Raúl Cegueda García y Otros.
Expediente 261/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 35 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Raúl Cegueda García y Otros.
- Raúl Cegueda García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de destrucción en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó en el juicio. El original del incidente de suspensión es destruible, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del tres de octubre del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Glósense los cuadernos de suspensión respectivos y realícense las anotaciones conducentes. Finalmente, se considera innecesaria la retención de las constancias que remitió la Agente el Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSYG) de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Área Litigación, en apoyo a los informes rendidos mediante las promociones con registros 8259 y 12698, integradas respectivamente en los tomos I y II, de pruebas, por tanto, devuélvase a las citadas autoridades, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, a la omisa se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia. Notifíquese, mediante lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las ocho horas con cuarenta y seis minutos del tres de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 261/2022-II, promovido por ********************y/o ********************e******************** por propio derecho; Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con las documentales exhibidas por la parte quejosa, conjuntamente con su escrito registrado bajo el número 9418, así como tres fotografías y un Disco Compacto que contiene un Vídeo con duración de aproximadamente cinco minutos, y las documentales remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y las documentales exhibidas por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSYG) de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Área de Litigación. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas únicamente las documentales ofertadas por la autoridad responsable, así como las allegadas por la parte al escrito descrito en el párrafo que antecede. En relación con los medios de convicción relativos a las tres fotografías y el CD que contiene un vídeo de aproximadamente cinco minutos, a criterio del suscrito juzgador, resulta innecesario proveer sobre su desahogo, toda vez que en materia procesal destaca el empleo por parte del juzgador de diversos principios generales del derecho, entre los cuales se hallan lo de preclusión, exhaustividad, buena fe, congruencia, eventualidad y el de economía procesal. Precisamente por efecto de este último, es deber del órgano jurisdiccional asegurarse de la celeridad de los procedimientos y de la pronta decisión de los pleitos ante él ventilados. En razón de lo anterior, resulta evidente que dichos propósitos no se cumplirían si durante el juicio de amparo se admitieran pruebas ofrecidas por las partes que no condujeran a acreditar los extremos de la acción y excepciones deducidas en el proceso, pues su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final. En ese orden de ideas, los promoventes ofertaron los aludidos medios de convicción en lo que aquí interesa, en los términos siguientes: "(.) no omitimos manifestar que anexamos 3 fotografías del 15 de agosto del 2021 donde se advierte la presencia del supuesto lesionado en Acapulco así como un vídeo que dura 5 minutos aproximadamente tomado por su señora madre para que también forma parte y sirva esa autoridad de manera precisa cómo es que dice que requiere hospital y sí lesiones 96 días después del hecho y días después de estar en Acapulco lo que es una completa fabricación incongruencia en contra y en perjuicio de los hoy quejosos prueba oculta a la defensa. (.)" En relación con las aludidas probanzas, se DESECHAN, dado que a nada practico conduciría su desahogo, atento a que en los términos en que fueron propuestas se desprende que lo que se pretende demostrar con el desahogo de dicha probanza, es la conducta y vida social que guarda el tercero interesado, tras la denuncia de hechos formulado en contra de la parte quejosa, las cuales no resultan idóneas ni aptas para acreditar la inconstitucionalidad de la carpeta de investigación impugnada en la presente instancia constitucional, y, para demostrarlo, es conveniente señalar que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional, las que deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia y, tratándose de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. En efecto, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. La necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo, porque en éste no se contempla el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 119 de la Ley de Amparo, solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba. En efecto, cuando el artículo 119 de la Ley de Amparo, establece que en el juicio de amparo son admisibles "toda clase de pruebas", se está refiriendo a los medios, elementos o instrumentos probatorios, como las documentales, testimonios, periciales, entre otras. El principio de la idoneidad de la prueba, aunque no se establece en la Ley de Amparo, lo contempla el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el artículo 119 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe tener relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo establece el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos sujetos a la potestad judicial que deben acompañarse desde el ofrecimiento, se advirtiera, desde luego y sin dudas, que nada tienen que ver con la litis. Es oportuno citar la tesis publicada en la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 18, primera parte, página 81, con registro digital 233791, que indica: "PRUEBAS INCONGRUENTES.". En síntesis, puede estimarse que, de acuerdo al artículo 119 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional, con la condición de que el medio de convicción ofrecido tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo dispone el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de modo que si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y, en ese supuesto, el juzgador no está obligado a admitirla, en términos de los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese orden de ideas, dado que las pruebas en cuestión no guardan relación alguna con la temática abordada en la presente instancia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa del numeral 2º, de este ordenamiento, SE DESECHAN LAS PRUEBAS DOCUMENTALES OFERTADAS por falta de idoneidad probatoria para el objeto que son planteadas, ya que, de admitirse, se violarían los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, pues recibir una prueba que no cumpla con la exigencia de idoneidad provocaría una mayor dilación en el trámite del juicio en perjuicio de la propia quejosa. Es de invocarse en apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, página 1888, con registro digital 175823, que establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS.". Es aplicable, en lo conducente y por las razones jurídicas que la informan, la tesis publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, noviembre de 1996, página 486, con registro rápido de localización 200975, cuyo epígrafe es: "PRUEBA EN EL AMPARO. NO ES ILEGAL DESECHARLA, CUANDO SE ADVIERTE SU FALTA DE IDONEIDAD" También es útil en este tema, la tesis publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, septiembre de 1997, página 167, con registro rápido de localización 197673, que señala: "AUDIENCIA. EL CUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA POR EL LEGISLADOR NO IMPLICA LA POSIBILIDAD ILIMITADA DE PROBAR." Sentado lo anteriormente expuesto, se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que José Antonio López Ruíz, autorizado en amplios términos de los quejosos, los formuló al tenor de lo expuesto en líbelo de registro interno número 9418. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que se hicieron valer. Al no existir alegatos pendientes que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 261/2022-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************y/o ********************e********************, por derecho propio, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público adscrita a AMPEVFSG de Naucalpan, Estado de México, ********************. SEGUNDO. El quince de marzo de dos mil veintidós, previa aclaración que le formulada, se radicó la demanda de trato, se admitió a trámite; solicitó su informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. TERCERO. En proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa aclarando la denominación de la autoridad responsable, siendo su correcta denominación la siguiente: "Licenciada *************, adscrita a la Agencia Especializada en Violencia Familiar Sexual y de Género "AMPEVFSG", con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México." C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 39 y 107 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que al reclamarse el actuar de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en la que decide el derecho este Órgano Jurisdiccional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó; De la licenciada **************, adscrita a la Agencia Especializada en Violencia Familiar Sexual y de Género "AMPEVFSG", con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México: La discriminación y omisión respecto de la integración de la indagatoria de la carpeta de investigación número ********************. TERCERO. En términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza de los actos reclamados a la autoridad responsable, ya que la misma fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante habérsele solicitado oportunamente, según las constancias de notificación que obran en el sumario. Certeza que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias de la carpeta de investigación ***************, del índice de la representación social responsable, documentales a las que se confiere pleno valor probatorio en términos de los citados preceptos. La anterior consideración se apoya en la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." De igual forma cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J.70/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 188856, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV (Septiembre de 2001), visible en la página 136, cuyo rubro es el siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL)." CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si los actos reclamados son inconstitucionales o no, es decir, la actualización de una causal, provoca en el resolutor una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la Litis constitucional sujeta a su potestad, la cual como ya se dijo, debe analizarse aun de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de obligatorio. En ese sentido, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión respecto de la integración de la indagatoria de la carpeta de investigación número ***************. Lo anterior tomando en consideración que el artículo 61, fracción XVII, de la ley de amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica". La porción normativa en estudio establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como hechos destacados en dicha carpeta no fueron tomados en consideración los testimonios rendidos por los testigos ********************y ********************, ofertados por su parte ni proveído de conformidad sus solicitud, si no alegan que únicamente se toma y acuerda lo que consideran les perjudica, desconociendo la igualdad procesal. En efecto, el quejoso, en el capítulo de antecedentes de la demanda de cuenta, manifestó bajo protesta de decir verdad que con fecha once de octubre de dos mil veintiuno presentó un escrito ante la autoridad ministerial en el cual se solicitó la ratificación y presentación de los testigos, sin acordar la Agente del Ministerio Público lo conducente, por lo que el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se presentó por escrito el testimonio de los testigos ********************y ********************, sin ser tomados en cuenta y dando por cierto la veracidad de los datos manifestados en la entrevista rendida por el padre de la víctima y del testigo unitario de la misma, aunado a que la carpeta de investigación en ese momento aún se encontraba en etapa de investigación; circunstancia que ya había hecho de su conocimiento en reiteradas ocasiones. Aquí cabe precisar que de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSYG) de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Área de Litigación, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación número ********************, judicializada bajo la causa penal ********************, se advierte que con fecha uno de julio de dos mil veintidós, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México en audiencia pública de esa misma data dictó el auto de apertura a juicio en la correspondiente causa penal, con lo cual es indudable que quedaron irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en esta instancia constitucional, por lo que ha operado un cambio de situación jurídica en el entorno de la parte quejosa y no existe duda que ya no es posible estudiar el acto de molestia, ya que ello implicaría afectar la nueva situación jurídica emanada de la generación de las audiencias llevadas a cabo en el proceso penal respectivo, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de los impetrantes. De ahí que, al haber operado un cambio en la situación jurídica que guardaban los solicitantes del amparo al momento de promoverse la demanda de amparo, es incuestionable que resulta ocioso y estéril que se analicen los conceptos de violación esgrimidos en el escrito inicial de demanda, puesto que se reitera, ha concluido la oportunidad legal para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que reclamó, tomando en consideración que la carpeta de investigación ********************, ya fue judicializada bajo número de causa penal ******************** y dentro de la cual con fecha uno de julio de dos mil veintidós el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México en audiencia pública de esa misma data dictó el auto de apertura a juicio; de tal suerte que, las violaciones reclamadas en la tramitación del mismo, deben considerarse irremediablemente consumadas y por ende, deviene improcedente este juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis I. 3o. A. 150 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325, de registro digital 209662, cuyo es: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." En consecuencia, al haber cambiado la situación jurídica de la parte quejosa y al actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis del concepto de violación respectivo; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ************y/o **************e***************, por las razones precisadas en el considerando último de esta resolución. Notifíquese mediante lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSYG) de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Área Litigación, por el que informa que el siete de los cursantes remitió copia certificada de la carpeta de investigación número NUC.ECA/CGV/JME/034/131282/21/05, judicializada bajo la causa 1658/21, sin que al efecto se emita mayor pronunciamiento en virtud de que mediante auto del nueve de septiembre del año que transcurre, se tuvieron por recibidas las constancias referidas con antelación. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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