Raúl Ávila Rodríguez

Expediente 195/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 28 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
195/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
05/09/2018

Partes del expediente

  • Raúl Ávila Rodríguez
  • RAÚL ÁVILA RODRÍGUEZ y Otros.
  • GERMAN DELGADILLO SILVA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que la notificación del proveído de trece de agosto del año en curso (fojas 97 y 98), fue practicada a la parte quejosa el diecisiete siguiente, surtiendo sus efectos al posterior día hábil, esto es, el veinte del mes próximo pasado; por lo que el término de diez días que prevé el ordinal 86 de la actual Ley de Amparo, transcurrió como se indicó en dicha certificación; sin que se haya interpuesto recurso alguno contra ese auto; luego, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 214 de la Ley de Amparo vigente aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción I, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, las constancias relativas al acto reclamado, que en su oportunidad exhibió consistentes en dos legajos de copias certificadas del expediente mercantil * de su índice.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de veinte días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de once de abril de dos mil dieciocho (fojas 55 a 57), para efecto de que recogiera y realizara los trámites inherentes a la publicación de los edictos ordenados en autos, con el objeto de emplazar a la tercera interesada *, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo anterior. Entonces, en virtud de que con el actuar de la parte quejosa, se retrasa la impartición de justicia, la cual en términos del arábigo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser pronta y expedita, además de que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en una formalidad esencial del procedimiento y por ello, se impide que este Órgano Jurisdiccional pueda pronunciarse respecto al fondo de lo planteado en el presente asunto y no puede estar sujeto al arbitrio de las partes; es decir, el interés particular en esta litis constitucional de la parte agraviada, no puede por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia estar por encima del interés público. En esas condiciones y en cumplimiento al apercibimiento efectuado en el referido auto de once de abril de dos mil dieciocho (fojas 55 a 57), al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el dispositivo 63, fracción II, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el ordinal 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con el primero de los preceptos aludidos. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, en específico el acuerdo de nueve del mes y año en curso (fojas 88 a 90), mediante el que se reanudó el término otorgado a la parte quejosa, a efecto de que comparezca a recoger los edictos ordenados en autos, a fin de emplazar a la tercera interesada *, para su oportuna publicación y realización del pago de éstos, en la inteligencia que le restaban diecisiete días hábiles, plazo que se reanudaría hasta el día siguiente al en que surtiera efectos la notificación que se le practicara de ese auto; acuerdo que le fue notificado el trece siguiente (fojas 91 a 93), surtiendo sus efectos el posterior día hábil; en consecuencia, a la presente fecha, el plazo otorgado a dicha parte se encuentra transcurriendo, pues inició el diecisiete de este mes y concluye el ocho de agosto de dos mil dieciocho; sin contar los días inhábiles por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con el ordinal 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al proveído de dos del mes y año en curso (fojas 83 y 84), informa que en el expediente mercantil 1399/2008 de su índice, no existe ningún domicilio actualizado donde pueda ser emplazada a juicio la parte tercera interesada *; en consecuencia, agréguese el líbelo de cuenta para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de abril de este año (fojas 62 a 64), este Órgano Federal previo a acordar respecto a la insolvencia económica manifestada por el promovente del amparo *, para solventar la publicación de los edictos ordenados en autos, a fin de emplazar a la mencionada tercera interesada María Antonia Sánchez Santana, se reservó el uso de la facultad de ejercicio potestativo que tiene para recabar de oficio nuevos medios de prueba, como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para determinar la condición económica del peticionario de garantías, acorde a lo establecido por los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo. Además, se ordenó suspender el plazo de veinte días otorgado al quejoso en el proveído de once de abril del actual año (fojas 55 a 57), para recoger los edictos correspondientes, para su oportuna publicación y realización de los mismos. En ese sentido, debe precisarse que la citada determinación, le fue notificada a la parte agraviada el doce de abril de dos mil dieciocho (foja 59), surtiendo sus efectos el posterior día hábil, esto es, el trece siguiente; por tanto, a la data en que fue suspendido el término concedido habían transcurrido tres días de los concedidos. Sin que a la presente fecha se hubiere emplazado a la referida parte tercera interesada María Antonia Sánchez Santana, no obstante de haberse ordenado el mismo en diversos sitios; y, de requerir a la diversa tercera interesada María Magdalena Pérez Arcadia, para tal fin, omitiendo ésta informar el domicilio de la tercera mencionada en primer término. Consecuentemente, se ordena reanudar el plazo otorgado a los aquí quejosos, a efecto de que comparezcan a recoger los edictos respectivos, para su oportuna publicación y realización del pago de éstos, en la inteligencia que le restan diecisiete días hábiles, mismo que se reanudará hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto. Entonces, vista la manifestación bajo protesta del agraviado Raúl Ávila Rodríguez, en el sentido de tener imposibilidad económica para solventar la publicación de los edictos ordenados en autos, así como la documental que exhibió en su oportunidad, consistente en el estado de resultados integral realizado por el Contador Público César Paul Ramírez Cendejas, este Juzgado de Distrito considera que dicha probanza resulta insuficiente para acreditar dicha circunstancia. Lo anterior es así, toda vez que el compareciente únicamente señala a cuánto asciende su ingreso mensual de Marzo de dos mil dieciocho; sin embargo, atendiendo a que el agraviado trabaja de manera independiente, deberá indicar a cuánto ascienden sus ingresos mensuales o anuales, acompañando la correspondiente declaración de pago del impuesto sobre la renta, la dirección del predio que habita, si es propio o rentado, en cuyo caso deberá acreditar este hecho así como el monto de la renta, cuántos y quiénes son dependientes económicos, etcétera; así también, deberá acreditar lo antes precisado por lo que se refiere al diverso quejoso en el presente sumario constitucional Germán Delgadillo Silva, ya que como se advierte del libelo de garantías, este juicio de amparo lo promovieron ambos profesionistas. Ello, en ejercicio de la facultad de ejercicio potestativo que tiene este Juzgado de Distrito para recabar de oficio nuevos medios de prueba, como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para determinar la condición económica de la parte promovente del amparo. Resulta aplicable, la Tesis 1a. CXXIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página mil ciento diez, Libro dieciséis, de Marzo de dos mil quince, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso.". De igual manera, la Tesis III.3o.T.1 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible a página mil setecientos sesenta y nueve, Libro XI, Agosto de dos mil doce, Tomo 2, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. ALCANCES, REQUISITOS Y FORMAS DE LA "DISPENSA DEL PAGO DE SU PUBLICACIÓN" A FAVOR DEL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", implementó el beneficio excepcional de dispensar al quejoso de recursos económicos insuficientes, del pago de la publicación de los referidos edictos, lo cual requiere su manifestación, correlacionada con indicios que lo confirmen y, de acreditarse ello, el Juez debe "exclusivamente en este supuesto", solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto correspondiente. Ahora bien, la interpretación del alcance de este beneficio y sus destinatarios lleva a lo siguiente: I) en la doctrina y ámbitos procesales comparados es conocido como beneficio, declaratoria o carta de pobreza, de litigar sin gastos, de necesidad y/o de justicia gratuita, que da cuenta de una valoración económica de determinado conjunto de gobernados; II) su finalidad es generar condiciones de acceso a la función jurisdiccional del Estado, a favor de quienes están en situación superlativa y objetiva de insolvencia o precariedad económica, adoptándose medidas idóneas y eficaces al respecto; III) los destinatarios, por ende, son personas de condiciones económicas mínimas para cumplir con determinados deberes procesales, al sólo disponer de lo elemental para subsistir (mínimo vital); IV) el sustento constitucional de tal figura puede encontrarse en la interrelación de los principios de igualdad, proporcionalidad, mínimo vital, así como acceso efectivo y gratuito a la justicia, que justifican adoptar medidas de especial tutela para compensar tal desigualdad material relevante; y, V) es otorgado mediante mandato jurisdiccional que presupone la demostración de que, en un caso concreto, concurren tales características elementales, al ser un trato excepcional. Luego, en el juicio de amparo, la referida dispensa puede operar parcial o totalmente, cuando requiera compensarse realmente una situación preponderante de insuficiencia económica de un quejoso, una vez ponderadas las circunstancias particulares; lo que hace que el pago con erario público sea un trato de excepción y no la regla general; de ahí que se requiere evidencia de ser a favor de sus auténticos destinatarios. Aunque es variable y compleja la decisión, para lograr ese objetivo puede acudirse a indicadores desarrollados a partir de algunas legislaciones y entidades de la administración pública federal, como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) o de organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que proporcionan parámetros de difusión pública generalizada, para ubicar ese sector de individuos o de quienes están muy próximos a esa condición precaria en el Estado Mexicano, los cuales pueden ser una referencia para tomar la decisión más objetiva al otorgar o rechazar la solicitud de dispensa señalada." Así también, la Tesis I.3o.C.973 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página mil nueve, Tomo XXXIV, de Julio de dos mil once, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que versa: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza.". Lo anterior hágasele del conocimiento a la parte quejosa, en la inteligencia de que sigue transcurriendo el término de diecisiete días indicado en párrafos que anteceden.

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