Raúl Barrón Zúñiga
Expediente 469/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Titular de la Sub Delegación Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Raúl Barrón Zúñiga
Actuaciones
- Principal
Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A seis de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda presentada por Raúl Barrón Zúñiga, por propio derecho, contra actos reclamados al Titular de la Subdelegación "2" del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, al considerarlos vulneradores de los derechos humanos consagrados en el los artículos 1, 14, 16, 17 y 123, apartado A, fracción XXIX, constitucionales. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 469/2020-VII. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Expuesto lo anterior, en el caso, el quejoso reclama del Titular de la Subdelegación "2" del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad fronteriza, y otras autoridades, en concreto, el oficio de diez de septiembre del año en curso, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones 2, mediante el cual atendiendo a la petición formulada por el quejoso en el escrito fechado el dieciséis de junio de dos mil veinte, y derivado de la inscripción improcedente determinada por la Subdelegación Juárez "1" dicho departamento de pensiones emitió resolución de negativa de pensión número 20/080009, dejando sin efectos la diversa resolución 16/684718, y en consecuencia negó la pensión de cesantía en edad avanzada, en virtud de que no se cumple con lo establecido en el artículo 154 de la Ley del Seguro Social. Al respecto, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación sistemática de los preceptos legales trascritos, se colige que para efectos del juicio de amparo la autoridad responsable es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con independencia de su naturaleza formal; pudiendo tener tal carácter un particular, siempre que realice actos equivalentes a los de una autoridad, afecte derechos de un gobernado y sus funciones estén determinadas por una norma general. Así, se advierte que en el presente juicio el acto que se atribuye a las responsables no constituye un acto de autoridad que sea susceptible de analizarse a través de este medio de control constitucional que sólo procede contra actos de autoridad y no de quienes no tengan la calidad de autoridad responsable. No obstante, esa enunciación de los actos que puede realizar una autoridad atinente a la acción constitucional, éstos no dan la pauta para definir conceptualmente lo que debe entenderse como autoridad para efectos del juicio de amparo; por ende, debe atenderse a las directrices históricas que al respecto ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer término, al resolver la contradicción de tesis 116/2005 originaria de la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, número de registro 177279, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD"; consideró: I) Como notas distintivas de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se requiere: La existencia de un ente de hecho o de derecho que tenga una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga nacimiento en la ley, dotándolo de facultades administrativas de ejercicio irrenunciable. Emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas afectando la esfera legal del particular. Que para ello no requiere acudir ante órganos judiciales ni el conceso de la voluntad del afectado. II) Que las autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como un organismo descentralizado perteneciente a la administración pública Federal Paraestatal (artículo 4° de la Ley respectiva), encargado de la administración de seguros, prestaciones y servicios de seguridad social a sus derechohabientes y/o beneficiarios, sí constituye autoridad para efectos del juicio de garantías cuando conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque pensiones (siempre y cuando colme principio de definitividad); toda vez, que tal determinación afecta en forma unilateral la esfera del particular sin necesidad de obtener el consenso de este último o acudir ante un tribunal judicial. En segundo término, al fallar la contradicción de tesis 57/2009, generadora de la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, número de registro 165782, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR"; el máximo Tribunal del País estimó: III) Que constituye autoridad para efectos de la acción constitucional, a quien la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, aquéllas que ejercen facultades decisorias que les fueron legalmente atribuidas, constituyendo una potestad administrativa y de ejercicio irrenunciable, pues el gobernante impone su voluntad de manera unilateral, imperativa, coercitiva y exigible a través de la fuerza pública u otra autoridad. IV) Que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como un organismo descentralizado perteneciente a la administración pública Federal Paraestatal (artículo 5° de la Ley correspondiente), encargado de la administración de seguros, prestaciones y servicios de seguridad social a sus derechohabientes y/o beneficiarios, tiene reconocido un doble carácter: Como organismo fiscal autónomo, cuando determine y recaude las cuotas obrero patronales, hipótesis en la que actúa como autoridad con atributos legales. Como ente asegurador, al sustituir al patrón como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico mediante el que se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o dinero, al asegurado o sus beneficiarios; caso, en el que encuentra en un plano de igualdad. V) Por lo que a fin de dilucidar si el aludido Instituto es o no autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se reclame la omisión de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición previsto por el artículo 8º Constitucional, se atendería al caso particular; resultando, que procedía la acción únicamente cuando se impugnara su descuido como organismo fiscal autónomo, no así cuando lo fuera como ente asegurador, pues en este último supuesto se reclamarían prestaciones de seguridad social respecto de las cuales resulta competencia la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En un tercer momento, al dirimir la contradicción de tesis 129/2011, creadora de la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, número de registro 160995, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL"; señaló: VI) Retomaba que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contaba con un doble carácter, como organismo fiscal autónomo y como ente asegurador. En relación al primero, las controversias que se susciten serán dirimidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa); en tanto que respecto del segundo, lo será por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. VII) La relación jurídica entre el precitado Instituto con sus asegurados y sus beneficiarios, no lo es como organismo fiscal autónomo, por lo que ante ellos no actúa con potestad de autoridad; toda vez, que no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, como lo sería el otorgamiento de cualquier pensión. Esto es, si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de prestaciones que le sean solicitadas, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación) y al resolver únicamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. VIII) Por lo que, el señalado Instituto no era autoridad para efectos del juicio de amparo al resolver un recurso de inconformidad en el que se reclamen como un ente asegurador prestaciones de seguridad social. Sin que pase inadvertida la jurisprudencia P./J. 1/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 190365, de rubro: "SEGURO SOCIAL. LA ACCIÓN DE PAGO EJERCITADA CONTRA EL INSTITUTO POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA NEGATIVA A BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA U HOSPITALARIA A UN ASEGURADO, BENEFICIARIO O PENSIONADO, O POR RESULTAR DEFICIENTE, ES DE NATURALEZA CIVIL Y SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DEL FUERO COMÚN"; pues, en el particular se dilucidaba sobre una controversia entre los asegurados o sus beneficiarios con el referido Instituto sobre las prestaciones que la Ley del Seguro Social otorgaba, en tanto, que en aquélla contradicción se estudió la diversa acción civil de pago buscando la restitución del numerario erogado con motivo a la omisión del Instituto de proveer total o deficientemente servicios médicos u hospitalarios. Por último, al emitir la resolución de la contradicción de tesis 341/2015, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), número de registro 2011948, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR"; la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó: IX) Retomar el análisis de las notas distintitas de los actos de autoridades para efectos de la acción de amparo, de conformidad a la Ley Reglamentaria vigente; considerando como tal: La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. Que emita actos jurídicos derivado de sus facultades conferidas legalmente u omita hacerlos. Cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. X) Que en relación a los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debía traerse a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión número 772/2015, en el sentido de que: Era cierto que el indicado Instituto como ente asegurador y al someterse a la jurisdicción laboral, actuaba en igualdad como todo particular, y que en esos casos, el juicio de amparo no podría substituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. Sin embargo, existían casos excepcionales para la procedencia inmediata de la acción constitucional intentada por un asegurado o beneficiario contra un acto del señalado Instituto como ente asegurador, tal y como lo serían determinaciones sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social previstas legalmente, pues de manera unilateral, vinculante y no en un plano de igualdad, prevalecen hasta que se dicta laudo o resolución que las invalide en el juicio o medio de defensa procedente; ello, sin la necesidad de que medie la jurisdicción ordinaria. Primero, porque el señalado Instituto prestaba un servicio público para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado Mexicano en materia de seguridad social; siendo, que en el ejercicio de esa actividad, los particulares ejercen derechos configurados legalmente y su protección se encuentra prevista en la ley y que para su efectividad, aquéllos se encuentran en una relación asimétrica (desigual) con dicho Instituto. Segundo, porque en la prestación de ese servicio público, está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, o en su caso, una omisión que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas; tal y como acontecía con la resolución que niega el otorgamiento de la pensión de viudez. XI) Por lo que concluyó, que si bien el indicado Instituto de conformidad a la legislación que lo rige se encontraba facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de alguna prestación de seguridad social, por el cual crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas a los asegurados o sus beneficiarios; sobre ese aspecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que cuando se le reclamara la omisión de respuesta a una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto pues en ese caso resultaba necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita respuesta. Bajo el entendido, de que sería improcedente la ampliación de demanda de amparo; en atención a que, una vez que el asegurado y/o beneficiario conociera la respuesta a su petición y de estimar que no satisface su interés, debía acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social. Relación histórica de directrices, de la que se puede concluir que las características de un acto de autoridad, para los efectos de la acción constitucional, son las siguientes: Que tenga calidad de órgano público. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. Que emita o realice actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, afectando a los gobernados. Congruente con lo razonado, cuando se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo", se requiere la presencia de mayores elementos que dependerán del análisis del caso específico que se presente, para lo cual se deberá analizar, cuando menos: El origen material y la finalidad del acto respectivo. El carácter de la relación jurídica entre los sujetos (actualización de la relación de supra a subordinación). El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, respecto al carácter de la relación jurídica ante los sujetos vinculados, se conoce que el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación, mismas que se desarrollan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; por lo que para dirimir sus diferencias se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Las relaciones de supraordinación, que son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra al órgano del Estado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con su ejecución, o bien por ambas. Lo anterior, en un plano de supra a subordinación; es decir, los particulares como gobernados y el Estado investido con su imperio. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como excepción a la regla general antes indicada, estimando la procedencia de la acción constitucional contra actos realizados por particulares cuando éstos actúan por mandato expreso de la ley; tal y como se sostiene en la Jurisprudencia con número de registro 232151, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY". Ahora bien, entrando a la materia que atañe a la presente controversia constitucional, la parte quejosa reclama del Jefe del Departamento de Pensiones Juárez "2", el oficio donde se le negó la pensión por edad avanzada en virtud de que no se cumple con lo establecido en el artículo 154 de la Ley de Seguro Social. Por tanto, si bien es cierto que el Instituto responsable en ciertos supuestos actúa en un plano de "supra a subordinación", también lo es que en el caso particular, carece de tales características, pues actuó como ente asegurador, supuesto en el cual se está ante la presencia de una relación de coordinación entre el quejoso y las autoridades responsables. Es así, toda vez que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa frente a los derechohabientes, como ente asegurador y realiza actos vinculados a las prestaciones en especie y en dinero que reconoce la Ley del Seguro Social, tales actos no son reconocidos como de autoridad para efectos del amparo, debido a que si bien dicho Instituto puede pronunciarse sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, al resolver sobre las mismas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre el Instituto y el asegurado es de igualdad (coordinación), y al emitir su determinación sólo verifica el cumplimiento de los requisitos legales para otorgar la prestación que se le solicita. No obstante, en caso de que los asegurados estén inconformes con la determinación que emita el Instituto respecto de las prestaciones que éste otorga, podrán acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de dilucidar la controversia, órgano en el que ambas partes intervendrán en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la página 1511, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del tenor literal siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". Por lo que es evidente que al suspender el pago de la pensión al quejoso, el Instituto responsable actuó en ejercicio de sus atribuciones como ente asegurador, supuesto en el cual la relación entre el Instituto y el derechohabiente es de coordinación y no de autoridad, deviniendo en que aquél no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Lo que fue confirmado por la Segunda Sala de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dilucidar la contradicción de tesis 341/2015, citada con anterioridad, de la que derivó la jurisprudencia que señala: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". De la cual se desprende que cuando se reclame al Instituto Mexicano del Seguro Social la omisión de dar respuesta a una petición, en su carácter de ente asegurador, sí tendrá el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; pero contra la respuesta que emita a tal petición, es improcedente el juicio de amparo, en atención a que el asegurado debe acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social para controvertir la determinación que no le satisface, siendo que ésta se emite en un plano de coordinación entre el Instituto y el asegurado, pues se limita a precisar si se cumplieron o no los requisitos para acceder a una determinada prestación reconocida por la Ley del Seguro Social. Tal como ocurrió en la especie, en que la pensión del quejoso corresponde a una prestación que le otorga la Ley del Seguro Social; por lo que todas las cuestiones inherentes a dicha pensión que no satisfagan el interés del quejoso, deberán impugnarse en la vía laboral que corresponda, tal como lo establece el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, que señala: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Derivándose de lo anterior que las controversias que surjan entre los asegurados y sus beneficiarios con el Instituto, respecto de prestaciones que otorgue la Ley del Seguro Social, se tramitarán ante la Junta Federal de Conciliación Arbitraje; de ahí que el Instituto, al llevar a cabo actos que versen sobre tales prestaciones de seguridad social, no actúa como autoridad, sino como ente asegurador, es decir, en un plano de coordinación frente al sujeto asegurado. Además, es importante destacar que el oficio reclamado derivó de la petición que hizo el quejoso en el escrito fechado el dieciséis de junio de dos mil veinte, el cual originó el juicio de amparo indirecto 370/2020, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, y del tal juicio se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, siendo un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que aún se encuentra pendiente de dictar sentencia; por lo que dicho acto reclamado no es definitivo. En consecuencia, procede DESECHAR la demanda de amparo al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, así como en el distinto numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, del epígrafe y contenido siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 530, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Montemayor 1382, de la Colonia Melchor Ocampo, de esta ciudad y como autorizado con las limitaciones del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ernesto Alexander Vasconcelo, en atención a que no acreditó ante este órgano jurisdiccional ser licenciado en derecho y de la consulta de registro de cédulas del Portal del Consejo de la Judicatura Federal tampoco se encuentra inscrita. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se invita a las partes a que: -- De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, mediante el "juicio en línea". -- Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccio nales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de cinco horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con cuarenta y cinco minutos hasta las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTr amites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, de la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (86.88) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado ABRAHAM SMEKE GARCÍA, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE A ESTE JUZGADO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES; LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO. CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A seis de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda presentada por Raúl Barrón Zúñiga, por propio derecho, contra actos reclamados al Titular de la Subdelegación "2" del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, al considerarlos vulneradores de los derechos humanos consagrados en el los artículos 1, 14, 16, 17 y 123, apartado A, fracción XXIX, constitucionales. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 469/2020-VII. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Expuesto lo anterior, en el caso, el quejoso reclama del Titular de la Subdelegación "2" del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad fronteriza, y otras autoridades, en concreto, el oficio de diez de septiembre del año en curso, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones 2, mediante el cual atendiendo a la petición formulada por el quejoso en el escrito fechado el dieciséis de junio de dos mil veinte, y derivado de la inscripción improcedente determinada por la Subdelegación Juárez "1" dicho departamento de pensiones emitió resolución de negativa de pensión número 20/080009, dejando sin efectos la diversa resolución 16/684718, y en consecuencia negó la pensión de cesantía en edad avanzada, en virtud de que no se cumple con lo establecido en el artículo 154 de la Ley del Seguro Social. Al respecto, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación sistemática de los preceptos legales trascritos, se colige que para efectos del juicio de amparo la autoridad responsable es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con independencia de su naturaleza formal; pudiendo tener tal carácter un particular, siempre que realice actos equivalentes a los de una autoridad, afecte derechos de un gobernado y sus funciones estén determinadas por una norma general. Así, se advierte que en el presente juicio el acto que se atribuye a las responsables no constituye un acto de autoridad que sea susceptible de analizarse a través de este medio de control constitucional que sólo procede contra actos de autoridad y no de quienes no tengan la calidad de autoridad responsable. No obstante, esa enunciación de los actos que puede realizar una autoridad atinente a la acción constitucional, éstos no dan la pauta para definir conceptualmente lo que debe entenderse como autoridad para efectos del juicio de amparo; por ende, debe atenderse a las directrices históricas que al respecto ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer término, al resolver la contradicción de tesis 116/2005 originaria de la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, número de registro 177279, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD"; consideró: I) Como notas distintivas de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se requiere: La existencia de un ente de hecho o de derecho que tenga una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga nacimiento en la ley, dotándolo de facultades administrativas de ejercicio irrenunciable. Emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas afectando la esfera legal del particular. Que para ello no requiere acudir ante órganos judiciales ni el conceso de la voluntad del afectado. II) Que las autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como un organismo descentralizado perteneciente a la administración pública Federal Paraestatal (artículo 4° de la Ley respectiva), encargado de la administración de seguros, prestaciones y servicios de seguridad social a sus derechohabientes y/o beneficiarios, sí constituye autoridad para efectos del juicio de garantías cuando conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque pensiones (siempre y cuando colme principio de definitividad); toda vez, que tal determinación afecta en forma unilateral la esfera del particular sin necesidad de obtener el consenso de este último o acudir ante un tribunal judicial. En segundo término, al fallar la contradicción de tesis 57/2009, generadora de la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, número de registro 165782, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR"; el máximo Tribunal del País estimó: III) Que constituye autoridad para efectos de la acción constitucional, a quien la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, aquéllas que ejercen facultades decisorias que les fueron legalmente atribuidas, constituyendo una potestad administrativa y de ejercicio irrenunciable, pues el gobernante impone su voluntad de manera unilateral, imperativa, coercitiva y exigible a través de la fuerza pública u otra autoridad. IV) Que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como un organismo descentralizado perteneciente a la administración pública Federal Paraestatal (artículo 5° de la Ley correspondiente), encargado de la administración de seguros, prestaciones y servicios de seguridad social a sus derechohabientes y/o beneficiarios, tiene reconocido un doble carácter: Como organismo fiscal autónomo, cuando determine y recaude las cuotas obrero patronales, hipótesis en la que actúa como autoridad con atributos legales. Como ente asegurador, al sustituir al patrón como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico mediante el que se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o dinero, al asegurado o sus beneficiarios; caso, en el que encuentra en un plano de igualdad. V) Por lo que a fin de dilucidar si el aludido Instituto es o no autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se reclame la omisión de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición previsto por el artículo 8º Constitucional, se atendería al caso particular; resultando, que procedía la acción únicamente cuando se impugnara su descuido como organismo fiscal autónomo, no así cuando lo fuera como ente asegurador, pues en este último supuesto se reclamarían prestaciones de seguridad social respecto de las cuales resulta competencia la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En un tercer momento, al dirimir la contradicción de tesis 129/2011, creadora de la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, número de registro 160995, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL"; señaló: VI) Retomaba que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contaba con un doble carácter, como organismo fiscal autónomo y como ente asegurador. En relación al primero, las controversias que se susciten serán dirimidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa); en tanto que respecto del segundo, lo será por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. VII) La relación jurídica entre el precitado Instituto con sus asegurados y sus beneficiarios, no lo es como organismo fiscal autónomo, por lo que ante ellos no actúa con potestad de autoridad; toda vez, que no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, como lo sería el otorgamiento de cualquier pensión. Esto es, si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de prestaciones que le sean solicitadas, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación) y al resolver únicamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. VIII) Por lo que, el señalado Instituto no era autoridad para efectos del juicio de amparo al resolver un recurso de inconformidad en el que se reclamen como un ente asegurador prestaciones de seguridad social. Sin que pase inadvertida la jurisprudencia P./J. 1/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 190365, de rubro: "SEGURO SOCIAL. LA ACCIÓN DE PAGO EJERCITADA CONTRA EL INSTITUTO POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA NEGATIVA A BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA U HOSPITALARIA A UN ASEGURADO, BENEFICIARIO O PENSIONADO, O POR RESULTAR DEFICIENTE, ES DE NATURALEZA CIVIL Y SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DEL FUERO COMÚN"; pues, en el particular se dilucidaba sobre una controversia entre los asegurados o sus beneficiarios con el referido Instituto sobre las prestaciones que la Ley del Seguro Social otorgaba, en tanto, que en aquélla contradicción se estudió la diversa acción civil de pago buscando la restitución del numerario erogado con motivo a la omisión del Instituto de proveer total o deficientemente servicios médicos u hospitalarios. Por último, al emitir la resolución de la contradicción de tesis 341/2015, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), número de registro 2011948, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR"; la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó: IX) Retomar el análisis de las notas distintitas de los actos de autoridades para efectos de la acción de amparo, de conformidad a la Ley Reglamentaria vigente; considerando como tal: La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. Que emita actos jurídicos derivado de sus facultades conferidas legalmente u omita hacerlos. Cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. X) Que en relación a los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debía traerse a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión número 772/2015, en el sentido de que: Era cierto que el indicado Instituto como ente asegurador y al someterse a la jurisdicción laboral, actuaba en igualdad como todo particular, y que en esos casos, el juicio de amparo no podría substituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. Sin embargo, existían casos excepcionales para la procedencia inmediata de la acción constitucional intentada por un asegurado o beneficiario contra un acto del señalado Instituto como ente asegurador, tal y como lo serían determinaciones sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social previstas legalmente, pues de manera unilateral, vinculante y no en un plano de igualdad, prevalecen hasta que se dicta laudo o resolución que las invalide en el juicio o medio de defensa procedente; ello, sin la necesidad de que medie la jurisdicción ordinaria. Primero, porque el señalado Instituto prestaba un servicio público para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado Mexicano en materia de seguridad social; siendo, que en el ejercicio de esa actividad, los particulares ejercen derechos configurados legalmente y su protección se encuentra prevista en la ley y que para su efectividad, aquéllos se encuentran en una relación asimétrica (desigual) con dicho Instituto. Segundo, porque en la prestación de ese servicio público, está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, o en su caso, una omisión que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas; tal y como acontecía con la resolución que niega el otorgamiento de la pensión de viudez. XI) Por lo que concluyó, que si bien el indicado Instituto de conformidad a la legislación que lo rige se encontraba facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de alguna prestación de seguridad social, por el cual crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas a los asegurados o sus beneficiarios; sobre ese aspecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que cuando se le reclamara la omisión de respuesta a una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto pues en ese caso resultaba necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita respuesta. Bajo el entendido, de que sería improcedente la ampliación de demanda de amparo; en atención a que, una vez que el asegurado y/o beneficiario conociera la respuesta a su petición y de estimar que no satisface su interés, debía acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social. Relación histórica de directrices, de la que se puede concluir que las características de un acto de autoridad, para los efectos de la acción constitucional, son las siguientes: Que tenga calidad de órgano público. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. Que emita o realice actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, afectando a los gobernados. Congruente con lo razonado, cuando se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo", se requiere la presencia de mayores elementos que dependerán del análisis del caso específico que se presente, para lo cual se deberá analizar, cuando menos: El origen material y la finalidad del acto respectivo. El carácter de la relación jurídica entre los sujetos (actualización de la relación de supra a subordinación). El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, respecto al carácter de la relación jurídica ante los sujetos vinculados, se conoce que el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación, mismas que se desarrollan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; por lo que para dirimir sus diferencias se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Las relaciones de supraordinación, que son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra al órgano del Estado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con su ejecución, o bien por ambas. Lo anterior, en un plano de supra a subordinación; es decir, los particulares como gobernados y el Estado investido con su imperio. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como excepción a la regla general antes indicada, estimando la procedencia de la acción constitucional contra actos realizados por particulares cuando éstos actúan por mandato expreso de la ley; tal y como se sostiene en la Jurisprudencia con número de registro 232151, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY". Ahora bien, entrando a la materia que atañe a la presente controversia constitucional, la parte quejosa reclama del Jefe del Departamento de Pensiones Juárez "2", el oficio donde se le negó la pensión por edad avanzada en virtud de que no se cumple con lo establecido en el artículo 154 de la Ley de Seguro Social. Por tanto, si bien es cierto que el Instituto responsable en ciertos supuestos actúa en un plano de "supra a subordinación", también lo es que en el caso particular, carece de tales características, pues actuó como ente asegurador, supuesto en el cual se está ante la presencia de una relación de coordinación entre el quejoso y las autoridades responsables. Es así, toda vez que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa frente a los derechohabientes, como ente asegurador y realiza actos vinculados a las prestaciones en especie y en dinero que reconoce la Ley del Seguro Social, tales actos no son reconocidos como de autoridad para efectos del amparo, debido a que si bien dicho Instituto puede pronunciarse sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, al resolver sobre las mismas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre el Instituto y el asegurado es de igualdad (coordinación), y al emitir su determinación sólo verifica el cumplimiento de los requisitos legales para otorgar la prestación que se le solicita. No obstante, en caso de que los asegurados estén inconformes con la determinación que emita el Instituto respecto de las prestaciones que éste otorga, podrán acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de dilucidar la controversia, órgano en el que ambas partes intervendrán en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la página 1511, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del tenor literal siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". Por lo que es evidente que al suspender el pago de la pensión al quejoso, el Instituto responsable actuó en ejercicio de sus atribuciones como ente asegurador, supuesto en el cual la relación entre el Instituto y el derechohabiente es de coordinación y no de autoridad, deviniendo en que aquél no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Lo que fue confirmado por la Segunda Sala de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dilucidar la contradicción de tesis 341/2015, citada con anterioridad, de la que derivó la jurisprudencia que señala: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". De la cual se desprende que cuando se reclame al Instituto Mexicano del Seguro Social la omisión de dar respuesta a una petición, en su carácter de ente asegurador, sí tendrá el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; pero contra la respuesta que emita a tal petición, es improcedente el juicio de amparo, en atención a que el asegurado debe acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social para controvertir la determinación que no le satisface, siendo que ésta se emite en un plano de coordinación entre el Instituto y el asegurado, pues se limita a precisar si se cumplieron o no los requisitos para acceder a una determinada prestación reconocida por la Ley del Seguro Social. Tal como ocurrió en la especie, en que la pensión del quejoso corresponde a una prestación que le otorga la Ley del Seguro Social; por lo que todas las cuestiones inherentes a dicha pensión que no satisfagan el interés del quejoso, deberán impugnarse en la vía laboral que corresponda, tal como lo establece el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, que señala: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Derivándose de lo anterior que las controversias que surjan entre los asegurados y sus beneficiarios con el Instituto, respecto de prestaciones que otorgue la Ley del Seguro Social, se tramitarán ante la Junta Federal de Conciliación Arbitraje; de ahí que el Instituto, al llevar a cabo actos que versen sobre tales prestaciones de seguridad social, no actúa como autoridad, sino como ente asegurador, es decir, en un plano de coordinación frente al sujeto asegurado. Además, es importante destacar que el oficio reclamado derivó de la petición que hizo el quejoso en el escrito fechado el dieciséis de junio de dos mil veinte, el cual originó el juicio de amparo indirecto 370/2020, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, y del tal juicio se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, siendo un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que aún se encuentra pendiente de dictar sentencia; por lo que dicho acto reclamado no es definitivo. En consecuencia, procede DESECHAR la demanda de amparo al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, así como en el distinto numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, del epígrafe y contenido siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 530, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Montemayor 1382, de la Colonia Melchor Ocampo, de esta ciudad y como autorizado con las limitaciones del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ernesto Alexander Vasconcelo, en atención a que no acreditó ante este órgano jurisdiccional ser licenciado en derecho y de la consulta de registro de cédulas del Portal del Consejo de la Judicatura Federal tampoco se encuentra inscrita. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se invita a las partes a que: -- De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, mediante el "juicio en línea". -- Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccio nales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de cinco horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con cuarenta y cinco minutos hasta las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTr amites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, de la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (86.88) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado ABRAHAM SMEKE GARCÍA, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes
- Raúl Armendáriz Chaparro y Otros.582/2019
- Raúl Armendáriz Chaparro583/2019
- Raúl Armendáriz Chaparro584/2019
- Raúl Armenta Soriano794/2022
- Raúl Astorga Silva282/2016
- Raúl Barraza Gallegos496/2020
- Raúl Castillo Rodríguez490/2015
- Raúl Chaparro Jiménez247/2021
- Raúl Chávez Castro347/2016
- Raúl Chávez Chávez489/2021
- Raúl Córdova Samaniego130/2016
- Raúl Corral Carrasco418/2016