Raúl Barrón Ortega

Expediente 1512/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1512/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2017

Partes del expediente

  • Raúl Barrón Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN....HA CAUSADO ESTADO....ARCHIVESE COMO CONCLUIDO....EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO....

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE...

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL AUTO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE QUE ESTABLECE:Visto el escrito de demanda signado por Rene Medrano Molina; quien se ostenta como representante legal de Raúl Barrón Ortega, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad; fórmese el expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno respectivo con el número 1512/2017, en el libro de gobierno y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En diverso aspecto, en relación al escrito de demanda que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en:  La resolución emitida dentro del toca civil 1284/2017, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en la que confirmó el auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 167/2017, relativo al juicio ordinario civil que sobre pago de pesos promovió Elizabeth Silva Miranda, en contra del aquí quejoso Raúl Barrón Ortega y Erika de la Luz García Moran, en el que se declaró desierta la prueba pericial en materia de ingeniería ofertada por el aquí quejoso y Erika de la Luz García Moran, por la falta de impulso procesal. Hecha tal precisión, cabe decir que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia VI.3º.C. J/50, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1160, del Tomo XVI, Octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ES CASO DE ESTRICTA EXCEPCIÓN...". En consecuencia del análisis integral de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por lo que resulta imperativo su desechamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 del propio cuerpo legal. Los preceptos indicados disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquellas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido este por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Esta concepción de "actos de imposible reparación", resulta contundente y limitativa, a diferencia de aquélla concebida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pues en esa norma reglamentaria, el legislador no había definido qué debía entenderse por ese tipo de actos: "Artículo 114.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [.] IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; [.]". Con la interpretación dada por la Suprema Corte a la norma recién transcrita, se produjeron criterios como los que a continuación se citan: "Época: Novena Época Registro: 180415 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. LVII/2004 Página: 9 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO..." "Época: Novena Época Registro: 190368 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 4/2001 Página: 11 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO..." Es decir, ante el limitado contenido de la fracción IV del artículo 114, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debían entenderse por "actos de imposible reparación" aquéllos que afectaran materialmente derechos sustantivos, y además, de manera excepcional, aquellos actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias que se estimaron actualizadas por ejemplo, respecto al reclamo del desechamiento de la excepción de falta de personalidad. Sin embargo, como se estableció al inicio del estudio de la causal de improcedencia que nos ocupa, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la anterior legislación, ya es clara y precisa al definir qué deben entenderse por "actos de imposible reparación", y limita éstos a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Bajo esta nueva perspectiva, resulta manifiestamente improcedente la presente demanda de amparo que se promueve contra la resolución emitida dentro del toca civil 1284/2017, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en la que confirmó el auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 167/2017, relativo al juicio ordinario civil que sobre pago de pesos promovió Elizabeth Silva Miranda, en contra de Raúl Barrón Ortega (aquí quejoso) y Erika de la Luz García Moran, en el que se declaró desierta la prueba pericial en materia de ingeniería ofertada por Raúl Barrón Ortega (aquí quejoso) y Erika de la Luz García Moran, con el argumento de falta de impulso procesal, ya que el perito designado por los demandados solicitó prórroga para la emisión del dictamen pericial encomendado. Lo anterior es así, ya que la materia del acto reclamado fue confirmar la resolución del auto impugnado en el que se declaró desierta la prueba pericial en materia de ingeniería ofertada por Raúl Barrón Ortega (aquí quejoso) y Erika de la Luz García Moran, con el argumento de falta de impulso procesal, ya que el perito designado por los demandados, solicitó prórroga para la emisión del dictamen pericial encomendado. Ello es así porque lo resuelto en la determinación reclamada tiene como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantiva, tales como la circunstancia de que se sigue el procedimiento sin desahogarse tal probanza cuya prueba no será materia de valoración en la sentencia por su deserción. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia respectiva que decida el juicio de origen y se agote el recurso de apelación en contra de tal resolución, para poder combatir vía amparo las violaciones cometidas durante la substanciación del mismo, siempre que en tal caso se afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso, entre otros requisitos que para ello prevé el artículo 172 , fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el viernes seis de junio de dos mil catorce, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Cabe agregar que en el caso no se estiman violados los derechos humanos previstos por el artículo 17 de la Constitución Federal en perjuicio del peticionario de amparo, ya que de obtener sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la determinación que ahora reclama, desaparecerán. Resulta ilustrativa la jurisprudencia I.11o.C. J/7, aprobada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1536 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, Mayo de 2006, de rubro y texto: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." Consecuente con lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA QUE SE PLANTEA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, que el promovente del amparo no acredite la personalidad con la que se ostenta de mandatario judicial del quejoso Raúl Barrón Ortega, toda vez que como quedo precisado en los párrafos que anteceden resulta improcedente el juicio de amparo intentado, por lo que dicha circunstancia en nada afecta el sentido del presente proveído. Asimismo, del segundo punto petitorio del escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente solicita la suspensión del acto reclamado "para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea lanzado o desalojado el quejoso por medio de la fuerza pública de la finca antes referida"; sin embargo, de un análisis integral de dicho escrito, no se advierte que el promovente se duela de una orden de desalojo o lanzamiento del bien inmueble que refiere, sino, únicamente de la resolución emitida dentro del toca civil 1284/2017, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en la que confirmó el auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 167/2017, relativo al juicio ordinario civil que sobre pago de pesos promovió Elizabeth Silva Miranda, en contra de Raúl Barrón Ortega (aquí quejoso) y Erika de la Luz García Moran, en el que se declaró desierta la prueba pericial en materia de ingeniería ofertada por Raúl Barrón Ortega (aquí quejoso) y Erika de la Luz García Moran, con el argumento de falta de impulso procesal; razón por la cual, se estima que dicha manifestación fue plasmada de manera errónea por la parte promovente, sin tener relación con el acto aquí reclamado. En diverso aspecto, se tiene como domicilio procesal el que precisa la promovente en el escrito de demanda, y como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, Jorge Cruz Altamirano, por tener debidamente registrada su cedula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. En otra tesitura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.

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