Raúl Ávila Morales
Expediente 216/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/07/2017
Partes del expediente
- Raúl Ávila Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 216/2017, un anexo y remite testimonio de la resolución dictada en el toca R.P. 137/2017; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, intégrese el cuaderno de antecedentes e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a RAÚL ÁVILA MORALES, contra el acto que reclamó del Juez Quincuagésimo Primero Penal de la Ciudad de México, consistente en la resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la causa 133/2014". En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el diez de enero de dos mil dieciocho. Luego, dado que no es necesaria la retención del anexo enviado por el juez responsable en apoyo a su informe de ley, devuélvase a su lugar de origen, sin que se solicite el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Finalmente, para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del que se advierte que se acusa recibo del diverso 29816 de diecisiete de mayo del año en curso, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el inconforme, quedando registrado con el orden R.P. 137/2017.
- Principal
Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en esas condiciones, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de agravios y en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se encuentre integrado el expediente, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, el original del impreso mencionado, y los presentes autos, para la sustanciación de dicho medio de impugnación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 216/2017, promovido por Raul Avila Morales, contra un acto del juez Quincuagésimo Primero Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, turnado a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. II. El inconforme narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El catorce de marzo siguiente se admitió bajo el orden 216/2017; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que en su momento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se aprecia y se precisa que el acto reclamado del juez Quincuagésimo Primero Penal de esta ciudad, es el acuerdo de siete de marzo de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 133/2014, relativo al incidente no especificado promovido por el quejoso, en que solicitó la cesación de la prisión preventiva. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir informe justificado (foja 21), que se corrobora con la copia certificada que remitió en apoyo a dicha comunicación; documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Al no advertirse causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni por este juzgado de Distrito, de oficio, su actualización, procede el análisis de los conceptos de violación, que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al ser innecesaria su transcripción. Ilustra al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es inoperante uno de los conceptos de violación hechos valer por el inconforme e infundados los restantes, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional que solicita. Es inoperante el motivo de disenso en que el justiciable expone que no tuvo una defensa adecuada durante la sustanciación del proceso correspondiente, previo a la determinación de su situación jurídica, al haber omitido el desahogo de diversos medios probatorios, pues dicha cuestión no formó parte de las alegaciones o pretensiones ante la responsable, ni mucho menos están dirigidas a controvertir el acto impugnado. Asentado lo anterior, ahora es pertinente establecer los antecedentes de la resolución reclamada, para mejor comprensión del asunto planteado. Así, por sentencia de veintisiete de octubre de dos mil catorce (fojas 1 a 76, anexo), la autoridad responsable determinó que el quejoso había resultado penalmente responsable en la comisión del delito de robo agravado (por haberse cometido respecto de un vehículo automotriz), por lo que le impuso la pena de prisión de seis años. Inconforme con dicha determinación, el quejoso y la representación social interpusieron recurso de apelación, del que conoció la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, quien al resolver el toca penal 1596/2014, confirmó la resolución recurrida (fojas 78 a 113, anexo). Luego, contra esta última decisión el peticionario promovió juicio de amparo directo, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el orden D.P. 147/2015, en que se le negó la protección de la justicia federal, siendo que interpuso recurso de revisión que a la fecha no ha sido resuelto. Posteriormente, mediante escrito presentado ante la responsable el siete de marzo del año en curso (fojas 120 a 122, anexo), el justiciable solicitó el "cese de la prisión preventiva" y la imposición de una diversa medida cautelar, bajo las disposiciones relativas a las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, argumentando sustancialmente que no existía sentencia ejecutoriada en su contra, en tanto se encuentra en trámite el medio de impugnación mencionado en el párrafo anterior, y al respecto, invocó una tesis aislada que dispone lo conducente a dicha solicitud. En la misma fecha, de conformidad con el artículo 542 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, la autoridad judicial, al ser el incidente promovido de obvia resolución, determinó que no era procedente la solicitud del amparista (fojas 123 a 126, anexo), lo cual resulta ajustado al contenido del primer párrafo del artículo 16 constitucional, por lo que resultan infundados los conceptos referidos en el apartado correspondiente como primero, segundo, tercero y cuarto. Ello se establece así, porque para proceder de la forma en que lo hizo, expuso las siguientes consideraciones: Apoyándose en los artículos 19 constitucional; Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 153 de este último cuerpo adjetivo, expuso que si las medidas cautelares son para garantizar que el imputado asista o comparezca ante el juez, garantizar durante el procedimiento la seguridad de la víctima, ofendido o de los testigos, o para evitar la obstaculización del procedimiento, ya no había necesidad de emitir una diversa, pues al peticionario le fue dictada sentencia condenatoria confirmada por la autoridad de segunda instancia; Le hizo del conocimiento que ya no se encontraba sujeto a prisión preventiva, sino a una pena de prisión impuesta en sentencia, y además asentó que dicha medida cautelar se traduce en la privación de la libertad por el tiempo que dure el proceso, que concluyó con la resolución de la sala de apelación en términos del artículo 443, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad; y Aclaró que si bien se encuentra sustanciándose el amparo directo en revisión, estableció correctamente que no era obstáculo para que la pena impuesta comenzara a purgarse, ni que ello constituyera que la sentencia emitida aún se encontrara pendiente de causar ejecutoria. En razón de lo expuesto, fue adecuado establecer que era improcedente la cesación de la prisión preventiva, bajo el modelo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en su caso, imponer una diversa, pues si dicha medida cautelar comprende el lapso efectivo de privación de la libertad desde la detención de la persona sujeta al procedimiento hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva, se evidencia que, como lo asentó la responsable, en el procedimiento penal de origen ha cesado la referida medida cautelar; y ello es correcto, pues de constancias se prueba que la situación jurídica del peticionario se rige por la resolución de segunda instancia emitida el diecinueve de enero de dos mil quince, no así por el auto de formal prisión a que se refiere en su impreso con que instó a dicha responsable a emitir el acto que ahora impugna. Y es que en determinado caso, que a través del recurso de revisión de que se trata, se concediera la protección constitucional y se ordenara reponer el procedimiento de origen, incuestionable es que con ello se generaría un nuevo contexto jurídico que posibilitaría un diverso estudio en torno a la pretensión del quejoso; sin embargo, ante las circunstancias que prevalecen fue correcto el actuar de la autoridad responsable. Por tanto, al estar adecuadamente fundado y motivado el acto reclamado, y ser inoperante uno de los conceptos de violación e infundados los restantes, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Raul Avila Morales que solicitó contra el acuerdo de siete de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el juez Quincuagésimo Primero Penal de esta ciudad, en la causa penal 133/2014, relativo al incidente no especificado en que solicitó la cesación de la prisión preventiva. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en la última consideración de esta sentencia, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó Raul Avila Morales, contra el acuerdo de siete de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el juez Quincuagésimo Primero Penal de esta ciudad, en la causa penal 133/2014, relativo al incidente no especificado en que solicitó la cesación de la prisión preventiva.
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