Raul Arturo Vega Torra

Expediente 1266/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1266/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Raul Arturo Vega Torra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, en la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar los oficios dirigidos a las autoridades responsables TERCERA SALA DEL PRIMER CIRCUITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS y JUEZ TERCERO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, toda vez que ésta se encuentran gozando de su período vacacional; en consecuencia, se instruye al fedatario de la adscripción para que una vez que reanude labores las autoridades mencionadas, proceda a notificar los oficios de mérito, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. Notifíquese el mencionado oficio en los términos antedichos y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1266/2019-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el quince de noviembre de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    S E N T E N C I AVistos; los autos para resolver el juicio de amparo 1266/2019-I, promovido por RAÚL ARTURO VEGA TORRA, por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, turnado en esa misma fecha al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, RAÚL ARTURO VEGA TORRA, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad (fojas 5 a 16). Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, radicó el expediente bajo el número 1241/2019-2, y se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, por los motivos ahí expuestos. Segundo. Admisión, trámite de la demanda y audiencia constitucional. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito tuvo por recibido los autos originales del juicio de amparo radicado con motivo de la demanda promovida por el citado RAÚL ARTURO VEGA TORRA; aceptó la competencia declinada; se ordenó radicar el expediente 1266/2019-I, se solicitaran los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa los actos reclamados. A efecto de precisar el acto reclamado a las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional acude al señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo en la que precisó: La sentencia interlocutoria de dos de septiembre de dos mil diecinueve dictada por la Sala responsable en el toca civil 577/2019-17, en la que al resolver el recurso de queja hecho valer por el quejoso (parte actora en el juicio de origen), contra la diversa de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez natural en el juicio especial hipotecario 23/2015-2, declaró improcedente y desechó dicho medio de impugnación. Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman a la autoridad responsable Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Por su parte, la diversa responsable Juez Tercero Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, no rindió su informe justificado, pese a estar debidamente notificada del auto en el que se le requirió para que así lo hiciera (foja 40); en tal virtud, atendiendo al carácter de autoridad ejecutora que le reviste dado que la Sala responsable ordenadora aceptó la existencia de la resolución combatida, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se le presume cierto el acto que se reclama. Circunstancia que además se ve corroborada con las constancias remitidas por la Sala responsable anexas a su informe de ley, consistentes en copias certificadas del toca civil 577/2019-17 de su índice (fojas 50 a 131). Medios de prueba a los que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones judiciales emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que haya sido objetada su autenticidad. Cuarto. Causales de improcedencia. Enseguida, lo conducente es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es oportuno establecer que en el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable. En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la resolución de dos de septiembre de dos mil diecinueve emitida por la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el arábigo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana. Bajo ese contexto se infiere que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquéllos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. Cabe destacar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia P./J. 37/2014, consultable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del siguiente rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." en la que inaplicó la diversa P./J./4/2011, atendiendo a la definición que establece la actual Ley de Amparo. En dicho criterio jurisprudencial el Pleno efectuó un análisis de la definición de "actos de imposible reparación", atendiendo a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo vigente, reiterando como tales aquellos que afecten materialmente "derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; estableciendo que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos" y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Así, los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado que aquí se estudia, porque con él sólo se pueden afectar "derechos procesales" de la parte promovente, en cuanto a volver a realizar el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, en razón de lo siguiente: En primer término, conviene destacar que la parte quejosa no se ostenta tercero extraño al procedimiento, ni por equiparación, pues de su escrito de su demanda manifestó que es la parte actora en el juicio hipotecario especial 23/2015-2, radicado en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de este Primer Distrito Judicial (juicio natural). En el caso es pertinente precisar los antecedentes del acto que por esta vía se reclama, los cuales son los siguientes: 1. El quejoso RAÚL ARTURO VEGA TORRA promovió juicio especial hipotecario contra Fernando Dávila Acuña (tercero interesado), el cual se radicó bajo el número 23/2015-2, en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de este Primer Distrito Judicial. 2. El veintisiete de junio de dos mil diecisiete se emplazó por edictos a la parte demandada. 3. Mediante escrito de veinte de noviembre de dos mil dieciocho el demandado Fernando Dávila Acuña promovió incidente de nulidad de emplazamiento realizado por edictos (fojas 77 a 80), el cual se admitió por auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (foja 81). 4. Seguido los trámites de ley, por resolución de veinte de mayo de dos mil diecinueve el juez responsable determinó fundado el incidente de nulidad de emplazamiento y declaró nulo el realizado por medio de edictos a la parte demandada (fojas 93 a 106). 5. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el aquí quejoso RAÚL ARTURO VEGA TORRA (actor en el juicio natural) interpuso recurso de queja contra la referida resolución (fojas 52 a 64), tocando conocer de éste a la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien lo radicó con el número de toca civil 577/2019-17. 6. Substanciado el medio de impugnación hecho valer, el dos de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 113 a 118) la Sala responsable resolvió improcedente el recurso de queja intentado por el quejoso RAÚL ARTURO VEGA TORRA contra la citada resolución de veinte de mayo de dos mil diecinueve y desechó la queja por las consideraciones ahí expuestas. Esta última constituye la resolución que por esta vía constitucional se combate. De lo expuesto, se obtiene que el quejoso reclama la sentencia interlocutoria de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 577/2019-17, que desechó el recurso de queja interpuesta contra la diversa que declaró procedente el incidente de nulidad de emplazamiento, interpuesto por el demandado Fernando Dávila Acuña (aquí tercero interesado) y declaró nulo el emplazamiento realizado por edictos a éste último en fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, al no cumplir con los requisitos del Código Procesal Civil para el estado de Morelos, por lo que repuso el procedimiento para girar nuevo exhorto al Juez Civil de Primera Instancia competente en la Ciudad de México a fin de realizar de nueva cuenta el emplazamiento ordenado. Como puede verse, el referido acto no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, si no en su caso, se trataría de una violación procesal que puede ser combatida mediante el juicio de amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, el acto que se reclama de la Sala señalada como responsable no priva a la parte quejosa, en el caso particular, en su carácter de parte en el juicio de origen, del derecho de defensa que en todo procedimiento tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que el auto de mérito únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Se afirma lo anterior, porque como quedó precisado, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene sentencia favorable; por lo que si el acto que se reclama, esencialmente, es la ejecutoria que ordena al juez natural dejar sin efectos el emplazamiento por edictos realizado al demandado Fernando Dávila Acuña (tercero interesado), y practicar nuevamente su llamamiento a juicio conforme a derecho, es evidente que no existe una afectación a sus derechos sustantivos, ya que el único efecto que produce es que esa diligencia no se desahogue en los términos inicialmente señalados, pero no afecta, se reitera, algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal; lo que hace indudable que el acto reclamado no causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona de la parte quejosa, requisito para la procedencia del juicio de garantías biinstancial, actualizándose de esta forma, como ya se dijo, la causa de improcedencia invocada prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ello es así, ya que el acto que por esta vía se intenta combatir sólo tiene efectos intraprocesales pues no afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales, y no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; en todo caso las violaciones que pudiera entrañar el nuevo emplazamiento efectuado a la parte demandada puede ser remediada en la sentencia que se llegara a dictar en el juicio hipotecario de que se trata y, en el supuesto de que resulte perjudicial al ahora inconforme, podrá impugnarse en amparo directo, en el que alegará el acto que ahora reclama como violación al procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así pues la determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora aún en el supuesto de reclamar el pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en la voluntad del legislador de proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2000789, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 741, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL)." Asimismo, cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo previsto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos de ejecución reclamados al Juez señalado como responsable, en virtud de que no se combatieron por vicios propios. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 231, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima Época, que es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1266/2019-I, promovido por RAÚL ARTURO VEGA TORRA, por derecho propio, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, atento a lo expuesto en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe hasta hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la sentencia de quince de noviembre del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: S E N T E N C I AVistos; los autos para resolver el juicio de amparo 1266/2019-I, promovido por RAÚL ARTURO VEGA TORRA, por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, turnado en esa misma fecha al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, RAÚL ARTURO VEGA TORRA, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad (fojas 5 a 16). Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, radicó el expediente bajo el número 1241/2019-2, y se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, por los motivos ahí expuestos. Segundo. Admisión, trámite de la demanda y audiencia constitucional. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito tuvo por recibido los autos originales del juicio de amparo radicado con motivo de la demanda promovida por el citado RAÚL ARTURO VEGA TORRA; aceptó la competencia declinada; se ordenó radicar el expediente 1266/2019-I, se solicitaran los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa los actos reclamados. A efecto de precisar el acto reclamado a las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional acude al señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo en la que precisó: La sentencia interlocutoria de dos de septiembre de dos mil diecinueve dictada por la Sala responsable en el toca civil 577/2019-17, en la que al resolver el recurso de queja hecho valer por el quejoso (parte actora en el juicio de origen), contra la diversa de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez natural en el juicio especial hipotecario 23/2015-2, declaró improcedente y desechó dicho medio de impugnación. Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman a la autoridad responsable Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Por su parte, la diversa responsable Juez Tercero Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, no rindió su informe justificado, pese a estar debidamente notificada del auto en el que se le requirió para que así lo hiciera (foja 40); en tal virtud, atendiendo al carácter de autoridad ejecutora que le reviste dado que la Sala responsable ordenadora aceptó la existencia de la resolución combatida, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se le presume cierto el acto que se reclama. Circunstancia que además se ve corroborada con las constancias remitidas por la Sala responsable anexas a su informe de ley, consistentes en copias certificadas del toca civil 577/2019-17 de su índice (fojas 50 a 131). Medios de prueba a los que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones judiciales emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que haya sido objetada su autenticidad. Cuarto. Causales de improcedencia. Enseguida, lo conducente es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es oportuno establecer que en el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable. En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la resolución de dos de septiembre de dos mil diecinueve emitida por la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el arábigo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana. Bajo ese contexto se infiere que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquéllos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. Cabe destacar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia P./J. 37/2014, consultable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del siguiente rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." en la que inaplicó la diversa P./J./4/2011, atendiendo a la definición que establece la actual Ley de Amparo. En dicho criterio jurisprudencial el Pleno efectuó un análisis de la definición de "actos de imposible reparación", atendiendo a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo vigente, reiterando como tales aquellos que afecten materialmente "derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; estableciendo que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos" y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Así, los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado que aquí se estudia, porque con él sólo se pueden afectar "derechos procesales" de la parte promovente, en cuanto a volver a realizar el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, en razón de lo siguiente: En primer término, conviene destacar que la parte quejosa no se ostenta tercero extraño al procedimiento, ni por equiparación, pues de su escrito de su demanda manifestó que es la parte actora en el juicio hipotecario especial 23/2015-2, radicado en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de este Primer Distrito Judicial (juicio natural). En el caso es pertinente precisar los antecedentes del acto que por esta vía se reclama, los cuales son los siguientes: 1. El quejoso RAÚL ARTURO VEGA TORRA promovió juicio especial hipotecario contra Fernando Dávila Acuña (tercero interesado), el cual se radicó bajo el número 23/2015-2, en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de este Primer Distrito Judicial. 2. El veintisiete de junio de dos mil diecisiete se emplazó por edictos a la parte demandada. 3. Mediante escrito de veinte de noviembre de dos mil dieciocho el demandado Fernando Dávila Acuña promovió incidente de nulidad de emplazamiento realizado por edictos (fojas 77 a 80), el cual se admitió por auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (foja 81). 4. Seguido los trámites de ley, por resolución de veinte de mayo de dos mil diecinueve el juez responsable determinó fundado el incidente de nulidad de emplazamiento y declaró nulo el realizado por medio de edictos a la parte demandada (fojas 93 a 106). 5. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el aquí quejoso RAÚL ARTURO VEGA TORRA (actor en el juicio natural) interpuso recurso de queja contra la referida resolución (fojas 52 a 64), tocando conocer de éste a la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien lo radicó con el número de toca civil 577/2019-17. 6. Substanciado el medio de impugnación hecho valer, el dos de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 113 a 118) la Sala responsable resolvió improcedente el recurso de queja intentado por el quejoso RAÚL ARTURO VEGA TORRA contra la citada resolución de veinte de mayo de dos mil diecinueve y desechó la queja por las consideraciones ahí expuestas. Esta última constituye la resolución que por esta vía constitucional se combate. De lo expuesto, se obtiene que el quejoso reclama la sentencia interlocutoria de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 577/2019-17, que desechó el recurso de queja interpuesta contra la diversa que declaró procedente el incidente de nulidad de emplazamiento, interpuesto por el demandado Fernando Dávila Acuña (aquí tercero interesado) y declaró nulo el emplazamiento realizado por edictos a éste último en fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, al no cumplir con los requisitos del Código Procesal Civil para el estado de Morelos, por lo que repuso el procedimiento para girar nuevo exhorto al Juez Civil de Primera Instancia competente en la Ciudad de México a fin de realizar de nueva cuenta el emplazamiento ordenado. Como puede verse, el referido acto no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, si no en su caso, se trataría de una violación procesal que puede ser combatida mediante el juicio de amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, el acto que se reclama de la Sala señalada como responsable no priva a la parte quejosa, en el caso particular, en su carácter de parte en el juicio de origen, del derecho de defensa que en todo procedimiento tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que el auto de mérito únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Se afirma lo anterior, porque como quedó precisado, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene sentencia favorable; por lo que si el acto que se reclama, esencialmente, es la ejecutoria que ordena al juez natural dejar sin efectos el emplazamiento por edictos realizado al demandado Fernando Dávila Acuña (tercero interesado), y practicar nuevamente su llamamiento a juicio conforme a derecho, es evidente que no existe una afectación a sus derechos sustantivos, ya que el único efecto que produce es que esa diligencia no se desahogue en los términos inicialmente señalados, pero no afecta, se reitera, algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal; lo que hace indudable que el acto reclamado no causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona de la parte quejosa, requisito para la procedencia del juicio de garantías biinstancial, actualizándose de esta forma, como ya se dijo, la causa de improcedencia invocada prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ello es así, ya que el acto que por esta vía se intenta combatir sólo tiene efectos intraprocesales pues no afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales, y no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; en todo caso las violaciones que pudiera entrañar el nuevo emplazamiento efectuado a la parte demandada puede ser remediada en la sentencia que se llegara a dictar en el juicio hipotecario de que se trata y, en el supuesto de que resulte perjudicial al ahora inconforme, podrá impugnarse en amparo directo, en el que alegará el acto que ahora reclama como violación al procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así pues la determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora aún en el supuesto de reclamar el pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en la voluntad del legislador de proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2000789, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 741, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL)." Asimismo, cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo previsto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos de ejecución reclamados al Juez señalado como responsable, en virtud de que no se combatieron por vicios propios. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 231, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima Época, que es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1266/2019-I, promovido por RAÚL ARTURO VEGA TORRA, por derecho propio, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, atento a lo expuesto en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe hasta hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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