Raúl Barrón Martínez

Expediente 230/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
230/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Raúl Barrón Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintiuno de octubre al cuatro de noviembre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el catorce de octubre del año en curso, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido, en términos del numeral 214, de la Ley de la materia. Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, de que es susceptible de destrucción. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto. Notifíquese.

  2. Principal

    catorce de octubre de dos mil veinte La suscrita María del Pilar Morales Zúñiga, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a catorce de octubre de dos mil veinte.- Doy Fe.- María del Pilar Morales Zúñiga. Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado En San Luis Potosí, capital, a las once horas con treinta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y Secretaria con quien actúa María del Pilar Morales Zúñiga, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 230/2020-2, promovido por Raúl Barrón Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancia de emplazamiento a la autoridad responsable e informe justificado rendido por ésta. Por otra parte, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las acompañadas por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, así como con las allegadas por la autoridad responsable; sin que las demás partes hubieran hecho uso de ese derecho. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos tales medios de prueba, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolver el presente juicio, por lo cual, se da por concluido el periodo probatorio. En periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta que la parte quejosa no hizo uso de ese derecho; con el pedimento que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita pedimento; y, que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Ordenando la Juez: Téngase al quejoso por perdido el derecho de hacer manifestaciones; a la Representante Social de la Federación adscrita por reproducidos los alegatos que esgrimió en el pedimento de cuenta. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 230/2020-4, promovido por Raúl Barrón Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. RESULTANDO PRIMERO. Raúl Barrón Martínez, mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de este Noveno Circuito, turnado en la propia fecha a este Juzgado de distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por los actos que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. ACTO RECLAMADO: El acuerdo de doce de febrero de dos mil veinte, pronunciado en los autos del expediente laboral 146/2020, que señala las once horas del veintiséis de agosto del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los consagrados en los artículos 1°, 5°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de cinco de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que en derecho compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, se reanudó el presente procedimiento y se ordenó levantar la suspensión de plazos y términos, y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó que la audiencia constitucional, tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia Así mismo, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado, por lo que la audiencia inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos que se reclaman se atribuyen a autoridades residentes en territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de presentar la demanda. La demanda de amparo fue promovida dentro del término de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el quejoso fue notificado del acuerdo de doce de febrero de dos mil veinte, el diecinueve del citado mes y año. Por tanto, si el cuatro de marzo de dos mil veinte, se presentó la demanda de amparo, se considera oportuna su presentación, a saber dentro de los quince días hábiles a que se refiere la ley de la materia. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada por la parte quejosa. Así de la demanda de amparo aparece que Raúl Barrón Martínez, como acto reclamado señala: El acuerdo de doce de febrero de dos mil veinte, pronunciado en los autos del expediente laboral 146/2020, que señala las once horas del veintiséis de agosto del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. CUARTO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos que el quejoso reclama a la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues así se advierte del contenido del informe justificado rendido en autos por el Presidente de la misma. Lo que se corrobora con la documental que la autoridad responsable adjuntó al informe justificado, que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al estar expedida por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. Estudio causa de improcedencia No se analizarán los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues en concepto de esta Juzgadora, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al efecto, resulta aplicable de conformidad con lo dispuesto por el artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]" XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". El contenido del numeral acabado de transcrito, revela que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación b) Por sustitución El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, de manera tal que los efectos de éste se destruyen total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Ahora bien, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, en el caso se actualiza el segundo de los supuestos, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado se patentiza en razón de que la autoridad que lo emitió dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación con motivo de ese actuar, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, como lo prevé, la fracción II, del numeral invocado, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2ª./J.59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, como ya se precisó, se actualiza el segundo de los supuestos porque el acto reclamado en este sumario consistente en el acuerdo de doce de febrero del dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Numero Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los autos del juicio laboral 146/2020, en donde el quejoso tiene el carácter de actor, que señala las once horas del veintiséis de agosto de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, por las razones que enseguida se precisan. Del contenido de la documental que la autoridad responsable remitió como justificación de sus actos, consistente en copia certificada del acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, pronunciado en el juicio laboral 146/2020, y a la cual ya se le dio pleno valor probatorio, se aprecia que se señalaron las diez horas del nueve de septiembre de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia inicial de procedimiento. Lo que evidencia que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada respecto del acuerdo de doce de febrero del dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Numero Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los autos del juicio laboral 146/2020, en donde el quejoso tiene el carácter de parte actora, que señala las once horas del veintiséis de agosto de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Lo anterior es así, pues a nada práctico conduciría examinar el acto reclamado en este sumario, cuando ya fue sustituido procesalmente por el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, pronunciado en el juicio laboral 146/2020, en el que la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, señaló las diez horas del nueve de septiembre de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia inicial de procedimiento; proveído que es el que ahora rige en el expediente de origen. En ese sentido, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente expediente; en razón de que el proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte, es el que ahora rige en el expediente de origen; de ahí que ha dejado de surtir efectos el diverso auto de doce de febrero del año en curso, el cual constituye el acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la tesis VI.2o.A.17 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, página 2296, que dice: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES SUSTITUIDO POR OTRO DURANTE EL TRÁMITE DEL MISMO. Cuando en la demanda de garantías se precisa como acto reclamado la resolución dictada por la autoridad responsable en un procedimiento administrativo y durante el trámite del juicio de amparo tal resolución es sustituida por otra dictada en el mismo procedimiento, debe estimarse que el acto reclamado cesó en sus efectos y, que es esta nueva resolución la que podría causar perjuicio al quejoso; por lo que, por tal circunstancia sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción III del mismo ordenamiento legal". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 230/2020-4, promovido por Raúl Barrón Martínez, contra los actos que atribuye a la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, precisado en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

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