Raúl Barrón Zuñiga
Expediente 370/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Raúl Barrón Zuñiga
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Entonces, una vez que transcurran tres años destrúyase el mismo. En atención a la certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 370/2020-III, promovido por *******, contra actos del Titular de la Subdelegación número Dos del Instituto Nacional del Seguro Social en Ciudad Juárez. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el uno de septiembre de dos mil veinte, turnado a este Juzgado al día hábil siguiente, ******* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Subdelegación número Dos del Instituto Nacional del Seguro Social en Ciudad Juárez, a quien reclamó lo siguiente: [.] la omisión o falta de contestación al escrito, presentado en la oficialía de partes el 16 de junio del 2020 [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derecho violado el contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Vista para ampliación demanda. Mediante auto de dos de octubre del año en curso, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, con el contenido del informe justificado rendido por parte de la responsable, Titular de la Subdelegación número Dos del Instituto Nacional del Seguro Social en Ciudad Juárez, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación de ese proveído, manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto del acto reclamado, consistente en el oficio *******, a través del cual se le dio respuesta a la solicitud de dieciséis de junio de dos mil veinte; bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna al respecto, se continuaría el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto del acto y autoridad precisados en su demanda. Igualmente, al no haber desahogado el quejoso *******, la anterior prevención, mediante auto de tres del mes y año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Seguido el trámite del juicio, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión de autoridad residente en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el peticionario de amparo reclama, a la responsable, Titular de la Subdelegación número Dos del Instituto Nacional del Seguro Social en Ciudad Juárez, lo siguiente: La omisión a dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veinte. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Titular de la Subdelegación Juárez 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social Órgano Operativo de la Delegación Estatal Chihuahua, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuyó, argumentando que dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa; adjuntando para tal efecto, el oficio *******, de diez de septiembre de dos mil veinte, el cual fue recibido en esa misma fecha por el licenciado ******* (autorizado del aquí quejoso), según nombre y firma que aparece al calce de dicha constancia. Documentales que poseen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, como se precisó en líneas precedentes, fue el uno de septiembre de dos mil veinte, cuando *******, acudió a esta instancia, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Titular de la Subdelegación número Dos del Instituto Nacional del Seguro Social en Ciudad Juárez. Por tanto, con lo anterior, se desvirtúa la negativa expuesta por la responsable, toda vez que, al momento de la promoción del presente juicio de amparo, la responsable aun no emitía la contestación que refiere; por lo que se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por la quejosa a la autoridad en cita. Resulta aplicable al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, que dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa, en esencia, reclama al Titular de la Subdelegación número Dos del Instituto Nacional del Seguro Social en Ciudad Juárez, la omisión a dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado ante dicha autoridad el dieciséis de junio de dos mil veinte. Sin embargo, de la copias certificadas remitida por la responsable en cita, se advierte que a través del oficio *******, dio contestación a la petición formulada por el aquí quejoso, mediante escrito presentado ante la Subdelegación número Dos del Instituto Nacional del Seguro Social en Ciudad Juárez, el dieciséis de junio de dos mil veinte, de lo cual fue notificado el diez de septiembre de dos mil veinte, por conducto de su autorizado, licenciado *******, según se desprende de la firma estampada al calce de dicha comunicación oficial. Documento el anterior, al que se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que, si la responsable mediante oficio *******, dio contestación a la petición formulada por el aquí quejoso, mediante escrito presentado ante la Subdelegación número Dos del Instituto Nacional del Seguro Social en Ciudad Juárez, el dieciséis de junio de dos mil veinte, notificándolo de dicha actuación el diez de septiembre de dos mil veinte, por conducto de su autorizado, licenciado *******, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al quejoso en el goce de la garantía violada, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto precisamente el obligar a la responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional, a emitir un acuerdo, relativo al escrito formulado por la parte quejosa, y exigirle notificar al impetrante dicho proveído, que como ya se dijo, finalmente ocurrió debido a la actuación de la propia responsable. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. QUINTO. Notificación de la sentencia. Atendiendo a lo dispuesto en la Circular CAP/3/2020, en el sentido de que pueden resolverse los expedientes que estén listos para sentencia y lo establecido en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la notificación del presente asunto deberá realizarse por lista, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; razón por la cual la notificación surtirá efectos una vez que se reanuden los plazos y términos procesales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******, contra la autoridad responsable y acto reclamado, precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuesto en el diverso cuarto. SEGUNDO. Notifíquese la presente sentencia, en términos del considerando quinto. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/654/2020, fechado el veintiuno de octubre del año que transcurre, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que se acordó la readscripción de la Juez María Guadalupe Contreras Jurado, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por otro lado, visto el estado de autos de los que se advierte que, el tres de noviembre del año en curso, se encontraba señalada la audiencia constitucional; sin embargo, de conformidad con la Circular SECNO/24/2020, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se suspende la tramitación del presente juicio de amparo. Ello es así, pues de dicha circular se desprende que en sesión de treinta de octubre de dos mil veinte, la Comisión Especial, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19, en los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua", con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las personas que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas. De igual manera, precisó que los órganos jurisdiccionales de este Decimoséptimo Circuito, se retrotraen al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19; durante el periodo comprendido del treinta y uno de octubre al trece de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, a través del diverso SECNO/STCCNO/543/2020 de doce de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que, dicho plazo se extendió del catorce al veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, este Juzgado de Distrito, únicamente tramitará ocursos que sean considerados como "urgentes", independientemente de la forma de presentación; asimismo, dará seguimiento a los asuntos ya radicados que reúnan la misma naturaleza; procediendo a la suspensión de todos aquellos asuntos que no se encuentren dentro de este supuesto. De igual manera, se recibirán y tramitarán asuntos nuevos que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con la excepción de aquellos en los cuales se requiera celebración de audiencias o diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y no pueda desahogarse mediante videoconferencia o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. En ese contexto, se precisa que de conformidad con el AG 13/2020, del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, los trámites considerados como urgentes, son los siguientes: Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: I. Los asuntos competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. II. En materia penal: a) Ejercicio de la acción penal con detenido; b) Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; c) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica; d) Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas; e) La calificación de detenciones; f) Las vinculaciones a proceso; g) Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; h) Determinaciones sobre extradición; i) Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia; j) Procedimiento abreviado; k) Suspensión condicional del proceso; l) En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de pre-instrucción; m) En el sistema penal tradicional, resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y n) Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas. III. En ejecución penal: a) Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; b) Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución; c) Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere controversia entre las partes ni desahogo de prueba; d) Trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o suspensión temporal de la pena) y los derivados de la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril de 2020; e) Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica relacionada con el tercer escalón sanitario (hospitalización); f) Asuntos relacionados con segregación y tortura; y g) Planteamientos en torno a las afectaciones derivadas del Covid-19 con motivo del internamiento. IV. En general, todas las demandas de amparo o acciones contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. V. En amparo civil: a) Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general; b) Amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y c) Amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. VI. Medidas cautelares en concursos mercantiles, ya sea que se trate de solicitudes o demandas nuevas, o los que ya estuvieran en trámite. VII. Declaración de inexistencia de huelga. VIII. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. En el caso, la parte quejosa reclama específicamente lo siguiente: [.] Se reclama de la responsable la omisión o falta de contestación al escrito, presentado en la oficialía de partes el 16 de junio del 2020 [.] En ese tenor, se advierte que en el presente juicio de amparo, no se reclama alguno de los actos señalados en el dispositivo legal antes transcrito; por tanto, se suspende su tramitación y se reserva señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se reanuden las labores de los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el informe justificado signado por la autoridad responsable Titular de la Subdelegación Juárez 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Chihuahua, en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de las documentales que se reciben, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto señala. Por otro lado, en cuanto a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que ofrece, se tienen por admitidas y desahogadas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Finalmente, considerando naturaleza de los actos reclamados en el presente controvertido constitucional -derecho de petición-, remítase versión digitalizada al correo electrónico de la parte quejosa, del informe justificado señalado en la cuenta secretarial y córrasele traslado con el oficio *******, de diez de septiembre de este año, emitido por dicha responsable, para que dentro del término de quince días hábiles, siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, amplíe su demanda de amparo, si así lo desea; en la inteligencia de que el escrito de ampliación deberá colmar los requisitos que exige el artículo 108 de la Ley de Amparo, debiendo exhibir junto con el mismo copias para correrles el traslado respectivo a las partes (en el supuesto de hacerlo en forma escrita); bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna o no dar cumplimiento en los términos aquí precisados, se continuará con la secuela procesal del presente juicio en los términos propuestos en el libelo inicial de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia 1a. /J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 92/2011. Publicada en la página 801, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. En el entendido, que el escrito de ampliación correspondiente deberá contar con la firma autógrafa y/o electrónica del directo quejoso, la cual no puede ser sustituida por autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la parte interesada que influyan en la configuración de la litis constitucional. Ahora, vista la certificación que antecede, se advierte que el día de hoy se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, atento a lo señalado en el párrafo que antecede, se advierte la imposibilidad para su desahogo; por tanto, se difiere la referida audiencia, y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Finalmente, toda vez que únicamente las determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente juicio deben ser notificadas por medio de oficio a las autoridades responsables, notifíquese el presente auto a las mismas por medio de la lista que se fije en este órgano jurisdiccional. Lo antes expuesto, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Raúl Armando Porras García56/2017
- Raúl Armando Vizcarra Sánchez y Otros.809/2015
- Raúl Armendariz Chaparro y Otros.563/2019
- Raúl Armendariz Chaparro y Otros.564/2019
- Raúl Armendariz Chaparro y Otros.565/2019
- RAUL ARTURO TORRES NAVARRO y Otros.126/2012
- Raúl Becerra García148/2022
- Raúl Chávez Chávez y Otros.482/2021
- Raúl Corral Carrasco828/2015
- Raúl Daniel Villagran Soto y Otros.706/2017
- Raúl Daniel Villagran Soto672/2017
- Raul Delgado Herrera623/2023