Raúl Bustos Almonazi

Expediente 2043/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2043/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Comisario General y Comandante de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México
  • Raúl Bustos Almonazi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Tepic, Nayarit, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Jueza de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia Familiar, con sede en esta ciudad, a través del cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Vista con cumplimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada a efecto de que dentro del término de TRES DI´AS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento. Apercibimiento. Dígase a la parte quejosa y tercera interesada que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuentan, se pronunciara´ en relación con el cumplimiento al fallo protector. Finalmente, en relación a la petición de la responsable, en el sentido de que se le aclare el requerimiento impuesto; dígasele que los requerimientos efectuados dentro del presente juicio, corresponden a lo establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Maria Guadalupe Montoya Villa, que autoriza y da fe. Angélica**

  2. Incidental

    Tepic, Nayarit, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, no obstante que mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós se le apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para el efecto de desincorporar de su esfera jurídica lo previsto en los artículos 11, 12, 13 y 20 fracciones I y XVII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, ejercicio fiscal dos mil veintiuno, a fin de que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa ni en el presente ni en el futuro tales preceptos legales hasta en tanto no se modifique dicha normativa. De igual modo, la autoridad responsable deberá devolver el remanente que exceda de la aplicación de $300.00 (trescientos pesos 00/100, moneda nacional) que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado y crédito hipotecario, así como impuestos adicionales, respecto de la cantidad de $16,600.40 (dieciséis mil seiscientos pesos 40/100, moneda nacional); y, la respectiva actualización de la cantidad a devolver. Resolución que causo ejecutoria el veintiuno de octubre del año en curso, por determinación del Segundo Tribunal Colegiado de Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del análisis del comunicado y anexos recibidos en este juzgado federal el ocho de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo porque le fue devuelta a la parte quejosa la cantidad de $17,733.60 (diecisiete mil setecientos treinta y tres pesos 60/100, moneda nacional), mediante transferencia electrónica de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, lo que pone en evidencia que restituyó de esa manera a la parte quejosa en el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos violados. En ese contexto lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo a la parte quejosa en auto de nueve de diciembre del año en curso. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. En consecuencia, con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Francisco Javier Soto Moreno, que autoriza y da fe. Male.

  3. Principal

    veintiuno de diciembre de dos mil veintidósAUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las diez horas con seis minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, en audiencia pública la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, quien actúa con Josué Jesús Gaona Ortiz, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. El secretario certifica que las constancias del presente expediente físico concuerdan fielmente con las que obran en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Abierta la audiencia. El secretario da lectura de la demanda de amparo (fojas 2-12); del informe justificado rendido por las siguientes autoridades responsables: -Oficina de representación de la Secretaría de Economía en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su denominación correcta, por conducto de su representante (fojas 44 y 129-130) -Jefe de Departamento "A" adscrito a la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía en el Estado de Jalisco, por conducto de su representante, con sede en la Ciudad de México, en su denominación correcta (fojas 109-110). -Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, con sede en la Ciudad de México (foja 229) -Titular de la Secretaría de Energía, con sede en la Ciudad de México (fojas 53-57). -Director del Registro Público de Minería y Derechos Mineros, con sede en la Ciudad de México (foja 228). -Director General de Minas, con sede en la Ciudad de México (fojas 225-227). Y de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la jueza determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. El secretario da cuenta a la jueza con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda (fojas 13-22); asimismo, con la documental remitida por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. A lo que la jueza provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas por las partes procesales citadas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. El secretario da cuenta con los formulados por el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, a través del alegato ministerial 649/2021 (fojas 35-39) A lo que la jueza determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por el fiscal federal adscrito; por tanto, al no haber alegatos que reproducir, se da por concluida la presente etapa; y, al encontrarse debidamente integrado el expediente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1260/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, validado ese mismo día por la referida oficina de correspondencia común, Rosa María Ávalos Guzmán, David del Toro Manjarrez, Pablo Antonio Orozco Langarica y Bill Ignacio González Bustamante, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Oficina de representación de la Secretaría de Economía en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su denominación correcta. Jefe de Departamento "A" adscrito a la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía en el Estado de Jalisco, por conducto de su representante, con sede en la Ciudad de México. Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, con sede en la Ciudad de México. Titular de la Secretaría de Energía, con sede en la Ciudad de México. Director del Registro Público de Minería y Derechos Mineros, con sede en la Ciudad de México. Director General de Minas, con sede en la Ciudad de México. Actos reclamados: Acto que, a su parecer, resulta violatorio del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional. SEGUNDO. Trámite de amparo. Por razón de turno, la demanda de amparo de referencia se remitió para su conocimiento a este juzgado, por lo que en proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 23-28), se registró bajo el número de expediente 1260/2021 y, entre otros aspectos, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede y forma parte integral del presente juicio; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II de la Ley de Amparo y 57, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a diversas autoridades administrativas; además, porque el acto reclamado no tiene ejecución y, por ende, es competente el órgano jurisdiccional ante quien se presente la demanda respectiva. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos reclamados siguientes: De la oficina de representación de la Secretaría de Economía en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su denominación correcta, Jefe de Departamento "A" adscrito a la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía en el Estado de Jalisco, Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, con sede en la Ciudad de México. Titular de la Secretaría de Energía, con sede en la Ciudad de México, Director del Registro Público de Minería y Derechos Mineros, con sede en la Ciudad de México, así como Director General de Minas, con sede en la Ciudad de México, respectivamente: La omisión de dar contestación a la petición formulada por la parte quejosa mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintiuno y, en vía de consecuencia, la totalidad de los actos administrativos que las autoridades responsables deben efectuar en cuanto al trámite de otorgamiento de concesión (fojas 13-20). Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Director General de Minas, con sede en la Ciudad de México, aceptó el acto reclamado, pues reconoció que no ha emitido respuesta a la petición formulada por los quejosos (fojas 225-227). Por su parte, las autoridades responsables Oficina de representación de la Secretaría de Economía en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su denominación correcta, Jefe de Departamento "A" adscrito a la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía en el Estado de Jalisco, Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, con sede en la Ciudad de México, Titular de la Secretaría de Energía, con sede en la Ciudad de México y Director del Registro Público de Minería y Derechos Mineros, con sede en la Ciudad de México, respectivamente, negaron el acto reclamado (fojas 44 y 129-130, 109-110, 229, 53-57 y 228). No obstante, se desvirtúan dichas negativas y, por ende, se tiene como cierta la omisión que se les atribuye, por los motivos que se expondrán. En efecto, la parte quejosa allegó copia certificada del acuse de solicitud de concesión formulada el nueve de marzo de dos mil veintiuno (fojas 13-22); por tanto, es evidente que el Director General de Minas, con sede en la Ciudad de México, se encuentra obligado a emitir una respuesta congruente con lo pedido y, en vía de consecuencia, las demás autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, se encuentran obligadas a intervenir en el procedimiento de concesión de permiso. En efecto, las autoridades responsables tienen intervención en la emisión del dictamen de mérito, pues dicho procedimiento consta de varias fases en las que las autoridades responsables de previa mención tienen que realizar diversos actos. Máxime que a la fecha no se tiene certeza de las referidas responsables dieran contestación a la petición que les fue formulada ni que activaran el procedimiento de concesión respectivo por lo que actualmente se encuentra pendiente. Además, no puede desconocerse que los actos reclamados a dichas autoridades son de naturaleza negativa, pues radican en un "no hacer" de su parte y, en consecuencia, a les corresponde la carga de la prueba, en razón de que son quienes deben acreditar que no han incurrido en las violaciones que se les reclaman; por tanto, al haber negado el acto reclamado, se encontraban obligadas a demostrar que ya había realizado la conducta que se les atribuye, o bien, que no se encontraban obligadas a realizarlaSirve de sustento a lo anterior, por las razones que en ella se informa, la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 392, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario." Por los motivos anteriores, resulta infundada la manifestación de sobreseimiento contenida en los informes justificados de las referidas autoridades responsables en cuanto a la inexistencia de los actos, sustentada en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, precisamente porque contario a dichos argumentos, los actos reclamados resultaron ser ciertos. CUARTO. Estudio relativo a las causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia que se advierten ya sea que las hagan valer las partes o de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello con apoyo en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, el Jefe de Departamento "A" adscrito a la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía en el Estado de Jalisco, con residencia en la Ciudad de México, por conducto de su representante, argumentó que debe sobreseerse en el presente juicio en razón de que, desde su óptica, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado, pues el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, remitió a la Dirección General de Minas, con residencia en la Ciudad de México, la petición base de la demanda de amparo, a fin de que dicho ente emitiera la respuesta respectiva (foja 109 reverso). Lo anterior es infundado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, numeral que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Entonces, la fracción citada establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, la parte quejosa reclama, en síntesis, que no se le ha dado respuesta a la petición que formuló el nueve de marzo de dos mil veintiuno, por la que solicitó, en concreto, que se emitiera a su favor un título de concesión . Es decir, el núcleo de la causa de pedir de la parte quejosa radica en que no se ha acordado, en sus términos legales, la petición que formuló, lo cual genera que se trastoque su derecho de petición tutelado constitucionalmente. No obstante, a la fecha que se resuelve no se tiene noticia de que se hubiera emitido alguna respuesta al respecto; por tanto, no puede concluirse que han cesado los efectos del acto reclamado aun cuando la autoridad que invoca la causa de improcedencia en estudio argumente que bastaba con enviar la referida petición a la Dirección General de Minas para su trámite respectivo, pues es necesario que se emita una respuesta congruente con lo peticionado, esto es, sobre la procedencia de lo peticionado; momento en el que pudieran cesar los efectos del acto. Lo anterior es así, toda vez que el efecto del amparo únicamente se podría concretar en el dictado inmediato de la resolución base de la omisión reclamada, lo que no ha acontecido en la especie y, por ende, la afectación causada al quejoso no ha desaparecido. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria." Por tanto, se declara infundada la causa de improcedencia en estudio, por lo que se procede a analizar el fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. En virtud de que las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia ni se advierte de oficio la actualización de alguna, de conformidad con el ordinal 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Los conceptos de violación resultan fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, mismos que no se transcriben por no existir disposición legal que obligue a ello. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación, mayo dos mil diez, que estatuye: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como cuestión previa, debe precisarse que la quejosa considera que la omisión materia del presente considerando es violatoria del derecho humano tutelado en el artículo 17 constitucional; sin embargo, del análisis integral de sus escrito de demanda se advierte, en esencia, que su reclamo constitucional parte de la base de que la autoridad responsable ha sido omisa en dar contestación al escrito que presentó ante ella, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, es decir, el acto reclamado impacta de manera directa en su derecho de petición; por tanto, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo que faculta al órgano jurisdiccional para corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, se concluye que la quejosa se duele de la violación al derecho humano contenido en el artículo 8° constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO PUEDE DEFINIR CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE EN CADA ASUNTO SE ESTIME VIOLADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE AMPARO. Si conforme al artículo citado, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y puede examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, es inconcuso que, en concordancia con lo anterior, también puede definir cuál es el derecho humano que, en su caso, se estime violado en cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en el Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del rubro y contenido siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Precisado lo anterior, la parte quejosa reclama la omisión por parte de la autoridad responsable de proveer respecto a la solicitud de concesión minera que presentó el nueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la Dirección General de Minas, señalando al respecto como concepto de violación, que lo anterior le genera un agravio en su derecho de petición tutelado constitucionalmente, pues hasta el momento de la presentación del amparo las autoridades han sido omisas en contestar a su petición. El motivo de disenso sintetizado resulta sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, como se argumentará enseguida. Al respecto, resulta necesario transcribir el contenido del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Art. 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". El derecho de petición consignado en el artículo invocado consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es, por tanto, la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente. El titular del derecho subjetivo público individual de petición, consagrado como derecho humano en el artículo 8° constitucional, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, la que tiene que ser congruente con la petición. Lo anterior, sin perjuicio de que la respuesta emitida a la petición del quejoso sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Finalmente, la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, y tratándose de personas privadas de su libertad en el lugar en el que se encuentren recluidos. En lo conducente, es sustento de lo argumentado el criterio emitido en la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2167, tomo XXXIII, marzo de 2011, materia constitucional, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Así como la tesis de jurisprudencia 79, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada a fojas 89, Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN¸ Quinta Época, Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Ahora bien, como se dijo, por breve término debe entenderse como el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. Lo anterior implica que no debe señalarse un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación, porque de aceptarlo se llegaría al extremo de que cualquier solicitud, sin importar su simplicidad o complejidad, deba ser contestada siempre en ese lapso. En ese entendido, corresponde al juzgador calificar el "breve término" que tutela el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto, ya que en ocasiones un plazo fijo puede ser demasiado para que la autoridad dé una respuesta, o poco tiempo para responder a cuestiones extremadamente complejas. En lo conducente, apoya a lo anterior el criterio previsto en la tesis número I.7o.A.112 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2256, del Tomo XXVII, Febrero de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO NO DEPENDE DE QUE SE HAYA INTERPUESTO SIN SUJETARSE A UN PLAZO FIJO NI PREDETERMINADO RESPECTO DEL MOMENTO EN QUE EL QUEJOSO ELEVÓ SU PETICIÓN A LA AUTORIDAD, YA QUE CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CALIFICAR EL "BREVE TÉRMINO" QUE TUTELA EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN CADA CASO CONCRETO. El derecho de petición no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación, como puede ser el de cuatro meses; esto es así, porque de aceptarlo se llegaría al extremo de que cualquier solicitud, sin importar su simplicidad o complejidad, deba ser contestada siempre en ese lapso; en ese entendido, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el "breve término" que tutela el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto, al conceder o negar la protección de la Justicia Federal solicitada, ya que en ocasiones un plazo fijo puede ser demasiado para que la autoridad dé una respuesta, o poco tiempo para responder a cuestiones extremadamente complejas. Por tanto, el hecho de que la demanda relativa se haya promovido sin sujetarse a un plazo fijo ni predeterminado respecto del momento en que el quejoso elevó su petición a la responsable, no conlleva la improcedencia del juicio de garantías, ya que, por las razones apuntadas, aquélla puede presentarse en cualquier tiempo". En el caso, la parte quejosa reclama, sustancialmente, que la autoridad responsable Director General de Minas, con sede en la Ciudad de México, no respondió a la petición que le fue planteada desde el nueve de marzo de dos mil veintiuno (fojas 13-22). Ahora, del acuse de recibo de dicha petición (fojas 13-22), se advierte, que fue dirigida por escrito, de manera pacífica y respetuosa; asimismo, que fue recibida por la aludida autoridad en la fecha precisada en el párrafo que antecede. En el documento aludido, los aquí quejosos solicitaron a la referida dirección, que le concediera el beneficio de una concesión, respecto del bien inmueble ahí descrito Asimismo, de dicho documento se desprende que los quejosos señalaron los medios de localización (correo electrónico y número de teléfono). No obstante, a la fecha no existe certeza de que hubiera dado contestación a la referida solicitud, aunado que, como ya se precisó en el considerando anterior, se tuvo por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues tienen intervención en el procedimiento de elaboración de la concesión. Máxime que el Director General de Minas, con residencia en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, reconoció que no había emitido la respuesta respectiva, en razón de que se encontraba analizando la documentación aportada por los quejosos, a efecto de dar una contestación fundada y motivada (fojas 225-227). En ese sentido, desde la recepción de la petición efectuada por la parte quejosa (nueve de marzo de dos mil veintiuno) a la fecha en que se emite el presente fallo (veintiuno de diciembre de dos mil veintidós) han transcurrido más de un año y nueve meses, sin que se tenga noticia de que la autoridad citada emitiera la respuesta conducente. Tiempo que se estima ampliamente suficiente para que dicho ente diera contestación a la solicitud de la parte quejosa, pues la respuesta no implica un despliegue técnico complejo por parte de la autoridad responsable, en razón de que únicamente tiene que analizar si el aquí quejoso cumple con los requisitos de procedencia establecidos en la ley aplicable, a fin de determinar si está en condiciones de obtener el beneficio que solicitó, así como la redacción de la respuesta en ese sentido, en el entendido que de ser procedente, se debería continuar con el procedimiento previsto en la Ley Minera y demás relativas para la obtención de dicho dictamen. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. De manera que si las autoridades no dieron contestación a la petición de la peticionaria de amparo en un tiempo que se estime suficiente, tal omisión constituye una violación al derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional, por lo que lo conducente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que: -El Director General de Minería, con residencia en la Ciudad de México, de manera fundada y motivada, dé respuesta la petición formulada por la parte quejosa, en breve término, de forma congruente con lo solicitado y, hecho lo anterior, le notifique su determinación a través de los medios de contacto que al efecto proporcionaron los quejosos, haciendo constar tal circunstancia. Concesión que se hace extensiva a la Oficina de representación de la Secretaría de Economía en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su denominación correcta, Jefe de Departamento "A" adscrito a la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía en el Estado de Jalisco, Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, Titular de la Secretaría de Energía y Director del Registro Público de Minería y Derechos Mineros, todos con sede en la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus funciones, realicen los trámites que les correspondan a fin de que Director General de Minería, con residencia en la Ciudad de México esté en aptitud de emitir la respuesta fundada y motivada que corresponda a la solicitud formulada por la quejosa. En el entendido de que se encuentran en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarlas a pronunciarse en determinado sentido. En consecuencia, al haber resultado fundado uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de disenso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 107, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la federación, Séptima Época, página ochenta y cinco, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rosa María Ávalos Guzmán, David del Toro Manjarrez, Pablo Antonio Orozco Langarica y Bill Ignacio González Bustamante contra los actos y autoridades establecidas en el considerando segundo de la presente sentencia; por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsable y por lista a las demás partes; asimismo, procédanse a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el licenciado Josué Jesús Gaona Ortiz, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ocho de diciembre de dos mil veintidósAUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1075/2022 promovido por José de Jesús Martínez García, la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida del secretario Octavio Parra García que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Además, el secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Asimismo, se hace constar que las actuaciones del presente expediente el cual se encuentra debidamente integrado, coinciden con las del expediente electrónico. Acto continuo, el secretario hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: a) Escrito inicial de demanda, en el que se ofrecieron pruebas documentales (fojas 3-12); b) Informe con justificación rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit y constancias que remitió (fojas 53-54 y legajos por separado); c) Emplazamiento a juicio del tercero interesado Miguel Ozuna Gómez (fojas 34-36); y, d) Ocurso signado por el tercero interesado Miguel Ozuna Gómez, por el cual formula alegatos (fojas 45-46). Sin más documentales que deban relacionarse, la Jueza de Distrito acuerda: se tienen por descritas las constancias de autos. Posteriormente, con apoyo en los dispositivos 119, 123 y 124 de la ley de la materia, se inicia el período probatorio, dentro del cual se admiten y se tienen por desahogadas por su propia naturaleza jurídica, las descritas. Con ello, se cierra tal período y se abre el de alegatos, siendo formulados por el tercero interesado, por lo que al encontrarse debidamente integrado el expediente, se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta para constancia, acto seguido, se procede a dictar la resolución correspondiente: VISTOS, para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 1075/2022 promovido por José de Jesús Martínez García, contra el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad (fojas 3-8), José de Jesús Martínez García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: Autoridad responsable: Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit. "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- Reclamo de la autoridad señalada como responsable, LA RESOLUCIÓN O ACUERDO EMITIDO CON FECHA 8 DE ABRIL DE 2022, DENTRO DEL EXPEDIENTE CIVIL NO. 14/2010-V-1, el cual me depara agravios y constituye conceptos de violación que precisaré en el apartado correspondiente." (Foja 4). La parte quejosa indicó como derechos humanos violados los contenidos en los preceptos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 1075/2022. Mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a la parte tercera interesada, se fijó día y hora para la audiencia constitucional (fojas 13-16), la cual se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 60, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia de este órgano de control constitucional, en términos de lo establecido por los dispositivos y acuerdo de previa mención, lugar en el que tienen ejecución. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000. Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda se observa que se reclama: La audiencia de remate en primera almoneda de ocho de abril de dos mil veintidós, emitida dentro del juicio civil ordinario 14/2010, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, en la que se adjudicó de manera definitiva a favor de Miguel Ozuna Gómez, el bien inmueble identificado como lote de terreno seis, manzana 040, zona dos, con una superficie de doscientos setenta y siete metros cuadrados, calle Nayarit de esa ciudad. Cabe precisar que el aquí quejoso al formular los conceptos de violación expresó que no fue debidamente notificado del proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en el cual se fijó fecha para que tuviera verificativo la audiencia de remate en primera almoneda; motivo por el cual se le requirió a efecto de que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Notificadora adscrita al juzgado responsable y en su caso, indicara el acto que le reclamaba, sin que hubiera hecho manifestación alguna (fojas 55-56 de autos y 357-358, 364-369, legajos por separados); por ende, no se tiene como acto impugnado. Por tanto, resulta innecesario analizar los argumentos hechos valer por el tercero interesado Miguel Ozuna Gómez, en cuanto a que en contra de la indebida notificación procede el incidente de nulidad (fojas 45-46). Ello, porque, se insiste, el quejoso no señaló como acto impugnado la notificación practicada del proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit (fojas 53-54 y legajos por separado), al rendir el informe con justificación aceptó el acto reclamado. Para acreditarlo remitió copias certificadas del juicio civil ordinario 14/2010, en cuyas fojas trescientos setenta a trescientos setenta y uno, aparece la determinación impugnada (legajo por separado). Informe y constancias que dado su carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de su función pública, poseen pleno valor probatorio de conformidad con los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo. Fortalece la decisión que se adopta, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio y resolución del asunto. Los motivos de impugnación hechos valer deben desestimarse, los cuales se analizarán en forma conjunta en términos del numeral 76 de la Ley de Amparo. Con el propósito de demostrar lo anterior, es oportuno precisar que de las constancias que remitió la responsable se advierte que: 1. Por escrito presentado el ocho de enero de dos mil diez, Miguel Osuna Gómez promovió acción de cumplimiento de convenio en contra de José de Jesús Martínez García, reclamando el pago de cincuenta mil pesos por concepto de suerte principal del préstamo personal materia de la litis, e intereses mensuales, entre otras prestaciones (fojas 1-4 del tomo I de pruebas). El Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, el catorce de enero de dos mil diez, admitió a trámite el juicio con el número 14/2010. Sin que el demandado haya comparecido a juicio no obstante que fue emplazado en su oportunidad (fojas 5-8, del tomo I de pruebas). 2. Seguido el cauce procesal correspondiente, por sentencia de doce de julio de dos mil diez, en lo que al caso interesa, se declaró procedente la acción ejercida y se condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 62 a 70 ídem). 3. En contra de dicha resolución, el demandado José de Jesús Martínez García interpuso recurso de apelación, medio de impugnación que fue resuelto el veintinueve de octubre de dos mil diez, por el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, dentro del toca civil 463/2010, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida (fojas 78-79 y 113 a 124 ídem). 4. Dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, por auto de veintiocho de noviembre de dos mil trece, se tuvo a la parte actora señalando para embargo la finca urbana propiedad del demandado ubicada en calle Nayarit número 15, colonia centro en Las Varas, Nayarit; siendo practicada la traba real el veintiocho de febrero de dos mil catorce (fojas 169 y 189, del tomo I de pruebas). 5. Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós se fijó fecha para que tuviera verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, cuya postura legal era el equivalente al setenta y cinco por ciento del valor comercial del inmueble (fojas 357-358, del tomo II de pruebas). 6. En audiencia de ocho de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo el remate de dicho bien inmueble identificado como lote de terreno seis, manzana 040, zona dos, con una superficie de doscientos setenta y siete metros cuadrados, calle Nayarit de esa ciudad, mismo que se adjudicó de manera definitiva a la parte actora y se requirió al demandado para que dentro del lapso de tres días exhibiera los documentos originales de propiedad a fin de que se otorgara la escritura correspondiente, bajo apercibimiento de que en caso de omisión, lo haría el Juez del conocimiento en su rebeldía (fojas 370-371 del tomo II de pruebas). Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. El solicitante del amparo alega que la determinación reclamada es violatoria de sus derechos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que: a) No está debidamente fundada ni motivada, ya que la responsable refiere que el inmueble rematado fue hipotecado, pero en ningún momento se hipotecó al tercero interesado, ya que el acto reclamado deriva de un juicio civil y no hipotecario; y, b) No hay fundamento para realizar la adjudicación del inmueble en los términos en que se efectuó; esto, porque no se señala cuál es el motivo o fundamento para sacar a remate el inmueble con una postura legal por el equivalente al setenta y cinco por ciento del valor comercial ni que se adjudicara por dicha cantidad. Los razonamientos sintetizados son substancialmente fundados, pero este órgano judicial estima que también son inoperantes, como se argumentará enseguida. En efecto, el artículo 1 constitucional establece, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece; además, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. A su vez, el artículo 14 constitucional señala, entre otros, el derecho al debido proceso legal. Esta prerrogativa se traduce en que los procesos jurisdiccionales deben substanciarse en cumplimiento de las condiciones fundamentales establecidas en la ley. Por su parte, el artículo 16 de la Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. De lo expuesto se concluye, que toda resolución de carácter jurisdiccional debe cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto, las resoluciones jurisdiccionales deben emitirse de forma fundada y motivada. En ese sentido, para que un acto jurisdiccional se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, razón por la cual se consideró de esa manera, pues existe una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior, tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurisdiccional, de manera que sea evidente y claro para las partes puedan controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que las resoluciones jurisdiccionales contengan una motivación meramente formal, sino se requiere además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. De igual manera, no es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Novena Época, diciembre de dos mil cinco, página ciento sesenta y dos, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Novena Época, mayo de dos mil seis, página mil quinientos treinta y uno, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En este asunto, en audiencia de ocho de abril de dos mil veintidós, con sustento en el artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, se llevó a cabo la audiencia de remate en primera almoneda, por lo que el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, asistido de la Secretaria de Acuerdos, declaró abierta la misma. Además, se hizo constar la presencia de la parte actora y su autorizado, y la inasistencia del demandado. Acto seguido, se analizó la publicación de los edictos y se concedió media hora de espera para admitir nuevos postores, transcurrido el plazo se asentó que no compareció postor alguno. En uso de la voz, el autorizado de la parte actora, ante la falta de postor, solicitó la adjudicación de manera definitiva en el monto que asciende la postura legal del inmueble sujeto a remate a favor del actor Miguel Ozuna Gómez; que se requiriera al demandado por los documentos de propiedad y otorgar la escritura correspondiente, bajo apercibimiento que de no hacerlo lo haría la responsable en su rebeldía. En atención a lo anterior, el juez realizó una cita de antecedentes y determinó adjudicar de manera definitiva a favor del actor Miguel Ozuna Gómez, el inmueble hipotecado identificado como lote de terreno número seis, manzana 040, zona dos, con una superficie de doscientos setenta y siete metros cuadrados, calle Nayarit de Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit. Esto, debido a que se condenó a la parte demandada al pago de la cantidad líquida de $422,500.00 (cuatrocientos veintidós mil quinientos pesos moneda nacional), y en atención a que es inferior la cantidad en la que se sacó a remate el inmueble hipotecado. Ello, porque el valor comercial del inmueble fijado por el perito asciende a $514,952.00 (quinientos catorce mil novecientos cincuenta y dos pesos moneda nacional), cuyo setenta y cinco por ciento es $386,214.00 (trescientos ochenta y seis mil doscientos catorce pesos moneda nacional). Agregó, que $386,214.00 (trescientos ochenta y seis mil doscientos catorce pesos moneda nacional), es el setenta y cinco por ciento de $422,500.00 (cuatrocientos veintidós mil quinientos pesos moneda nacional), precio fijado por el perito en el avalúo del inmueble materia de remate. Por tanto, se requirió a la parte demandada para que dentro del plazo de tres días exhibiera los documentos originales de propiedad y otorgara la escritura correspondiente, bajo apercibimiento de que en caso de omisión, lo haría el juez en su rebeldía. Finalmente, se dio por concluida la diligencia a las once horas con cinco minutos (fojas 370-371 del tomo II de pruebas). De lo expuesto se advierte que, el juez responsable al celebrar la audiencia de remate en primera almoneda no cumplió cabalmente con el requisito de motivación y fundamentación que establece el 16 constitucional. Ello, porque contrario a lo que indicó: a) El lote de terreno número seis, manzana 040, zona dos, con una superficie de doscientos setenta y siete metros cuadrados, calle Nayarit, en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, no constituyó hipoteca en el juicio civil ordinario 14/2010, sino que por auto de veintiocho de noviembre de dos mil trece, se tuvo a la parte actora señalando para embargo la finca urbana propiedad del demandado ubicada en calle Nayarit número 15, colonia centro en Las Varas, Nayarit; siendo practicada la traba real el veintiocho de febrero de dos mil catorce (fojas 169 y 189, del tomo I de pruebas). b) No se estableció el fundamento para sacar a remate el inmueble con una postura legal por el equivalente al setenta y cinco por ciento del valor comercial ni que se adjudicara por dicha cantidad; c) Mediante resolución dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte en el incidente de liquidación de cantidad e intereses en ejecución de sentencia se condenó a José de Jesús Martínez García a pagar a Miguel Ozuna Gómez, la cantidad de $422,500.00 (cuatrocientos veintidós mil quinientos pesos moneda nacional), por concepto de suerte principal e intereses ordinarios del uno de junio de dos mil siete al uno de diciembre de dos mil diecinueve. Resolución que se declaró firme el nueve de marzo de dos mil veintiuno (fojas 306-309 y 317, del tomo II de pruebas); d) Al rendir el dictamen de valuación el Corredor Público número Ocho, con sede en esta ciudad, concluyó que el valor comercial del inmueble era de $514,952.00 (quinientos catorce mil novecientos cincuenta y dos pesos moneda nacional, fojas 328-333, del tomo II de pruebas); y no $422,500.00 (cuatrocientos veintidós mil quinientos pesos moneda nacional); e) El setenta y cinco por ciento de $422,500.00 (cuatrocientos veintidós mil quinientos pesos moneda nacional), no es $386,214.00 (trescientos ochenta y seis mil doscientos catorce pesos moneda nacional). De ahí que, en este aspecto, asiste razón al quejoso cuando sostiene que la audiencia de remate en primera almoneda carece de la debida motivación y fundamentación, ya que es incongruente. Cierto, al inicio de la audiencia de remate se precisó que la parte demandada fue condenada al pago de la cantidad líquida de $422,500.00 (cuatrocientos veintidós mil quinientos pesos moneda nacional); que el valor comercial del inmueble fijado por el corredor público asciende a $514,952.00 (quinientos catorce mil novecientos cincuenta y dos pesos moneda nacional); y que el setenta y cinco por ciento del valor comercial es $386,214.00 (trescientos ochenta y seis mil doscientos catorce pesos moneda nacional). Sin embargo, después establece que el setenta y cinco por ciento de $422,500.00 (cuatrocientos veintidós mil quinientos pesos moneda nacional), es $386,214.00 (trescientos ochenta y seis mil doscientos catorce pesos moneda nacional). Ahora, no obstante lo fundado de los argumentos del peticionario de amparo, se advierte que éstos también son inoperantes, pues se estima correcto que se adjudicara de manera definitiva a favor del actor Miguel Ozuna Gómez, el inmueble embargado, por la cantidad de $386,214.00 (trescientos ochenta y seis mil doscientos catorce pesos moneda nacional), equivalente al setenta y cinco por ciento del valor comercial del inmueble fijado por el corredor público, a saber: $514,952.00 (quinientos catorce mil novecientos cincuenta y dos pesos moneda nacional). De ahí que, resultan inoperantes las manifestaciones en estudio. En efecto, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en lo que al asunto interesa, establece: "ARTICULO 391.- Es postura legal la que cubra el setenta y cinco por ciento del avalúo o del precio fijado por los contratantes. ARTICULO 396.- Antes de aprobarse el remate o declararse la adjudicación, podrá el deudor liberar sus bienes pagando principal e interés y exhibiendo depósito por la cantidad que prudentemente califique el Juez, para garantizar el pago de las costas. ARTICULO 397.- El Juez revisará escrupulosamente el expediente antes de dar inicio al remate, y decidirá de plano cualquier cuestión que se suscite durante la subasta, siendo irrecurrible su decisión a menos que la Ley disponga otra cosa. ARTICULO 398.- El día del remate, a la hora señalada, pasará el Juez personalmente lista de los postores presentados, concederá media hora para admitir a los nuevos que pudieren presentarse y concluida, declarará que se procederá al remate y ya no se admitirán nuevos postores. Enseguida, revisará las propuestas presentadas, desechando desde luego, las que no se ajusten a la Ley. ARTICULO 400.- No habiendo postor quedará al arbitrio del ejecutante pedir en el momento de la diligencia que se le adjudiquen los bienes por el setenta y cinco por ciento que sirvió de base para el remate o que se saquen de nuevo a pública subasta con rebaja del diez por ciento de la tasación. Esta segunda subasta se anunciará y celebrará en igual forma que la anterior. ARTICULO 401.- Si en ella tampoco hubiere licitadores, el actor podrá pedir o la adjudicación por el sesenta y cinco por ciento que sirvió de base para la segunda subasta, o que se le entreguen en administración los bienes para aplicar sus productos al pago de los intereses, extinción del capital y de las costas. ARTICULO 402.- No conviniendo al ejecutante ninguno de los dos medios expresados en el artículo que precede, podrá pedir que se celebre una tercera subasta en los mismos términos que la segunda, tomando como base el sesenta y cinco por ciento y si nuevamente no hubiere postores, se adjudicará al acreedor con una reducción de un diez por ciento de la tasación anterior." Conforme a tales preceptos, es postura legal la que cubra el setenta y cinco por ciento del avalúo o del precio fijado por los contratantes; antes de aprobarse el remate o declararse la adjudicación, podrá el deudor liberar sus bienes pagando principal e interés y exhibiendo depósito por la cantidad que prudentemente califique el juez, para garantizar el pago de las costas; el juez revisará escrupulosamente el expediente antes de dar inicio al remate, y decidirá de plano cualquier cuestión que se suscite durante la subasta, siendo irrecurrible su decisión a menos que la ley disponga otra cosa. Además, el día del remate, a la hora señalada, pasará el juez personalmente lista de los postores presentados, concederá media hora para admitir a los nuevos que pudieren presentarse y concluida, declarará que se procederá al remate y ya no se admitirán nuevos postores. No habiendo postor quedará al arbitrio del ejecutante pedir en el momento de la diligencia que se le adjudiquen los bienes por el setenta y cinco por ciento que sirvió de base para el remate o que se saquen de nuevo a pública subasta con rebaja del diez por ciento de la tasación. Esta segunda subasta se anunciará y celebrará en igual forma que la anterior; si en ella tampoco hubiere licitadores, el actor podrá pedir la adjudicación por el sesenta y cinco por ciento que sirvió de base para la segunda subasta, o que se le entreguen en administración los bienes para aplicar sus productos al pago de los intereses, extinción del capital y de las costas. No conviniendo al ejecutante ninguno de los dos medios expresados en el párrafo que precede, podrá pedir que se celebre una tercera subasta en los mismos términos que la segunda, tomando como base el sesenta y cinco por ciento y si nuevamente no hubiere postores, se adjudicará al acreedor con una reducción de un diez por ciento de la tasación anterior. En ese tenor, de acuerdo con el marco legal expuesto, resulta acertado que el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, en la audiencia de remate en primera almoneda de ocho de abril de dos mil veintidós, después de hacer constar la presencia de la parte actora y su autorizado, y la inasistencia del demandado, hubiere analizado la publicación de los edictos y concedido media hora de espera para admitir nuevos postores, sin que se hubiera presentado alguno. Además, que una vez solicitado por el autorizado de la parte actora, luego de realizar una cita de antecedentes, determinó adjudicar de manera definitiva a favor del actor Miguel Ozuna Gómez, el inmueble identificado como lote de terreno número seis, manzana 040, zona dos, con una superficie de doscientos setenta y siete metros cuadrados, calle Nayarit de Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit. Lo anterior, debido a que en resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veinte emitida en el incidente de liquidación de cantidad e intereses en ejecución de sentencia se condenó a la parte demandada al pago de la cantidad líquida de $422,500.00 (cuatrocientos veintidós mil quinientos pesos moneda nacional), por concepto de suerte principal e intereses ordinarios del uno de junio de dos mil siete al uno de diciembre de dos mil diecinueve. Resolución que se declaró firme el nueve de marzo de dos mil veintiuno (fojas 306-309 y 317, del tomo II de pruebas); En tanto, que el valor comercial del inmueble establecido en el dictamen de valuación por el Corredor Público número Ocho, con sede en esta ciudad, ascendía a $514,952.00 (quinientos catorce mil novecientos cincuenta y dos pesos moneda nacional, fojas 328-333, del tomo II de pruebas). Consecuentemente, en términos del artículo 400 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, al no existir postor y ante la solicitud del ejecutante (parte actora), se le adjudicó el inmueble identificado como lote de terreno número seis, manzana 040, zona dos, con una superficie de doscientos setenta y siete metros cuadrados, calle Nayarit de Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, por el setenta y cinco por ciento que sirvió de base para el remate, a saber: $386,214.00 (trescientos ochenta y seis mil doscientos catorce pesos moneda nacional). Ahora, para obtener el setenta y cinco por ciento del valor comercial del inmueble fijado por el corredor público, procede dividir el valor comercial del inmueble, a saber: $514,952.00 (quinientos catorce mil novecientos cincuenta y dos pesos moneda nacional), entre cien y el resultado se multiplica por setenta y cinco. Una vez realizadas las operaciones aritméticas aludidas, se obtiene la cantidad de $386,214.00 (trescientos ochenta y seis mil doscientos catorce pesos moneda nacional). Cantidad que resulta idéntica por la que el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, adjudicó de manera definitiva a favor del actor Miguel Ozuna Gómez, el inmueble embargado. De ahí que, aunque resultan acertados los argumentos del quejoso en torno a que la responsable no fundó ni motivó debidamente la audiencia de ocho de abril de dos mil veintidós, ya que el inmueble rematado en ningún momento se hipotecó al tercero interesado; además, que no citó precepto legal para realizar la adjudicación del inmueble con una postura legal por el equivalente al setenta y cinco por ciento del valor comercial ni para que se adjudicara por dicha cantidad. Lo cierto es que la determinación impugnada es correcta y, en consecuencia, dichos argumentos son inoperantes. Fortalece la decisión que se adopta, en lo conducente, la tesis XI.2o.29 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en el tomo III, febrero de 1996, página 477, materia civil, registro digital 203297, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "REMATES. ES AJUSTADA A DERECHO LA ADJUDICACION DE LOS BIENES EN LA POSTURA LEGAL. Y NO EN EL CIEN POR CIENTO DE SU VALOR PERICIAL, CUANDO NO COMPARECEN OTROS LICITADORES A LA SUBASTA. Dispone el artículo 1054 del Código de Comercio, que salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, "Los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva." Así, como el numeral 1411 del texto legal en consulta, es omiso en cuanto a la forma en que han de efectuarse los remates y los requisitos que deben llenar las posturas, toda vez que solamente alude a que una vez justipreciados los bienes y anunciada su legal venta, se procederá a su remate "en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho"; es inconcuso que ante esa laguna legal, y debido a que no existe en el citado ordenamiento un procedimiento específico al respecto, ni norma supletoria expresa, debe acudirse a lo que reglamenta sobre el tema el enjuiciamiento civil de la entidad, en acato a lo previsto en la parte final del citado artículo 1054. Luego, si en la especie fueron bienes muebles los que se sacaron a remate, y para su primera almoneda, en términos del último apartado del artículo 857 del Código de Procedimientos Civiles, supletorio del de Comercio, se fijó como "postura legal" la que cubriera el 50% de su valor pericial asignado en autos; es correcto que el actor, que se constituyó en postor y no hubo otro licitador que mejorara su oferta, se adjudicara dichos bienes en la postura que formuló y que se calificó de legal. Siendo inexacto que en tal supuesto la adjudicación debió hacerse por el 100% de su precio, como equivocadamente lo resolvió la responsable; porque entonces carecería de sentido el establecimiento de la postura legal en los remates, en determinado porcentaje en relación con el valor pericial de los bienes a subastar, según se trate de muebles o inmuebles; ya que si el legislador no lo hubiera dispuesto así, habría consignado en la norma, en todo caso, que la base para efectuar las pujas sería el mismo precio asignado en el avalúo pericial, y no introducir en la redacción legal del artículo 857 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la disposición que dice: "En remate de bienes muebles es postura legal el cincuenta por ciento al contado del precio del avalúo."" También, la tesis 1a./J. 34/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el libro XX, mayo de 2013, tomo 1, página 518, registro digital 2003738, materia civil, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "REMATE EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO NO SE FINCA EN LA SEGUNDA ALMONEDA, EL ARTÍCULO 584 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO ES SUPLETORIO DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Conforme al citado precepto, es posible solicitar la celebración de una tercera subasta sin sujeción a tipo, y el ejecutante puede ofrecer una postura inferior a las dos terceras partes del precio que sirvió de base para la segunda almoneda. Por su parte, el artículo 1,412 del Código de Comercio señala que tratándose de la adjudicación de bienes, cuando no haya comparecido postor, el acreedor podrá pedir su adjudicación por el precio que para subastarlos se haya fijado en la última almoneda. En ese sentido, si se toma en cuenta, por un lado, que ambas legislaciones regulan de manera expresa, concreta y diferente lo relativo al remate y, por el otro, que esta Sala ha sostenido que la finalidad de la supletoriedad es colmar las lagunas legislativas sin llegar al extremo de implementar derechos o instituciones no regulados en la ley que ha de suplirse, resulta indudable que cuando el remate mercantil no se finca en la segunda almoneda, el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no es supletorio del Código de Comercio, pues de lo contrario se estaría legislando -y no llenando una laguna legal-, ya que se crearía una nueva figura en relación con los remates en materia mercantil, siendo que el legislador no previó en el Código de Comercio una subasta sin sujeción a tipo; de ahí que la indicada aplicación supletoria contravendría las bases esenciales del sistema legal en que se sustenta la institución del remate en el Código de Comercio." Igualmente, la tesis III.T.2 L, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en el tomo I, abril de 1995, página 182, registro digital 205365, materia laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "REMATES, DEBEN FINCARSE ATENDIENDO A LA MAYOR POSTURA AUNQUE REBASE EL MONTO DEL AVALUO. Mediante el remate se dispone de los bienes propios del deudor para que, con su importe, se pague al acreedor, ante la imposibilidad de lograr el cumplimiento voluntario del laudo, pretendiéndose que los bienes se subasten en el mayor precio posible; dicho procedimiento parte de una postura legal, es decir, de una propuesta de precio que es la cantidad mínima con la que se permite a un postor participar en el remate, que, de acuerdo al artículo 970 de la Ley Federal del Trabajo, debe ser el precio que cubra las dos terceras partes del valor asignado al bien que se subastará, con el que se fija un punto de partida para la realización del remate correspondiente; por lo que, la adjudicación de los bienes debe fincarse al postor de mejor puja y condición." No es obstáculo para concluir en los términos expuestos, el hecho de que en el amparo en materia civil puede suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracciones VI y VII de la Ley de Amparo; empero, en el caso no se actualizan los supuestos que ahí se establecen; es decir, que exista una violación evidente de la ley que haya dejado en estado de indefensión a la parte quejosa ni se demostró que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentra en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En esas condiciones, al desestimarse los motivos de inconformidad, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y con apoyo en los preceptos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José de Jesús Martínez García, contra el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, consistente en la audiencia de remate en primera almoneda de ocho de abril de dos mil veintidós, emitida dentro del juicio civil ordinario 14/2010, en la que se adjudicó de manera definitiva a favor de Miguel Ozuna Gómez, el bien inmueble identificado como lote de terreno seis, manzana 040, zona dos, con una superficie de doscientos setenta y siete metros cuadrados, calle Nayarit de esa ciudad. Lo anterior, atento a los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Octavio Parra García, que autoriza y da fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano