Raúl Armando Martínez Ramírez
Expediente 88/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/02/2018
Partes del expediente
- Raúl Armando Martínez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado y del estado procesal de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley, en contra del auto de veinticinco de enero del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite original y tres copias de la demanda de amparo promovida por ******** Remítase el acúsese de recibo correspondiente. Con apoyo en los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Ahora, vista la demanda de amparo que promueve ************ contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 88/2018-XIII. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgado advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. Para tal efecto es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son del literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". De una interpretación gramatical del numeral 113 de la ley en la materia, se infiere que los jueces de distrito están facultados para desechar las demandas de amparo, cuando exista causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir que al analizar el escrito de demanda o escrito aclaratorio, pueda advertirse una causa que origine la improcedencia del juicio de amparo, pero que tal motivo sea claro y manifiesto, que no quede lugar a dudas en cuanto a su procedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por no ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. En cuanto a la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del dispositivo 61, de la Ley de Amparo, a partir de una interpretación sintáctica, armonizada con el sistema al que pertenece, se concibe que el juicio de amparo para que sea procedente, es necesario que la parte quejosa, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, cumpla con el principio de definitividad y así, agotar o interponer el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Bajo esas circunstancias, la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ahora bien, del análisis integral que se efectúa de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el acto reclamado por el promovente, se hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- PRIMERO.- Consistente en el Auto de fecha cinco de Octubre del año 2017 dos mil diecisiete, consistente en el auto, en donde se le previene a la parte actora, para efectos que señale quién es la persona que tiene los bienes embargados y el domicilio de los mismos, sin que pase de desapercibidos que el Juzgador únicamente previene al actor pero no lo hace en los términos de Ley, concediéndole 03 tres días para dar cumplimiento a la Auto que lo ordena, contestando el demandado con posterioridad tal como obra en el oficio de contestación de fecha 16 de Octubre del año 2017, POR LO QUE VULNERA EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, estando a favor del actor y ser imparcial en el presente juicio, mismo que debió como todo procedimiento judicial de prevenir con el término de Ley, establecido de 03 tres días.". De lo anterior, claramente se advierte, que en la especie, el promovente reclama esencialmente el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente ********* del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se previno a la parte actora para que informara sobre la persona que tiene los bienes embargados en ese asunto y señalara el domicilio de los mismos. Ahora, toda vez que la autoridad responsable resulta ser el Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, éste órgano jurisdiccional al ingresar al Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), realizó la impresión de la sentencia definitiva de once de octubre de dos mil dieciséis, referente al juicio ejecutivo mercantil 157/2016, dictada por el referido Juez, expediente del cual deriva el acto reclamado por el quejoso. De la referida sentencia se advierte que la cuantía del asunto asciende a $610,491.05 (seiscientos diez mil cuatrocientos noventa y un pesos 05/100 moneda nacional), sin embargo, el demandado fue condenado al pago de la cantidad de $607,037.04 (seiscientos siete mil treinta y siete pesos 04/100 moneda nacional). Circunstancia que constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Cobra vigencia la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Junio de 2007, página 285, Materia Común, que en texto alude: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Por tanto, si el promovente figura como parte demandada y el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y además, la suerte principal reclamada en dicho juicio natural, asciende a la cantidad de $610,491.05 (seiscientos diez mil cuatrocientos noventa y un pesos 05/100 moneda nacional), es inconcuso que, contra el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, emitido por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en los autos del juicio ejecutivo mercantil ******* mediante el cual previno a la parte actora para efectos de que indicara qué persona tiene los bienes embargados y señalara el domicilio en que se encuentran, procede el recurso de apelación que prevén los artículos 1336, 1337, 1339, 1340 y 1345, fracción IX del Código de Comercio, medio de defensa que debió agotar el inconforme previamente a comparecer a la instancia constitucional. Por ello, debe decirse que, en el presente asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que el promovente antes de acudir al juicio de amparo, por encontrarse en los supuestos que prevén los artículos 1340, del Código de Comercio, interpretado en sentido contrario, y el 1345 fracción IX de la citada codificación, debió hacer valer contra el proveído combatido en esta instancia constitucional el recurso de apelación correspondiente; luego, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el multicitado auto reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra el mismo procede el medio de impugnación mencionado, por virtud del cual puede ser revocado dicho acto. De lo anterior, debe destacarse que previamente a la presentación de la demanda de amparo, se debió observar el principio de definitividad del acto reclamado, el cual establece que la parte quejosa debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado antes de acudir ante los tribunales de la federación, pues en caso contrario, el juicio de amparo resulta improcedente atento lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ello aún en el supuesto de que se estime que el acto es de ejecución irreparable, pues ello, no exime de agotar el principio de definitividad. Tal y como lo establece la tesis de jurisprudencia 1ª./J 44/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima época, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". No pasa inadvertido para este juzgado de distrito, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ilustra a lo anterior la tesis aislada 2a.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en la página 156, tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Además de la improcedencia analizada con anterioridad, lo que de suyo actualiza además, la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Los numerales antes citados por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; en efecto, por lo que respecta a los actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en dicha etapa, entendiéndose como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trasciendan al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución de sentencia, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. En ese contexto, resulta procedente precisar que en el caso, de la sentencia emitida el once de octubre de dos mil dieciséis, por el Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, misma que en líneas precedentes se trajo a este asunto como hecho notorio, se advierte que el quejoso fue oído y vencido en el juicio de origen, así como que dicho juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia; pues como se aprecia del proveído de cinco de octubre de dos mil diecisiete, se previno a la parte actora para efecto de que informara el nombre de la persona que tiene los bienes embargados en el juicio de origen y además señalara el domicilio de los mismos; es decir, el acto reclamado se dictó dentro de la fase de ejecución de sentencia. Ciertamente, el proveído que constituye el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en etapa de ejecución de sentencia, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o que sea de los que ordenan el archivo definitivo de dicho juicio; aunado a que no es un acto ajeno y autónomo a la ejecución del fallo sino vinculado a la cosa juzgada. Consecuentemente, contra los actos que tiendan a ejecutar la cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo, salvo que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento relativo, o que transgreda derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada; supuestos en los que no se encuentra el acto reclamado por la quejosa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, página 31, número de registro electrónico 190035, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por consiguiente, y al ser estas causales de improcedencia notorias, manifiestas e indudables, las cuales quedaron plenamente demostradas en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por *********** Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas el que señala; y como por autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Luis Enrique Anza Vera y en términos restringidos del citado numeral a ********* y ********** toda vez que no se encuentran en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; lo anterior, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Elda Karen Carral Chávez, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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