Raúl Armando Barajas Flores
Expediente 659/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/05/2023
Partes del expediente
- Raúl Armando Barajas Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No fue tramitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I), inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de abril de dos mil veintitrés. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de cuatro de julio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a la autoridad responsable para los efectos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Mexicali Baja California y Actuario adscrito a dicha junta, en el ámbito de su respectiva competencia, realicen lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalada para el veintinueve de agosto del año dos mil veintidós, en el juicio laboral del origen [********************], y en su lugar, deberá, fijar una nueva data respetando el término de quince días previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y, 2. Demostrar haber intentado dar cumplimiento al emplazamiento de la patronal demandada, ordenado en autos, con la debida anticipación. En la inteligencia que los alcances del fallo protector no abarcan hasta que se lleve a cabo el emplazamiento en sí, ya que la materia del amparo consistió en la omisión total por parte del Actuario de llevar a cabo las diligencias respectivas; por lo que en ese sentido, los efectos respecto ese tópico se circunscriben a que el fedatario público responsable acuda al domicilio autorizado a efecto de intentar llevar a cabo el emplazamiento en el plazo que la ley fija -con diez días de anticipación a la audiencia bifásica-, con independencia del resultado de la diligencia, ya que podría derivar en que ahí no es el domicilio de la patronal, lo que puede resultar en múltiples actuaciones posteriores que, dada la naturaleza del juicio génesis, quedaría en cierta medida el impulso procesal a cargo de la parte actora, como por ejemplo, en el caso de señalamiento de un nuevo domicilio para emplazar, incluso, so pena de soportar las consecuencias de su pasividad y la consecuente preclusión de sus derechos, como sucedería en el caso de la caducidad de la instancia. De lo contrario podría implicar que la autoridad laboral de origen o esta autoridad constitucional, se sustituya en las cargas procesales que corresponden a las partes. Resta destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del juicio. Al respecto es aplicable la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En el entendido que la sentencia surtirá sus efectos, hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita." Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se declaró que causa ejecutoria la sentencia dictada, virtud que ninguna de las partes recurrió dicha resolución, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables, estas son, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y Actuario adscrito a la citada Junta, estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, debía dejar sin efectos la conciliación, demanda y excepciones, señalada para el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, de su índice, y en su lugar, fijar una nueva data, respetando el término de quince días previsto en el numeral 873, de la Ley Federal del Trabajo. Demostrar haber intentado el emplazamiento de la parte demandada con la debida anticipación. En la inteligencia que los alcances del fallo protector no abarcaría hasta que se lleve a cabo el emplazamiento en sí. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. En lo que interesa, por oficio y anexo presentados por la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, por conducto de su Presidente, recibidos en este órgano jurisdiccional y agregados a los presentes autos mediante proveído de once de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo constancia consistente en copia autorizada y signada en original del proveído dictado el nueve de enero de dos mil veintitrés, en el expediente laboral ********************, de su índice, en el que señaló las diecisiete horas del treinta de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones así como ordenó el emplazamiento de la parte demandada; y de igual forma mediante diverso oficio y anexo que remitió la autoridad responsable por conducto de su Presidente, y el Actuario adscrito a esa Junta Laboral, agregado a los presentes autos mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo constancia consistente en copia certificada del proveído dictado el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el expediente laboral ********************, de su índice, en el que señaló las quince horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como razón actuarial de dieciséis de enero del año en curso, de la que se advierte el intento de emplazamiento a la parte demandada dentro del referido expediente laboral. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que si bien la autoridad responsable no dejó insubsistente la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalada para el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el juicio laboral del origen antes aludido, se estima que al haber señalado diversas fechas para su desahogo en el juicio natural, tácitamente fue dejada insubsistente la fecha primeramente señalada. Lo anterior es así, ya que atendiendo a las consideraciones de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, son tendentes a proteger el derecho constitucional consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la primera sala, que a continuación se transcribe: "Registro digital: 2007970 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 75/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 627 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." Así pues, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, en el caso se cumplieron con las consideraciones plasmadas en la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, que es el administrar justicia por los tribunales, en términos el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa, por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta que remite el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, y el Actuario adscrito a dicha Junta, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista y correr traslado a la parte quejosa con las constancias que remite la autoridad oficiante, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en la que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no se ha cumplido con el fallo protector por parte de las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario adscrito a dicha Junta, se provee lo siguiente: Requerimiento de cumplimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario adscrito a dicha Junta, ambas con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes, contado a partir de que reciba la notificación del presente proveído, cumplan en su totalidad con la ejecutoria de amparo, en el entendido de que los efectos de la misma fueron los que se transcriben a continuación: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Mexicali Baja California y Actuario adscrito a dicha junta, en el ámbito de su respectiva competencia, realicen lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalada para el veintinueve de agosto del año dos mil veintidós, en el juicio laboral del origen [********************], y en su lugar, deberá, fijar una nueva data respetando el término de quince días previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y, 2. Demostrar haber intentado dar cumplimiento al emplazamiento de la patronal demandada, ordenado en autos, con la debida anticipación. En la inteligencia que los alcances del fallo protector no abarcan hasta que se lleve a cabo el emplazamiento en sí, ya que la materia del amparo consistió en la omisión total por parte del Actuario de llevar a cabo las diligencias respectivas; por lo que en ese sentido, los efectos respecto ese tópico se circunscriben a que el fedatario público responsable acuda al domicilio autorizado a efecto de intentar llevar a cabo el emplazamiento en el plazo que la ley fija -con diez días de anticipación a la audiencia bifásica-, con independencia del resultado de la diligencia, ya que podría derivar en que ahí no es el domicilio de la patronal, lo que puede resultar en múltiples actuaciones posteriores que, dada la naturaleza del juicio génesis, quedaría en cierta medida el impulso procesal a cargo de la parte actora, como por ejemplo, en el caso de señalamiento de un nuevo domicilio para emplazar, incluso, so pena de soportar las consecuencias de su pasividad y la consecuente preclusión de sus derechos, como sucedería en el caso de la caducidad de la instancia. De lo contrario podría implicar que la autoridad laboral de origen o esta autoridad constitucional, se sustituya en las cargas procesales que corresponden a las partes. Resta destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del juicio. Al respecto es aplicable la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En el entendido que la sentencia surtirá sus efectos, hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita. Apercibimiento. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, podrá imponérsele una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, es importante que en la exposición de motivos sobre la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se estableció, en relación con la ejecución de las sentencias de amparo, lo siguiente: "(.) la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la propia autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia de rubro y texto mostrados a continuación: "Registro digital: 2007918 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19 Tipo: Jurisprudencia PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2021, en virtud de la licencia autorizada a Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, titular de este Juzgado Federal, de las 16:00 horas del 13 de marzo de 2023 y hasta las 15:00 horas del 17 siguiente, por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial comunicado mediante oficio CCJ/ST/943/2023, de seis de marzo del año en curso, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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