Raul Castillo Ramirez
Expediente 1530/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1530/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Raul Castillo Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Por consiguiente, al aprobar el decreto número doscientos noventa y nueve, por el que concedió pensión por jubilación al quejoso, se desprende que la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud de pensión de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y al publicarlo en el referido periódico oficial, se razona lo hizo de su conocimiento; por lo tanto, se estima que la sentencia ha quedado cumplida; en consecuencia, una vez que transcurra el término previsto en el numeral 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad y sin mediar mayor acuerdo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina lo siguiente: 1. El presente juicio de amparo en que se actúa, se considera DEPURABLE, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional; además, de que no es de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en las carátulas respectivas; debiendo conservar los expedientes en cita, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuentes, deberá realizarse la depuración de los mismos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 2. Transferir el cuaderno principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, una vez realizada su depuración, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, y acta correspondiente tal y como lo dispone el Capítulo Décimo, artículos 27, 28 y 29 del acuerdo normativo citado, y el manual correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales presentados por las partes, que obren glosados en autos. Una vez que se remita el expediente al archivo, la Secretaria deberá hacer constar que el expediente físico coincide con el electrónico.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LE CONFIRIÓ EN EL AVISO DE FECHA UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO EL AUTO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE. Cuernavaca, Morelos, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia emitida el tres de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Raúl Castillo Ramírez, para los efectos siguientes: "Efectos de la concesión de amparo. Establecido lo anterior, ante la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición formulada por la quejosa, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Raúl Castillo Ramírez, para que la autoridad responsable Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, una vez que tenga conocimiento de la ejecutoria que se pronuncie en el presente juicio de amparo, dentro del término de tres días siguientes a su notificación, dé respuesta al escrito presentado por la quejosa el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y la haga de su conocimiento, debiendo remitir a este Juzgado de Distrito las constancias que así lo acrediten. Sin que la contestación que se emita constriña a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido, pues para ello tiene plenitud en su actuación." Consecuentemente, mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, la sentencia causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del oficio LV/SSLYP/DJ/2°2474/2022 por medio del cual remite copia certificada del decreto número doscientos noventa y nueve por el que concedió pensión por jubilación al quejoso, el cual le fue notificado a través de la publicación del mismo realizada en la edición 6083 del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de quince de junio del año en curso. Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, es menester precisar que todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, optando por una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia. De lo que se colige, que no resulta óbice lo anterior, el hecho de que la parte interesada no haya sido notificada personalmente en su domicilio; toda vez que, la mera publicación del decreto en mención, surte los mismos efectos jurídicos a las partes, ello; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 16/2021 (11a.), con registro digital: 202374, procedente de la Segunda Sala, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1754, del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). Por consiguiente, al aprobar el decreto número doscientos noventa y nueve, por el que concedió pensión por jubilación al quejoso, se desprende que la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud de pensión de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y al publicarlo en el referido periódico oficial, se razona lo hizo de su conocimiento; por lo tanto, se estima que la sentencia ha quedado cumplida; en consecuencia, una vez que transcurra el término previsto en el numeral 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad y sin mediar mayor acuerdo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina lo siguiente: 1. El presente juicio de amparo en que se actúa, se considera DEPURABLE, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional; además, de que no es de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 151 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en las carátulas respectivas; debiendo conservar los expedientes en cita, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuentes, deberá realizarse la depuración de los mismos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 2. Transferir el cuaderno principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, una vez realizada su depuración, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, y acta correspondiente tal y como lo dispone el Capítulo Décimo, artículos 27, 28 y 29 del acuerdo normativo citado, y el manual correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales presentados por las partes, que obren glosados en autos. Una vez que se remita el expediente al archivo, la Secretaria deberá hacer constar que el expediente físico coincide con el electrónico.Por último, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "CUMPLIMIENTO, SE ORDENA ARCHIVO". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa, privilegiando el uso de los medios electrónicos disponibles. Así lo acordó Isela Jayme Salas, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por licencia del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que se precisan en el oficio CCJ/ST/3086/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistida del Secretario José Luís Rendón Sánchez, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN". Cúmplase.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a **** Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, para que en el término de diez días siguientes a la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten la promulgación del dictamen por el que se concedió pensión por jubilación al quejoso Raúl Castillo Ramírez. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia.
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