Raul Araujo Carrillo

Expediente 527/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
527/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
25/10/2017

Partes del expediente

  • Raul Araujo Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales vigente, sin que haya sido recurrido el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que se advierte que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo, a las autoridades responsables, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio, por ende este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar".

  2. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que mediante oficio número D'CHIS/ACyC/2944/2017 presentado ante la oficialía de este Juzgado Federal el veintidós de los corrientes signado por la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite en vía de alcance a su informe justificado y como anexo copia certificada del acuse de recibo con folio 015003, mediante el cual hace constar la entrega del certificado parcelario número 1045868, que se expidió a favor del aquí quejoso. Al efecto se acuerda: En atención al contenido de las referidas constancias, y analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad de los actos que aparezcan probados, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como actos reclamados los que como tal se hayan expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, pues esta improcedencia se justifica con la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos. Tiene aplicación la Jurisprudencia cuyo rubro y texto textualmente señalan lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, del estudio de autos se advierte que Raúl Araujo Carrillo, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo del año en curso, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la Delegación del Registro Agracio Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, señalando como un primer acto reclamado, la omisión de entregar de manera complementaria el certificado parcelario de la parcela 363, Zona 1, Polígono 2, esto es, darle trámite a su petición de expedirle dicho certificado parcelario. Ahora bien, mediante oficio número D'CHIS/ACyC/2944/2017, de veintiuno de septiembre en curso, la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, anexó en vía de alcance a su informe justificado, copia certificada del certificado parcelario número 1045868 de veintiuno de septiembre del año en curso, expedido en favor del quejoso. Promociones hechas por la parte quejosa. Acuerdos de la Autoridad Responsable. Mediante escrito de quince de diciembre de dos mil dieciséis, el quejoso solicitó a la autoridad responsable la expedición en forma complementaria el certificado parcelario que le corresponde. La Delegada responsable anexó a su oficio D'CHIS/ACyC/2944/2017, copia certificada del certificado parcelario número 1045868 de veintiuno de septiembre del año en curso, expedido en favor del quejoso, el cual aparece que se recibió ese mismo día. Atento a lo anterior, sobreviene de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia del presente juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI, numerales de la Ley de Amparo en vigor, pues atento a lo trascrito en párrafos precedentes, la Delegada responsable expidió a favor del quejoso el certificado parcelario número 1045868 de veintiuno de septiembre del año en curso, y lo entregó ese mismo día, por ende; cesaron los efectos de los actos reclamados. Tiene aplicación la Jurisprudencia cuyo epígrafe y texto señalan lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión al gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del texto y rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    Visto; el oficio de cuenta signado por la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado, residente en esta ciudad, por medio del cual en vía de alcance a su informe justificado, remite copia certificada del acuse de recibo con folio 015003. Al efecto se acuerda: Agréguese a los autos para que obre como corresponda, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que exhibe la autoridad oficiante, misma que se desahoga atenta a su propia y especial naturaleza jurídica, la que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente. Dese vista a las partes.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto: I.- El estado de autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo la vista que la ley concede a las partes, según proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, en relación al informe que rindió la autoridad responsable, la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado, con residencia en esta ciudad. II.- Por otra parte del estado de autos se advierte que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS del día de hoy, para el verificativo de la audiencia constitucional. Al efecto, se acuerda: Para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo, a la autoridad responsable, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio; por ende, este órgano jurisdiccional, está en aptitud de notificarla por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.

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