juárez Rosas, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa, licenciado Femando Lamas Pérez. Doy fe. Rúbricas." Lo que comunico a usted dara los efectos legales consiguientes. "2021, Apo ire ía independencia" Toluca, Estado de MéxíM, aipWe de agosto de dos mil veintiuno. El Secreprio dé Acuerdos del Primer Tribun^ Cole^iaqp en Materia Civil del Segando Circuito. Lic. Femando Lamas Pérez.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno.Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y glósese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, firmado por el quejoso *****, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno; por tanto, provéase lo que conforme a derecho corresponda. En mérito de lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo y escrito aclaratorio suscritos por *****, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, conforme a la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107 (esta última en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente respecto de los actos dictados por autoridades jurisdiccionales en ejecución de una sentencia, que no constituyan la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra, encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia en comento, fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el Legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.32/2001, publicada en la página 31 del tomo XIII, abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 190035, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Señalado lo anterior, es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Así, de la interpretación integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en lo que aquí interesa, se tiene que en el presente caso la parte quejosa hace consistir su reclamo en: El auto de quince de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dentro del juicio ordinario civil 842/2018, mediante el cual habilita días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve y acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordena la desocupación y entrega de la parte del inmueble que por esta vía defiende. En ese sentido, la parte quejosa en su escrito de desahogo manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "Y en especial lo que se acordó en auto de fecha quince (15) de julio del año dos mil veintiuno (2021) donde se autorizan días y horas inhábiles a fin de dar cumplimiento al proveído de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021), siendo que del auto de fecha veintitrés (23) de abril del año que corre, se ordenó la desocupación y entrega de una parte del inmueble, con sus frutos y accesiones, con el apercibimiento para el caso de no hacerlo se procederá su Ejecución en la vía de apremio." De lo anterior, se desprende que el procedimiento de origen se encuentra en etapa de ejecución; por tanto el amparo procede sólo hasta que se dicte la última resolución en el periodo de ejecución. Esto, toda vez que los acuerdos en cuestión, que en esta vía se combaten, constituyen actos dictados dentro del procedimiento de ejecución; por ende, no se está en presencia de la última resolución emitida en dicha etapa, en contra de la que sí procede el juicio de amparo indirecto. De admitirse el juicio de amparo, se entorpecería el procedimiento de ejecución, lo que sería contrario al espíritu del artículo 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con el cual se pretende evitar el abuso de la instancia constitucional y que se materialicen objetivamente los trámites tendientes a ejecutar una resolución definitiva en la que la parte quejosa haya sido oída y vencida en juicio con las formalidades que indica el artículo 14 constitucional. Resulta aplicable la tesis aislada 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, visible en la página 307, cuyo título es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ." Aunado a lo anterior, la resolución que impugna, no conlleva por sí violación a sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano es parte (vida, integridad y libertad personal, honra y dignidad, conciencia y religión, pensamiento y expresión, propiedad privada, posesión, reunión, asociación, a recibir alimentos por parte de los menores, salud, educación), sino que se limita a una cuestión intraprocesal, referente a la orden de desocupación y entrega de la parte del inmueble que por esta vía se defiende (acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno), así como el habilitar días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (auto de quince de julio de dos mil veintiuno). Lo anterior es así, porque los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución y posterior a este; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento o con posterioridad al mismo, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Sin que obste a lo anterior la manifestación del promovente del amparo, relativo a que no se le notificaron los autos de quince de julio y veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitidos por el Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dentro del juicio ordinario civil 842/2018, ni la sentencia definitiva que se dictó en el mismo el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, pues en todo caso debía promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 1.187, 1.188, 1.189, 1.190 y 1.191 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen lo siguiente: "Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Plazo para promover nulidad de notificación Artículo 1.188. El incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano. Se hace sabedora cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal. El incidente de nulidad no suspende el procedimiento Artículo 1.189. El incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero sí suspende la citación para sentencia, hasta que aquél se resuelva en definitiva. Efectos de la nulidad Artículo 1.190. Si la nulidad fuere declarada, el Tribunal determinará las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Convalidación de notificación Artículo 1.191. Si el interesado ejercita la facultad procesal o cumple la carga impuesta por la resolución no notificada o notificada defectuosamente, el incidente de nulidad será desechado de plano, surtiendo ésta sus efectos como si se hubiera hecho con arreglo a la ley." Del enunciado normativo trascrito, se advierte que las actuaciones serán nulas cuando la notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en el capítulo IX del ordenamiento en cita, o se omitiere, caso en el que la parte agraviada puede promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Asimismo, el incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano, y se entiende que se hace sabedor cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal. De igual manera, se señala que el incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero sí suspende la citación para sentencia, hasta que aquél se resuelva en definitiva, y si la nulidad fuere declarada, el Tribunal determinará las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Así también, se establece que si el interesado ejercita la facultad procesal o cumple la carga impuesta por la resolución no notificada o notificada defectuosamente, el incidente de nulidad será desechado de plano, surtiendo ésta sus efectos como si se hubiera hecho con arreglo a la ley. En ese tenor, si la parte quejosa considera que debía ser notificada tanto de la sentencia definitiva emitida el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario civil 842/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, así como del auto dictado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordena la desocupación y entrega de la parte del inmueble que por esta vía defiende, y el diverso emitido el quince de julio de dos mil veintiuno, que habilita días y horas inhábiles para dar cumplimiento a esa sentencia de definitiva, debió promover el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 1.187, 1.188, 1.189, 1.190 y 1.191 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, dado que, bajo protesta de decir verdad, en el escrito aclaratorio de cuenta, manifiesta que se le dio legalmente intervención en el mismo como parte demandada, y que el once de septiembre de dos mil dieciocho, declinó la responsabilidad en la sucesión intestamentaria a bienes de Raúl Cervantes Moreno, por conducto de su albacea, motivo por el cual se considera que conoce plenamente ese procedimiento, sin que le resulte el carácter de tercero extraño; y, por tanto, se ubique en algún supuesto de excepción para la promoción del juicio de amparo, pues, en todo caso, debió agotar esa incidencia respecto a la omisión de notificarle personalmente esas determinaciones, previo al ejercicio de la acción constitucional, y al no hacerlo así, es por demás claro que igualmente inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la vía de amparo. Por tanto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107 y 113, todos de la ley reglamentaria, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Raúl Cervantes Ayala, por propio derecho. Por otra parte, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente al diverso acto reclamado que el quejoso hace consistir en: La resolución definitiva dictada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dentro del juicio ordinario civil 842/2018. En virtud de que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la Ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 37 de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la ley de la materia, este Juzgado Federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto respecto de la sentencia definitiva que reclama la parte quejosa, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA". Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. El artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución General de la República, textualmente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con ley, en los casos siguientes: (.) a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" Por su parte, el artículo 170 fracción I, la Ley de Amparo, respectivamente, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;" De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, en la vía directa o uniinstancial, y de los mismos corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito. Atendiendo a lo anterior, el caso en estudio se ubica en la regla señalada, pues se trata de un amparo promovido en contra de la resolución definitiva de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dentro del juicio ordinario civil 842/2018. En ese orden, es evidente que el acto tildado de inconstitucional, constituye una resolución que pone fin a un juicio de orden civil, el cual da por terminado el proceso, ante lo cual su análisis a través del juicio de amparo procede en la vía directa; de ahí la actualización de los supuestos establecidos por el referido artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por tanto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo interpuesta por Raúl Cervantes Ayala, por propio derecho, contra la sentencia definitiva de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dentro del juicio ordinario civil 842/2018. Siendo relevante mencionar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª), por contradicción de tesis, al analizar los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otros aspectos, sostuvo que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la Ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Dicha jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª) es de observancia obligatoria de conformidad con lo previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, misma que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 95, Décima Época, del rubro siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así mismo la Tesis: II.1o.9 K (10a.), número de identificación 2009224, del rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO PROCEDA UN RECURSO ORDINARIO Y ÉSTE NO SE AGOTE PREVIO A LA PROMOCIÓN DE AQUÉL, INCIDE EN LA PROCEDENCIA DEL JUICIO Y NO EN LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Por lo que se afirma que el acto reclamado está comprendido dentro de los supuestos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, al colmarse la hipótesis prevista por el artículo 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una resolución que puso fin al juicio, y siendo así este Juzgado Federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, por estimar que esta se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Entonces, en cumplimiento al artículo 37 de la referida Ley, remítanse los autos originales del presente asunto, con las copias de demanda y de desahogo de demanda que exhibió la parte quejosa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en Turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho preceptos determine si acepta la competencia, solicitándole de la manera más atenta se sirva acusar el recibo correspondiente. Por tanto, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante lista publicada en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, lo proveyó y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2422/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de María del Rosario García Lara, Secretaria que da fe. Eduardo

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, misma que fue registrada con el número de promoción 8326; asimismo, certifica que ****, autorizados por la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, NO cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior para los efectos legales conducentes. Conste. La Secretaria. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno. VISTA la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 716/2021-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114 fracción I, en relación con el 108 fracciones III y IV, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a ****, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente, bajo protesta de decir verdad: 1) Precise la calidad con la que promueve el presente sumario, esto es, si comparece como persona extraña a juicio por equiparación, por no haber sido emplazado al juicio ordinario civil 842/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, promovido en su contra por ****, y como consecuencia de ello señala como actos reclamados la falta de emplazamiento al mismo, y como consecuencia de ello, todo lo actuado dentro de ese juicio. 2) Caso contrario, precise si dentro del expediente 842/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, intervención en la secuela procesal, pero sólo desconoce el sentido de la sentencia definitiva que en el mismo se dictó, ante su falta de notificación. 3) Precise de manera clara cuáles son los actos que en concreto reclama a cada una de las autoridades responsables, en especial, que en lo que se acordó en el auto emitido el quince de julio de dos mil veinte, y en que consiste la sentencia emitida el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, si la misma es aquella que resuelve en definitiva las pretensiones que las partes plantearon dentro de ese procedimiento, cuál es el sentido de la misma, y la fecha en la que tuvo conocimiento de cada uno de los actos reclamados. Lo anterior, a fin de tener debidamente precisado el acto o los actos que se combaten en el presente asunto e integrar debidamente la litis constitucional. Tiene aplicación la tesis número 227,883, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio 1989, página 54, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." 4) Bajo protesta de decir verdad, narre los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en relación con el juicio ordinario civil ****, del índice del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Lo anterior es así, toda vez que de la demanda de amparo no se advierten con claridad dichas circunstancias, pues por una parte pareciera que la demanda la promueve como tercero extraño a juicio por equiparación, y por otra que tiene pleno conocimiento de la existencia del mismo, sólo que no se le notificó la sentencia definitiva que se emitió en el mismo y que no obstante ello se está ejecutando la misma, sin que precise si, en todo caso, promovió incidente de nulidad de notificaciones respecto a esa falta de notificación, o precise el estado procesal que guarda el mismo. Es decir, los antecedentes que refiere son insuficientes, pues precisamente dichos antecedentes son la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por éstos, la relación breve de las actuaciones previas al acto o actos reclamados, así como las condiciones de hecho que generaron la actividad que reprocha; lo anterior, tomando en consideración que los que incorporó a su demanda no cumplen cabalmente dicha exigencia. 5) Deberá precisar a quién señala como autoridad ejecutora, ya que en dicho rubro señala lo siguiente "B) AUTORIDAD EJECUTORA.- Adscrito al Juzgado Primero de lo Civil en Cuautitlán, Estado de México.". En ese mismo orden de ideas, se hace del conocimiento a la parte quejosa y a sus autorizados que la información que se desprenda de las manifestaciones que viertan serán confrontadas con las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, se les impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización, equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización, de conformidad con el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo1, del cual se desprende la sanción correspondiente cuando se afirmen hechos falsos. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de 1 Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Así también, de ser el caso, al momento de emitir la sentencia definitiva con la que culmine el presente asunto, se valorara dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya a lo anterior, la tesis II.2o.P. 51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 781, Tomo VII, Marzo de 19989, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "DELITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO." 6) Asimismo, deberá exhibir cuatro copias de su escrito aclaratorio, para distribuirse de la siguiente manera: una para el agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, una para el tercero interesado y dos para las autoridades responsables. Cabe precisar que la exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, qué acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P.VII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE.". 7) De igual forma, deberá exhibir dos copias del escrito de desahogo, a fin de integrar el incidente de suspensión que solicita. Se apercibe al promovente del amparo que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en los incisos 1), 2), 3), 4), 5) y 6), dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo; y, de no exhibir las copias especificadas en el inciso 7), el efecto será que se postergara la apertura del incidente de suspensión, como lo establece el último párrafo del citado numeral 114, hasta en tanto se cumpla con esa exigencia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo solicitado. En términos del último párrafo, del numeral 21 de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual forma, se tienen como autorizados de la parte quejosa a ****, únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones; hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en términos de la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de listas; en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, lo proveyó y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2422/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de María del Rosario García Lara, Secretaria que da fe.

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