Raúl Cabrera Alcantara

Expediente 1289/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1289/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Raúl Cabrera Alcantara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio de admisión de recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del ocurso de agravios y del informe justificado, e informa a este órgano jurisdiccional que admitió el recurso de queja interpuesto en autos, el cual registró con el consecutivo 305/2023; de lo cual la suscrita toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, refiere que el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, no se encuentra disponible para su consulta y solicita se haga disponible. 2. Se ordena vinculación. En atención a su solicitud, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que haga disponible el expediente electrónico 1289/2023, del índice de este juzgado federal, al expediente recurso de queja 305/2023, del índice del tribunal oficiante, a efecto de se encuentre en aptitud de acordar lo conducente, lo anterior, se ordena hacer del conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista Tribunal de Alzada Oficio

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Por recibido el escrito signado por **********, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y, 101, de la Ley de Amparo, remítase el escrito de expresión de agravios, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del medio de impugnación de referencia al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno. 2. Ríndase informe con justificación. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación correspondiente, en el sentido de ser cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho, por las razones que en el mismo se expresan. 3. Se ordena hacer disponible expediente electrónico. Por otro lado, comisiónese al Oficial Judicial A, para efectos de que haga disponible el expediente electrónico al órgano colegiado que corresponda. Asimismo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa; particularmente las relativas a la interposición del recurso precisado en párrafos anteriores, ello con la finalidad de que el Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación correspondiente se encuentre en condiciones legales de resolver el mismo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta firmada por el Actuario Judicial adscrito, por medio de la cual, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa, el auto de dieciséis de octubre de este año, por las razones que expone. NOTIFICACIÓN POR LISTA. En atención a lo anterior, dada la imposibilidad para notificar a la parte quejosa en el domicilio que señaló en su escrito de demanda, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena realizar la notificación del auto de dieciséis de octubre de este año, el presente proveído y las subsecuentes que deriven de este juicio al quejoso **********, por medio de las listas de este Juzgado, hasta en tanto señale un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista el auto de dieciséis de octubre del año en curso. POR LO ATERIOR, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA el auto de dieciséis de octubre de este año, que señala: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Trámite de Toluca, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1289/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Estudio de la demanda. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aún de oficio, lo aleguen o no las partes. Es así que del estudio integral de la demanda presentada por el quejoso, se desprende que reclama: La orden de citación y su ejecución. En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, constitucional y 5º, fracción I, del citado ordenamiento legal, estos últimos en sentido contrario, mismos que disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no causa un agravio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, es decir, tal y como lo establece el principio del juicio de amparo de "instancia de parte agraviada", éste solo puede iniciarse a petición de parte y por quien resienta el agravio directo por la ley o acto reclamado. Ahora bien, el acto que el quejoso combate es la citación emitida de una autoridad ministerial, cuyo fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 21 Constitucional, primer párrafo, el cual establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función..." Del artículo constitucional citado, se advierte que la persecución de los delitos es de es de interés público y que corresponde al Ministerio Público investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar en su caso si ha lugar o no a ejercer la acción penal cuando encuentre que se reúnen los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Con base en ello, es dable concluir que si, por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica de los gobernados, pues no les irroga un perjuicio. Estimar lo contrario, implicaría paralizar el procedimiento penal, particularmente la etapa de investigación (primera etapa del procedimiento penal), pues el Ministerio Público quedaría imposibilitado para llevar a cabo los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, con lo que se trastocaría el orden público y el interés social, ya que por mandato constitucional, se impone al Ministerio Público la obligación de investigar los hechos constitutivos de delitos; de ahí que, los actos inherentes a dicha investigación, no son susceptibles de impugnación por la vía de amparo indirecto, pues no constituyen actos de imposible reparación. Por tanto, el acto aquí reclamado por el quejoso consistente en la citación no constituye una acción que invada o vulnere su esfera jurídica, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 Constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del Juez que llegue a conocer de la carpeta de investigación. De manera que, como se ha establecido, tal acto no le causa un daño o perjuicio, al ser el inicio de una carpeta de investigación, cuyo resultado no implica la privación de alguno de sus derechos interés público y que Ello, porque se insiste, los actos tendentes a la investigación de los delitos, son de orden público e interés social, por lo que no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico o del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, misma que a la letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. 4. Desechamiento de la demanda. Bajo este contexto, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********. 5. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en **********. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 7. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental1 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Mixto del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, mediante el cual da cumplimiento al proveído de seis de octubre del año en curso e informa el estado procesal que guarda el expediente 513/2022 de su índice y remite copia certificada de las constancias que sustenten su información. Consecuentemente, con su contenido, dese vista a las partes por el plazo de tres días, en términos del artículo 297, fracción II, del Código, Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme al artículo 2º, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese sentido, el principal objetivo de dicha vista, es respetar el derecho de audiencia del justiciable para: a) que tenga la oportunidad de expresar argumentos tendentes a refutarla; b) hacer notar aspectos no analizados por este juzgado al momento de recibir las constancias; o, c) hacer llegar elementos de prueba para desvirtuar lo manifestado por la autoridad. En el entendido de que de conformidad con el numeral 66 segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, se aplicación supletoria a la Ley de la materia, el vocablo "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados. 2. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales anexas a su oficio de cuenta, las cuales se admiten y desahogan, en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 3. Formación de legajo. Finalmente, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se ordena formar un legajo por cuerda separada para su mejor conservación y posterior uso. Por lo anterior, se tiene a autoridad oficiante desahogando el requerimiento que le fuera formulado y se deja insubsistente el apercibimiento decretado. 4. Se agrega diversa promoción. Téngase por recibido el oficio suscrito por **********, en su carácter de representante especial del menor de iniciales AAQT; en atención a su contenido, se le tiene informando que realizó invitación al asesor jurídico **********, a una reunión a efecto de acordar las acciones que resulten necesarias para una correcta defensa del citado menor quejoso, programada para las trece horas del veinte de octubre próximo en las instalaciones que ocupa la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ubicadas en Avenida Francisco Sosa, número 439, colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán, código postal 04100, en la Ciudad de México. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista Tercero interesado Lista Asesor jurídico Lista Representante especial Lista

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