Raúl Baños Campero.
Expediente 113/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 19/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Raúl Baños Campero.
- Higinio Hernández Barragán.
- Marisol Pedroza Guerrero.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Queja
Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción V, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los recursos de queja que se declaren procedentes, fundados, parcialmente fundados o infundados; por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo; por lo que únicamente deberá conservarse el escrito de queja, así como la resolución dictada en el presente asunto, pues este expediente no contiene resolución que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica a nivel nacional, estatal o municipal.
- Queja
Único. Se declara infundado el recurso de queja
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a la certificación de cuenta, se advierte transcurrió el término concedido a las partes sin que se hubieran inconformado con el proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la mencionada resolución. Mediante oficio que al efecto se gire, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la presente determinación, para los efectos legales a que hubiere lugar. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por lo que únicamente deberá conservarse el escrito de demanda de amparo, así como la resolución dictada en el presente asunto, pues este expediente no contiene resolución que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica a nivel nacional, estatal o municipal; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los autos del juicio de amparo directo DP. 113/2018, para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, que pronunció este tribunal colegiado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de doce de julio de dos mil dieciocho, y en su lugar, emita una nueva resolución, en la que, siguiendo los lineamientos precisados en esta ejecutoria, al momento de analizar los dos primeros elementos del delito de fraude imputado al enjuiciado, valore debidamente el material probatorio; pues la responsable deberá exponer de forma fundada y motivada, por qué a pesar de que se desahogaron durante el proceso tres dictámenes periciales en materia de construcción y avalúo, únicamente apoyó su determinación en lo dictaminado por el perito ingeniero, es decir deberá exponer por qué los diversos dictámenes, no le generaron convicción. 2. Asimismo, deberá analizar si el dictamen pericial en construcción y avalúo emitido por el perito ingeniero, se emitió conforme a lo dispuesto por el artículo 189 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, y de ser así concederle eficacia demostrativa, o bien, si resultaba dogmático al no cumplir con tales requisitos. 3. Al realizar de nueva cuenta la valoración de dicho dictamen pericial, y de estimar de manera fundada y motivada que procede otorgarle valor probatorio, deberá establecer por qué no debe atenderse al monto construido de $106,991.60 (ciento seis mil novecientos noventa y un pesos 60/100 M.N.), obtenido con base en el Catálogo de Precios Unitarios de la Dirección Validación de Dependencias, Unidad de Evaluación y Validación de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo. 4. Esto es, si decide tomar en consideración el monto de lo construido de acuerdo al contrato de obra a precio alzado, equivalente a la cantidad de $51,863.27 (cincuenta y un mil ochocientos sesenta y tres pesos 27/100 m.n.), deberá especificar, el sostén objetivo de dicha cantidad, tomando en consideración que el propio perito expuso que en el contrato de obra a precio alzado y en el cuadro de especificaciones de material y mano de obra, no se estableció un catálogo de precios unitarios por concepto de obra. 5. Al momento de establecer el detrimento patrimonial ocasionado a la pasivo, , deberá motivar su determinación, es decir, deberá explicar de forma fundada, con base en datos objetivos (y no basándose en una simple resta entre el total de la construcción con el porcentaje construido), de dónde se obtiene el monto faltante de los noventa y ocho mil ochocientos ochenta pesos que le fueron entregados al activo. 6. Asimismo, deberá establecer cuál fue el lugar y época de los hechos (respecto al delito de fraude), para de esta forma fundar la aplicabilidad del monto del salario mínimo que tomó en consideración, para encuadrar la conducta del quejoso en la fracción III del artículo 203 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. 7. Asimismo, deberá analizar debidamente la integración del delito de usurpación de profesiones, tomando en consideración que también constituye un elemento normativo de éste el que el sujeto activo lleve a cabo el ejercicio de la profesión que se dijo usurpada 8. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable deberá establecer de forma precisa las circunstancias de tiempo en que se cometió el ilícito de usurpación de profesiones, esto es el momento en que se atribuye el inicio de la conducta y el momento en que concluyó; lo anterior tomando en consideración que el delito de usurpación de profesiones es continuo, pues subsiste todo el tiempo que el activo ejecute actos propios de una profesión, sin contar con autorización para ello y se ostente como tal. 9. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente, con relación a los restantes aspectos que no fueron abordados en esta ejecutoria de amparo vistos los efectos de su concesión; en el entendido que, de conformidad con el principio de non reformatio in peius, no podrá agravar la situación jurídica del quejoso. Con motivo del requerimiento respectivo a la autoridad responsable para que informara a este Órgano Colegiado sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, remitió el oficio 431/2019-AP, al que anexó copia certificada de la resolución de uno de febrero de dos mil diecinueve, que dictó en cumplimiento al fallo protector, con lo que se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, teniéndose por hechas las manifestaciones presentadas por el primero de los mencionados. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la ley de la materia se analiza si la ejecutoria de amparo fue o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Proveído que corresponde dictar al Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado, en acatamiento al Acuerdo General número 5/2013, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado por última vez mediante Instrumento Normativo del cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, el Magistrado Presidente de este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, declara cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso o defecto en la emisión de la nueva resolución, toda vez que la responsable se apegó a lo estrictamente establecido en dicha ejecutoria. Finalmente, en atención a las manifestaciones vertidas por el quejoso, mediante las cuales desahoga la vista otorgada en auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, en donde indica que existe un exceso y a su vez un defecto dentro del cumplimiento de la ejecutoria, cabe señalar que deberá estarse a lo aquí resuelto, ya que solo emite argumentos referente al fondo del asunto, siendo que lo anterior no es materia del estudio de la presente ejecutoria, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos, los cuales se cumplen exponiendo los razonamientos de hecho y el contenido de la porción normativa que sirva de sustento; aunque lo resuelto no sea favorable a los intereses del quejoso. Consecuentemente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados este proveído para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo en vigor y, en su caso una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el numeral 202, primer párrafo del mismo ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · 3,804 expedientes
- Raúl Aguilar Tavera877/2022
- Raúl Ángeles Ortiz591/2020
- Raúl Antonio Anaya Arriola197/2022
- Raúl Aréchiga Pérez296/2023
- Raúl Arellano Melchor1095/2022
- Raúl Baltazar Pérez.208/2018
- Raúl Bernal Reyes967/2022
- Raúl Camacho Baños163/2020
- Raúl Camacho Baños11/2021
- Raúl Camacho Baños169/2021
- Raúl Camacho Baños167/2020
- Raúl Camacho Baños107/2020