Raul Barranco Roman

Expediente 166/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
166/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Raul Barranco Roman

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Sin incidente. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Raúl Barranco Román solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado, todos de Morelos. Acto reclamado: ". Del Congreso, del Gobernador, del Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial. A) La intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus facultades, respeto a la aprobación, promulgación refrendo y publicación del artículo 58, fracción I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por ser inconstitucional al estar dado en contravención a los principios de igualdad y equidad de género resguardados por los artículos 1º, 4º y 123 Apartado B, fracción V de la Constitución Federal. 2. Del Congreso. a) El primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso de los artículos 55, 56 y 58 fracción I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que traduce en la expedición, promulgación y publicación del decreto número 563 que concede al quejoso una pensión por jubilación al 90%, cuando debió haber otorgado el 100% por el hecho de ser hombre me concedieron la jubilación al 90% siendo una total discriminación, pues las mujeres trabajadoras con los mismos años laborados por el suscrito les otorgan el 100% de pensión." SEGUNDO. El diez de febrero de dos mil veinte, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 166/2020, admitió la demanda del quejoso Raúl Barranco Román, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos reclamados. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:  La aprobación, promulgación, refrendo y publicación del artículo 58 fracción I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  Primer acto de aplicación del artículo 58 fracción I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reflejada en el Decreto 563, publicado el veintinueve de enero de dos mil veinte, por el que concede pensión por jubilación al quejoso. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado, Congreso del Estado, todos con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado, aceptaron el acto reclamado cada cual en el ámbito de su respectiva competencia, y por desprenderse de las constancias que en apoyo al mismo remitió, el Congreso Local, relativo a las copias certificadas de diversas constancias que obran en el decreto 563, por el que se otorga pensión por jubilación al ahora quejoso, constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así, la existencia de la disposición legal combatida, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en tanto se trata de una norma de carácter general que ha sido publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Lo que se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión, las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última, solo por cuanto al dispositivo combatidos (artículos 58, fracción I, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos). En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, cuyo rubro se trascribe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Causales de improcedencia fundadas. Ahora bien, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la diversa III, del ordinal 108 de la Ley de amparo, que hacen valer el Secretario de Gobierno y el Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", por los motivos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". De la fracción III del artículo 108 de la Ley en cita, se advierte que en el caso de promover un juicio de amparo en contra de normas generales (16 fracción I inciso e), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema de Seguridad Pública, en las cuales se reclame el refrendo o su publicación, empero no sea por vicios propios, las autoridades que lo realizaron no son autoridades responsables para efectos del amparo; ello es así, toda vez que la obligación del quejoso de señalar a las mismas, es solo cuando tales actos del proceso legislativo se reclamen por vicios propios. En consecuencia, al no surtirse el último supuesto aducido en el párrafo que antecede, no puede considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, razón por la cual debe sobreseerse por cuanto a dichas autoridades, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo.  Causales de improcedencia infundadas: El gobernador Constitucional del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en correlación a la fracción III del numeral 108 ambos de la Ley de amparo, en virtud a que no combate por vicios propios la promulgación del ordenamiento impugnado. Es inatendible la causal de improcedencia que hace valer la responsable en razón a que la fracción III del ordinal 108 de la Ley de Amparo, hace alusión al refrendo y publicado de la norma, más no así respecto a la promulgación de la ley, por tanto, la responsable sí le reviste el carácter de responsable para el juicio de amparo al haber promulgado la ley. Por último el Congreso del Estado, hace valer la causal de improcedencia relativa a la fracción XII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, sin señalar de que manera se acredita. Es inatendibles la causa de improcedencia planteada por el Congreso del Estado, previstas en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha autoridad responsable no manifiesta los motivos por los cuales considera que opera, ya que se limitó a citarla sin exponer argumento alguno que justifique o motive las razones por las que a su consideración se actualiza, sin que en el caso particular este juzgador advierta su obvia u objetiva constatación, lo que impide analizarlas. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 263 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 284 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". QUINTO. Estudio del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El quejoso aduce de manera sustancial, que el artículo 58 fracción I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, transgrede en su perjuicio el derecho de igualdad de género establecido en el numeral 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los varones y las mujeres deben ser tratados por igual, sin distinción de sexo. Agrega que el acto reclamado, viola su derecho de igualdad y no discriminación, al exigirle una antigüedad mayor a la de una mujer para poder jubilarse con un porcentaje más alto al que se otorga a la mujer por el mismo tiempo de servicio. El anterior motivo de disenso es infundado, aun suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79 fracción VII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la jurisprudencia I.3o.A. J/1, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2394, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. OPERA EN FAVOR DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONFORME AL MARCO DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." En primer término, se estima oportuno destacar que al quejoso le fue concedida la pensión por jubilación hasta por el 90% de su último salario, al acreditar haber laborado un total de veintiocho años, cuatro meses quince días, de servicio efectivo. Sustancialmente, aduce el quejoso que el artículo 58, fracción I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que sustentó el diverso acto de autoridad que se reclama; transgrede lo dispuesto por los artículos 1° y 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que a los trabajadores del sexo masculino con veintiocho años cuatro meses quince días de servicio les corresponde una pensión por jubilación del noventa por ciento, en cambio, tratándose del personal del sexo femenino con el mismo número de años (veintiocho años) de servicio de conformidad con la fracción II, del citado ordinal, les corresponde una pensión en un porcentaje del cien por ciento, lo que considera, se traduce en una violación a los derechos humanos de igualdad y no discriminación contenidos en los indicados preceptos constitucionales; porque el legislador no justificó razonable, proporcional y objetivamente el trato diferenciado entre hombres y mujeres para acceder distintos porcentajes a la pensión por jubilación, siendo que el derecho a la pensión por jubilación es de seguridad social a favor de los empleados públicos; por tanto, la disposición legal impugnada genera un beneficio a las mujeres y perjudica a los hombres. Asimismo, arguyó que el legislador no justificó mediante algún argumento el motivo por el cual hace una diferenciación entre hombres y mujeres para acceder a la pensión por jubilación y por consecuencia con ello se violentan los principios constitucionales previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales de legalidad, fundamentación y motivación. Son infundados los sintetizados conceptos de violación por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen: El artículo 58 fracción I inciso c) y II inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen lo siguiente: "Artículo 58. La pensión por Jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: a).- Con 30 años de servicio 100%; b).- Con 29 años de servicio 95%; c).- Con 28 años de servicio 90%; d).- Con 27 años de servicio 85%; e).- Con 26 años de servicio 80%; f).- Con 25 años de servicio 75%; g).- Con 24 años de servicio 70%; h).- Con 23 años de servicio 65%; i).- Con 22 años de servicio 60%; j).- Con 21 años de servicio 55%; y k).- Con 20 años de servicio 50% Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser interrumpida o in-interrumpida. Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. II.- Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden: a).- Con 28 años de servicio 100%; b).- Con 27 años de servicio 95%; c).- Con 26 años de servicio 90%; d).- Con 25 años de servicio 85%; e).- Con 24 años de servicio 80%; f).- Con 23 años de servicio 75%; g).- Con 22 años de servicio 70%; h).- Con 21 años de servicio 65%; i).- Con 20 años de servicio 60%; j).- Con 19 años de servicio 55%; y k).- Con 18 años de servicio 50%. Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. Para recibir esta prestación no se requiere de edad determinada. El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad." Del artículo transcrito se advierte, en lo que interesa, que el legislador establece para la obtención de la pensión por jubilación de los servidores públicos bajo el régimen de dicha norma, una diferencia del porcentaje de salario que percibirán los trabajadores en relación con las trabajadoras, por años de servicio laborados, pues no obstante que los varones y las mujeres tengan los mismos años de servicio, a estas últimas se les concede un diez por ciento más de pensión, mientras que a los primeros se les exige dos años más de tiempo laborado para obtener el mismo porcentaje de pensión. Visto el marco normativo en análisis, devienen infundados los conceptos de violación encaminados a combatir la constitucionalidad del artículo 58, fracción I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo que procede negar el amparo y protección de la justicia federal; negativa que se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el decreto quinientos sesenta y tres, que concede pensión por jubilación, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, el veintinueve de enero de dos mil veinte, toda vez que la constitucionalidad alegada se hace depender de la reprochada al precepto legal combatido. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010 visible en la página 427 del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010; correspondiente a la Novena Época, del rubro "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA" estableció dos criterios para examinar una norma a la luz de la garantía o del principio de igualdad. El primer criterio estriba en elegir el término de comparación adecuado, que posibilite comparar a los sujetos desde determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente; de suerte que si los sujetos comparados no son iguales, o bien, no son tratados de manera desigual, no habrá violación a la citada garantía. El segundo criterio radica en establecer si una situación de igualdad y una diferencia de trato, persigue una finalidad constitucionalmente válida. En el caso, de una simple lectura del artículo combatido, podría remitir a la idea de que el legislador estableció un trato diferenciado entre las mujeres y los hombres que trabajan al servicio del Estado de Morelos, lo que parecería conducir al pronunciamiento respecto de si ese trato diferenciado obedece a una razón que la justifique o no, esto es, si el trato diferenciado persigue una finalidad constitucionalmente válida. Sin que se soslaye el hecho de que la determinación de la existencia de una diferencia de trato normativa exija el examen de la ley en cuanto a su contenido substancial, en tanto que la forma en que aparentemente se expresa la norma no basta, ya que debe desentrañarse el significado de fondo, incluso ante una deficiente técnica legislativa, lo cual no conduciría a una diferenciación de trato ni a su irregularidad constitucional, en tanto que el diseño de la norma obedecería en su caso a una cuestión de deficiencia de técnica o de mala redacción. Así, la Segunda Sala estableció que resulta imprescindible determinar en cada caso respecto de qué se trata la igualdad o la desigualdad, en tanto que la igualdad es un principio de carácter objetivo que se atribuye siempre a algo, de forma que sólo cuando se identifica si en el caso en particular se está o no en supuestos de hecho equivalentes, puede determinarse entonces si existe o no un trato diferenciado respecto de un mismo aspecto o cuestión que regule la Ley. La interpretación constitucional busca prevalecer el verdadero sentido que el legislador plasmó en la norma, por eso se suele acudir a la exposición de motivos por ser uno de los factores que en ocasiones pueda contribuir a desentrañar su contenido tanto para saber lo que substancialmente regula, como respecto de las razones por las que el legislador haya establecido un trato desigual a supuestos de hecho equivalentes. Toda norma legal debe interpretarse armónicamente sin darle a sus términos un menor o mayor alcance del que natural y substancialmente tienen dentro del contexto en que se encuentran y acorde con la finalidad de lo que regulan y, además, como puede servir de fuente de interpretación la exposición de motivos de la ley correspondiente o el procedimiento legislativo que la originó, cuando su contenido clarifique la voluntad del legislador y ello sirva para desentrañar la parte dispositiva de la ley. Por ello, para efectuar el examen de la norma impugnada, necesariamente se tiene que examinar la porción normativa que el quejoso estima violatoria del principio de igualdad atendiendo al primer criterio citado en líneas anteriores, en tanto que es necesario elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar las situaciones de hecho que se regulan desde determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros. Como se aprecia de la lectura del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en él se regulan condiciones o requisitos para que los trabajadores varones y las trabajadoras mujeres tengan derecho a la pensión por jubilación. Así, se tiene que la norma cuestionada regula esta prerrogativa respecto de sujetos que tienen como común denominador ser trabajadores. Así, se desprende con claridad que el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos otorga un trato desigual a los sujetos que comprende, sobre la base de que todos son trabajadores, haciendo una diferenciación de trato dependiendo de si se trata de una mujer o de un varón, respecto al tiempo requerido para tener derecho a determinado porcentaje de pensión por jubilación, en tanto que en el caso de los trabajadores se requiere de dos años más de servicios, para alcanzar el mismo porcentaje que las trabajadoras. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en los artículos 1º, párrafo último, y 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contienen las garantías individuales de igualdad y de no discriminación, que tutelan el derecho subjetivo del gobernado a ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, lo que proscribe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna. Luego, considerando que el artículo 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, es evidente que la norma reclamada hace una diferencia en razón del género. Esto es, el término de comparación pertinente para el universo de trabajadores que prevé la norma reclamada es el género. Dicho de otra forma, el término de comparación de los supuestos de hecho que contempla la norma radica en el género de los trabajadores, lo que se traduce evidentemente en una diferenciación, en tanto que se advierte que lo que regula la porción normativa de referencia, respecto del número de años de servicios está enfocado en función del género de los trabajadores. Así, existe en la norma el establecimiento de un trato diferenciado, porque como se ha puesto de manifiesto se está en presencia de supuestos de hecho equivalentes, pues otorga un trato desigual a un tipo de trabajadores respecto de otros, distinción derivada en razón del género, a partir de la cual establece condiciones diversas para el otorgamiento del monto del porcentaje de la pensión por jubilación, de ahí que sea conducente abordar el examen relativo a si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida o no. Identificado que sí existe diferenciación de trato a los destinatarios de la norma combatida, habida cuenta que el término de comparación de los supuestos de hecho que contempla radica en el género de los trabajadores, lo que, por sí provoca una distinción, en tanto que, la regulación de los años de servicio está en función solamente de ello, habrá que examinar, entonces, si ese trato desigual encuentra justificación. Se estima pertinente precisar que la pensión por jubilación es una prestación que encuentra origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su otorgamiento y fijación en una determinada cantidad debe regularse en Ley. De esta suerte se le identifica como una prestación legal, por regirse por la ley, y que se actualizará en el momento en que se satisfagan los requisitos exigidos por la norma jurídica de que se trate. Luego, las leyes que se expidan respecto de las pensiones por jubilación, deben seguir los lineamientos de la Constitución Federal, de ahí que en el caso el examen se deba enfocar a determinar si las condiciones para las percepciones de las pensiones que regula el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos resulta o no violatoria de los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal, centrando así el análisis en si el trato desigual encuentra una finalidad constitucionalmente válida, o bien, se traduce en un trato discriminatorio y desproporcional como manifestó la parte quejosa en sus conceptos de violación. Con ese propósito, resulta pertinente verificar si las razones del trato desigual a supuestos de hecho equivalentes pueden derivarse de la exposición de motivos relativa. En ese tenor cabe tener presente que el seis de septiembre del año dos mil, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 4074 la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. De la lectura de la exposición de motivos de la norma reclamada, se desprende que en lo referente a las pensiones (Capítulo Único, de las Prestaciones Sociales), la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, fue diseñada en armonía e igualdad de tratamiento para los trabajadores del Estado de Morelos. Conforme a la exposición de motivos, dicha ley fue emitida en reconocimiento a la declaración de los derechos sociales del trabajo, considerando que la actuación del Estado debe subordinarse a los principios y normas fundamentales del derecho proclamados en la Constitución en respuesta a los problemas sociales, económicos y de trabajo, para alcanzar tres objetivos: 1. Incorporar en el texto de la Ley los principios que rigen el Derecho del Trabajo tratándose de empleados públicos; 2. Adecuar a las condiciones vigentes la Ley que rige al Estado desde el año de 1950; y 3. Garantizar a los sujetos de la Ley, sus derechos y obligaciones. Refieren los legisladores que en dicha ley se recogieron las propuestas obtenidas de una consulta efectuada a organizaciones de trabajadores al servicio del Estado, así como a empleados públicos y profesionales en la materia. Así, la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, se estructuró con once Títulos y 124 artículos; en el Título Primero se determinan los sujetos de la Ley; la clasificación de los trabajadores, destacándose la creación de un tercer grupo de trabajadores, los eventuales; y las disposiciones generales propias de la Ley. En el Título Segundo se estableció que la falta de nombramiento no priva al trabajador de los derechos que le otorga la propia ley, que tal omisión es imputable al patrón; prohibió el traslado de trabajadores para prestar sus servicios en dependencia distinta a la de su adscripción ya sea como comisionado o de índole similar para dependencias de un mismo poder, ayuntamiento o entidad paraestatal. En los Títulos Tercero y Cuarto se precisaron, los horarios de trabajo, la jornada, los descansos laborales, horarios en los que participa el sindicato de burócratas correspondiente, en su fijación; se estableció que el salario sería incrementado anualmente. En el Título Quinto, se trasladaron los derechos y obligaciones de los trabajadores y del Gobierno del Estado y Municipios que se contenían en la Ley abrogada (Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, promulgada el veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta), ampliándolos con el propósito de adecuar a las circunstancias que prevalecían al momento de su expedición (año dos mil). Posteriormente, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el seis de abril de dos mil cinco, se reformó el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil en lo relativo a la pensión por jubilación atendiendo a la siguiente exposición de motivos: ".Que en la Ley del Servicio Civil vigente se establece en el artículo 58 el derecho de los trabajadores de los Poderes del Estado y de los Municipios a una pensión por jubilación, la cual tienen derecho a disfrutar una vez que se han cumplido con las disposiciones que establece la Ley; y de acuerdo a esta disposición, en su fracción primera señala que "La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: . ." Por lo que al referirse a los trabajadores en general, esta disposición señala que es aplicable tanto a trabajadores como a trabajadoras; dejando a las trabajadoras que no son madres, excluidas del beneficio que establece para éstas la fracción II de este mismo artículo, toda vez que se refiere de manera específica a los porcentajes a que tiene derecho las madres trabajadoras que cumplan con los años de servicio señalados, por lo que se propone reformar la fracción I eliminado la palabra "en general" con el fin de hacer la distinción entre trabajadores y trabajadoras. La fracción II de este artículo, establece lo siguiente: "Las madres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden..." en este sentido, se establece el derecho a la jubilación únicamente para las "madres trabajadoras" y excluye de su ámbito de protección a las mujeres que siendo trabajadoras y habiendo cumplido los requisitos que establece esta fracción, no hayan tenido la fortuna de ser madres bajo cualquier circunstancia, por lo que éstas se encuentran en desventaja y además se ven perjudicadas hasta en un diez por ciento de sus percepciones ya que se aplica la fracción I del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que se refiere a "los trabajadores en general", situación que desde luego es primordial corregir. Es importante mencionar que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), establece en el artículo 60 el derecho a la pensión por jubilación a los trabajadores con 30 años de servicio y a las trabajadoras con 28 o más de servicios, por lo que una vez cumplidos los requisitos que les señala dicha ley, las trabajadoras tienen derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del promedio del sueldo básico disfrutado en el último año anterior a la fecha de baja del servicio, sin que haga una distinción entre mujeres trabajadoras o madres trabajadoras." [.] ".con base en lo anterior los dictaminadores consideramos procedente reformar el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado, con el fin de dar respuesta a las diversas peticiones de trabajadoras que han acudido a esta representación social y que se ven afectadas en sus derechos laborales por tal irregularidad, debido a que la prestación del derecho a la jubilación no atiende en el mismo grado a todas las mujeres, ya que la Ley en comento es la única en el País que hace tal distinción y discrimina a las trabajadoras al servicio del Estado y Municipios por el hecho de no ser madres, motivos por los cuales consideramos necesario reformar nuestra legislación en esta materia.". Dicha reforma motivó el trato diferenciado entre mujeres y hombres, como se plasmó en el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 58.- . . . I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: a) Con 30 años de servicio 100%; b) Con 29 años de servicio 95%; c) Con 28 años de servicio 90%; d) Con 27 años de servicio 85%; e) Con 26 años de servicio 80%; f) Con 25 años de servicio 75%; g) Con 24 años de servicio 70%; h) Con 23 años de servicio 65%; i) Con 22 años de servicio 60%; j) Con 21 años de servicio 55%; y k) Con 20 años de servicio 50% II.- Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden: a) Con 28 años de servicio 100%; b) Con 27 años de servicio 95%, c) Con 26 años de servicio 90%; d) Con 25 años de servicio 85%; e) Con 24 años de servicio 80%; f) Con 23 años de servicio 75%; g) Con 22 años de servicio 70%, h) Con 21 años de servicio 65%; i) Con 20 años de servicio 60%; j) Con 19 años de servicio 55%; y k) Con 18 años de servicio 50%." Como se desprende de la lectura de la exposición de motivos de la reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con el artículo 58 se establece el porcentaje de la pensión por jubilación a mujeres en un diez por ciento mayor a la de los hombres por igual número de años de servicio. Esto es, se está ante la situación de igualdad de condiciones (años de servicio), sin embargo, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos diferencia el porcentaje de pensión en función del género. En este momento, resulta conveniente precisar que, como quedó expuesto con antelación, la norma reclamada fue diseñada en armonía e igualdad de tratamiento por cuanto hace al tipo o carácter de los trabajadores del Estado. El legislador Morelense, en la reforma de ésta última ley, publicada en el órgano oficial de difusión, a su vez mencionó que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), establece en el artículo 60 el derecho a la pensión por jubilación a los trabajadores con treinta años de servicio y a las trabajadoras con veintiocho o más de servicios, por lo que una vez cumplidos los requisitos que les señala dicha ley, las trabajadoras tienen derecho al pago de una cantidad equivalente al 100 por ciento del promedio del sueldo básico disfrutado en el último año anterior a la fecha de baja del servicio. En ese Sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 248/2012, analizó la constitucionalidad del artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En dicha ejecutoria, se hizo referencia al dictamen de la Cámara de origen en el que se expuso lo siguiente: "(.) Por otra parte, siguiendo la tendencia de ampliar la protección hacia la mujer, tomando en consideración que en la mayoría de los casos ésta cumple una doble función dentro de la sociedad, esto es, en el desarrollo de las actividades derivadas en su relación laboral y dentro del seno familiar, se propone que la mujer trabajadora pueda aspirar a una pensión por jubilación al cumplir 28 años de servicios e igual tiempo de cotización al instituto, cualquiera que sea su edad, con lo cual se da respuesta, una vez más, a las demandas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. (.)." En sesión de la Cámara de Diputados de seis de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, se llevó a cabo la discusión del dictamen aludido; destacando lo siguiente: "(.) El elemento de unidad y desarrollo con armonía en la familia sin lugar a dudas es la mujer que cumple con una doble función, la de atender el hogar y sus responsabilidades al servicio del Estado y por ello la iniciativa propone que la jubilación para la mujer se obtenga a los 28 años de servicio. (.). Bien esos aspectos consideramos nosotros que son importantes indudablemente que en forma especial es de resaltarse la reforma al artículo 60, que prevé la jubilación de la mujer trabajadora a los 28 años de sus servicios y no como ha mantenido hasta la actualidad en forma igualitaria con los años de servicio del hombre trabajador de 30 años. Consideramos que esta reforma desde el punto de vista que se rompe esta igualdad en los años de servicio y ahora es menor; constituye un despegue; un paso cualitativo importante por que es necesario que en este aspecto, de los años de servicio de la mujer; se haga justicia disminuyendo el período de trabajo que sirva de precedente para que en otros aspectos de la responsabilidad laboral de la mujer siga también reconociéndosele derechos especiales que merece para hacer justicia a su participación en el área de la producción y los servicios de México. Y siendo importante, que hoy será ya de 28 años, pensamos que, como ha sido la demanda de los trabajadores; de sindicatos y organismos políticos como el nuestro de que el período para que la mujer pueda jubilarse sea de 25 años, pensamos que sería más atractivo para los efectos de acogerse a una jubilación inmediata, establecer esta cantidad de años de servicio, además de que obviamente resulta más justa. Por eso este aspecto en lo particular, junto con otras fracciones parlamentarias, pensamos tratarlo en su momento. (.) el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana recibe con beneplácito esta iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado que evidentemente redundan en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado, en particular como, militantes del magisterio tamaulipeco, debo decir, que en particular recibimos con gran satisfacción y júbilo estas reformas positivas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, evidentemente, ha sido una vieja demanda de los burócratas y en particular del magisterio nacional desde el Congreso de Guanajuato, esta demanda por disminuir los años como tiempo de jubilación para el magisterio en particular y la burocracia en general. En los congresos magisteriales de Tamaulipas y en los nacionales - repito -, desde Guanajuato, se planteó la demanda magisterial de que hubiese un término de 25 años para la jubilación en lugar de los 30 establecidos por la ley, esta demanda de los 25 años evidentemente sigue siendo una demanda actual y presente del magisterio tamaulipeco y del magisterio en general, sin embargo es positiva la reforma que establece en favor de los 28 años para jubilar a la mujer, en una base, es una reivindicación muy positiva lograda por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, logrado por el magisterio, logrado por los distintos sindicatos que agrupan a los burócratas nacionales, saludemos pues, esta conquista positiva - repito -, del magisterio y de los burócratas en general, también saludamos, porqué no decirlo, las distintas reivindicaciones que establece la ley en obvio de tiempo. (.) La Ley desde que fue creado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ha tenido muchas reformas a nuestro juicio, todas ellas positivas. Hoy por primera vez se intenta hacerle justicia a la mujer al otorgarle el derecho a la jubilación a los 28 años, nosotros proponemos que esto no quede sólo en el intento, por ello coincidiendo con la propulsión del Partido Popular Socialista, proponemos que atendamos a la vieja demanda de otorgarle a la mujer trabajadora al servicio del Estado, el derecho a la jubilación a los 25 años de servicio cualquiera que sea la edad. (.) Apoyamos en lo general el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sabemos que esta lucha de los trabajadores al servicio del Estado, viene a fundamentar una vez más un proceso irreversible de conquistas de los trabajadores de México, por lo tanto consideramos que esta conquista de la jubilación a los 28 años de la mujer, la jubilación con el promedio del último año de servicios y autoseguros para los beneficiarios de pensionados y jubilados, es el inicio de esta conquista irreversible. Por ello, deseamos dejar patente nuestra adhesión y solidaridad con los trabajadores al servicio del Estado, porque ellos como los obreros de México, organizados en el movimiento obrero, son la base modular del proceso revolucionario que ha emprendido el movimiento organizado de México. Salud compañeros a nombre de la Confederación de Trabajadores de México y seguiremos con los trabajadores al servicio del Estado. Muchas Gracias. (.) Es importante pues, este punto, sí hay reformas bastante importantes como que las mujeres se jubilen a los 28 años, quizá en algunos departamentos la jubilación se requerirá hasta más pronto debido a que las sustancias que manejan los trabajadores pongan en peligro su vida, y quizá 28 años es demasiado tiempo aun para jubilarlos en aquellas áreas donde deberas (sic) las sustancias químicas ponen en grandes riesgos la vida del trabajador, en ese sentido apoyo la iniciativa de que sea la jubilación con el salario en el momento que se deja de trabajar. (.) es importante señalar y comentar que ante él, mi compañero de tribuna que me antecedió en el uso de la misma de Acción Nacional pretenden una populista y poniéndose ropajes que lo corresponden como trabajador, decir que queremos que fácilmente se quiere lograr la jubilación de la mujer a los 25 años, esa postura ha sido de los trabajadores a lo largo del tiempo, ha sido una demanda de los sindicatos federados y es hoy aquí una iniciativa de ley que creemos indiscutiblemente que al modificarse y aprobarse la modificación para jubilarse la mujer a los 28 años es basado en un estudio actuarial serio y responsable, basado en el presupuesto de nuestra Federación que es importante pensar que el Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, no podemos permitir los trabajadores que se corra el riesgo de descapitalizarlo, por eso es importante que iniciemos el proceso de disminución de la jubilación para los trabajadores e indiscutiblemente a quienes a lo largo del tiempo han entregado su esfuerzo en una doble misión en actitud social, porque aparte de la mujer trabajadora tener una acción laboral, tiene una doble misión siendo mujer trabajadora, siendo la madre de nuestros hijos, siendo quienes atienden nuestro hogar, por eso, el acto de jubilar a la mujer a los 28 años es un acto de justicia, es un acto de congruencia, es un acto de reconocimiento a las mujeres trabajadoras al servicio del Estado. (.)" La reforma propuesta por el Ejecutivo Federal al artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 60. Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al Instituto, en los términos de esta Ley, cualquiera que sea su edad, no siendo aplicables a éstas los dos últimos porcentajes de la tabla del artículo 63. La pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo que se define en el artículo 64 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja." La lectura que antecede revela que se estimó, fundamentalmente, otorgar un beneficio a la mujer trabajadora, considerando, entre otras, a las madres trabajadoras que aspiran a una pensión por jubilación al cumplir veintiocho años de servicios; asimismo, que se tuvo como propósito establecer mejores condiciones para el desarrollo de la unidad familiar; que se consideró la protección hacia la mujer sobre la base de que en la mayoría de los casos cumple una doble función dentro de la sociedad, a saber, en el desarrollo de las actividades derivadas de su relación laboral, así como dentro del seno familiar, esta idea se señaló también de otra forma, en el sentido de que la mujer cumple una doble función, la de atender el hogar y la atinente a las responsabilidades al servicio del Estado y que por razón de ello el hecho de que pueda aspirar a una pensión por jubilación al cumplir veintiocho años de servicios e igual tiempo de cotización al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado representa un acto de reconocimiento a dichas mujeres, con motivo de su participación en el área de producción y los servicios de México. De lo anterior se puede advertir la concepción o estereotipo de mujer que sirve de sustento a los motivos insertos en la exposición de motivos y en el proceso legislativo, en cuanto se trata de la mujer-madre y la mujer-familia, lo que se cimienta en la idea de que es la mujer a quien corresponde el cuidado de los hijos y la atención al hogar, lo cual es un reflejo de la visión de que "existen" roles que corresponden a la mujer; ello no se traduce en una reivindicación positiva para la mujer, sino en una sobrecarga de trabajo y responsabilidades, por la cual, de hecho se dice que se tiene la intención de "favorecer" a la mujer, al poder jubilarse con dos años de servicios menos que los hombres, cuando que es responsabilidad común de hombres y mujeres la educación y el desarrollo de sus hijos, así como las labores o quehaceres propios del hogar. Continúa explicando la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal de justicia en el país, que la atribución de los roles de referencia no reivindica positivamente a la mujer, por el contrario, se trata claramente de un estereotipo con motivo del cual se impone una carga. En términos jurídicos los estereotipos son relevantes cuando por virtud de ellos: a) se niega un derecho o un beneficio; b) se impone una carga; y c) se margina a la persona o vulnera su dignidad. Lo que se corrobora con lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): "Artículo 5 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; b. Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos." Si bien el estereotipo apuntado no puede justificar por sí mismo el trato desigual establecido en la norma cuestionada, lo cierto es que la exposición de motivos y el proceso legislativo relativo reflejan, por un lado, el pensamiento de una época de este país, que da noticia de un hecho notorio, una desigualdad social real entre la mujer y el hombre, originada fundamentalmente por la visión que establecía una división de los roles atribuidos al hombre y a la mujer. Los motivos que adoptó el legislador no pueden avalarse en su totalidad en tanto que en una parte reflejan un concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino, pero paradójicamente ponen de manifiesto el pensamiento de una época, que en ocasiones persiste hasta la actualidad y que al ser tomado en cuenta, se adoptó una medida que consiguió aminorar la desigualdad real entre el hombre y la mujer, aspecto que conduce a la justificación de la norma, en cuanto constituye una medida temporal. Dicha percepción (estereotipos en los papeles masculino y femenino) subsiste a la fecha atento a la emisión de criterios por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 910/2016, en el que patentizó la existencia de la "doble jornada" en torno a las obligaciones de crianza a cargo de la mujer. En dicho criterio, la Primera Sala estableció que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género y verificar si existe una situación de vulnerabilidad que impida esa impartición de forma completa e igualitaria por cuestiones de género. Así, al tomar en cuenta la condición especial en que se coloca uno de los cónyuges (generalmente a las mujeres) al tener que realizar un trabajo profesional indispensable para su propia subsistencia y para hacerse cargo de las necesidades de sus hijos menores de edad y, hacerlo compatible con la labor de su cuidado y crianza, lo que se ha denominado "doble jornada". La Primera Sala identificó uno de los problemas a los que se enfrenta una mujer que trabaja fuera de casa: que cumpla con la responsabilidad "primaria" de sus obligaciones tradicionales (casa y familia) -es lo que se espera de ella como mujer- sin disminuir su rendimiento laboral, lo cual puede provocarle un fuerte estrés; de ahí que la duplicidad de funciones implica un sobreesfuerzo en la mujer que lo realiza, al asumir las cargas físicas y mentales de ambos trabajos, esto es, a la madre se le exige que cumpla con esa doble jornada mediante un esfuerzo intenso, como si fuera la única a cargo de la obligación de crianza y del hogar, condicionando su autonomía personal y castigándola por no cumplir ese rol. En estos casos, a la madre se le exige una adecuación a estereotipos que llevan a considerar "normales" ciertas conductas de las exigencias y roles de género que continúan vigentes al momento en que se emite la presente sentencia. El anterior criterio se encuentra plasmado en la tesis 1a. XLVI/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación del uno de junio de dos mil dieciocho, del rubro "OBLIGACIONES DE CRIANZA. CUANDO SE REVISE SU POSIBLE INCUMPLIMIENTO, NO PUEDE OBVIARSE LA EXISTENCIA DE UNA "DOBLE JORNADA". Así, la distinción contenida en el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya justificación normativa en términos de la exposición de motivos citada remite a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con base en lo cual se aprecia que encuentra fundamento o razonabilidad en cuanto se trata de una medida especial encaminada a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. Sobre este aspecto, el artículo 4, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, aprobada por el Senado de la República el dieciocho de diciembre mil novecientos ochenta, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo de mil novecientos ochenta y dos, establece la necesidad de que los Estados adopten medidas de carácter temporal encaminadas a provocar la igualdad de hecho entre el hombre y la mujer, las cuales no se consideran discriminación. Dicha disposición es del siguiente tenor: "Artículo 4 La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.". Adicionalmente, dicho numeral encuentra relación directa con el 11, de la propia Convención que establece, en la parte que interesa, lo que sigue: "Artículo 11 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: [.] e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación [.] 2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; [.]" Además, dentro de las consideraciones de la Convención se destaca el aporte de la mujer en los siguientes términos: "Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia." Como deriva de lo expuesto, la diferenciación de trato permitió una de las intenciones fundamentales de la citada Convención, en el caso, que la mujer tenga una mayor participación en todas las esferas, lo que apunta hacia un pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad, cuestión indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país. Así, la distinción normativa contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso c), II inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, analizada con base en las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse respecto a una norma que, como se dijo, sirvió de sustento para la promulgación de la aludida norma combatida, permite concluir que se obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, en tanto persigue un fin derivado del artículo 4º Constitucional, al respecto se cita la tesis 1a. CII/2010 emitida por la Primera Sala, que aparece publicada en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, correspondiente a la Novena Época, del rubro: "PRINCIPIO DE IGUALDAD. INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN A EFECTOS DE DETERMINAR LA INTENSIDAD DEL ESCRUTINIO.". Como se desprende de la tesis trascrita, el legislador puede hacer distinciones al diseñar las normas, dado que el principio de igualdad contenido en el artículo 1º Constitucional, como límite de la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni conlleva, por ejemplo, una igualdad material o económica real, pues lo que exige es que toda diferenciación normativa busque una finalidad constitucionalmente aceptable. En el caso, la norma cuestionada contiene una acción encaminada a aminorar la desigualdad creada históricamente entre mujer y hombre, mediante la construcción de una medida legislativa en ese sentido, que no se considera discriminatoria en la medida en que el Poder Legislativo tiene expedito el derecho para reformar o abrogar la porción normativa que en ésta vía se combate en cuanto se reúnan las condiciones necesarias para ello como reflejo del verdadero empoderamiento de la mujer, de la mejora de las condiciones de vida y de la igualdad de oportunidades para acceder a las prestaciones de seguridad social; observando que tal diferenciación de trato en la actualidad sigue permeando a nuestra sociedad, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de la Nación al resolver diversidad de asuntos en los que se aborda la distinción entre el hombre y la mujer, concluyendo en el sentido apuntado. A manera enunciativa se citan las siguientes tesis: 1a. CCCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 580 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, del rubro: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO. EL ARTÍCULO 4.99 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO NO VULNERA DIRECTA O INDIRECTAMENTE AQUEL DERECHO FUNDAMENTAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 3 DE MAYO DE 2012)." 1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 720 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014; Tomo I, del rubro: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL". Así como la diversa 1a. XXVII/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 443 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017;; Tomo I, del rubro: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN.". Muestra de lo anterior, a nivel federal, se encuentra el hecho de que el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue abrogado el treinta y uno de marzo de dos mil siete. Así, partiendo de la base del desarrollo argumentativo plasmado en el amparo en revisión 248/2012, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite por identidad de razón, e incluso al observarse que la norma aquí combatida remite conforme a su exposición de motivos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, contrariamente a lo aducido por el quejoso, que la misma no contraviene los principios de igualdad y de no discriminación contenidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cierto, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo expuso la Segunda Sala, en el primer criterio al elegir el término de comparación que posibilite comparar a los sujetos y establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente; de manera que si los sujetos comparados no son iguales, o bien, no son tratados de manera desigual, no habrá violación de garantías. A juicio del suscrito, la referida distinción de trato respecto de las trabajadoras y trabajadores del Estado encuentra fundamento o razonabilidad ya que se trata de una medida especial encaminada a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer en la entidad, además de que como se estableció en el desarrollo del análisis anteriormente plasmado, el legislador fundamentó y motivó, la distinción contenida en la norma impugnada, por ello, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto de la norma combatida. En apoyo a las consideraciones plasmadas se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 140/2019 (10ª), Registro 2020994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Página 607, que dice: "PENSIÓN POR JUBILACIÓN. LAS LEYES BUROCRÁTICAS QUE BENEFICIAN A LAS MUJERES AL ESTABLECER MENOS AÑOS DE SERVICIOS DE LOS EXIGIDOS A LOS HOMBRES PARA ACCEDER AL PORCENTAJE MÁXIMO DE AQUÉLLA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, NI EL QUE ORDENA QUE A TRABAJO IGUAL CORRESPONDERÁ SALARIO IGUAL, SIN TENER EN CUENTA EL SEXO, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 4o., PRIMER PÁRRAFO, Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESPECTIVAMENTE. Las leyes burocráticas que prevén un trato diferenciado en favor de la mujer trabajadora, en el sentido de que se le exigen menos años de servicios que a los hombres para obtener el máximo de una pensión de retiro, y la consecuente diferencia porcentual que se mantiene entre ambos sexos en un orden decreciente, resulta acorde con las diferencias que corresponden a cada uno, pues en la mayoría de los casos la participación de la mujer durante su vida laboral activa implica la coexistencia con la maternidad y la subsecuente crianza de los hijos, lo cual trae como consecuencia una mayor ocupación, así como desgaste físico y mental para el desarrollo de las actividades laborales, además, el hecho de que los roles sociales entre mujeres y hombres hayan evolucionado a fin de superar las diferencias existentes, no es razón para suponer que el trato diferenciado actualmente sea discriminatorio en perjuicio de los hombres, ya que los derechos de ambos sexos aún no logran equipararse en su totalidad en forma sustantiva, pues la igualdad de género en el trabajo no es real, y el mercado de trabajo está diseñado en una estructura económica y de relaciones laborales jurídicas en las que la vida familiar de las personas no está incluida. Consecuentemente, esa asimetría en los años de servicio exigidos para la obtención del porcentaje máximo de una pensión entre mujeres y hombres -en favor de las primeras- no viola el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal que establece que "La mujer y el hombre son iguales ante la ley", pues el privilegio que se otorga aspira a lograr una igualdad real y no meramente formal entre ellos. Asimismo, las legislaciones burocráticas referidas tampoco violan el principio que recoge la fracción V del artículo 123, apartado B, constitucional, en el sentido de que "A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo", toda vez que en lo único que reside la desigualdad es en el tiempo laborable exigido y no en el monto del salario base con el cual se otorga la pensión, ya que el trabajador queda en condiciones de aspirar al porcentaje máximo de esa prestación de seguridad social, pero para ello debe acumular más años de servicios que la trabajadora." Negativa que se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el decreto quinientos sesenta y tres, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 55777 el veintinueve de enero de dos mil veinte, pues si bien es cierto que su existencia quedó acreditada en autos, también cierto resulta que la parte quejosa hizo depender su inconstitucionalidad de la ley impugnada. Sin que se desconozca la la tesis IV.20.A.43 K (10ª), Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES. EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, QUE ABARCA EL PRINCIPIO DE COMPLEJDIAD, DEBE ESTUDIARSE LOS TEMAS DE LEGALIDAD DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, SI A PESAR DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DECRETADA DE LA NORMA Y LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA, AQUELLOS SERÁN REITERADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL CUMPLIRLA.", toda vez que se trata de una tesis aislada de carácter orientador mas no obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo; a mas que el presente fallo se sustenta en las consideraciones plasmadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 248/2012. Se invoca como sustento de lo anterior la jurisprudencia VI.1o.P. J/26 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 1225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, correspondiente a la Novena Época, del rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Raúl Barranco Román, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Raúl Barranco Román, por cuanto al proceso legislativo del artículo 58, fracción I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como la expedición del decreto quinientos sesenta y tres que concede pensión por jubilación en favor del quejoso, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5777 el veintinueve de enero de dos mil veinte, que se reclamó a las responsables, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy trece de noviembre de dos mil veinte, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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