Raul Bolaños Vital
Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Raul Bolaños Vital
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. De conformidad con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que se desechó la demanda de amparo. Por otra parte, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre los supuestos previstos en el artículo 15 del capítulo quinto del Acuerdo General en cita. Finalmente, se advierte que de una revisión de constancias en el presente expediente obran documentos exhibidos por la parte quejosa en copia certificada, consistente en la escritura pública número 147,934 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho anexado con su escrito inicial de demanda por lo tanto, se pone a disposición de la solicitante de amparo el documento exhibido. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede y en virtud de que ha trascurrido el plazo de cinco días para la interposición del recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, SE DECLARA FIRME EL MISMO. Por lo tanto, una vez que la responsable Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México acuse recibo de las constancias remitidas mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se acordara lo relativo al archivo del presente expediente Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito por el cual remite copia certificada del expediente 83/2022-III y cinco tomos de pruebas, acúsese recibo correspondiente. Por otra parte, devuélvase a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, copia certificada de diversas constancias de los tocas 823/2021, 823/2021-1 823/2021-2 expediente 105/2019 y acumulado expediente 677/2019 es decir cinco tomos, solicitándole el acuse de recibo respectivo, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa cincuenta días de salario mínimo general vigente en el la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la señalada ley de la materia. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito por el cual remite copia certificada de la ejecutoria emitida en sesión correspondiente al día veintiocho de abril del año en curso, dictada en el Q.C. 77/2022, interpuesta por la parte tercero interesada en contra el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, en el que se admitió la demanda de amparo, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el presente recurso de queja" Expídase el acuse de estilo correspondiente y, respetuosamente se solicita a la Superioridad, para que cuando considere oportuno y de no tener inconveniente legal, remita los cinco tomos de pruebas que fueron enviados para la resolución del recurso de queja, a fin de estar en posibilidad de devolverlos a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Al respecto, atendiendo a lo resuelto por la Superioridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda de amparo, dado que el Tribunal Colegiado oficiante advirtió que respecto al acto reclamado en la misma, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues la resolución tildada de inconstitucional no es de imposible reparación. Por lo que debe de DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Bajo ese contexto, conviene citar las consideraciones vertidas por el Tribunal Colegiado oficiante en la ejecutoria de mérito, que son del tenor siguiente: (.) Los artículos 107, fracción V, y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". El análisis conjunto de los preceptos transcritos evidencia, como regla general: 1. Que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en el juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 2. Que el juicio de amparo directo procede en contra de actos suscitados en el juicio siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En efecto, los dispositivos reproducidos previenen que, por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, y por excepción, a través del amparo indirecto cuando tienen una ejecución de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos. Por tanto, en el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de segunda instancia que modificó el auto apelado que tuvo por desistido al actor de la prestación consistente en el pago de daño moral; modificación que fue para el efecto de condenarlo al pago de costas, con fundamento en el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Ese auto, conforme a lo precisado, no puede ser considerado como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de ejecución irreparable, porque la condena en costas, considerada en sí misma, no es susceptible de afectar algún derecho fundamental, ya que sólo produce efectos intraprocesales que pueden ser reparados en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio; ocasión en la cual el afectado podrá impugnarla como violación a las leyes del procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Además, la condena en costas no puede desvincularse de la actuación que le dio origen, esto es, la determinación que tuvo al actor, por desistido de una de las prestaciones reclamadas; actuación que, en sí misma, es de índole procesal y, por ende, dicha condena sigue la suerte de la resolución que le dio origen. De manera que la accesoriedad de la condena en costas respecto a la resolución que tuvo por desistido al actor, es consecuencia indisoluble del análisis de la violación correspondiente y debe seguir la suerte de ésta; lo que implica que dicha condena no puede otorgar a la resolución en que se dicte, la característica de acto de imposible reparación de la que carece en sí misma, siendo improcedente, por ende, el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. En ese sentido, la impugnación de la condena en costas debe hacerse valer, atendiendo a la vía que corresponda, lo cual depende de la actuación en la que se emita dicha condena. Luego, si por su naturaleza el acto reclamado es de ejecución irreparable, contra éste procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, en el que se puede impugnar la determinación relacionada con las costas, en la medida en que no puede desligarse el estudio de su ilegalidad, del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste. En cambio, si el acto reclamado implica un mero acto intraprocesal, la ilegalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente. En esas condiciones, en el supuesto que se analiza, el estudio de la legalidad de lo decidido sobre la condena al pago de costas deberá reservarse para el juicio de amparo directo, pues no pueden desvincularse de la violación que le dio origen que, como ya se evidenció, tiene el carácter de intraprocesal por no afectar materialmente derechos sustantivos del quejoso. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia 1a./J. 29/20092 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA. La condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio, por lo que la decretada respecto de ambas instancias en una resolución de segundo grado que confirma otra que resuelve una cuestión incidental de índole procesal es consecuencia del análisis de la violación adjetiva materia del incidente relativo y, por tanto, debe seguir su misma suerte, en virtud de que la condena en ese aspecto constituye la sanción impuesta a las partes en la incidencia como resultado de haberse decidido el fondo de ésta. En ese sentido, es indudable que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, es decir, en este último supuesto, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo resuelto en el incidente. Ello es así porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso; por lo que implica que el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. No es obstáculo para estimar que la determinación incidental sobre costas puede impugnarse en amparo directo, el hecho de que el condenado hubiese sido vencedor en cuanto al fondo del litigio, pues en ese supuesto conserva interés jurídico para promover ese juicio, aunque sólo sea para reclamar la condena en costas en la resolución intermedia de segunda instancia que trascendió a su esfera jurídica" (.)" Bajo ese contexto, conforme a lo resuelto por la Superioridad, lo procedente es dejar sin efectos el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, por lo que respecta a la admisión y sustituirlo procesalmente por el presente proveído, dejando sin efectos lo actuado con posterioridad, como consecuencia de lo resuelto, y en virtud de lo anteriormente expuesto SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, pues en relación con el acto reclamado por la parte quejosa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto de autoridad jurisdiccional tildado de inconstitucional, no es de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes la presente determinación e infórmese a la autoridades responsables el presente proveído, efectúense las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin lugar a dejar sin efectos fecha de audiencia constitucional, toda vez que reservó su señalamiento para el momento en que se dictara sentencia el recurso de queja resuelto por la Superioridad en la ejecutoria remitida. Notifíquese; personalmete a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Licenciado LUIS ALBERTO IBARRA NAVARRETE, Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el Licenciado Adrián Ríos Cruz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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