Raúl Castro Mendoza

Expediente 1395/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1395/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Raúl Castro Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio suscrito por la secretaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual solicita la vinculación, para su visualización, del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Atento a su contenido, se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo al homólogo citado en líneas que anteceden, a efecto de que esté en aptitud de consultarlo y resolver lo que en su caso proceda, en el juicio de amparo de su estadística. Hecho lo anterior, la Oficial Judicial "A" deberá informar a dicho órgano federal, para confirmar la debida autorización. Notifíquese: por oficio vía ordinaria al homólogo citado y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales, y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, trece de diciembre de dos mil veintidós. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a ********************, por propio derecho, y ********************, ostentándose mandatario judicial del primero de los mencionados, quienes solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad que enseguida se precisan: Actos reclamados La resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, del índice del juez responsable, en la que se declaró fundada la objeción planteada por la parte actora de falta de personalidad de la demandada; se le previno a dicha demandada para que subsanara la omisión de su personalidad; se suspendió la audiencia preliminar y se señaló nueva fecha para su desahogo. La resolución de seis de diciembre del año en curso, dictada en el mencionado juicio de origen, en la que se continuó con la audiencia preliminar y se tuvo por desahogada la prevención respecto de la personalidad de la demandada. Autoridad responsable Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Radicación y registro de la demanda Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 1395/2022-III. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Causal de improcedencia Ahora bien, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causa de improcedencia que se invoca de oficio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la reciente jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) interpretó la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo en los siguientes términos: Expuso que en la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Agregó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por tanto, estimó el Máximo Tribunal, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Amén de que, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación la dedujo el Pleno de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, concluyó el Máximo Tribunal, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) en comento del Máximo Tribunal del País son del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;";puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Los anteriores razonamientos son aplicables al caso que nos ocupa, toda vez que en la especie los actos reclamados consisten en lo siguiente: La resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, del índice del juez responsable, en la que se declaró fundada la objeción planteada por la parte actora de falta de personalidad de la demandada; se le previno a dicha demandada para que subsanara la omisión de su personalidad; se suspendió la audiencia preliminar y se señaló nueva fecha para su desahogo. La resolución de seis de diciembre del año en curso, dictada en el mencionado juicio de origen, en la que se continuó con la audiencia preliminar y se tuvo por desahogada la prevención respecto de la personalidad de la demandada. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto que por esta vía se combate, porque dicho acto se refiere a una cuestión de trámite; esto es, se trata de un acto netamente procesal que tiene como finalidad el determinar si la parte demandada acredita la personalidad con la que se ostentó su representante, dentro del juicio de origen. Lo que evidentemente no constituye un acto dictado en un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, porque los efectos que el acto reclamado produce no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por lo que, en su caso, las eventuales violaciones deberán reclamarse una vez que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de origen, siempre y cuando la misma haya sido adversa a los intereses de la parte quejosa. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el juicio de origen, sin mayores dilaciones y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo en su caso en Amparo Directo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimen se hubieran cometido. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, pese a ser un acto dictado dentro de un juicio, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa de imposible reparación, pues se tratan de cuestiones meramente de trámite, esto es procesal, lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Toda vez que la quejosa solicita que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que se comisiona a los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que le practiquen la notificación de este auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por dicho medio a través del usuario ********************; en el entendido, que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II y 31, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Consulta del expediente electrónico. Por lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro del usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se permita el acceso a la consulta y notificación respectiva. Juicio en línea En términos de lo que establece el artículo 263, tercer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Autorizados para oír notificaciones En cuanto a la persona que menciona, se tiene por autorizada en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; de no ser así, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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