Raul Ceja Ramos
Expediente 1092/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raul Ceja Ramos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran algún recurso en contra del proveído de siete de los actuales en el que se DESECHÓ POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías promovida por ..., sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. En ese sentido y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; lo anterior, por haberse desechado la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Además se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente como lo pide la parte quejosa en su ocurso de cuenta, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, devuélvansele los documentos a que alude, previa firma de recibido y copia certificada que se deje en autos.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE SIETE DE OCTUBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número V-1092/2019-2. En atención al acto reclamado el suscrito advierte de oficio que procede desecharla por actualizarse un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a éste juzgador a desechar de plano la demanda, cuando al examinarla encuentra motivo manifiesto e indubitable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos a ésta se anexen; en tanto que lo indubitable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, del análisis integral de la demanda se pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la negativa de corregir el acta de defunción de su hija -, no obstante de estar ordenado dentro del Juicio Especial Oral Familiar número -, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, sobre el lugar de nacimiento de su hija, así como el señalamiento de que los padres se encuentran vivos. El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]." De los preceptos transcritos, se infiere que no es posible entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando éstos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es así, teniendo en consideración que el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que por otra parte puede figurar como en el caso concreto, como parte en un juicio especial oral familiar, en el que al ser parte demandada actúa en una relación jurídica de coordinación con la parte actora, es decir en un plano de igualdad y bilateralidad, inclusive durante la etapa de ejecución, ello derivado de una relación en la que tal autoridad, como parte demandada fue condenado como funcionario a rectificar marginalmente el acta de defunción base de la acción, serán en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación, por lo que sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es dable concluir que solo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mención. Ahora, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se colige que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 39, del contenido literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS: " Asimismo, sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES." Ahora, en la especie, el quejoso señaló como acto reclamado la negativa de corregir el acta de defunción .... no obstante de estar ordenado dentro del Juicio Especial Oral Familiar número 499/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, sobre el lugar de nacimiento de su hija, así como el señalamiento de que los padres se encuentran vivos; sin embargo, tal omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que de los antecedentes de la demanda se aprecia que dentro del juicio especial oral familiar número 499/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, la parte quejosa demando al Director del Registro Civil en el Estado con sede en esa ciudad, la rectificación de acta de defunción de su hija.... En ese orden de ideas, la negativa por parte de las autoridades de la aludida dependencia estatal señaladas como autoridades responsables carecen de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad y, por tanto, la actuación de dicho ente de gobierno no se encuentra revestida de imperio frente al particular. Máxime, que la parte quejosa tiene a salvo su derecho para comparecer ante el juez de origen a solicitar el cumplimiento de la sentencia emitida dentro del juicio especial oral familiar número 499/2018, emitida el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, a fin que la demandada Oficial del Registro Civil, rectifique el lugar de nacimiento de su hija ..., así como los datos de los padres. En tales condiciones, Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, con apoyo en el 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Téngase al promovente por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, así como autorizado para tal efecto a los profesionistas -, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de la Materia, quienes cuentan con cédula profesional que los faculta como licenciado en derecho, debidamente registrada en el sistema electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número V-1092/2019-2. En atención al acto reclamado el suscrito advierte de oficio que procede desecharla por actualizarse un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a éste juzgador a desechar de plano la demanda, cuando al examinarla encuentra motivo manifiesto e indubitable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos a ésta se anexen; en tanto que lo indubitable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, del análisis integral de la demanda se pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la negativa de corregir el acta de defunción de su hija -, no obstante de estar ordenado dentro del Juicio Especial Oral Familiar número -, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, sobre el lugar de nacimiento de su hija, así como el señalamiento de que los padres se encuentran vivos. El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]." De los preceptos transcritos, se infiere que no es posible entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando éstos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es así, teniendo en consideración que el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que por otra parte puede figurar como en el caso concreto, como parte en un juicio especial oral familiar, en el que al ser parte demandada actúa en una relación jurídica de coordinación con la parte actora, es decir en un plano de igualdad y bilateralidad, inclusive durante la etapa de ejecución, ello derivado de una relación en la que tal autoridad, como parte demandada fue condenado como funcionario a rectificar marginalmente el acta de defunción base de la acción, serán en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación, por lo que sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es dable concluir que solo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mención. Ahora, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se colige que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 39, del contenido literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS: " Asimismo, sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES." Ahora, en la especie, el quejoso señaló como acto reclamado la negativa de corregir el acta de defunción .... no obstante de estar ordenado dentro del Juicio Especial Oral Familiar número 499/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, sobre el lugar de nacimiento de su hija, así como el señalamiento de que los padres se encuentran vivos; sin embargo, tal omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que de los antecedentes de la demanda se aprecia que dentro del juicio especial oral familiar número 499/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, la parte quejosa demando al Director del Registro Civil en el Estado con sede en esa ciudad, la rectificación de acta de defunción de su hija.... En ese orden de ideas, la negativa por parte de las autoridades de la aludida dependencia estatal señaladas como autoridades responsables carecen de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad y, por tanto, la actuación de dicho ente de gobierno no se encuentra revestida de imperio frente al particular. Máxime, que la parte quejosa tiene a salvo su derecho para comparecer ante el juez de origen a solicitar el cumplimiento de la sentencia emitida dentro del juicio especial oral familiar número 499/2018, emitida el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, a fin que la demandada Oficial del Registro Civil, rectifique el lugar de nacimiento de su hija ..., así como los datos de los padres. En tales condiciones, Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, con apoyo en el 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Téngase al promovente por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, así como autorizado para tal efecto a los profesionistas -, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de la Materia, quienes cuentan con cédula profesional que los faculta como licenciado en derecho, debidamente registrada en el sistema electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales
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