Raúl Cantú Cantú

Expediente 476/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 8 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
476/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
08/02/2018

Partes del expediente

  • Raúl Cantú Cantú

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 602/2017, en relación con el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Martín Gabriel Serrano y Gonzalo Tapia Barrios, representantes legales de la persona moral denominada "Amigos del Agua de Mesa de Palmira", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada promovieron juicio de amparo y solicitaron la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados al Director Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que hicieron consistir, principalmente, en el oficio B00.932.01.-2477/4112, de siete de junio de dos mil diecisiete, emitido por dicho director, dirigido al Secretario del Campo del Gobierno del Estado, por el que le informa que el trámite de la persona moral quejosa, se encuentra pendiente de inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua, por lo que solicitó ordenara a quien correspondiera, se suspendieran de manera inmediata los trabajos de perforación en el predio de la propia parte. SEGUNDO. Por auto de veintinueve de junio del año en curso, se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada, concediéndose la misma para para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y no se suspendieran los trabajos de perforación de un pozo profundo para uso agrícola en el predio denominado "La Ceja" localidad Mesa de Palmira, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, que tiene en posesión la quejosa virtud al contrato de comodato; lo anterior, siempre y cuando no se encontraran consumados los actos reclamados; se requirió a las autoridades responsables su informe previo y se citó a las partes a la audiencia incidental, la que se celebró el cinco de julio de dos mil diecisiete, en cuya interlocutoria se concedió a la persona moral quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y no se suspendieran los trabajos de perforación de un pozo profundo para uso agrícola en el predio denominado "La Ceja" localidad Mesa de Palmira, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, que tiene en posesión la quejosa virtud al contrato de comodato. TERCERO. Mediante proveído de veintinueve de noviembre del año próximo pasado (foja 149), se tuvo por recibido el escrito de Martín Gabriel Serrano y Gonzalo Tapia Barrios, representantes de la persona moral quejosa, promoviendo incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, por lo cual, en el propio acuerdo se ordenó tramitar dicho incidente; se admitió la prueba de inspección ocular ofrecida por los promoventes, la que se ordenó desahogar por conducto del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, en turno; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia respectiva. CUARTO. En acuerdos de seis y quince de diciembre pasado (fojas 168 y 174), en el primero se tuvo por rendido el informe del titular de la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Zacatecas (fojas 153 a 155), respecto al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva de que se trata, asimismo, por ofrecidas las documentales que a su informe acompañó; y, en el segundo, por hechas las manifestaciones de la Secretaría del Campo, con sede en esta ciudad, en relación con el incidente de que se trata; de igual forma, se admitió la prueba de inspección judicial ofrecida por el representante de dicha secretaría, a efecto de que personal del juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, en turno, a quien le fue encomendado su desahogo, se constituyera en la comunidad y/o predio denominado La Ceja, en el Rancho La Mesa de Palmira, en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, y diera fe del estado en que se encontraba la máquina perforadora que estaba en dicho lugar. Luego, en proveídos veintiséis de diciembre del año próximo pasado y treinta y uno de enero del año en curso (fojas 204 y 263), se tuvieron por recibidos, diligenciados, tanto el despacho girado para el desahogo de la prueba de inspección judicial ofrecida por los quejosos, como la que ofreció la autoridad responsable a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, el primero con número de orden 1006/2017 y de origen 475/2017 y el segundo con número de orden 55/2018 y de origen 16/2018. En la fecha señalada para la audiencia relativa al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva de mérito, se celebró la misma conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, por tener competencia legal para conocer del juicio de amparo del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. En principio, es pertinente precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo, la presente incidencia, procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. TERCERO. La parte quejosa, por conducto de sus representantes, mediante escrito recibido el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 147 a 148), promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, señalando, esencialmente, que la autoridad responsable no había cumplido cabalmente con la suspensión definitiva de cinco de julio de dos mil diecisiete, toda vez que el uno de octubre de dicha anualidad la Secretaría del Campo responsable, realizó actos tendientes a reanudar la perforación del pozo profundo, sin embargo, según manifestaron dichos representantes de la quejosa, bajo protesta de decir verdad, el cuatro del propio mes de octubre, un grupo de personas ajenas a los quejosos, realizaron actos vandálicos en contra de los moradores del predio la Ceja, así como de los operadores y la máquina perforadora, cuya situación no es imputable a dicha parte, pero sin embargo resultaron afectados por la autoridad responsable al no continuar con la perforación del pozo de mérito. CUARTO. Por su parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Zacatecas, en el informe que rindió respecto al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva de que se trata (fojas 153 a 155), negó haber emitido documento en el que hubiera ordenado suspender acto alguno y como consecuencia incurrido defecto en el cumplimiento de la suspensión decretada, pues refiere que las obras o trabajos para ejercer el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales corresponde a los solicitantes, y que en el caso, los quejosos establecieron en forma privada un convenio de perforación de pozo profundo con la Secretaría del Campo del Estado de Zacatecas y no con la autoridad del agua. Además, hace del conocimiento de este juzgado el conflicto social que prevaleció por los actos reclamados, exhibiendo copias fotostáticas de diversas notas periodísticas en las que se señala que en la comunidad de la Mesa de Palmira del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, grupos antagónicos de dicha zona se conflictuaron por posturas diversas respecto a la perforación de un pozo. Y, el representante jurídico de la Secretaría del Campo del Estado, manifestó, que el primero de octubre del año próximo pasado, personal de esa secretaría se constituyó a efecto de realizar los trabajos de perforación pendientes, trabajando día y noche, con lo que se logró realizar una perforación de múltiples metros que es imposible de calcular, pero el cuatro siguiente, un grupo de personas los agredió con armas de fuego de diversos calibres, resultando herido uno de los perforadores, así como unos de los habitantes de Mesa de Palmira. Asimismo, que la máquina perforadora sufrió distintos daños, los cuales, a la fecha de la presentación de su informe, se encontraban siendo valorados por la compañía aseguradora, para su correspondiente reparación y puesta en marcha nuevamente, razón por la cual, resultó necesario sustraer la máquina de la comunidad a efecto de que se pudiera reparar y posterior a ello continuar con la perforación respectiva. Además, ofreció como pruebas, la documental publica consistente en la denuncia de hechos presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas; documentales técnicas consistentes en diversas placas fotográficas en las cuales según indicó, se apreciaban los daños sufridos por la máquina perforadora; y, la inspección judicial, a efecto de que personal de este juzgado se constituya en la comunidad a efecto de que verificara el estado en que se encontraba la máquina perforadora. Sin embargo, las documentales no fueron exhibidas, por lo que no se tuvieron por ofrecidas, según se asentó en el proveído de quince de diciembre del año próximo pasado (foja 174), y por lo que se refiere a la inspección judicial, en el propio acuerdo se ordenó su desahogo por conducto del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, a quien por turno le correspondió, cuyo despacho obra diligenciado a fojas de la 269 a la 282, desprendiéndose del acta respectiva (foja 274), levantada por la actuaria adscrita a dicho juzgado, que al constituirse en el lugar que para el efecto se indicó, no se observaba ningún tipo de maquinaria, por lo que no existe constancia alguna que revele los daños que en su caso sufrió la máquina que se utilizaba para la perforación del pozo a que aluden los quejosos en el acto reclamado y cuyos trabajos de perforación no habrían de suspenderse en atención a la suspensión definitiva decretada en el incidente en que se actúa. Sentado lo anterior, debe decirse que, en lo referente a la autoridad responsable Secretaría del Campo del Estado, el argumento formulado por la parte quejosa resulta fundado por los siguientes motivos. Conforme al artículo 206 de la Ley de amparo, en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada, se podrá promover el incidente, entre otros, por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución. Por otro lado, el artículo 158 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento". El precepto transcrito, establece los principios fundamentales de las resoluciones suspensionales, las que se rigen por los mismos principios sobre los que descansa la eficacia de las ejecutorias que conceden la protección de la Justicia Federal y que tienden a evitar que tanto las ejecutorias de amparo, como las resoluciones suspensionales, sean burladas por las autoridades responsables. Lo anterior es así, porque cuando la parte quejosa goza de la suspensión otorgada por el Juez de Distrito, las autoridades responsables se encuentran obligadas a respetar la citada medida precautoria, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En ese entendido, a efecto de determinar si existe o no exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, como lo sostiene la parte quejosa, es pertinente tener presente el contenido de los artículos 136 y 139 de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido (.)". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional". Como se advierte de los numerales transcritos, la obligación de las autoridades señaladas como responsables en un juicio de amparo, de cumplir la resolución en que se concede la suspensión del acto reclamado, sea de manera provisional o definitiva, surge a partir de que se les notifica, por lo que es a partir de este momento que deben realizar las diligencias necesarias para suspender, de manera inmediata, la ejecución del acto reclamado, en los términos en los que fue otorgada la medida cautelar, ya que no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia a ese mandato judicial. La suspensión surte sus efectos desde el momento en que se pronunció la resolución correspondiente, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación. De igual forma, se establecen facultades para hacer cumplir dicha suspensión por parte del órgano jurisdiccional. Bajo esa óptica, se advierte que la suspensión definitiva concedida por este órgano empezó a surtir efectos a partir de la emisión de la interlocutoria respectiva, es decir, la de cinco de julio del año próximo pasado; sin embargo, no debe perderse de vista que en términos generales para determinar el incumplimiento por parte de las autoridades responsables, se debe partir del acreditamiento de los siguientes supuestos: a) Que la medida cautelar se concedió por el órgano competente. b) Que la resolución donde se otorgó y decidió surtió efectos, es decir, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio se enteraron de su existencia; y, c) Que en fecha posterior, al conocimiento de la medida suspensional otorgada, las autoridades responsables ejecutaron o dejaron de ejecutar los actos materia de la suspensión concedida. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por analogía, la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, relativa a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, página seiscientos ochenta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." Respecto del supuesto señalado en el inciso a), debe decirse que la medida cautelar fue otorgada por el órgano competente, lo anterior es así, pues la misma se concedió por este juzgado mediante interlocutoria de cinco de julio de dos mil diecisiete, dictada en los autos del presente incidente de suspensión. De igual forma, se satisface el requisito señalado en el inciso b), toda vez que en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión otorgada mediante la citada interlocutoria, surte efectos desde luego, es decir, en el mismo momento que se concede, según se advierte de la tesis de la octava época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, segunda parte-2, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, página quinientos setenta y tres, aplicada por las razones que la informan, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO Y NO HASTA QUE SE NOTIFIQUE EL AUTO EN QUE LA DECRETA. El artículo 139 de la Ley de Amparo, en su parte conducente dice: el auto en que un juez de Distrito concede la suspensión surtirá efectos desde luego. Por tanto, el hecho de que a la autoridad se le haya notificado la resolución que concede la suspensión provisional con posterioridad a la fecha en que ejecutó el acto que se le reclama, no la exime de su cumplimiento si la concesión de la suspensión provisional se decretó con anterioridad, pues lo que determina su obligatoriedad es el haberse concedido y no su notificación." Además, en el incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que las autoridades responsables fueron notificadas de la interlocutoria dictada por este juzgado federal el cinco de julio de dos mil diecisiete, tal como se colige de la constancia de notificación y acuse de recibo que obran a fojas 97 y 102 respectivamente. Ahora bien, en lo referente al supuesto previsto en el inciso c), relativo a que debe acreditarse que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, la autoridad responsable ejecutó o dejó de ejecutar los actos reclamados materia de la suspensión concedida, es menester tener presente que según se precisó con antelación, mediante la interlocutoria de cinco de julio del año próximo pasado, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y no se suspendieran los trabajos de perforación de un pozo profundo para uso agrícola en el predio denominado "La Ceja" localidad Mesa de Palmira, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, que tiene en posesión la quejosa virtud al contrato de comodato. Asimismo, que los representantes de la quejosa en su escrito por el que promovieron el incidente por defecto en el cumplimiento de la medida cautelar de que se trata, refirieron que la autoridad responsable no había cumplido cabalmente con la suspensión definitiva de cinco de julio de dos mil diecisiete, toda vez que el uno de octubre siguiente, la Secretaría del Campo responsable, realizó actos tendientes a reanudar la perforación del pozo profundo, sin embargo, el cuatro del propio mes de octubre, un grupo de personas ajenas a los quejosos, realizaron actos vandálicos en contra de los moradores del predio la Ceja, así como de los operadores y la máquina perforadora, por lo que ya no se continuó con la perforación del pozo de mérito. Por su parte, el representante jurídico de la autoridad responsable, Secretaría del Campo del Estado, manifestó, que el primero de octubre del año próximo pasado, personal de esa secretaría se constituyó a efecto de realizar los trabajos de perforación pendientes, trabajando día y noche, con lo que se logró realizar una perforación de múltiples metros que es imposible de calcular, pero el cuatro siguiente, un grupo de personas los agredió con armas de fuego de diversos calibres, resultando herido uno de los perforadores, así como unos de los habitantes de Mesa de Palmira. De igual forma, que en atención a lo anterior, la máquina perforadora sufrió distintos daños, los cuales, a la fecha de la presentación de su informe, se encontraban siendo valorados por la compañía aseguradora, para su correspondiente reparación y puesta en marcha nuevamente, razón por la cual, resultó necesario sustraer la máquina de la comunidad a efecto de que se pudiera reparar y posterior a ello continuar con la perforación respectiva. Sin embargo, la responsable de que se trata, no aportó prueba alguna para demostrar los daños que dijo sufrió la máquina perforadora, y como consecuencia, que por esa razón no fue posible continuar con la perforación del pozo, pues la única que al efecto se desahogó es la inspección judicial que dicha autoridad ofreció a fin de que verificara el estado en que se encontraba la misma, respecto de la cual, la actuaria adscrita al juzgado requerido, asentó que al constituirse en el lugar que para el efecto indicado, no se observó ningún tipo de maquinaria. Razón por la cual, es inconcuso que la responsable a que se alude no demostró que los hechos por los que se suspendieron los trabajos de perforación del pozo que refieren los quejosos y respecto de los cuales se había otorgado la suspensión definitiva para que continuaran, se debieron a que la máquina que era utilizada resultó dañada y tuvo que ser retirada de la comunidad a fin de ser reparada. En las relatadas consideraciones, al quedar acreditado el incumplimiento por defecto de la suspensión definitiva, lo procedente es declarar fundado el presente incidente, en lo referente a la autoridad responsable Secretaría del Campo del Estado. Por tanto, con fundamento en los artículos 128, 146, 147, 158 y 209 de la Ley de Amparo, requiérase al titular de la mencionada secretaría de campo, para que dentro del término de veinticuatro horas informe sobre el cabal cumplimiento dado a la resolución interlocutoria de cuatro de julio de dos mil diecisiete, en la que se concedió la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y no se suspendieran los trabajos de perforación de un pozo profundo para uso agrícola en el predio denominado "La Ceja" localidad Mesa de Palmira, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, que tiene en posesión la quejosa virtud al contrato de comodato. En particular deberá acreditar, en el término otorgado que giró instrucciones al personal que tiene a su cargo, para que continúen con la perforación del pozo de mérito, hasta su conclusión; y que ya se están realizando los trabajos relativos. Se apercibe a dicha autoridad, que de no dar cumplimiento a la presente interlocutoria así como a la diversa de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dentro del término de veinticuatro horas que para tal efecto se les concedió, este Juzgado de Distrito procederá en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo, al actualizarse ante su contumacia la hipótesis prevista en el numeral 262, fracción III, de ese mismo ordenamiento, esto es, el delito de desacato a la suspensión definitiva en los términos en que fue ordenada por este Juzgado. Sin que en la especie proceda decretar la responsabilidad de la citada autoridad por el defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, pues como ya se vio se está ante un defectuoso cumplimiento, sin que se desprenda algún dolo en el actuar de la responsable, en la inteligencia de que, de no dar cumplimiento a tal medida cautelar en forma total dentro del término otorgado en la presente resolución, sí será responsable, por virtud de lo aquí resuelto. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la siguiente tesis, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. SI AL PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HABÍA DADO CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA, PERO AL RESOLVERLO, SE ACREDITA QUE YA LO REALIZÓ O RECTIFICÓ LOS ERRORES EN QUE INCURRIÓ, ES IMPROCEDENTE DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE ANALICE SI SE ACTUALIZA EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 262, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, sea de plano o definitiva, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Por su parte, el artículo 209 de la propia ley, dispone que si dicho incidente se declara fundado, el juzgador deberá requerir a la autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la medida precautoria o la realice en forma cabal, ya sea que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, subsane las deficiencias, con el apercibimiento de que en caso de continuar con la conducta contumaz, se procederá con la denuncia respectiva al Ministerio Público de la Federación, quien será el encargado de analizar si se actualiza el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, consistente en desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado. Ahora bien, si al promover el mencionado incidente, la autoridad responsable no había dado cumplimiento al auto que concede la suspensión, pero al resolverlo, se acredita que ya lo realizó o rectificó los errores en que incurrió, es improcedente dar vista al Ministerio Público para que analice si se actualiza el citado ilícito, pues para hacerlo, debe demostrarse que la autoridad responsable, al momento de resolver el incidente, no ha cumplido con la suspensión o subsiste el defecto o exceso en su ejecución y, en ese caso, el Juez tendría que requerirlo con el mencionado apercibimiento para que realizara o subsanara las irregularidades dentro de las veinticuatro horas siguientes; sin embargo, si ello no fue necesario, porque la autoridad cumplió la suspensión, es que resulta improcedente dar vista a la representación social." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en el artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se declara fundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva promovido por Martín Gabriel Serrano y Gonzalo Tapia Barrios, representantes legales de la persona moral denominada "Amigos del Agua de Mesa de Palmira", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 128, 146, 147, 158 y 209 de la Ley de Amparo, requiérase al titular de la Secretaría de Campo del Estado, para que dentro del término de veinticuatro horas informe sobre el cabal cumplimiento dado a la presente resolución, así como a la interlocutoria de cuatro de julio de dos mil diecisiete, conforme a las consideraciones vertidas en el aludido considerando, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, será sancionada conforme a lo ahí determinado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero De Distrito en el Estado, que actúa con María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza, hoy ocho de febrero de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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